Filiberto Munive Jaimes

Expediente 599/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
599/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
25/06/2021

Partes del expediente

  • Filiberto Munive Jaimes

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 599/2021. Puebla, Puebla, veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de catorce de junio de dos mil veintiuno, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Anotaciones internas. se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Devolución de documentos. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. Devolución de cuadernos auxiliares Toda vez que no existen constancias remitidas por la autoridad responsable que deban devolverse, se deja de proveer al respecto. Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese; y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 599/2021. Puebla, Puebla, catorce de junio de dos mil veintiuno. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos, suscrita por *, contra actos de la JUeza de Control de la Región Judicial Centro... Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Luego entonces es inconcuso que resultaba obligado agotar el principio de definitividad previo a instar la presente acción constitucional, a través de la promoción del recurso de apelación, a fin de estar en condiciones de lograr la revocación o modificación de la resolución de la medida cautelar. Sin que obste a lo anterior, lo señalado por el quejoso en el sentido de que el acto reclamado incide directamente contra su libertad personal, motivo por el cual acude al juicio de amparo indirecto; pues el caso en particular no actualiza alguno de los supuestos establecidos en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que eximan a la parte quejosa de cumplir ese principio, por las siguientes consideraciones: 1. La determinación reclamada, no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; 2. Asimismo, no consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto que establezca providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa, ni se trata de sentencia definitiva en el proceso penal; 3. La parte quejosa no tiene la calidad de tercero extraño, ni mucho menos por equiparación, puesto que es el imputado en la causa penal de origen; por lo que estaba en aptitud de hacer valer el recurso correspondiente; y, 4. No se trata de un auto de vinculación a proceso. Como corolario, es importante precisar que las nuevas disposiciones en materia de derechos humanos no significan que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución.Se desprende que el legislador buscó asegurar el acceso a la justicia, con base en el marco constitucional y tratados internacionales, así como establecer los principios rectores del sistema acusatorio oral, dentro de los que se encuentra el de igualdad procesal, que presupone que las partes se encuentran en igualdad en el ejercicio de sus derechos, por lo que deben recibir el mismo trato; de ahí que, si alguna determinación puede causar un agravio a alguna de ellas, ésta se encuentra facultada para recurrirla, como se precisó en la tesis 1a. LVII/2016 (10a.), de la Décima Época, de número de registro 2011238, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, citada en párrafos precedentes. Por tanto, al no actualizarse alguna excepción al principio de definitividad, se concluye que la parte quejosa debió promover el recurso de apelación previsto en la legislación penal que rige el juicio natural previo a acudir a esta instancia constitucional. En consecuencia, de conformidad con los artículos 113 y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo respecto los citados actos reclamados. Domicilio para oír y recibir notificaciones, así como autorizados, y autorización para acceder al expediente electrónico. De la demanda de amparo se advierte que el quejoso señaló un domicilio para oír y recibir notificaciones Sin embargo, también solicitó que las notificaciones personales se le efectuaran de manera electrónica, por tanto, para velar por el estado de salud tanto del personal de este juzgado como del quejoso y sus autorizados y porque así fue solicitado de forma expresa por aquél en el escrito de cuenta, se autorizan las notificaciones electrónicas a través del usuario "Fernanda29". Además, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jordán Bernabé Manilla y María Fernanda Morales Ronces, porque así lo solicita el quejoso y la cédula profesional de ellos se encuentra dada de alta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgado de Distrito; asimismo, se tiene como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que señala para esos efectos. Por otra parte, para velar por el estado de salud tanto del personal de este juzgado como del quejoso y sus autorizados y porque así fue solicitado de forma expresa por aquél en el escrito de cuenta, se autoriza la consulta del expediente electrónico a través del usuario "****". Por lo tanto, instrúyase a la secretaria encargada del trámite del presente asunto, a fin de que habilite en dicho sistema al usuario "*****".Notifíquese; de forma personal a la parte quejosa (vía electrónica); y cúmplase. ueza de Control de la Región Judicial Centro...

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