Flavio César Aguilar Mora
Expediente 1157/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1157/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 30/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Flavio César Aguilar Mora
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, agréguense para que obren como correspondan los oficios suscritos por la Director General y Coordinador de Servicios Médicos, ambos adscritos al Centro Federal de Readaptación Social Número 12, "CPS Guanajuato", con residencia en Ocampo, Guanajuato, por el cual pretenden rendir informe relativo a la suspensión de plano, sin que haya lugar a realizar un pronunciamiento sobre los mismos, toda vez que se tuvieron por recibidos mediante auto de trece del mes y año en curso. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio 27173/2019, signado por la Jueza Decimosegundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, mediante el cual informa que aceptó la competencia planteada por este juzgado y se avocó al conocimiento del presente juicio de amparo registrándolo bajo el número 976/2019-II. Atento a lo anterior, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y archívese el presente asunto como totalmente concluido, por lo que una vez que transcurran seis meses, destrúyase por personal autorizado de este juzgado de conformidad con el punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por otra parte, con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX y décimo primero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, con apoyo en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con los informes relativos a la suspensión de plano que rinden el Director General y Coordinador de Servicios Médicos, ambos adscritos al Centro Federal de Readaptación Social Número 12, "CPS Guanajuato", con residencia en Ocampo, Guanajuato. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, doce de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, acúsese recibo del oficio 8060/2019 que remite la secretaria de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que acompaña copia certificada de la resolución de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, dictada dentro de la queja 133/2019, de la que se advierte que se dejó insubsistente el auto de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, dictado dentro del presente juicio de amparo 1157/2019; asimismo, declaró a éste órgano jurisdiccional legalmente incompetente para conocer del presente asunto, promovido por ********************, y ordenó que se remitieran los autos al Juzgado de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, en turno. Ahora, atendiendo a lo señalado en el resolutivo segundo el tribunal de alzada ordena que se remita el presente asunto al homólogo con residencia en León, Guanajuato, sin perjuicio de que el de la voz provea lo conducente en caso de que se actualice la hipótesis prevista en el numeral 48, primer párrafo de la Ley de Amparo. Por lo que, analizado íntegramente el escrito de demanda se advierte que el quejoso señala como acto reclamado la falta de atención médica ya que su estado de salud no es bueno tanto físicamente, lo cual pone en riesgo su salud y su integridad física y por padecer una bola debajo de la rodilla izquierda. Así como le sea brindada ropa, tenis, chanclas y colchón. En tal virtud, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo se decreta la suspensión de plano para que cese de inmediato el acto reclamado por el quejoso consistente en la falta de atención médica o cualquier otro que ponga en riesgo su integridad física o psicológica y para que de inmediato se proporcione atención médica al quejoso para su padecimiento, así como los implementos adecuados para su aseo personal. Lo anterior, en el entendido de que la integridad física y salud del quejoso queda bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables, quienes deberán realizar lo siguiente: Deberán ordenar el cese inmediato del acto reclamado por el quejoso, así como de cualquier otro acto que directamente ponga en peligro su vida o cualquier acto prohibido por el artículo 22 Constitucional. Pues si bien es cierto, el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el derecho a la salud, lo hace de una forma general; y, en el presente asunto lo que se reclama es una posible vulneración al derecho a la salud, como una omisión por parte de la autoridad responsable de brindar atención médica a una persona que se encuentra privada de su libertad, esto es, se trata de una condición específica que requiere de un marco de protección especial o particular. En razón de lo anterior, considerando lo establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos es vinculante para los jueces mexicanos cuando es más favorable a la persona, se hace necesario recurrir a la precitada jurisprudencia, habida consideración de que en ésta se encuentra mayormente tutelado el derecho a la salud tratándose de una persona que se encuentra privada de su libertad. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha señalado que, de las obligaciones generales de respetar los derechos que establece el artículo 1.1 de la Convención Americana, derivan deberes especiales determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentra. En efecto, con respecto a la atención médica como parte del derecho a la vida e integridad personal de los detenidos y reclusos, como es el caso concreto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente: Los estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para el goce y ejercicio del derecho a la vida. Que lo anterior no sólo implica que el Estado debe respetarlos, sino que, además, se requiere que éste adopte todas las medidas apropiadas para garantizarlos en cumplimiento precisamente a su deber general establecido en el artículo 1.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Toda persona privada de su libertad, tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal, el Estado como responsable de los establecimientos de detención, se encuentra en posición especial de garantizar los derechos de toda persona que se encuentre bajo su custodia, lo que implica el deber de salvaguardar la salud y el bienestar de los reclusos y de garantizar que la manera y el método de privación de libertad no excedan el nivel inevitable de sufrimiento inherente a la detención, sin que dicho Estado pueda invocar privaciones económicas para justificar condiciones de detención que no cumplan con los estándares mínimos internacionales en esta área y no respetar la dignidad del ser humano. Además, toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, e indica que la salud es un bien público, como lo establece el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; por ende, el Estado tiene el deber de proporcionar a los detenidos revisión médica regular y atención y tratamientos médicos adecuados cuando así se requiera. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha sostenido que la falta de atención médica adecuada no satisface los requisitos materiales mínimos de un tratamiento digno conforme a la condición de ser humano en el sentido del artículo 5 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Por todo lo anterior, concluyó la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que la falta de atención médica adecuada a una persona que se encuentra privada de la libertad y bajo custodia del Estado podía considerarse violatoria de los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención, dependiendo de las circunstancias concretas de la persona en particular, tales como su estado de salud o el tipo de dolencia que padece, el lapso trascurrido sin atención, sus efectos físicos y mentales acumulativos y, en algunos casos, el sexo y la edad de la misma, entre otros. Como queda de manifiesto, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ha realizado un análisis específico del derecho a la salud respecto de las personas que se encuentran privadas de su libertad, atendiendo a sus condiciones especiales. Por tanto, establecido lo anterior conviene precisar que tratándose de medidas cautelares, como la que es solicitada a favor del quejoso, operan dos principios fundamentales, como son: 1) Apariencia de buen derecho: Que apunta a una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento superficial, dirigido a tener una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso; y, 2) Peligro en la demora: Que consiste en la posible frustración de los derechos del pretendiente de la medida, que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo. En mérito a lo anterior, considerando que en el caso concreto existe un derecho a favor del quejoso como lo es el derecho a la atención médica, que la omisión de su cumplimiento a simple vista resulta inconstitucional -apariencia del buen derecho- y que de vulnerarse éste haría prácticamente imposible su restitución -peligro en la demora-, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano del acto reclamado, para el efecto de que cese de inmediato la conducta omisiva de las responsables y procedan de inmediato a otorgar la atención médica necesaria que requiera el quejoso y provean lo conducente a fin de que se le brinde el tratamiento adecuado para el padecimiento que presenta, mismo que de no atenderse en forma urgente e inmediata, podría provocar el deterioro irreversible en las condiciones de salud del agraviado, poniendo en peligro su vida; asimismo, para que le proporcione los implementos necesarios para su adecuada higiene personal. Sustenta lo anterior la tesis P. XIX/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 112, del rubro: "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN, QUE COMO GARANTÍA INDIVIDUAL CONSAGRA EL ARTÍCULO 4º. CONSTITUCIONAL, COMPRENDE LA RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES Y SU SUMINISTRO POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE PRESTAN LOS SERVICIOS RESPECTIVOS." Así, como la diversa tesis P. XVI/2011, del propio Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, página 29, del rubro: "DERECHO A LA SALUD. IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE SEA EJERCIDO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA REALIZACIÓN". En relación con lo anterior, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que la violación a este mandato según el artículo 262, de la Ley de Amparo, prevé que será sancionada con pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Asimismo, deberán informar dentro del improrrogable plazo de doce horas a este juzgado, el cabal cumplimiento que hayan dado a la suspensión decretada en favor del quejoso. Con el apercibimiento que de no acatar dicha suspensión, las autoridades responsables serán sancionadas en los términos que señala el Código Penal Federal, para el delito de abuso de autoridad por cuanto a la desobediencia cometida, independientemente de cualquier otro delito en que incurran, como lo dispone el artículo 206 de la Ley de Amparo. Se autoriza a las autoridades responsables para que rindan su informe por vía fax al número 01 443 3 21 54 41 (fax directo), o bien, al correo de la secretaria de guardia karla.martinez.arenas@correo.cjf.gob.mx, sin perjuicio de que confirmen su recepción en el propio número telefónico de fax directo, o en su caso, en el teléfono móvil de dicha secretaria con número 7223949948, sólo en caso de enviarse por vía electrónica. Se reitera que queda a cargo y bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables, la integridad física y salud del quejoso, a fin de que no sufra ningún atentado contra su salud o su vida, de conformidad con los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo. Por otra parte, tomando en consideración que el tribunal de alzada declaró al suscrito carecer de competencia legal para conocer del presente asunto; en consecuencia, se ordena remitir el presente asunto al Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, en turno, a fin de que se avoque al conocimiento del presente asunto. Por tanto, remítase el presente cuaderno de amparo al órgano jurisdiccional en comento, con la atenta suplica de que se sirva acusar de recibido. Ahora, toda vez que el quejoso señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social CPS 12, ubicado en Ocampo, Guanajuato, con fundamento en los artículos 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se ordena girar atento despacho al Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, para que en auxilio de las funciones de este juzgado comisione personal a su digno cargo para que realice lo siguiente: a) Se constituya en legal y debida forma en las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social CPS 12, ubicado en Ocampo, Guanajuato y con las formalidades que establece el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, notifique el presente auto al quejoso ******************** y le entregue copia de la resolución dictada por la superioridad, la cual se adjunta al presente exhorto; y, b) De acuerdo con el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales aun en horas y días inhábiles. Con copia certificada fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese por lista, por exhorto a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
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