Fernando Parra Lozano

Expediente 516/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
516/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
03/09/2021

Partes del expediente

  • Síndico Municipal del H. Ayuntamiento de Huetamo, Michoacán
  • Fernando Parra Lozano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    El licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hago constar y certifico: Que concluyó el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada dentro del juicio de amparo II-516/2021-D, pues transcurrió del diecinueve de agosto al uno de septiembre del presente año, tomando en consideración únicamente los días hábiles correspondientes, de conformidad con los artículos 19 y 22 de la misma ley, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno. Morelia, Michoacán, tres de septiembre de dos mil veintiuno. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta al Juez dentro del juicio de amparo II-516/2021-D, con la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los autos. Conste. Morelia, Michoacán, tres de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Oscar Hernández García 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.34.e4 06/10/23 12:59:13 Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio y transfiéranse éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe. Monse. Oficios 13759, 13760, 13761 y 13762 Oscar

  2. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con cincuenta minutos del dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de julio de dos mil veintiuno, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CCJ/ST/1998/2021 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA"; ante la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 516/2021. Enseguida, la secretaria hace constar que el presente asunto se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El encargado del despacho provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales que la parte quejosa anexó a su libelo constitucional, así como las constancias que las autoridades responsables agregaron como soporte a su informe justificado. De la misma forma, en este acto da cuenta con la prueba testimonial ofrecida por el quejoso a efecto de acreditar diversos hechos relacionados con su demanda. Al respecto, el encargado del despacho acuerda: Con apoyo en los artículos 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas. Con relación a la prueba testimonial anunciada por el peticionario del amparo, con fundamento en el artículo 119, quinto y sexto párrafo se tiene por no ofrecida, al no encontrarse satisfechos los requisitos exigidos legalmente, pues el quejoso incumplió con la exigencia de exhibir los interrogatorios al tenor de los cuales deberían ser examinados los testigos y tampoco insistió en el ofrecimiento de dicho medio de convicción, a pesar que este asunto quedó integrado para su resolución desde el veintidós de julio del año en curso, que fue en la fecha en la que se dio vista con el último informe justificado rendido por las responsables. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes los hizo valer. El encargado del despacho acuerda, vista la cuenta precedente, se tiene por precluído el derecho para formularlos. Al no existir diligencia por desahogar se da por concluida la presente audiencia, con lo cual quedan los autos a la vista para dictar sentencia. R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el dieciséis de junio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, Fernando Parra Lozano, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las siguientes autoridades: Síndico Municipal; Director de Seguridad Pública; Subdirector de Coordinación de Huetamo de la Dirección General del Centro Estatal de Comando Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C5i) de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán; y, Jefa de Gobierno Regional. Todos con residencia en Huetamo, Michoacán. Actos que reclama: El abuso de autoridad, negación del servicio público, uso ilícito de atribuciones y facultades. Segundo. Admisión y trámite. Por auto de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la presente demanda de amparo, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal, la intervención legal que le compete, se pidió el informe justificado a las autoridades responsables, se fijó fecha para la celebración de audiencia constitucional y ahora se procede resolver de acuerdo a las siguientes: C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues la parte quejosa reclama actos que atribuye a las autoridades que residen en el ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, los actos reclamados consisten en el abuso de autoridad, negación del servicio público, uso ilícito de atribuciones y facultades de las autoridades responsables. Tercera. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables descritas en el primer resultando al momento de rendir su informe justificado manifestaron que no son ciertos los actos que se les reclaman, como se advierte de sus informes justificados que obran a fojas 44, 47, 52 y 56. En el caso, en su demanda el quejoso señaló como contexto del acto reclamado que a las dieciocho horas del diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, las autoridades responsables enviaron a personal a su cargo al domicilio ubicado en la calle San Lázaro sin número, del barrio de San Antonio Tomatlán, inmueble que se encontraba en posesión de su extinta madre. En esa fecha dijo el quejoso, los elementos de Seguridad Pública, así como personal del Ayuntamiento de Huetamo, Michoacán, fueron participes de que los vecinos, sin cruzar palabra, comenzaron a través de agresiones físicas y verbales, y con ayuda de un marro y/o mazo a derrumbar en su totalidad la barda del citado inmueble, al igual que derrumbaron el techo de herrería que protegía esa propiedad. Sobre esos acontecimientos, la Síndico y el Director de Seguridad Pública, ambos de Huetamo, Michoacán, señalaron que contrario a lo que aduce el quejoso, no tuvieron intervención en el hecho del que se duele el peticionario de amparo, ya que se trata de un suceso con intervención exclusiva de particulares; incluso, indicaron que han exhortado al quejoso para que presente la denuncia que corresponda a fin de que se realice la investigación pertinente. Por su parte, el Subdirector de Coordinación de Huetamo de la Dirección General del Centro Estatal de Comando Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C5i) de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, señaló que tampoco fue omiso en otorgar el auxilio solicitado por el quejoso en la línea 911, y que atendiendo a su llamado, realizó lo conducente, esto es, pasó el reporte correspondiente a las corporaciones policiacas a fin de que estas auxiliaran. De la misma forma, señaló que conforme a las facultades legales que le otorga la ley, dicha dependencia no tiene bajo su mando la conducción de las corporaciones policiales, sino que únicamente está facultada para pasar el reporte de incidencias. Por su parte, la Jefa de Gobierno Regional, con sede en Huetamo, Michoacán, indicó que no son ciertos los actos que se le atribuyen, ya que carece de facultades para ordenar a cualquier institución policiaca, tanto estatal como municipal, y que sus funciones, de acuerdo al Decreto por el que se crean las Jefaturas Regionales de Gobierno del Estado de Michoacán, se limitan a la coordinación de esfuerzos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal para lograr la desconcentración de las acciones de gobierno que propicien el desarrollo integral y sostenible en los ámbitos económico y social de las regiones del Estado. Bajo el anterior contexto, en el caso deben considerarse inexistentes los actos reclamados, a la Síndico y el Director de Seguridad Pública, ya que respecto el señalamiento que éstas realizaron en su informe justificado en el sentido que no tuvieron intervención en el hecho del que se duele el peticionario de amparo y que se trata de un suceso con intervención exclusiva de particulares, el promovente del amparo no aportó probanzas suficientes tendentes a desvirtuar la negativa de esas autoridades responsables de referencia, aun cuando se le dio la vista respectiva con los informes justificados rendidos por éstas, a pesar que en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2°, era su obligación. Sin que se estimen suficientes para ese efecto, los informes que con relación a la queja que presentó el quejoso ante la Visitaduría Auxiliar en Huetamo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ya que de los mismos sólo se desprende que las autoridades indicaron que jamás dieron orden para el derribo de la barda y del techo del inmueble que defiende el quejoso, y que menos aún, tuvieron intervención alguna en esos acontecimientos. En tanto que tampoco son aptos para desvirtuar la negativa expresada por las responsables, los videos que el quejoso dice, se subieron a la red social Facebook, con título Vecinos del barrio San Antonio Tomatlán, pretenden despojar de un terreno que señalan es calle, pese a que el dueño del predio exhibe documentos; Vecinos del barrio San Antonio Tomatlán, en su derecho de réplica ante las acciones; y, La tarde del día de hoy se desató un conflicto en la calle San Lázaro en la colonia. Ello, porque además que el quejoso fue omiso en ofrecer dicha prueba a través de los medios digitales que corresponden para su debido desahogo, dicho medio de prueba es insuficiente para en forma individual y aislada, acreditar que las autoridades responsables tuvieron intervención en los sucesos de los que se duele; pues para ese efecto se requeriría por principio, la identificación y señalamiento realizada por un experto, que acreditara que las personas que aparecen en los videos tienen correspondencia e identidad, con las personas que en la actualidad detentan los cargos públicos de cada autoridad que señaló como responsable. Es aplicable a lo anterior, la tesis VI.2o.A.4 K emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 903 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Materia Común, Novena Época, registro 187728, de rubro y texto: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." De la misma forma, deben considerarse inexistentes los actos atribuidos al Subdirector de Coordinación de Huetamo de la Dirección General del Centro Estatal de Comando Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C5i) de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, así como a la Jefa de Gobierno Regional, con sede en Huetamo, Michoacán, en la medida que ambas responsables indicaron que no son ciertos los actos que se les atribuyen, ya que no tienen bajo su mando la conducción de las corporaciones policiales y q ue por ello, carecen de facultades para ordenar a cualquier institución policiaca, tanto estatal como municipal, la intervención en hechos determinados. Con relación a dichos comunicados oportunamente se le dio vista a las partes para que se impusieran de su contenido; pese a ello, el promovente del amparo no aportó probanza alguna tendente a desvirtuar la negativa y las manifestaciones de las autoridades responsables de referencia, aun cuando se le dio la vista respectiva con los informes justificados rendidos por éstas, a pesar que en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2°, era su obligación. Por lo anterior, en el caso deben considerarse inexistentes los actos atribuidos al Subdirector de Coordinación de Huetamo de la Dirección General del Centro Estatal de Comando Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C5i) de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, así como a la Jefa de Gobierno Regional, con sede en Huetamo, Michoacán, ya que el quejoso no acreditó que contrario a lo indicado por esas responsables, ellas sí tengan bajo su mando la conducción de las corporaciones policiales y que estén facultadas para ordenar a cualquier institución policiaca, tanto estatal como municipal, su intervención en hechos determinados. Sustenta lo expuesto, en lo conducente, la tesis asilada 1a. XXIV/98, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, Pag. 53, Novena Época, registro 196080, de texto: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." Y la tesis: I.3o.C.110 K, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Abril de 2011, Pag. 1195, Novena Época, registro 162441: "ACTOS RECLAMADOS DE NATURALEZA OMISIVA. SU ACREDITAMIENTO QUEDA SUJETO A QUE NO SE ALLEGUE AL JUICIO DE GARANTÍAS EL MEDIO PROBATORIO POR EL QUE SE ACREDITE EL HECHO POSITIVO QUE DESVIRTÚE LA OMISIÓN. En los actos reclamados de naturaleza positiva, esto es, los que implican un hacer de la autoridad, la carga de la prueba respecto de su existencia cierta y actual recae en la parte quejosa, ya que es ella quien afirma el perjuicio que le irrogan los mismos. En cambio, cuando los actos reclamados son de naturaleza omisiva, esto es, implican un no hacer o abstención de las autoridades responsables, en perjuicio de los derechos fundamentales de la parte quejosa, su acreditamiento queda sujeto a que no obre en autos algún medio probatorio del que se advierta el hecho positivo que la desvirtúe, esto es, la carga de la prueba se revierte a las contrapartes del quejoso, a efecto de que demuestren que las autoridades responsables no incurrieron en las omisiones que se les atribuyen." Por consiguiente, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades señaladas en este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo, única y exclusivamente por lo que respecta a las autoridades mencionadas en el presente considerando. Resulta aplicable la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 181, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XLIII, Primera Parte, Materia Común Sexta Época, registro 804176, que establece: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Sin que la anterior determinación implique prejuzgar respecto de la existencia del derribo de la totalidad de la barda del inmueble que defiende el quejoso, al igual que de la demolición del techo de herrería que protegía esa propiedad, ya que lo que en esta instancia de amparo se señaló como acto reclamado a las autoridades responsables, lo fue precisamente su intervención en esos hechos, así como su omisión en la prestación de auxilio para evitar los daños materiales a ese inmueble; actos que en las consideraciones expuestas se determinaron inexistentes. Además, se estima que en el caso en todo caso, se está en presencia de un conflicto posesorio, suscitado entre particulares, en el cual no tienen intervención las autoridades a las que les confirió el carácter de responsables y que, por ende, corresponde dilucidar ante las autoridades jurisdiccionales competentes. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Por las razones expresadas en la consideración tercera de la presente resolución, se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Fernando Parra Lozano, contra los actos reclamados a las autoridades responsables en las referidas consideraciones. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de julio de dos mil veintiuno, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CCJ/ST/1998/2021 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA" ante la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de julio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe justificado que rinde Yolitzma de la Torre Malagón Jefa de Gobierno Regional de Huetamo, Michoacán. Con lo anterior, hágase nueva relación de dicho informe justificado en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de julio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe justificado que rinde el Subdirector de Coordinación de Huetamo, perteneciente a la Dirección General del Centro Estatal de Comando Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C5i) de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, con residencia en Huetamo. Con lo anterior, hágase nueva relación de dicho informe justificado en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

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