Fiscal General de Estado de Michoacán

Expediente 398/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
398/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
28/09/2023

Partes del expediente

  • Fiscal General de Estado de Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 17, fracción IIl, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es conservable dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a) del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 17 fracción III inciso a) del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, transfiérase el juicio a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, devuélvase al Magistrado de la Tercera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en dos tomos de pruebas, por considerar innecesaria su retención Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de 22 de agosto del dos mil veintitrés, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 398/2023, promovido por ********************quien es ********************; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el tres de abril de dos mil veintitrés, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, ********************quien es ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Tercera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y de otra autoridad. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 191, 283, 284, 285 y 298, fracción V, del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, el conocimiento del asunto correspondió a este Juzgado de Distrito, quien lo registró con el número 398/2023 y en auto de once de abril de dos mil veintitrés (foja 17), lo admitió a trámite, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y dio a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete. Finalmente, en esta misma fecha se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional, con el resultado consignado en el acta que antecede; y, ahora procede resolver de acuerdo a las siguientes CONSIDERACIONES: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que los actos reclamados fueron emitidos por una autoridad que reside dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación de los actos reclamados. Conforme a lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia de los actos reclamados, previa fijación de los mismos. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de 2004, Materia Común, Novena Época, registro 181810, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al contenido de las constancias que obran en autos, el acto reclamado por el quejoso es: Del Titular de la Tercera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. La sentencia de ocho de marzo de dos mil veintitrés, que resuelve el recurso de reconsideración ********************hecho valer contra el auto de uno de diciembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio administrativo JA-********************, el cual impone una multa de manera individual a ********************en cuanto ******************** de Ocampo. Del Director de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado; del Notificador de la Dirección de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado; del Administrador de Rentas; y de los Notificadores de la Administración de Rentas. El cobro de la citada multa. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercera. Certeza del acto reclamado. EL Secretario General de Acuerdos habilitado para ejercer funciones de Magistrado de la Tercera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo por Ministerio de ley y la Juez Segundo Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, al rendir su informe justificado que obra en foja 28, negaron la existencia del acto que se les reclama, sin embargo aceptaron que fue el ocho de marzo y no en la data que precisó el quejoso, cuando la sala administrativa pronunció resolución en los autos del recurso de reconsideración ********************por la que confirmó el auto recurrido de uno de diciembre de dos mil veintidós, emitido por el Juzgado Segundo Administrativo. En consecuencia, se desvirtúa dicha negativa dado que aunque dichas autoridades negaron el acto que se les atribuye, lo cierto es que exponen razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen. Es aplicable al caso la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV, Julio de 1994, Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Octava Época, Registro 211004, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Lo anterior, se corrobora con las pruebas documentales que allegaron a este juicio las referidas responsables, mismas que adquieren valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro: 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por otro lado, el Director de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Administración, el Notificador de la Dirección de Recaudación de la Secretaria de Finanzas y Administración, el Administrador de Rentas de Morelia y los Notificadores de la Administración de Rentas de esta ciudad, en su carácter de ejecutoras negaron el acto reclamado, por lo que éste debe tenerse por cierto, toda vez que la ordenadora aceptó su existencia al rendir su informe justificado; por lo que -en razón de jerarquía- se encuentran obligadas a darle cumplimiento. Es aplicable la tesis emitida por El Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 56 del Tomo III, Segunda Parte-1 del Semanario Judicial de la Federación, Enero-Junio de 1989, Materia Común, Octava Época, registro 227890, del rubro y texto: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado". Cuarta. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, corresponde ahora examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin embargo, en el presente caso, ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador, de oficio, advierte su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. Quinta. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. El promovente del amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Consideraciones de la responsable. El Secretario General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, en funciones de Magistrado por ministerio de ley de la Tercera Sala Administrativa Ordinaria, determinó medularmente que resultaban inoperantes e ineficaces los argumentos del recurrente, toda vez que si bien la autoridad demandada Fiscalía General del Estado, no era la que eventualmente pudiera intervenir en el cumplimiento directo de la sentencia, si fue a quien se le atribuyó el acto reclamado en juicio y resultó condenada, fallo en el que se desestimó que fuera la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán la responsable de realizar el pago del seguro de vida. También precisó, que de la sentencia materia del cumplimiento se deducía, que la Juez acotó lo conducente a que las accionadas no suscitaron controversia en relación a que se realizara el pago del seguro de vida a los beneficiarios del finado, al haber señalado en el juicio el ******************** y al Director General de Administración de dicha Fiscalía, que están realizando las gestiones pertinentes para lograr su cobro. Que en los mismos términos, en dicho fallo se estableció que conforme al artículo 23 del Reglamento de Remuneraciones y Régimen Complementario de Seguridad Social de los Integrantes de los Cuerpos de seguridad Pública, a las beneficiarias del integrante caído en el cumplimiento de sus funciones, se pagará un seguro de vida cuya cobertura será de $750,000.00 (setecientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional). Motivo por el que estimó que desde la emisión de la sentencia fue desestimado lo relativo a la petición efectuada por la recurrente, en el sentido de que la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, era quien debía efectuar el pago, por lo que resultaba incorrecto que de manera reiterada opusiera la autoridad demandada la excusa de efectuar el cumplimiento de la sentencia definitiva. Continuó mencionando la responsable, que la juez Administrativa de origen declaró fundada la defensa de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, que hizo valer en el sentido de que conforme al Decreto Legislativo número 631 que reformó la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán, al haberse creado el Órgano Constitucionalmente autónomo denominado Fiscalía General del Estado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía financiera, presupuestaria, técnica y de gestión, señalando que tenía la atribución de administrar los recursos económicos, al haberse dado cumplimiento al Decreto 123, relativo a transferir los recursos económicos con los que operaba la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, por un monto de $873 263,119.00 (ochocientos setenta y tres millones, doscientos sesenta y tres mil, ciento diecinueve pesos 00/100 moneda nacional); ahora no podía afectar el presupuesto de la Fiscalía General del Estado, al encontrarse bajo el manejo y administración del Consejo Técnico, presidido por el Fiscal General del Estado. También adujo, que la Juez determinó que acorde al segundo párrafo del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado el trece de agosto de dos mil dieciocho, dispuso en lo conducente que la Fiscalía General del Estado de Michoacán, es un órgano autónomo, con personalidad jurídica patrimonio propio, autonomía financiera, presupuestaria, técnica y de gestión; explicó que la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán de Ocampo, publicada en el Periódico Oficial del Estado, el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, en su numeral 2, establecía igualmente tal cuestión, así como que el Fiscal General, era el responsable de su conducción, mando y desempeño, en cuanto titular de la institución y superior jerárquico de todos y cada uno de los servidores públicos que la integran, conforme a la ley y normatividad vigente. Que también retomó lo establecido en el párrafo primero del transitorio Quinto de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán de Ocampo, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, del que advirtió que los recursos humanos, presupuestales, financieros, materiales y de operatividad de la otrora Procuraduría General de Justicia del Estado, se tendrán por transferidos al órgano autónomo denominado Fiscalía General del Estado de Michoacán. Explicó que acorde al precepto constitucional y a la legislación ya citadas corresponde a la Fiscalía General del Estado de Michoacán, efectuar el pago del seguro de vida a los beneficiarios designados para tal efecto, declarando procedente su pago en favor de las beneficiarias ******************** y ********************, en cantidad de $750,000.00 (setecientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional), en los porcentajes que correspondan. Que en ese contexto, el Tribunal responsable concluyó que los argumentos de agravio que analizaba, ya formaron parte del estudio abordado por la Juez desde la emisión de la sentencia, por lo que no se debía eximir a la autoridad ********************, de realizar todos los actos tendentes para que se generen; y en su momento pague inmediato a la parte actora. También señaló que el recurrente no debía perder de vista que, como titular de la Fiscalía General del Estado, era el obligado directo en el cumplimiento de la sentencia firme; actuar de forma contraria como lo pretendía, desvinculándole del cumplimiento de la sentencia definitiva, se desnaturalizaría el juicio administrativo que concluyó con la sentencia firme materia del cumplimiento, generando incertidumbre e inseguridad jurídica al condenar a una diversa autoridad, que por sus atribuciones y competencia tendría la única obligación de liberar el pago de lo condenado en sentencia a vinculación que realice por el órgano jurisdiccional a petición de la autoridad condenada. De ahí que el Tribunal responsable estimó que la inoperancia de los argumentos materia de análisis devenían de la falta de pertinencia entre lo pretendido y lo resuelto por la Juez en la sentencia, además que los argumentos de la recurrente no estaban dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de la multa, sino en consideraciones que ya fueron desestimadas y abordadas en la sentencia definitiva emitida por la Juzgadora de primera instancia, la cual se encontraba firme. De igual forma determinó, que la ineficacia de sus argumentos obedeció a diversas cuestiones, como lo era, que como autoridad responsable debía asumir las obligaciones a que fue condenada en el juicio y en consecuencia debía dar cumplimiento a éstas y hacerlas exigibles; al no encontrarse en discusión que la autoridad demandada debía dar cumplimiento a lo determinado en sentencia definitiva, virtud que una sentencia dictada en el juicio, una vez que adquiere la verdad legal, como en el caso aconteció con la declaratoria de ejecutoria emitida por acuerdo de ocho de febrero de dos mil veintidós, alcanzaba su eficacia e inmediata ejecución, y debía prevalecer en su esfera de observancia, virtud a que tanto la sociedad como el Estado tenían interés en que las determinaciones emitidas por los órganos jurisdiccionales sean cumplidas totalmente, sin excesos o defectos, atendiendo a que supone el restablecimiento de las cosas al estado en que se encontraban antes de que se diera la afectación a la esfera jurídica de la parte actora. Que estimar lo contrario, conllevaría no sólo a desconocer la efectividad de su ejecución inmediata, sino permitir que se obstaculizara su cumplimiento en perjuicio del interés social y en contravención a disposiciones de orden público, so pretexto de colmar previamente la determinación emitida por una autoridad administrativa, al no estar supeditados a la observancia y acatamiento del fallo por lo que ve solamente a una autoridad, sino a las que formaron parte de la litis conforme a sus atribuciones lo que así fue determinado en la sentencia que se combate. Con base en ello, reiteró la citada responsable que resultaba ineficaz que se le desvinculara a la demandada de la condena y no se le requiriera el cumplimiento de la sentencia, virtud a que como expuso, actuar de forma contraria sería tanto como violentar las leyes procesales que establecen como regla la materialización de la seguridad jurídica y la certeza que resultan de haberse seguido un juicio que culminó con una sentencia definitiva, lo cual no se fundaba en una ficción, sino en la necesidad imperiosa de poner fin a las controversias a efecto de dar certidumbre y estabilidad a los derechos del litigio, como consecuencia de la justicia impartida por el Estado, la cual se alcanzaba como producto de un procedimiento llevado con las formalidades esenciales y que en consecuencia, constituye la verdad legal, que como tal su inmutabilidad debía respetarse. En otra porción de la resolución reclamada, el tribunal responsable determinó que era infundado el agravio en el que el recurrente se dolía de la falta de fundamentación y motivación, toda vez que estimó que la juez expuso las razones y circunstancias especiales, particulares y causas inmediatas que tuvo en consideración para la emisión del acto combatido, existiendo adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas; siendo tales razones y motivos el que la autoridad inconforme, no hubiese dado el debido cumplimiento de la sentencia emitida por ese Tribunal, no obstante los diversos requerimientos, aunado a que se advertía, que había transcurrido en demasía el tiempo desde el dictado de la sentencia y de la emisión del acuerdo que causó ejecutoria, tomando en consideración a partir de que se condenó a la autoridad recurrente a la fecha de la resolución han transcurrido dos años; por lo que el proveído reclamado debía considerarse emitido con apego a las disposiciones constitucionales y del orden común que rigen la forma de su dictado, en todos y cada uno de sus apartados que lo conformaban. Que en el aspecto de fondo, el tiempo seguía transcurriendo sin que se cumpliera con la sentencia, lo cual era lo sustantivo y no si la medida de apremio fue correcta o no, pues bastaría con el hecho de que demostrara, fehacientemente que estaba realizando trámites eficaces, a efecto de cumplir y allegar las constancias que así lo acrediten para que la medida fuese levantada sin ninguna trascendencia para la esfera jurídica del recurrente; sin embargo ello seguía en contumacia, reiterando argumentos que ya fueron desestimados desde la propia sentencia, en diversos acuerdos y recursos de reconsideración interpuestos en contra de medios de apremio impuestos ante el incumplimiento de la sentencia. Que además la sentencia se encontraba por encima del derecho declarado en favor de la actora, en razón de que en ella se manifestaba en toda su plenitud la función jurisdiccional de ese órgano, tendiendo el fallo, la fuerza de la verdad legal que deriva de la cosa juzgada. Añadió, que no era dable en ese estadio procesal de ejecución, pretender variar la litis, menos aún prescindir de un principio general que implicaría modificar el eje central de una sentencia que lo es, que se lleve a cabo hasta su total cumplimiento. Que no se soslayaba que el juzgado se encontraba en aptitud de vincular a diversas autoridades para el cumplimiento, sin que ello culminara en deslindar al Fiscal General del Estado, en afectar su presupuesto o generar el documento de ejecución presupuestaria. Lo anterior, toda vez que a la autoridad demandada se le asignaba un presupuesto y que por ello, tiene la responsabilidad de la tramitación de dichos recursos, vigilando que los mismos sean aplicados, por lo que su deber no culminará con la generación y tramitación de los documentos de ejecución presupuestaria que deba generar, sino hasta que éste sea liquidado en su totalidad, a favor de la parte actora, para que las sentencias sean cumplidas en todos sus términos. Argumentos de la quejosa. Por su parte, la parte quejosa tendente a combatir las anteriores consideraciones, formuló diversos motivos de disenso, los que se hicieron consistir esencialmente en los siguientes: Que el Tribunal responsable vulneró sus derechos de legalidad, seguridad jurídica al confirmar la multa impuesta, toda vez que no existe ninguna omisión de su parte al cumplimiento de la sentencia. Que mediante ocurso presentado el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, el quejoso hizo del conocimiento de la responsable la imposibilidad jurídica que tiene para dar cumplimiento al pago de seguro de vida a que fue condenado, debido a que no era a través de Documentos de Ejecución Presupuestaria, sino de la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán. Que también precisó que la Secretaría de Finanzas y Administración tuvo que pagar el seguro de vida en los treinta días después de que la quejosa presentara la documentación correspondiente, ello de acuerdo al artículo 23 del Reglamento de Remuneraciones y Régimen Complementario de Seguridad Social de los Integrantes de los Cuerpos de Seguridad de la Secretaría de Seguridad Pública. Que el elemento caído en cumplimiento a su deber, fue contratado por la otrora Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, cuya naturaleza jurídica consistía en ser una dependencia centralizada del Poder Ejecutivo del Estado, por lo que correspondía a la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas Administrativas del Estado de Michoacán de Ocampo, haber contratado seguro de vida con fundamento en lo establecido en el artículo 23 del Reglamento de Remuneraciones y Régimen Complementario de Seguridad Social de los Integrantes de los Cuerpos de Seguridad de la Secretaría de Seguridad Pública, conforme en el transitorio noveno de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Que resultaba improcedente requerir o multar al quejoso, atento a lo establecido en la jurisprudencia del rubro: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Que la multa impuesta no se encontraba motivada ni fundada, ya que no se estableció la normatividad en la que se apoyó para pretender obligar a la Fiscalía, a pagar un seguro de vida que no se estableció en ninguna ley, reglamento o disposición aplicable, sino que le son aplicables al Poder Ejecutivo del Estado. Que la autoridad de manera incorrecta dedujo que por ser un organismo autónomo tenía suficiencia presupuestaria para cubrir el seguro de vida, toda vez que hizo una interpretación incorrecta del artículo 2 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán; ya que a la fecha del decreto de creación de la Fiscalía, el finado no tenía una relación laboral, puesto que ya había fallecido, por lo que no tiene ninguna responsabilidad en su pago, dado que fue creada el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, motivo por el que se le debían aplicar las disposiciones atinentes a la Procuraduría General de Justicia del Estado, que en este caso era el Gobierno del Estado de Michoacán la responsable sobre la contratación del seguro y por ende el encargado de realizar los trámites para su pago. Que el tercer transitorio de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, establece que todas las funciones, facultades, derechos, obligaciones o referencias normativas correspondientes a la Procuraduría General de Justicia del Estado o al Procurador General de Justicia del Estado, se entenderán referidas a la Fiscalía General del Estado o a su titular respectivamente, en los términos de sus funciones constitucionales y de esta ley. Que del referido transitorio se advertían que los únicos derechos, obligaciones o referencias normativas correspondientes a la Procuraduría General de Justicia del Estado, que pasan a la ahora Fiscalía General del Estado de Michoacán, son aquellas a que se refieren en términos de sus funciones constitucionales y legales, así como el ejercicio de las atribuciones del Ministerio Público, conforme a la Constitución Federal, la Constitución del Estado, los tratados e instrumentos internacionales, las leyes generales, las leyes nacionales y la legislación aplicable, mas no aquellas obligaciones de pago que contrajo la otrora Procuraduría General de Justicia del Estado, con motivo de la celebración de contratación de pago de seguros como es el caso, pues insistía que al haber desaparecido la procuraduría citada, la obligada al pago es la Dirección de Recursos Humanos de la secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Que si bien era cierto que la Fiscalía General del Estado de Michoacán estaba obligada a contratar el servicio de seguro de vida de sus trabajadores, también lo era que el cinco de octubre de dos mil dieciocho, momento del fallecimiento del elemento, él ya no tenía relación laboral con dicha Fiscalía, sino con la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, a través de la Secretaría de Finanzas. Que a la Fiscalía General del Estado le corresponde contratar seguros de vida y asumir todas las responsabilidades derivadas de ello, a partir de que es creada como organismo autónomo e independiente, como lo señalan los transitorios tercero y quinto de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, eso era, a partir del diecinueve de febrero de dos mil diecinueve. Los anteriores planteamientos son inoperantes. Se dice de este modo, toda vez que el peticionario de amparo no ataca las consideraciones torales de la resolución reclamada, por las que el Tribunal responsable estimó: Que resultaban inoperantes los argumentos que vertió en aquélla instancia, toda vez que éstos ya formaron parte del estudio abordado por la Juez, desde la emisión de la sentencia. Que el recurrente como titular de la Fiscalía, era el obligado directo de cumplir el fallo, de lo contrario se desnaturalizaría el juicio administrativo. Que los argumentos del recurrente no estaban encaminados a descalificar y evidenciar la ilegalidad de la multa, sino en consideraciones que ya fueron desestimadas y abordadas en sentencia firme. Que la ineficacia de sus argumentos obedecía a que debía asumir las obligaciones a que fue condenada en juicio, ya que no estaba a discusión si debía dar cumplimiento a ello, de lo contrario vulneraría la materialización de la seguridad jurídica y de la certeza de haberse seguido un juicio que culminó con sentencia definitiva. Que la resolución recurrida si estaba fundada y motivada en razón a que la juez expuso las razones y circunstancias especiales, particulares y causas inmediatas que tuvo en consideración para la emisión del acto combatido, existiendo adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas; siendo tales razones y motivos el que la autoridad inconforme, no ha dado cumplimiento a la sentencia emitida por ese Tribunal, no obstante los diversos requerimientos que se le han formulado. Que el fallo tenía la fuerza de verdad legal y deriva de la cosa juzgada y no era dable que en este estadio procesal de ejecución, pretender variar la litis del juicio. Ahora bien, para formular sus conceptos de violación, la parte quejosa debió expresar y revelar a través de la causa de pedir, las causas, circunstancias y razones por las que estimase que los agravios que expresó en el recurso de reconsideración, no formaron parte del estudio abordado por la Juez natural desde la emisión de la sentencia definitiva, y que sus argumentos no estaban encaminados a descalificar la ilegalidad de la multa; evidenciando que los agravios expuestos ante la autoridad responsable no debían de calificarse como inoperantes ni como ineficaces. De igual forma, omitió destacar, los motivos por los que consideró resultaba errónea la determinación en el sentido de que la resolución definitiva sí estaba fundada y motivada. Finalmente, tampoco precisó las causas, circunstancias y razones por las que explicara porqué resultaba erróneo el señalamiento de la responsable en el sentido de que el fallo tenía la fuerza de verdad legal y deriva de la cosa juzgada y no era dable que en este estadio procesal de ejecución, pretender variar la litis del juicio, para desvincularlo de su cumplimiento. Y si el quejoso no rebate, a través de argumentos jurídicos concretos, las consideraciones del fallo reclamado, sus conceptos de violación son, a su vez, inoperantes. En apoyo a lo anterior, al tenor del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, es de invocar la jurisprudencia V.2º. J/62, visible en la página 53, del tomo 63, marzo de 1993, Tribunales Colegiados de Circuito, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CONTRA DECLARACIÓN DE INOPERANCIA DE AGRAVIOS, SON TAMBIÉN INOPERANTES SI NO SE RAZONA EN ESTOS, EL ATAQUE QUE EN AQUELLOS SE HICIERA CONTRA LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA APELADA. El quejoso se concreta a mencionar lo afirmado por la responsable y a manifestar simplemente que, tal afirmación riñe con el contenido de los agravios que expresó su abogado, en los cuales dice, si se expusieron los argumentos correspondientes en contra de las consideraciones habidas en la resolución que se impugnó, pero no se ocupa de mostrar, cuáles fueron, en la expresión de tales agravios, sus contra argumentos para combatir las referidas consideraciones del Juez de primera instancia, y no ataca, de ninguna otra manera, los razonamientos que la responsable tuvo en cuenta para concluir la inoperancia de los referidos puntos de agravios, por todo lo cual el concepto de violación que se contesta resulta también inoperante." También resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO.- El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer "razonadamente el por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse.". Así las cosas, al resultar inoperantes los conceptos de violación y tomando en consideración que la suplencia de la queja deficiente sobre el tema del acto reclamado no procede, en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, al no transgredir derechos humanos como lo solicita el quejoso ********************por sí y en cuanto representante de la Fiscalía General del Estado, por tanto, lo que procede es negar el amparo y protección que de la Justicia Federal se ha solicitado. Negativa de amparo que se hace extensiva al acto de ejecución consistente en el cobro de la multa impuesta al quejoso, atribuido a las autoridades señaladas como ejecutoras, por no haberse reclamado por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender del acto reclamado, respecto del cual se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita a continuación: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada". Sexta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se: R E S U E L V E Primero. Por los motivos expuestos en la consideración quinta de esta resolución, la justicia de la unión no ampara ni protege a ********************por sí y en cuanto representante de la Fiscalía General del Estado, contra el acto reclamado a las autoridades y por los actos que quedaron precisados en la consideración segunda del propio fallo. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veintidós de agosto de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las diez horas con veinte minutos del cuatro de agosto de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 398/2023. Enseguida, la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con la documental allegado por la parte quejosa y con la exhibida por el Secretario General de Acuerdos habilitado para ejercer funciones de Magistrado de la Tercera Sala Administrativa Ordinaria y el Titular del Juzgado Segundo Administrativo, ambos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. El juez acuerda: Vista la cuenta precedente, se tiene por precluído el derecho de las partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia.Maestro en Amparo. José Ramón Rocha González. Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán.

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