Fernando Sánchez Morales
Expediente 460/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 460/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Fernando Sánchez Morales
Actuaciones
- Principal
Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por los autorizados de la parte quejosa, mediante el cual renuncian al cargo que le fue conferido. Ahora bien, toda vez que el juicio de amparo en que se actúa se encuentra totalmente concluido, puesto que por proveído de veintinueve de julio de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo del mismo al no existir actuaciones pendientes que desahogar; consecuentemente, ante tal circunstancia los referidos autorizados dejaron de representar los intereses en el presente juicio de amparo de la parte quejosa, puesto que como quedó expuesto en líneas que anteceden el juicio de amparo se encuentra totalmente concluido y archivado. Debe precisarse que se toma la anterior determinación, puesto que si bien la figura del autorizado en amplios términos de conformidad con la primera parte del artículo 12 de la Ley de Amparo, se encuentra facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión del acto reclamado o el diferimiento de la audiencia constitucional o incidental, por así convenir a los intereses de su autorizante, todo ello ocurre pero únicamente durante la tramitación del juicio de amparo, lo que en el presente caso no acontece, puesto que como ya quedó precisado en párrafos precedentes, el juicio en que se actúa se encuentra archivado como asunto totalmente concluido.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha fenecido el término de cinco días que la ley prevé para la interposición del recurso de queja en contra del acuerdo de siete de junio de la presente anualidad, en el cual se desechó la demanda que dio origen a los presentes autos; en consecuencia con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21, fracción b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse desechado la demanda que dio origen a los presentes autos. Asimismo, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá destruirse con posterioridad al VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTICUATRO. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese por lista de acuerdos.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos a la parte quejosa, la determinación que dice: Xalapa-Enríquez, Veracruz, siete de junio de dos mil veintiuno. EXHORTACIÓN. Conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes a realizar lo siguiente: I. Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y II. En la siguiente actuación en la que intervengan, propongan medios de contacto para entablar comunicaciones no procesales, como correos electrónicos, servicios de mensajería instantánea y números telefónicos. Ahora, vista la demanda de amparo promovida por Fernando Sánchez Morales, contra actos reclamados al Juzgado Décimo Sexto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, con residencia en esta ciudad. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 460/2021/VI-B. Al respecto, se acuerda: ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD"; y la tesis aislada P. VI/2004 al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO"; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que la solicitante de amparo expuso hechos, bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenido siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". Así las cosas, el suscrito advierte que el promovente de amparo reclama lo siguiente: 1. El acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente de jurisdicción voluntaria 80/2021, del índice del Juzgado Décimo Sexto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, con residencian en esta ciudad, a través del cual se requiere a María del Carmen Gutiérrez Sánchez, la exhibición de los datos fiscales, a fin de que el promovente exhiba los recibos fiscales y le sean entregadas las cantidades consignadas en su favor. 2. La omisión de acordar el escrito que presentó ante la autoridad responsable, el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Lo anterior establece que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de garantías y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, sin suspender el acto reclamado, por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto; de tal modo que, aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia I.1o.A. J/4 emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196196, de rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO SEÑALADO EN EL PUNTO 1. En el caso en estudio, el suscrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en lo que interesa, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.) La fracción en cita reglamenta uno de los principios rectores del juicio de amparo, el de "definitividad del acto reclamado," que se traduce en la improcedencia del juicio de amparo, contra actos respecto de los cuales proceda recurso en su contra, y no se haya agotado el mismo, previo a promover el juicio de amparo, salvo los casos excepcionales establecidos en el mismo precepto y en la jurisprudencia. Del texto de la fracción invocada se desprende el reconocimiento de que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, de manera que previamente a la interposición del juicio de amparo, el quejoso debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución reclamada, que le cause perjuicio, pues de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que lo rige, salvo los casos de excepción que se establecen en la fracción invocada. Cabe apuntar, que el principio de definitividad de actos que provengan de tribunales, material y formalmente jurisdiccionales, establece excepciones que atienden a la naturaleza del acto y la magnitud o relevancia de la infracción constitucional (actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal y cuando se trate de persona extraña al procedimiento). En ese tenor, cabe mencionar que el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, en sus artículos 506 y 507, dispone lo siguiente: "Artículo 506. Los autos que no causen daño irreparable en la sentencia y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que los substituya en el conocimiento del negocio." "Artículo 507. La revocación puede pedirse en el acto de la notificación o dentro del término de dos días. Se resolverá de plano o en audiencia que tendrá lugar dentro de los tres días siguientes. Sólo podrán ofrecerse las pruebas que puedan rendirse en dicha audiencia." Del primer artículo transcrito se desprenden dos supuestos de procedencia del recurso de revocación, a saber: a) autos que no causen daño irreparable en la sentencia; y, b) cualquier decreto emitido por el juez. Como puede advertirse el artículo en comento distingue entre auto y decreto, así el artículo 56, fracciones II y III, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, dispone lo siguiente: "Artículo 56. Las resoluciones judiciales son: II. Autos, cuando entrañan un mandamiento de pago, de entrega, de hacer o de no hacer, cuando deciden sobre personalidad, competencia o cualquiera otra excepción dilatoria, procedencia de demanda, reconvención, compensación, denegación de pruebas y todas las que resuelvan un incidente, y III. Decretos, todas las demás no comprendidas en las anteriores. Todas las resoluciones serán autorizadas con la firma entera de los magistrados, jueces o secretarios que intervengan." De la lectura del artículo referido, se observa que la legislación civil contempla como autos aquellos que entrañan un mandamiento de pago, de entrega, de hacer o de no hacer, cuando deciden sobre personalidad, competencia o cualquiera otra excepción dilatoria, procedencia de demanda, reconvención, compensación, denegación de pruebas y todas las que resuelvan un incidente; y, por exclusión aquellos que no se encuentran enlistados en la fracción II del artículo en estudio, serán considerados como decretos. En ese contexto, conforme al artículo 56 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, el acuerdo reclamado constituye un auto, pues implica un mandamiento de hacer, el cual no es de imposible reparación, ya que no ocasiona una afectación actual, real y directa a la esfera de derechos subjetivos del promovente, en razón de que si el acto reclamado se hace consistir esencialmente en el requerimiento formulado a María del Carmen Gutiérrez Sánchez, para el efecto de que exhiba sus datos fiscales a fin de que el promovente Fernando Sánchez Morales, exhiba los recibos fiscales y le sean entregadas las cantidades consignadas en su favor. (.) DESECHAMIENTO. por lo expuesto en líneas precedentes, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda, con fundamento en el artículo 61, fracciones XVIII y XXIII, ésta última en relación con la diversa fracción V, del numeral 107, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, respecto los actos y la autoridad precisados con anterioridad, por ende, de acuerdo con lo que dispone el artículo 113 de la ley de la materia, SE DESECHA LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, con el objeto de que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. (.) Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Samuel René Cruz Torres, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de Pablo Alberto Ochoa Blanco, secretario que autoriza y da fe.
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