Fernando Ramirez Zendejas

Expediente 215/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
215/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
03/04/2018

Partes del expediente

  • Fernando Ramirez Zendejas

Actuaciones

  1. Principal

    ...causa estado...se ordena el archivo....

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, doce de marzo de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Fernando Ramírez Zendejas, contra actos de la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Zamora, Michoacán. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 215/2018. Ahora bien, analizada íntegramente la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: - El auto de catorce de febrero de dos mil dieciocho, dictado por la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Zamora, Michoacán, dentro del juicio ejecutivo mercantil 62/2017, en el que se declaró la adjudicación directa del bien inmueble embargado, ubicado en la calle Ignacio Allende, número 2, colonia Centro, Rancho de Quiringuicharo, en el municipio de Ecuandureo, de Tanhuato, Michoacán, a favor de la parte actora CAJA POPULAR SANTUARIO GUADALUPANO S.C. DE A.P. de R.L. Ahora, por ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia del juicio de garantías, pues conforme a lo previsto por el artículo 62, de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia previstas en el aludido precepto podrán analizarse aun de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda. En el artículo 61, fracciones I a XXII, de la Ley de Amparo, se mencionan enunciativamente los diversos supuestos en los que resulta improcedente el juicio de garantías, mientras que la fracción XXIII instituye que también resultará improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo; lo que deja abierta la posibilidad de atender a otros supuestos que permitan sustentar válidamente la improcedencia del amparo. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia II. 1°.J/5, consultable en la página noventa y cinco del tomo VII del Semanario Judicial de la Federación, mayo de mil novecientos noventa y uno, Materia Común, octava época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Al respecto, el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, instituye que cuando se reclaman actos en los procedimientos de remate, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución que es aquélla que en forma definitiva ordena indistintamente el otorgamiento de la escritura, o bien, la entrega de la posesión de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Interpretada en sentido contrario dicha disposición, el juicio de amparo resultará improcedente cuando se advierta que no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de remate respectivo, que es aquélla que en forma definitiva ordena indistintamente el otorgamiento de la escritura, o bien, la entrega de los bienes rematados. Lo anterior, significa que si la parte quejosa no reclama la última resolución en la fase de ejecución del sentencia, el amparo indirecto resultará improcedente, ya que la intención del legislador fue la de evitar la proliferación de un número indefinido de amparos promovidos contra resoluciones intermedias en la fase ejecutiva de remate, limitando a la última resolución la oportunidad para solicitar la protección federal. Lo expuesto, permite sostener que la determinación impugnada de ninguna manera constituye la última resolución en la fase ejecutiva en etapa de remate, resolución que debe ser entendida como aquélla en la que indistintamente ordena entregar la escritura o endoso de adjudicación, o bien, la entrega de la posesión de los bienes rematados. Tiene aplicación a lo anterior por analogía la jurisprudencia 1a./J. 113/2016 (10a) emitida por la Primera Sala del Supremo Corte de Justicia de la Nación, ubicada en la página 1066 libro 29, abril de 2016, tomo II de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación del rubro y texto siguiente: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial". Asimismo, es aplicable la jurisprudencia por reiteración III.5o.C J/5 (10a.), 10a. Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el seis de junio de dos mil catorce y sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito que dice: "REMATE. CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN IV, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, EN VIGOR A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE ORDENA LA ESCRITURACIÓN Y LA ENTREGA DEL BIEN, AUN CUANDO SE ACUERDEN EN FORMA SEPARADA. De lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, se desprende que el legislador, en forma específica, determinó que la última resolución emitida en el procedimiento de remate "es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados"; de ahí que procede el amparo indirecto hasta cuando ello se actualice, esto es, una vez que se hayan emitido ambas órdenes, sin que constituya un obstáculo el hecho de que se determinen en acuerdos separados, pues de cualquier manera, será hasta entonces que el afectado podrá acudir al juicio biinstancial, haciendo valer las violaciones procesales cometidas en dicha etapa de ejecución." Por tanto, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa, por su notoria e indudable improcedencia. En atención a la circular 12/2009 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que no existe inconveniente en que se les permita imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito, mediante el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Se tiene por señalado el domicilio que precisa la parte quejosa para recibir notificaciones en esta ciudad y como autorizadas para tal efecto a las personas que designa, quienes podrán gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo siempre y cuando tengan registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, o bien, hasta que acrediten dentro del presente expediente, con documento idóneo, estar facultadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho; ya que en caso contrario, solamente se les tendrá como autorizadas para recibir notificaciones e imponerse de los autos, lo que se pronunciará una vez que promuevan con tal carácter. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de las notificaciones relativas al presente juicio, aun en horas y días inhábiles. Asimismo, se precisa que el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las determinaciones dictadas en el juicio, que en su caso requieran notificación personal, en términos de los incisos b) y c) de la fracción I, del artículo 27, de la Ley de Amparo; queda constreñido al lapso que comprende de las nueve a las quince horas de los días hábiles, por ser el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 49/2011. En ese contexto, se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones, o bien, el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 del ordenamiento legal invocado, con excepción de la diligencia de emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable. Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.JMG/Jjsg*

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