Fernando Méndez Espíritu

Expediente 157/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 1 actuación registrada, la última del 22 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
157/2019
Año
2019
Actuaciones
1
Última actuación
22/02/2019

Partes del expediente

  • Fernando Méndez Espíritu

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Fernando Méndez Espíritu, contra el acto que reclama de los Magistrados que Integran la Sala Constitucional del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 157/2019-IV-A. Al respecto, se acuerda: PRECISIÓN Y NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. Analizada íntegramente la demanda de amparo el suscrito advierte que los actos reclamados por el quejoso a la autoridad señalada como responsable, es el siguiente: -La falta de notificación personal de la resolución de fecha once de diciembre de dos mil catorce, dictada en el toca número 466/2014 del índice de la Sala Constitucional del Poder Judicial del Estado de Veracruz, en relación al recurso de queja presentado por el mismo, dentro de la investigación ministerial número 256/2013/JAL/06/I, del índice del Agente del Ministerio Público Investigador de Jalacingo, Veracruz. DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Lo anterior establece que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de garantías y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, sin suspender el acto reclamado, por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD; y la tesis al rubro: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que el solicitante de amparo expuso hechos, bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenidos siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA.- El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, toda vez que el suscrito se encuentra facultado a desechar de plano una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. Cabe precisar que de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Editorial Espasa, Vigésima Primera Edición, Tomo II, página 1309, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es, es decir, que aun y cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. Apoya lo anterior, los lineamientos indicados en la tesis I.3o.C.90 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página un mil novecientos diez, tomo XXX, Julio de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. LA RESOLUCIÓN INICIAL DEBE SUJETARSE A UNA ESTRUCTURA LÓGICA Y JURÍDICA DE ESTUDIO POR EL JUEZ DE DISTRITO." Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En este orden de ideas, en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia establecida por el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, del escrito inicial de demanda, se advierten los antecedentes siguientes: En fecha tres de diciembre de dos mil trece, el quejoso interpuso recurso de queja en los autos de la investigación ministerial número 256/2013/JAL/06/I, del índice del Agente del Ministerio Público Investigador de Jalacingo, Veracruz. Recurso que fue tramitado y enviado a la Sala Constitucional para su sustanciación, radicándo bajo el número 466/2014. El trece de diciembre de dos mil dieciséis, el aquí quejoso, acudió a la agencia del Ministerio Público Investigador de Jalacingo, Veracruz, y solicitó la investigación ministerial número 256/2013/JAL/06/I, y al leerla se enteró de que ya fue dictada la resolución en el toca 466/2014, el once de diciembre de dos mil catorce, sin que la misma le haya sido notificada en forma personal. En contra de dicho acto el quejoso promovió demanda de amparo el veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, ante la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz. Tocando conocer de la aludida demanda a este juzgado de Distrito, en la que precisó haber sido sabedor del acto que reclama el trece de diciembre de dos mil dieciséis, se radicó bajo el número 1369/2016, y la admitió a trámite, sin embargo, por auto de treinta de enero de dos mil dieciocho, se sobreseyó fuera de audiencia el referido juicio, al actualizarse los presupuestos previstos en el artículo 63, fracción II, en relación con el artículo 27 fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, debido a que no se logró el emplazamiento del tercero interesado Timoteo Ramírez Miranda. El dieciséis de enero de dos mil diecinueve, promovió diversa demanda de amparo, en contra de la misma autoridad y acto reclamado, misma que quedó registrada en este juzgado bajo el número 38/2019. En ese mismo auto se le previno para que entre otro, manifestara bajo protesta de decir verdad, el domicilio actual y correcto del tercero interesado Timoteo Ramírez Miranda (motivo de sobreseimiento en el diverso 1369/2016). Y, la fecha exacta en que acudió ante el Ministerio Público Investigador de Jalacingo, Veracruz, toda vez que señaló que fue el trece de diciembre del presente año, y en la diversa demanda 1369/2016 del índice de este juzgado, señaló una fecha diversa (trece de diciembre de dos mil dieciséis), sin que haya dado cumplimiento a dicho requerimiento. La falta de notificación personal de la la resolución en el toca 466/2014, el once de diciembre de dos mil catorce, constituye el acto reclamado por el quejoso en su presente demanda de amparo. Es un hecho notorio para el Juzgado de Distrito, como lo establece el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en concordancia al criterio de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE", que con el número 1369/2016 y 38/2019, se encuentran registradas las demandas de amparo respectivamente promovidas por Fernando Méndez Espíritu, contra actos de los Magistrados que Integran la Sala Constitucional del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en los cuales se reclama la falta de notificación personal de la resolución de fecha once de diciembre de dos mil catorce, dictada en el toca número 466/2014 del índice de la Sala Constitucional del Poder Judicial del Estado de Veracruz, en relación al recurso de queja presentado por el mismo, dentro de la investigación ministerial número 256/2013/JAL/06/I, del índice del Agente del Ministerio Público Investigador de Jalacingo, Veracruz. Por ende, se reafirma la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, ya que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado desde el trece de diciembre de dos mil dieciséis, por lo que consintió tácitamente el acto reclamado. RAZONES POR LAS QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En efecto, los artículos citados establecen lo siguiente: El artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento (.)". Por su parte, el artículo 17, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". Así, el artículo 18 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Ahora bien, de conformidad con la última disposición legal transcrita el término para promover el juicio de amparo es de quince días, el cual se contará: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o la resolución que reclame; b) Desde el día siguiente al en que el peticionario del amparo haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución, y c) Desde el día siguiente al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los actos reclamados. Establecido lo anterior, debe decirse que conforme a lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de Amparo, el término para que el quejoso promoviera el juicio de amparo comenzó a transcurrir a partir del día siguiente al en que se ostentó sabedor del acto reclamado, por lo que para computar el término legal para promover el juicio de amparo debe estarse a la tercera regla del artículo 18 de la Ley de Amparo. En tal virtud, si el quejoso reclama por esta vía la falta de notificación personal de la resolución emitida en el toca 466/2014, el once de diciembre de dos mil catorce, de la cual se hizo sabedor el trece de diciembre de dos mil dieciséis, resulta inconcuso para el suscrito, que el término de quince días que Fernando Méndez Espíritu tenía para promover el juicio de amparo contra la determinación citada, ha transcurrido por demás en forma excesiva y debido a que la demanda que dio origen a este expediente se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, hasta el veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, según se advierte del sello de recibo que aparece en el escrito de mérito, por ende, se estima que ésta se presentó fuera del término de quince días previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, por lo cual, opera de manera indudable. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En esas condiciones, atendiendo a las razones que han quedado expuestas en los párrafos que anteceden, deviene inconcuso que, en la especie, sí se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia que estipula el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en lo establecido en el diverso numeral 113 de la invocada legislación SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA. SE TIENE COMO DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DE LA PARTE QUEJOSA, se tiene el que señala en el escrito que se provee , y por autorizados con las restricciones que impone el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Julián Fernández Aparicio, Joaquín Rosas Baltazar y/o Ingeniero Andréz Fernández Monfil, toda vez que dentro de la base de datos del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no cuentan con los registros correspondientes, amén de que tampoco acreditaron contar con dicho documento. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez Federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario de juzgado, así como la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de que documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que este en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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