Fidel Viveros Córdoba
Expediente 156/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 156/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Fidel Viveros Córdoba
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha fenecido el término de cinco días que la ley prevé para la interposición del recurso de queja en contra del auto de veintinueve de octubre del año en curso, en el cual se desechó de plano la demanda; en consecuencia con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21, fracción b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse desechado la demanda de amparo. Asimismo, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá destruirse con posterioridad al DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese por lista de acuerdos.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos a la parte promovente, la determinación que dice: "Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintinueve de octubre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el acto que aquí se reclama consiste en retención, incomunicación y privación de la libertad fuera de procedimiento así como violencia física impetrada en contra del directo quejoso por parte de las autoridades responsables, puesto que fue detenido el quejoso por elementos de la policía estatal, el cuatro de marzo de esta anualidad; y, tomando en consideración que por acuerdo de esa misma fecha, se ordenó requerir al quejoso *********, para que, entre otras cosas, en el acto de la diligencia o bien por escrito, dentro del término de tres días, manifestaran si ratificaban o no la demanda de amparo promovida a su favor, apercibiéndolo que de no hacerlo así, se tendrá por no presentada, en términos del artículo 15 de la ley de la materia; sin embargo, resulta innecesarios llevar a cabo esa diligencia atendiendo a lo expuesto por la autoridad oficiante, pues en el caso se actualiza de forma notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista por la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente". [.] El precepto transcrito prevé como causa de improcedencia del juicio de amparo el cambio de situación jurídica, entendiéndose por tal el hecho de que, al completarse una etapa procesal en todas sus partes, queda superada, lo que da pauta a que se inicie el siguiente conjunto de actos que conforman una nueva fase procesal o situación jurídica. En ese tenor, el presupuesto procesal en comento, establece que, por regla general, el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando en virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. En tesitura, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, instituyó en su tesis aislada número 2a. CXI/96, que para que opere el cambio de situación jurídica como causa de improcedencia del juicio de amparo, deben coexistir las siguientes condiciones: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. La tesis citada es la siguiente: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Asimismo, cobra vigor por sus consideraciones lo sustentado en la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que interpreta: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SUS REQUISITOS. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN X, DEL ARTÍCULO 73, DE LA LEY DE AMPARO. Una vez examinados los supuestos en los cuales los tribunales de amparo han estimado aplicable esta causal de improcedencia, puede afirmarse que para configurarla se necesita de la reunión de los siguiente requisitos: 1) que se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial (civil, familiar, penal) o administrativo (en strictu sensu, fiscal o agrario); 2) que al promoverse el amparo se encuentre colocado el quejoso en un estado jurídico determinado, es decir, que aquel acto procedimental haya definido su posición frente al orden jurídico; 3) que después de admitida la demanda sobrevenga, en el mismo procedimiento, otro acto, cualquiera que sea la autoridad que lo dicte; 4) que el acto sobrevenido sea autónomo, es decir, que entre el acto reclamado y el nuevo acto no exista una relación de causalidad tal que la ilegalidad del primero traiga aparejada la irregularidad del segundo y 5) que al producirse el nuevo acto se agoten los efectos del reclamado, creando frente al quejoso una nueva situación jurídica que no derive de este último." Expuesto lo anterior, cabe resaltar que el contenido de las constancias remitidas por la Directora General Jurídica y representante legal del Secretario y de la Secretaría de Seguridad Pública, con residencia en esta ciudad, tiene pleno valor probatorio de conformidad con lo que disponen los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, pues se trata de un documento expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo al caso, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ahora bien, para encuadrar el caso concreto en la premisa legal precedente, deviene importante que del contenido de las constancias remitidas, por la Directora General Jurídica y representante legal del Secretario y de la Secretaría de Seguridad Pública, con residencia en esta ciudad, en específico de la boleta de salida firmada por el Analista Jurídico de los Separos del Área Preventiva de la Policía Estatal Región XX Conurbación Xalapa, se advierte que el aludido **********, salió de los separos a las dos horas cincuenta minutos, del cuatro de marzo del año en curso, después de realizar el pago de la multa que se le hiciera, por lo que, resulta claro que el directo quejoso si bien estuvo privado de su libertad, actualmente se encuentra libre, desconociéndose su paradero, se advierte que ha cambiado la situación jurídica del citado quejoso **********, respecto al acto reclamado que en esta vía combaten, consistente en retención, incomunicación y privación de la libertad fuera de procedimiento así como violencia física impetrada en contra del directo quejoso. Se estima lo anterior, en virtud de que de la boleta de salida firmada por el Analista Jurídico de los Separos del Área Preventiva de la Policía Estatal Región XX Conurbación Xalapa, se desprende que el aquí quejoso, salió de los separos a las dos horas cincuenta minutos, del cuatro de marzo del año en curso, después de realizar el pago de la multa que se le hiciera, por lo que, resulta claro que el directo quejoso si bien estuvo privado de su libertad, actualmente se encuentra libre, remitiendo para tal efecto la boleta de libertad. Lo anterior, pone de manifiesto que en el procedimiento de donde deriva el acto reclamado en el presente asunto, operó un cambio de situación jurídica toda vez que el aludido **********, salió de los separos a las dos horas cincuenta minutos, del cuatro de marzo del año en curso, después de realizar el pago de la multa que se le hiciera, por lo que, resulta claro que el directo quejoso si bien estuvo privado de su libertad, actualmente se encuentra libre; de ahí que, con la emisión de dicha determinación cambió el escenario jurídico en que se encontraba el directo quejoso por virtud del acto que reclamó inicialmente en esta vía; y, con motivo de la emisión de la resolución que ordenó su inmediata libertad, no puede decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado en esta vía, sin afectar la nueva situación jurídica, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo, puesto que existe autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la boleta de salida firmada por el Analista Jurídico de los Separos del Área Preventiva de la Policía Estatal Región XX Conurbación Xalapa, de modo que este último pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Es aplicable al caso, por analogía la tesis sustentada por la entonces Quinta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 892, tomo LXXXIV, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto y rubro son del literal siguiente: "SITUACIÓN JURÍDICA, CAMBIO DE LA, COMO CAUSA DE SOBRESEIMIENTO (DETENCIÓN REALIZADA POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS): Es inoperante el argumento esgrimido en el sentido de que la causa de improcedencia de que habla la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, atañe solamente a los actos emanados de un procedimiento judicial, porque la citada fracción establece la improcedencia del juicio constitucional, cuando se opera un cambio de situación jurídica que dé lugar a que las violaciones cometidas a través de un acto emanado de la autoridad judicial, deben considerarse consumadas irreparablemente, por no poder decidirse en dicho juicio, sin afectar la nueva situación jurídica; y es inconcuso que la detención inmotivada que el quejoso pudo haber sufrido, por parte de las autoridades administrativas, se consumó irreparablemente y cesó, al consignársele a la autoridad judicial, y la circunstancia de que la fracción X del artículo 73 aluda solamente a actos emanados de un procedimiento judicial, no hace viable el argumento que se analiza, porque la fracción IX del propio precepto contiene la causal de improcedencia que genéricamente se refiere a actos consumados de un modo irreparable y la XVI a la cesación de los efectos del acto reclamado, fracciones ambas que sirven de apoyo al sobreseimiento, con relación a la detención arbitraria que pudo haber sufrido el reclamante, por parte de las autoridades administrativas." Asimismo, por similitud jurídica, tiene aplicación la siguiente jurisprudencia, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguiente: "SITUACIÓN JURÍDICA DEL INCULPADO. EL CAMBIO DE ELLA, VUELVE IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS, RESPECTO DE LA ANTERIOR. La libertad personal puede restringirse por cinco motivos diferentes, a saber: la aprehensión realizada por autoridad no jurisdiccional; la detención que comprende desde que el inculpado es puesto a disposición del juez de su causa, hasta el momento en que se define su situación jurídica; la prisión preventiva que se inicia con el auto de formal prisión; la sentencia de primera instancia, y en su caso, la de segunda instancia; cada uno de los cuales tiene características peculiares. El conjunto de normas jurídicas que condicionan y determinan la restricción de la libertad en los distintos casos apuntados, se llama situación jurídica, y cada una de ellas excluye a las otras, de modo que cuando por actos posteriores haya cambiado la situación jurídica del quejoso, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas y el amparo solicitado contra la situación jurídica anterior es improcedente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 fracción X de la Ley de Amparo, lo que motiva sobreseer en el juicio con fundamento en el artículo 74 fracción III de la misma ley. (Los subrayado es propio)" Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la jurisprudencia número 1a./J. 95/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos." Así las cosas, es obvio que el juicio de derechos fundamentales que pretende instaurar respecto del acto señalado en la demanda de amparo deviene improcedente de manera notoria y manifiesta, razón por la cual de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la referida demanda de amparo por haber operado un cambio de situación jurídica, y de ahí resulta incuestionable su improcedencia, conforme a la fracción XVII del artículo 61, del ordenamiento legal en cita. Sin que la anterior determinación, deje a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que insistir en que el quejoso ratifique la demanda promovida a su favor por **********, a nada práctico se llegaría, pues al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun admitiendo la demanda y señalando fecha de audiencia constitucional, es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Notifíquese personalmente a **********y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Notifíquese personalmente a Aminadab López Antonio y por oficio a las autoridades responsables.
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