Fiscal General del Estado de Puebla
Expediente 1010/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1010/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Fiscal General del Estado de Puebla
- Priciliano Perez Flores
Actuaciones
- Principal
Juicio de amparo 1010/2023-I.. Puebla, Puebla, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, donde se desechó de plano su demanda de amparo. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO. Anotaciones internas. Se instruye a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Asunto concluido. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y nos jurisdiccionales1 (en adelante sólo Acuerdo General) el presente expediente constituye un como asunto concluido, pues el auto por el cual se desechó la demanda causó estado. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, y 12 del citado Acuerdo General se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 20, fracción IV, del Acuerdo General, se determina que este sumario constitucional es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo, porque se trata de un asunto donde se desechó la demanda de amparo. Resguardo del expediente en el archivo de trámite. En consecuencia este juicio deberá resguardarse en el archivo de trámite de este juzgado durante el lapso de tres años. Una vez que transcurra el lapso de conservación el juicio de amparo deberá destruirse. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la parte quejosa. Incidente de suspensión original 1 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. No ha lugar a emitir pronunciamiento alguno, pues como la demanda de amparo se desechó no se abrió dicho incidente. Carátula del expediente. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme a los sellos autorizados para tal efecto. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la parte quejos, porque ningún derecho procesal tienen por ejercer dado que ha quedado firme el auto que desechó la demanda de amparo. Aunado a que si la parte quejosa deseara conocer el estado de este juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si alguna parte deseara conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio o escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar a las partes por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Juicio de amparo 1010/2023-I.. Puebla, Puebla, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de amparo signada por el quejoso +++++, por derecho propio, contra actos del Fiscal General del Estado de Puebla y otra autoridad responsable. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber al quejoso que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Entonces, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General. Exhortación para tramitación del juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta al quejoso para que, cuando le sea posible, transite hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrá consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 , establece que la jueza de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En el presente caso, se observa que la demanda presentada por el quejoso, debe subsumirse en la hipótesis normativa del artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. Para demostrarlo, se hace notar que la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, permitió detectar que el reclamo planteado por el quejoso comprende los actos siguientes: ".la orden de detención girada en mi contra fuera de procedimiento judicial." y ".la pretensión de ejecutar la orden...". Actos que únicamente atribuyó a las responsables siguientes: Fiscal General del Estado De Puebla; y Director de la Agencia Estatal de Investigación, de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Dicho de otro modo, el quejoso no señaló a jueces penales como autoridades responsables; tampoco manifestó en su demanda, la existencia de alguna causa penal instruida en su contra. Entonces, si el quejoso no señaló a jueces penales como autoridades ordenadoras y tampoco manifestó la existencia de alguna causa penal instruida en su contra. Ahora, el hecho de que quejoso observe la presencia de "diversas personas" en un vehículo de la Fiscalía General del Estado afuera de su domicilio, no constituye elemento objetivo con base en el cual pudiera deducirse que se ejecutará una orden de detención en su contra. En todo caso, la supuesta presencia de elementos policiacos en ese vehículo, puede deberse a que se realizan actos de investigación, contra los cuales, sólo pudiera proceder el juicio de amparo de manera excepcional. Aún más, el Fiscal General del Estado no tienen facultades para librar órdenes de aprehensión; en todo caso, sólo los agente del Ministerio Público son las autoridades que intervienen en las carpetas de investigación, por lo que serían los únicos que podrían ordenar una detención para presentar a cualquier persona (que esté obligada a comparecer y no lo ha hecho pese a que ha sido citada) ante su potestad para recabarle una entrevista con fines de investigación; sin embargo, la persona presentada puede optar por acceder a su derecho a guardar silencio y, tan pronto esa diligencia finalice, puede volver a sus actividades sin restricción alguna, por lo cual, aun así, el juicio de amparo resultaría improcedente. En efecto, las autoridades responsables señaladas en la demanda como ordenadoras, sólo pueden intentar la detención del quejoso para que le sea recabada declaración en una carpeta de investigación. Por consiguiente, se arriba a la convicción de que los actos reclamados en la demanda, convergen a la figura de la orden de presentación atribuida a autoridades relacionadas con una institución ministerial, que actúan bajo las reglas del sistema penal acusatorio previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, debe indicarse que una orden de presentación emitida por autoridad ministerial, no implica la restricción de la libertad para el quejoso aun cuando vaya dirigida a este, pues dicha restricción únicamente se genera con la aprehensión, la detención en flagrancia, caso urgente, la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva o la pena, que constituyen figuras jurídicas distintas a la presentació Asimismo, es menester precisar que la actuación emitida por la autoridad ministerial, en la que ordena la presentación de un imputado, no contraviene lo dispuesto por el artículo 16 de la constitución federal, porque la orden de presentación solamente se libra para el imputado con el propósito de que comparezca ante el fiscal investigador. En otras palabras, la orden de presentación jamás genera la obligación de que declare, pues al encontrarse ante el Ministerio Público, siempre puede el imputado manifestar su voluntad de abstenerse de declarar. Además, con la orden de presentación, lejos de coartarse algún derecho a la persona investigada, la autoridad investigadora satisface sus derechos constitucionales de audiencia y defensa, porque al requerirle que se presente a ser entrevistado en la carpeta de investigación, aquel puede conocer el nombre de su acusador, así como de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusación. Incluso se le da la oportunidad de exponer lo que a su derecho corresponda, y obtener todos los datos que solicite para su defensa y que consten en las actuaciones de la carpeta de investigación, con lo que de considerarlo conveniente, estará en posibilidad de ofrecer las pruebas de descargo. De lo anterior resulta patente que una orden de presentación no constituye un acto restrictivo de la libertad personal, dado que en realidad corresponde a un acto de investigación legítimo, porque todo ciudadano está obligado a comparecer ante el Ministerio Público que integre una carpeta de investigación, sin que ello implique una afectación a la libertad personal porque de considerarlo así, se llegaría al extremo de entorpecer la obligación de investigar los hechos con apariencia de delitos que es de orden público. Luego, es válido afirmar que la orden reclamada por el quejoso, encuentra una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, la cual se obtiene de relacionar la fracción XXIII del numeral 61, con el primer párrafo del artículo 16 aplicado a contrario sensu, y con el primer párrafo de la fracción IV del diverso 107, también a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. Por consiguiente, los actos reclamados en la demanda consistentes en la orden de presentación y la ejecución de la misma, constituyen actos fuera de juicio que no afectan la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, también a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo considerado, la tesis jurisprudencial PC.VI.P. J/3 P (11a.), del Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito, emitida en la Undécima Época, que se encuentra con registro digital 2025762, y dice: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA CITACIÓN GIRADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO PARA QUE EL INVESTIGADO ACUDA ANTE SU POTESTAD CON EL FIN DE QUE SE LE HAGAN SABER LOS HECHOS DENUNCIADOS Y, EN SU CASO, SE TOME SU ENTREVISTA COMO IMPUTADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 107, FRACCIÓN IV, EN SENTIDO CONTRARIO, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes emitieron criterios contradictorios al analizar si se actualiza la fracción IV o la V, interpretadas en sentido contrario, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, de la misma ley, cuando el acto reclamado consiste en la orden de citación del Ministerio Público en una carpeta de investigación, para que el quejoso comparezca a imponerse de los hechos denunciados en su contra y rinda su entrevista como imputado. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito determina que la causal de improcedencia que se actualiza cuando el acto reclamado consiste en la citación del Ministerio Público en una carpeta de investigación, para hacer saber al investigado los hechos denunciados y recabar su entrevista ministerial en calidad de imputado, es la prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción IV, en sentido contrario, de la misma ley, al no actualizarse una afectación directa ni actual a la libertad del investigado o a algún otro de sus derechos sustantivos. Justificación: La fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, que prevé la procedencia del juicio de amparo en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido, es la aplicable, en sentido contrario, para fundar la improcedencia del juicio de amparo, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, de la misma ley, cuando el acto sea la citación del Ministerio Público en una carpeta de investigación para hacer saber al investigado los hechos imputados y recabar su entrevista por tratarse de un acto dictado por una autoridad ministerial, fuera de juicio, que no afecta de manera directa ni actual la libertad del quejoso investigado, por tratarse de una comunicación del Ministerio Público en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una diligencia ministerial dentro de una carpeta de investigación, en la que se le harán saber los hechos denunciados y la oportunidad que tiene de rendir o no su entrevista en ese momento, y si bien el artículo 215 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé que para el caso de incumplimiento a una cita del Ministerio Público, el quejoso podrá incurrir en responsabilidad y ser sancionado conforme a las leyes penales aplicables, esa posibilidad está sujeta a condiciones futuras de realización incierta, esto es a la inasistencia del citado, y a que no exista justificación para su inasistencia, por lo cual, en este supuesto no se advierte una afectación directa y actual a la libertad del investigado o a algún otro de sus derechos sustantivos". Por tanto, se declara que los actos combatidos por el quejoso, encuentra la causal de improcedencia que se obtiene de relacionar la fracción XXIII del numeral 61, con el primer párrafo de la fracción IV del diverso 107, también a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. Causal que de ninguna forma contraviene los derechos contemplados en el artículo 25.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al respecto existe la tesis3 del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Bajo este contexto, con fundamento en los artículos 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda presentada por el quejoso, porque los actos que reclamó encontraron una causal de improcedencia manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas. Anotaciones internas. Se instruye a la encargada de los libros de gobierno y a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Domicilio procesal, acceso al expediente electrónico y autorizados. Se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones, las listas que se fijan en este juzgado y las cuales también se publican desde el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ello atiende a la manifestación del quejoso de ser notificada mediante "estrados", lo cual se traduce en la solicitud expresa de aquél para ser notificado mediante listas. Asimismo, queda autorizada la persona que nombra, en términos restringidos del numeral 12 de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones, por así solicitarlo el promovente. Por otra parte, no ha lugar a proveer sobre la solicitud de acceso al expediente electrónico, en virtud de que no indica el usuario correspondiente, para realizar tal autorización. Autorización para toma de fotografía. Se hace saber al quejoso que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber al quejoso el derecho que le asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; de forma personal al quejoso (por listas) y cúmplase
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