Flavio Andrade Ayala

Expediente 801/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
801/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
10/08/2022

Partes del expediente

  • Flavio Andrade Ayala
  • Miguel Ángel Gutiérrez García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de agosto de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio suscrito por la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a lo solicitado por este juzgado, informa que efectuó la compensación de cargas en el sistema de turno relativo al juicio de amparo en que se actúa, quedando asentada en dicho sistema con el número 20220869034200188 rubro amparo indirecto y contabilizada a favor de este órgano jurisdiccional, lo que acredita con la papeleta de turno que anexa al ocurso de cuenta, la cual se ordena glosar al inicio del presente expediente. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de agosto de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, del estado procesal que guardan los autos, así como del expediente electrónico formado con motivo del presente juicio, no se advierte que obre la papeleta de turno correspondiente; por tanto, mediante atento oficio que al efecto se gire se solicita a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, realice el registro y compensación correspondiente. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, dos de agosto de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio que remite el secretario del Primer Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del expediente de amparo del que deriva este cuaderno e informa que se avocó al conocimiento del asunto. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente auxiliar en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del término de seis meses. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y una vez que concluya el plazo de seis meses de archivo que prevé el artículo 20 del Acuerdo en mención, contado a partir de esta propia fecha, destrúyase este expediente dentro de los treinta días siguientes. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de julio de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio del secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite la demanda de amparo promovida por Alfredo Barrera Mendieta, en favor de Miguel Ángel Gutiérrez García, Flavio Andrade Ayala, Francisco Mario Campos García, Leonardo Daniel Mata González y Azael de Jesús Marín Ibarra, contra actos del Magistrado del Segundo Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad y de otra autoridad; por tanto, con fundamento en los artículo 45 y 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se acepta el returno planteado. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número I-801/2022-Y. Acúsese recibo. Analizada íntegramente la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables lo siguiente: "Del Magistrado del Segundo Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito, con competencia en el sistema penal acusatorio, habilitado como Tribunal de Alzada, de conformidad con el artículo 17, fracción III, segundo párrafo, del Acuerdo General 26/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que crea al Centro de Justicia Penal en el Estado de Michoacán: La resolución de veintidós de junio de dos mil veintidós, emitida en el Toca de Apelación 44/2022, con la que se conformó la determinación de diecinueve de abril de dos mil veintidós, mediante la cual el licenciado Marco Antonio Torres Reyes, Juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Enjuiciamiento adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Morelia, Michoacán, negó el cese de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, al haber transcurrido en exceso el plazo razonable de dos años. Del Juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Enjuiciamiento adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Morelia, Michoacán: Derivado del acto reclamado a la ordenadora, la vigencia y ejecución de la prisión preventiva oficiosa en perjuicio de los quejosos." Ahora bien, el artículo 35, fracción I, de La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece lo siguiente: "Artículo 35. Los tribunales colegiados de apelación conocerán: I. De los juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales colegiados de apelación, que no constituyan sentencias definitivas, en términos de lo previsto por la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto de los juicios de amparo indirecto promovidos ante juzgados de distrito. En estos casos, el tribunal colegiado de apelación competente será el más próximo a la residencia de aquél que haya emitido el acto impugnado; ." Por su parte, el artículo Transitorio Primero, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, prevé lo siguiente: "Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo lo siguiente: I. Las disposiciones relativas a los Tribunales Colegiados de Apelación en sustitución de los Tribunales Unitarios de Circuito, entrarán en vigor de manera gradual y escalonada en un plazo no mayor a 18 meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, de conformidad con los acuerdos generales que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. ." Luego, de los citados preceptos se aprecia que el juicio de amparo indirecto promovido contra actos de Tribunales Unitarios de Circuito, como en la especie, no constituyen sentencia definitiva y será competente el Tribunal Unitario de Circuito más próximo a la residencia de aquél que haya emitido el acto impugnado, siendo innecesario determinar si el acto reclamado requiere o no de ejecución material para fincar la competencia; por tanto, este juzgado se declara incompetente para conocer de la demanda de amparo de cuenta. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 14/2012(10a) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 79, libro VI, Marzo de 2012, tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN RECLAMADA DE OTRO TRIBUNAL DE IGUAL JERARQUÍA QUE CONFIRMA UN AUTO DE FORMAL PRISIÓN. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LA REGLA ESPECIAL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. El citado precepto prevé que los tribunales unitarios de circuito conocerán de los juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales unitarios de circuito, que no constituyan sentencias definitivas, en términos de lo previsto por la ley de la materia respecto de los juicios de amparo indirecto promovidos ante juez de distrito; en estos casos, el tribunal unitario de circuito competente será el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto impugnado. Lo anterior implica que el precepto citado establece una regla especial en cuanto a la competencia de dichos tribunales para conocer de los actos reclamados de otro de la misma jerarquía, en el sentido de que debe ser el más próximo a su residencia, siendo innecesario determinar si el acto reclamado requiere o no ejecución material para fincar la competencia del órgano jurisdiccional, pues donde la ley no distingue, no corresponde hacerlo al juzgador." En tal virtud, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal declara carecer de competencia para conocer y resolver de la demanda de amparo que nos ocupa y la declina a favor del Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, por ser el más cercano. En consecuencia, mediante atento oficio que al efecto se gire, se ordena remitir el expediente en que se actúa formado con la referida demanda de amparo, así como sus anexos, al Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, que se considera con competencia legal por territorio, para que dentro del término de cuarenta y ocho horas determine si acepta o no la competencia que se le plantea y se le solicita que haga del conocimiento de este juzgado la resolución que al respecto pronuncie, conforme a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo. Con copia certificada fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, se tiene por señalado el domicilio y correo electrónico que menciona la parte quejosa para oír y recibir notificaciones. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de las notificaciones relativas al presente juicio, aun en horas y días inhábiles. De conformidad con los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a las autoridades responsables, así como a las que tengan el carácter de terceras interesadas, mediante oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente en relación con aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa, en el entendido de que las determinaciones diversas serán notificadas mediante lista que se publica en lugar visible de este juzgado, así como en la sección de servicios de la página electrónica institucional www.cjf.gob.mx consultable vía Internet. En tal virtud, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista de autos, lo cual constituye un sistema de notificación que se publica en Internet con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, y con apoyo además en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro 2002576, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Por otro lado, en los supuestos previstos en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las resoluciones que requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve a las quince horas en días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, mediante el Acuerdo General 49/2011. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable; caso en el cual, de no ser halladas en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y cúmplase. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

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