Fernando Ponce de León Ballesteros
Expediente 310/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 310/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Fernando Ponce de León Ballesteros
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, dos de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución de cuatro de noviembre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo haya realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio, así como el original del incidente de suspensión. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio suscrito por la Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en autos, informa que efectuó la compensación de cargas ordenada en el sistema de cómputo y efectuada a favor de este juzgado, tal como lo acredita con la papeleta que adjuntó a su oficio cuenta. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, seis de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como del expediente electrónico formado con motivo del presente juicio, no se advierte que obre la papeleta de turno correspondiente; por tanto, mediante atento oficio que al efecto se gire se solicita a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, realice el registro y compensación correspondiente. Notifíquese por lista y cúmplase. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas con diez minutos del cuatro de noviembre de dos mil veinte, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 310/2020, sin la comparecencia de las partes. Enseguida se da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales que anexó a su demanda la parte quejosa, así como con las exhibidas por las autoridades responsables. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas antes descritas, aportadas por la parte quejosa y por las autoridades responsables. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria da cuenta con el pedimento 458/2020 presentado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de la Fiscal de la Federación adscrita y se declara precluido el derecho de las demás partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiuno de abril de dos mil veinte, ante el Secretario de guardia de este Juzgado de Distrito, Fernando Ponce de León Ballesteros, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, y de otras autoridades. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este juzgado de distrito, se registró con el número 310/2020, y se admitió mediante proveído de veintiuno de abril de dos mil veinte, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable y se otorgó la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se reservó proveer sobre la existencia de parte tercera interesada así como para señalar hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional hasta en tanto los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación reanudaran actividades, toda vez que derivado del Acuerdo General 15/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 13/2020 se suspendieron en su totalidad como consecuencia del fenómeno de salud pública originado por el virus COVID-19. Tercero. Reanudación de términos y plazos legales. En auto de diez de agosto de dos mil veinte, se levantó la suspensión del procedimiento, con base en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; asimismo, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional correspondiente, la cual se llevó a cabo con el resultado consignado en el acta que antecede; y, ahora procede resolver de acuerdo a las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que los actos reclamados fueron dictados por autoridad que reside en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción y dentro del cual tuvieron ejecución. Segunda. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con lo dispuesto en el citado precepto legal, el criterio mencionado y atendiendo además al análisis integral de la demanda, se advierte que Fernando Ponce de León Ballesteros, reclama lo siguiente: La omisión de aplicar y de no vigilar el cumplimiento del Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia generada por el virus SARS-CoV2, de treinta y uno de marzo de dos mil veinte, mismo que se le debe aplicar por padecer hipertensión arterial, síndrome metabólico e hipotiroidismo primario, en específico el Artículo Primero, en su fracción V, que dice: "PRIMERO. Se establece como acción extraordinaria para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, que los sectores público, social y privado deberán implementar las siguientes medidas: [.] V. El resguardo domiciliario corresponsable se aplica de manera estricta a toda persona mayor de 60 años de edad, estado de embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardiaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida o provocada), insuficiencia renal o hepática, independientemente de si su actividad se considera esencial. El personal esencial de interés público podrá, de manera voluntaria, presentarse a laborar." Actos que atribuye a las autoridades: Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad; Director del Hospital General Doctor Miguel Silva de esta ciudad de Morelia; Jefa del Departamento de Recursos Humanos del Hospital General Doctor Miguel Silva; y, Comisión Mixta de Seguridad e Higiene de la Secretaría de Salud, con residencia en esta ciudad. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercera. Certeza del acto reclamado. El apoderado jurídico de la Secretaría de Salud de Michoacán, en su denominación correcta Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, por sí y en cuanto superior jerárquico y representante legal del Director del Hospital General "Dr. Miguel Silva", y de la Jefa del Departamento de Recursos Humanos del Hospital General "Dr. Miguel Silva"; y a nombre de algunos integrantes de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, al rendir su informe justificado aceptó la existencia de los actos reclamados. Certeza que se corrobora con lo manifestado por el quejoso así como con las documentales que exhibió con su escrito inicial demanda. Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Por tanto, se tiene por demostrada fehacientemente la existencia del acto que se combate, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarta. Procedencia. Previamente al estudio del fondo del presente asunto, procede examinar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie, este juzgador -de oficio-advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" En efecto, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; es decir, derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional; de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y en consecuencia no le agravie a la parte quejosa; se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo; caso en el que el juicio constitucional carece de litis sobre la que deba hacerse pronunciamiento de fondo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38 de Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Materia Común, Novena Época, registro 193758, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, Materia Común, Novena Época, registro 196820, la cual es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Y, la tesis aislada P. CL/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 71 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, Materia Común, Novena Época, registro 197367, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama la omisión de aplicar y de no vigilar el cumplimiento del Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia generada por el virus SARS-CoV2, de treinta y uno de marzo de dos mil veinte, mismo que se le debe aplicar por padecer hipertensión arterial, síndrome metabólico e hipotiroidismo primario, en específico el Artículo Primero, en su fracción V, que dice: "PRIMERO. Se establece como acción extraordinaria para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, que los sectores público, social y privado deberán implementar las siguientes medidas: [.] V. El resguardo domiciliario corresponsable se aplica de manera estricta a toda persona mayor de 60 años de edad, estado de embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardiaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida o provocada), insuficiencia renal o hepática, independientemente de si su actividad se considera esencial. El personal esencial de interés público podrá, de manera voluntaria, presentarse a laborar." Al respecto, refiere que labora como especialista "A", adscrito al servicio de cirugía general del Hospital General "Dr. Miguel Silva" de esta ciudad de Morelia, y en el año 2019 fue diagnosticado con los padecimientos de hipertensión arterial, síndrome metabólico e hipotiroidismo primario, originado por diversos factores entre algunos de ellos la genética, por lo que se le suministró un tratamiento de por vida. Asimismo, señala que el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, tuvo conocimiento del Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para tender la emergencia generada por el virus SARS-CoV2, por lo que acudió a su centro de trabajo, al departamento de recursos humanos quien mediante oficio 5009/245/2020 le dio respuesta negativa a su petición de resguardo domiciliario. Ahora bien, para evidenciar la actualización de la causal de improcedencia en estudio, se estima necesario precisar que el acuerdo cuya omisión de aplicación es reclamada por los quejosos, es el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo del 2020. Efectivamente, en dicho acuerdo, entre otras acciones se ordenó la suspensión inmediata, del treinta de marzo al treinta de abril de 2020, de las actividades no esenciales así como el resguardo domiciliario de manera estricta a "toda persona mayor de 60 años de edad, estado de embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida o provocada), insuficiencia renal o hepática, independientemente de si su actividad laboral se considera esencial. El personal esencial de interés público podrá, de manera voluntaria, presentarse a laborar". Dicho Acuerdo fue modificado en su fracción I, del artículo Primero por el diverso "ACUERDO por el que se modifica el similar por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo de 2020" [publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de abril de dos mil veinte] para ahora prorrogar la suspensión hasta el treinta de mayo de dos mil veinte. Asimismo, debe precisarse que el treinta y uno de julio de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "ACUERDO por el que se establecen los criterios aplicables para la administración de los recursos humanos en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para mitigar la propagación del coronavirus COVID-19", emitido por la Secretaría de la Función Pública. En el citado acuerdo, se determinó, en su artículo primero, que los Titulares de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de las Unidades de Administración y Finanzas o Equivalentes en la Administración Pública Federal, podrán autorizar o facilitar a personas servidoras públicas: [...] I. Trabajo en casa, en aquellos casos en que esto sea posible, sin alterar el debido cumplimiento de sus funciones. Esta disposición será obligatoria en el caso de los adultos mayores de 60 años, personas con discapacidad, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, y personas con enfermedades crónicas consideradas de riesgo por las autoridades de salud, tales como diabetes, hipertensión, pulmonar, hepática, metabólica, obesidad mórbida, insuficiencia renal, lupus, cáncer, cardiaca, entre otras, asociadas a un incremento en el riesgo de complicaciones. II. Días de trabajo alternados entre el personal que integra las distintas unidades administrativas, procurando asegurar en todo tiempo las medidas sanitarias recomendadas por la Secretaría de Salud. III. Horarios escalonados en los días que asistan a los centros de trabajo, procurando asegurar en todo tiempo las medidas sanitarias recomendadas por la Secretaría de Salud. IV. El uso de las tecnologías de información y comunicación para la realización de sesiones y reuniones de trabajo, acciones de capacitación y similares a efecto de minimizar el traslado, contacto y riesgo de contagio entre las personas servidoras públicas. V. La disponibilidad permanente en el horario laboral de servicios preventivos de salud, filtros de supervisión, así como los insumos necesarios acorde con los "Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral" y "Lineamiento general espacios públicos cerrados en COVID-19". Sin embargo, en el diverso artículo Quinto, se asentó: "Artículo Quinto. Quedan exceptuadas de la aplicación del presente Acuerdo, las secretarías de Salud, Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, y la Guardia Nacional, el personal del Servicio Exterior Mexicano, así como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, los Institutos Nacionales de Salud y Alta Especialidad y demás instituciones que prestan o están relacionadas con los servicios de salud, protección civil y demás que se determine como esenciales o que por su naturaleza deban prestarse de manera presencial, de conformidad con lo dispuesto por el artículo anterior, y todas aquellas que determine el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos". Esto es, en dicho numeral adujo que quedaban exceptuadas de la aplicación de dicho acuerdo las Secretarías de Salud y demás instituciones que prestan o están relacionadas con los servicios de salud, protección civil y demás que se determinen como esenciales, o que por su naturaleza deben prestarse de manera presencial. Entonces, si el quejoso, como él mismo lo manifestó en su demanda, es médico especialista "A", adscrito al servicio de cirugía general del Hospital General "Dr. Miguel Silva" de esta ciudad de Morelia, Michoacán, es evidente que, aunque se encuentre vulnerable por las enfermedades crónicas que dice padecer, en términos del artículo quinto del "ACUERDO por el que se establecen los criterios aplicables para la administración de los recursos humanos en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para mitigar la propagación del coronavirus COVID-19", queda exceptuado de su aplicación al prestar servicios de salud. En ese contexto, es evidente que la omisión reclamada por el quejoso ha cesado en sus efectos, pues con el acuerdo citado en último término dejó de tener vigencia el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de la Actividades Económicas y cuya falta de aplicación reclamaba en el presente juicio de amparo. De ahí que sea inconcuso que no puede hablarse de omisión de aplicar un acuerdo que ya no está en vigor. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63 fracción V de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI de la citada ley, procede sobreseer en el juicio constitucional, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, y materia de este considerando. Quinta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Fernando Ponce de León Ballesteros, por su propio derecho, por los actos, autoridades y motivos expuestos en la consideración cuarta de esta resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese por lista, y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.
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