Fiscal General del Estado de Puebla
Expediente 868/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 868/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Fiscal General del Estado de Puebla
- Manuel Cornish Alarcón
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 868/2021-VIII. Puebla, Puebla, veinte de septiembre de dos mil veintiuno. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, en el cual se desechó su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Por lo que habrá de ordenarse en párrafos posteriores, el archivo del presente juicio como asunto concluido. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que se desechó la demanda -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído que tuvo desechada la demanda. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se habrá de notificar al quejoso por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo se desechó en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 868/2021-VIII. Puebla, Puebla, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Radicación. Se recibe la demanda de amparo advertida en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), firmada electrónicamente (con evidencia criptográfica) por el promovente , por propio derecho, contra actos del Fiscal General del Estado de Puebla De ahí que, para estar en aptitud de tramitar el presente juicio bajo el esquema de "juicio en línea", no basta que la demanda de amparo haya sido presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o se haya solicitado el acceso al expediente electrónico -incluso en aquellos asuntos tramitados bajo el esquema tradicional-; pues, para ello, es indispensable que, en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, se solicite expresamente la autorización para recibir notificaciones electrónicas a traes del "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. Se reitera, el hecho de que el asunto se haya iniciado de manera tradicional, no es impedimento para transitar al esquema de "juicio en línea"; por ello, se exhorta a las partes para efectos de que opten por este último modelo (juicio en línea). Desechamiento El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Cierto, el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, determina que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la 1 "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Ahora, la lectura integral que se hizo a la demanda de amparo permitió detectar que el reclamo planteado por el quejoso comprende una orden de búsqueda, localización, presentación, aprehensión y detención, librada en su contra por autoridades administrativas que solo son ejecutoras (fiscales, ministeriales y agente del ministerio público) en la carpeta de investigación , donde al parecer aquél tiene el carácter de imputado. Lo anterior es así, ya que como se observa de su escrito de protección, el quejoso señaló como autoridades responsables y les imputó como actos reclamados, los que se citan a continuación: "...III. AUTORIDAD RESPONSABLE. Como ordenadoras: . (.) Como Ejecutoras: ".IV. ACTO RECLAMADO...". De modo que el reclamo planteado por el quejoso, está circunscrito a una orden de búsqueda, aprehensión o detención, emitidas por un representante social en una carpeta de investigación, así como su ejecución, lo cual por la fecha en que se dieron los hechos -agosto de dos mil veintiuno- hace evidente que esas órdenes se regirían (en su caso) bajo las reglas del nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial. En efecto, esa hipótesis normativa (el desechamiento por una causa de improcedencia) se actualiza frente a los actos que se reclama de las autoridades responsables (fiscales general y de investigación, así como del agente del ministerio público y ejecutoras) consistentes en la orden de búsqueda, aprehensión o detención, así como su ejecución. Es así, pues debe tenerse en cuenta que una orden de búsqueda, aprehensión o detención como las que reclama el quejoso, no pueden ser emitidas por una autoridad ministerial (agente del ministerio público) o de la fiscalía, como las que señala en la demanda de amparo en su carácter de autoridades responsables ordenadoras, porque éstas no tienen facultades jurídicas en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio para librar tales órdenes. De tal manera que con independencia de la denominación que se le dé a esa orden de búsqueda, aprehensión o detención, debe destacarse que la restricción de la libertad de la parte quejosa únicamente se da con la diversa orden de aprehensión librada por una autoridad judicial, la detención en flagrancia, así como con motivo de la imposición de la prisión preventiva o la pena de prisión decretadas por una autoridad judicial, o inclusive, con la detención ordenada por un agente del ministerio público en tratándose de caso urgente, pero los anteriores constituyen sucesos distintos a los actos reclamados de las autoridades en mención. Habida cuenta que dicha autoridad ministerial carece de facultades jurídicas para emitir una orden de búsqueda, aprehensión o detención, como tales (es decir, en sí mismas consideradas), contra un gobernado en el aludido nuevo sistema de justicia penal acusatorio. De ahí que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, vinculado al diverso 107, fracción IV, primer párrafo, también a contrario sensu, 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 20, primer párrafo, aplicado a contrario sensu y 21, de la constitución federal. Similar situación ocurre con los actos relativos a la localización y orden de presentación. Ello es así ya que la actuación ministerial relativa a la localización y presentación de un imputado, no contravienen lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Federal, ya que el propósito de su emisión es para que comparezca el imputado ante el fiscal investigador. En otras palabras, su presentación jamás genera la obligación de que declare el imputado, pues al encontrarse ante el Ministerio Público, siempre puede manifestar su voluntad de abstenerse de declarar. Además, con la orden de presentación, lejos de coartarse algún derecho al imputado, la autoridad investigadora satisface sus derechos constitucionales de audiencia y defensa porque al requerirle que se presente a ser entrevistado en la carpeta de investigación, aquel puede conocer el nombre de su acusador, así como de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusación. Incluso se le da la oportunidad al imputado de exponer lo que a su derecho corresponda, y obtener todos los datos que solicite para su defensa y que consten en las actuaciones de la carpeta de investigación, con lo que de considerarlo conveniente, estará en posibilidad de ofrecer las pruebas de descargo. De lo anterior resulta patente que tanto la localización como la orden de presentación no constituyen un acto restrictivo de la libertad personal, dado que en realidad corresponde a un acto de investigación legítimo, porque todo ciudadano está obligado a comparecer ante el Ministerio Público que integre una carpeta de investigación, sin que ello implique una afectación a la libertad personal porque de considerarlo así, se llegaría al extremo de entorpecer la obligación de investigar los hechos con apariencia de delitos que es de orden público. Más aún, de considerar que la presentación para recabar entrevista puede ser un acto ilegal, se contravendría lo dispuesto por el artículo 21 de la constitución federal, dado el interés de la sociedad radica en que el Ministerio Público cumpla con su función investigadora a fin de que se persigan y castiguen los delitos. Luego, es válido afirmar que tanto la localización como la orden de presentación con fines de investigación reclamada por el quejoso, encuentra una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, la cual se obtiene de relacionar la fracción XXIII del numeral 61, con el primer párrafo del artículo 20 aplicado a contrario sensu, y con el primer párrafo de la fracción IV del diverso 107, también a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. Luego, la autoridad ministerial no librarían como tal una orden de búsqueda, aprehensión o detención, sino en su caso serían las diversas autoridades judiciales las que emitirían una orden privativa de la libertad, como alguna de las que prevé el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, con motivo de una orden de búsqueda, aprehensión o detención, no podría obligársele a declarar al quejoso, pues por el contrario, su comparecencia ante el procedimiento más bien se vería encomendada a la autoridad judicial. Así, el gobernado (verbigracia mediante un acto diverso, no mediante una orden de búsqueda, aprehensión o detención dictadas por un agente del ministerio público) puede manifestar su voluntad de abstenerse de hacerlo; además, con motivo de ello lejos de coartarle algún derecho, la autoridad satisface sus derechos constitucionales de audiencia y defensa, toda vez que al ordenar que el peticionario del amparo (en su caso) se apersone, aquél se encuentra en condiciones de conocer el nombre de su acusador, así como el de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusación. Asimismo, se le da la oportunidad de exponer lo que a su derecho corresponda, aunado a que le sean facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en las actuaciones de la indagatoria, con lo que de considerarlo conveniente, estará en posibilidad de ofrecer las pruebas de descargo. Luego, se insiste, en el caso, el agente del Ministerio Público no tiene facultades para emitir orden de tal naturaleza (búsqueda, aprehensión o detención). Así, de considerar que la orden búsqueda, aprehensión o detención a las que alude el quejoso y que reclama de manera destacada o en los hechos de su demanda, se traten en su caso, de un diverso acto, como lo es el consistente en la citación (prevista por los artículos 90, párrafo primero y 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales3) para recabar entrevista; debe considerarse -por una parte- que éste no es un acto susceptible de combatirse en esta vía de amparo, porque ello contravendría lo dispuesto por el artículo 21 de la constitución federal, dado el interés de la sociedad en que el agente del ministerio público cumpla su función investigadora a fin de que se persigan y castiguen los delitos. Así, cuando se cita a una persona en la investigación inicial en calidad de imputado, a diferencia del anterior sistema, su declaración no es una prueba o testimonio, sino una entrevista realizada con fines de investigación. Por esa razón, la citación para ser entrevistado, no guarda las mismas formalidades que una citación para rendir una declaración en el sistema escrito, ya que no se trata de una prueba que permanecerá en el proceso ni adquiere pleno valor probatorio. Incluso, el artículo 113, fracción V, del código invocado, prevé como el momento oportuno para hacerle del conocimiento al imputado los hechos que se le atribuyen y los derechos que le asisten, no en el citatorio, sino cuando es detenido, o bien, una vez que comparece ante el Ministerio Público. Por tanto, en caso de que se trate de un acto efectuado en la integración de la investigación como tal, éste se escapa al control constitucional. Es así, pues dicho acto de investigación (la citación girada conforme a los artículos 90 y 91 del código adjetivo penal nacional), por regla general, implica una facultad constitucional por parte del agente del ministerio público para la investigación de hechos con apariencia de delito, y como consecuencia, de existir suficientes datos de prueba, ejercer acción penal ante autoridad judicial -si así lo considera la autoridad competente-. Estimar lo contrario, y llevar un estudio de dicho acto reclamado, implicaría entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confieren al ministerio público. Máxime que la investigación de los delitos es de interés general de la sociedad. Asimismo, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto. De ahí que se actualizaría sobre ese específico acto, una causal de improcedencia en el presente asunto, aunado a que de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las mismas es de oficio por parte del órgano jurisdiccional de amparo. Lo mismo ocurriría en tratándose con la citación prevista en las fracciones I (citatorio) y II (orden de comparecencia) del precepto legal 141 antes mencionado, es posible establecer que la presentación de la persona investigada mediante una diversa citación ante un juez, en donde habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez a solicitud del ministerio público, de requerir la presencia del investigado para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación seguida en su contra y se formulará la imputación respectiva. Lo anterior se obtiene de lo previsto en los artículos 310, segundo párrafo, y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales.4 Incluso, en la referida audiencia podrá el imputado ser o no vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. De modo que la circunstancia de que conforme a la fracción II del artículo 141, del código procesal penal en comento, en caso de dejar de comparecer el imputado sin causa justa, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, tampoco es suficiente para estimar que la orden dictada afecte la libertad personal, dado que esa comparecencia forzosa constituye un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el imputado no asista, sin justificación, y el agente del ministerio público solicite que se ordene su comparecencia a través de la fuerza pública. Por consiguiente, en ese supuesto, se trataría de un acto fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Por tanto, de conformidad con el numeral 61, fracción XXIII, vinculado al diverso 107, fracción IV, primer párrafo, también a contrario sensu, 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 20, primer párrafo, aplicado a contrario sensu y 21, de la constitución, se desecha de plano la demanda de amparo del quejoso ***, porque los actos que reclama localización, búsqueda, presentación, aprehensión o detención, y su ejecución-, actualizaron una causal de improcedencia manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas con antelación. Como se desprende del escrito de protección, el promovente, además de señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de puebla, solicitó ser notificado a través de los usuarios en línea " " y " ". No obstante lo manifestado por el quejoso, en primer lugar que resulta improcedente tener por autorizadas ambas vías de notificación (en el domicilio que indicó en su escrito, así como la notificación electrónica), dado que causaría falta de certeza la duplicidad de notificaciones realizadas en ambos medios referidos, además de que cada vía de notificación se regula de forma diferente para tenerlas por hechas para efectuar los cómputos respectivos. En ese sentido, tomando en consideración la contingencia sanitaria generada con motivo del virus denominado COVID-19, se estima que para protección de los intervinientes, lo conducente es autorizar que las notificaciones que sean de carácter personal, sean realizadas al quejoso a través de la notificación electrónica por el usuario en línea que indica en su demanda, mientras que las restantes notificaciones que no sean de carácter personal, se realizarán por medio de lista. En segundo lugar, se debe establecer que es improcedente conceder la autorización de forma electrónica a los dos usuarios que señaló en su escrito de demanda, ello es así ya que de establecerlo de esa forma, se duplicarían de innecesariamente los plazos ya que se estarían notificando a dos personas con usuario electrónico, razón por la cual, para generar certeza en las notificaciones y plazos a que haya lugar en este juicio, únicamente se tendrá por autorizado para recibir notificaciones electrónicas, el primero de los usuarios nombrados, esto es, " ". En consecuencia, se instruye a la secretaria encargada del trámite de este asunto, para que habilite en el sistema electrónico, tanto el acceso al expediente electrónico (por así haberlo solicitado de forma expresa en su demanda), como las notificaciones que le sean de carácter personal a través del usuario " ". Asimismo, quedan autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, los profesionales Jonathan Quiroz Hernández y Abián Esaú Corona Ránsoli Castro, ello es así, ya que las personas enunciadas fueron autorizadas en esos términos de forma expresa por el quejoso y porque además, ambos cuentan con su cédula debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Notifíquese; de manera personal al quejoso (a través del usuario en línea "abescoraca"); y cúmplase.
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