Fernando Porras Cozatl
Expediente 1805/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1805/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/01/2022
Partes del expediente
- Fernando Porras Cozatl
- David Porras Cozatl
- José Miguel Porras Cozatl
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, siete de enero de dos mil veintidós. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, contra el proveído de quince de diciembre de dos mil veintiuno, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo; por tanto, al no haber sido impugnado en su oportunidad, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido (...)" Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó sobreseer fuera de audiencia el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por las partes, no es necesario requerirla para que lo recoja como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, quince de diciembre de dos mil veintiuno. 1. Primera adscripción de Jueza de Distrito. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinte de octubre de dos mil veintiuno, acordó mi primera adscripción como Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, en lugar del ahora magistrado Israel Flores Rodríguez, a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, lo que se informó mediante el oficio SEADS/1073/2021, firmado electrónicamente por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción. 2. Modificación de los efectos de la primera adscripción. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el diez de noviembre de dos mil veintiuno, acordó modificar los efectos de mi primera adscripción como Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, a fin de que sea a partir del uno de diciembre de dos mil veintiuno, lo que se informó mediante el oficio SEADS/1192/2021, firmado electrónicamente por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción. 3. Jurisprudencia de la SCJN para asuntos en cumplimiento. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las recusaciones por impedimentos pueden hacerse valer en cualquier estado del proceso de amparo porque la función jurisdiccional se desarrolla antes, durante y después de dictada la sentencia, siendo necesario que se verifique la inexistencia de impedimentos jurídicos o fácticos que resulten en la pérdida de imparcialidad durante todo el procedimiento, incluyendo los que están en ejecución. 4. Vista a las partes. En consecuencia, se informa a las partes mi primera adscripción como Jueza de Distrito, a fin de garantizarles el derecho procesal de plantear una eventual recusación en caso de existir impedimento, de acuerdo con los artículos 51 y 52 de la Ley de Amparo. Se recibe ejecutoria. Por otra parte, la Actuaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, remite los autos originales del juicio de amparo 569/2021 del índice de este juzgado, un tomo de pruebas así como testimonio de la ejecutoria emitida el uno de diciembre de dos mil veintiuno en el recurso de revisión 340/2021, de su índice, en la cual resolvió lo siguiente: "(.) PRIMERO. Queda firme el sobreseimiento, en términos del considerando séptimo de esta ejecutoria. SEGUNDO. Se confirma la sentencia recurrida, en la materia del recurso. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***, respecto de los restantes actos y autoridades indicados en el resultando primero de la presente ejecutoria, en los términos precisados en la sentencia recurrida. (.)" Se toma conocimiento de la ejecutoria. En tal virtud, acúsese recibo del testimonio de la ejecutoria relativa al recurso de revisión, del cuaderno principal del presente juicio de amparo y un tomo de pruebas. Hágase del conocimiento de las partes la determinación del tribunal de alzada. Ahora bien, respecto al cuaderno de antecedentes formado con motivo del envío del original del presente juicio de amparo a la Superioridad, tomando en consideración que se trata de una reproducción de las constancias que obran en el cuaderno original, se determina que únicamente se glosen las actuaciones originales. Requiere cumplimiento ejecutoria. En consecuencia, es procedente requerir el cumplimiento a la sentencia emitida en autos, con base en las disposiciones relativas contenidas en la Ley de Amparo, por lo cual, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de cinco días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, den cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para los efectos siguientes: "(.) Así, en atención a los razonamientos expuestos y a fin de restituir a la quejosa en el goce del derecho que se estimó vulnerado, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional solicitada, para el efecto de que las autoridades responsables, en el respectivo ámbito de sus competencias, en un plazo no mayor a cinco días hábiles a partir de que cause ejecutoria esta sentencia, realicen lo siguiente. a) Que realicen las gestiones necesarias para que se pague la indemnización correspondiente a la parte quejosa, consistente en tres meses de salario y veinte días por cada año de servicio, quien al momento de los hechos tenía el cargo de policía A, la cual deberá de calcularse conforme a la ley aplicable. En este sentido, cabe señalar que no debe excluirse la posibilidad de que dentro de algún ordenamiento legal o administrativo a nivel federal, estatal o municipal, existan normas que prevean expresamente un monto por indemnización para este tipo de casos, que como mínimo sea el anteriormente señalado, pues en tales casos la autoridad deberá aplicar directamente lo dispuesto en esos ordenamientos. b) De igual forma, deberá procederse a la realización del pago correspondiente de las demás prestaciones a que tiene derecho, las cuales son las de remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía como funcionaria por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación y hasta que se realicen los pagos correspondientes. c) La institución que, por ley o convenio, otorgaba el servicio de salud a la quejosa deberá continuar o, en su caso, reanudarle los servicios de salud que le correspondían, así como a sus familiares, hasta en tanto no transcurra el plazo que por ley debe transcurrir. d) En consecuencia, las autoridades responsables, por conducto del área administrativa competente, deberán de demostrar que se le han pagado las cuotas y aportaciones que correspondan a la institución que otorga el aludido servicio de salud en beneficio de la quejosa, hasta el día de su liquidación total. e) Por su parte, dicha institución de salud deberá requerir a la autoridad responsable ordenadora o al ente gubernamental que corresponda el pago de las cuotas y aportaciones que debieron entregarse a favor de la quejosa como si hubiese estado laborando, con el objeto de que exista una base sólida para el otorgamiento de los servicios en materia de salud, aunado a que dichas cuotas realicen las afectaciones que correspondan a las subcuentas respectivas. f) Finalmente, se deberá ordenar la anotación en el expediente personal de la quejosa, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública, en el sentido de que fue separada o destituida de manera injustificada, pero que derivado de la restricción constitucional establecida en la fracción XIII, apartado B, del artículo 123 de la Constitución Federal, no fue posible reinstalarla en su cargo." Se requiere cumplimiento al superior jerárquico. Ahora, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, es necesario requerir al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla y Secretario de Administración del Estado de Puebla, como superiores jerárquicos, para que, en tres días, requieran a las autoridades responsables dar cumplimiento a la ejecutoria. Apercibimiento. Se apercibe a las autoridades responsables que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa equivalente de cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En la inteligencia de que deberá remitir copia certificada de las constancias para acreditar dicho cumplimiento. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, tres de diciembre de dos mil veintiuno. 1. Primera adscripción de Jueza de Distrito. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinte de octubre de dos mil veintiuno, acordó mi primera adscripción como Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, en lugar del ahora magistrado Israel Flores Rodríguez, a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, lo que se informó mediante el oficio SEADS/1073/2021, firmado electrónicamente por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción. 2. Modificación de los efectos de la primera adscripción. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el diez de noviembre de dos mil veintiuno, acordó modificar los efectos de mi primera adscripción como Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, a fin de que sea a partir del uno de diciembre de dos mil veintiuno, lo que se informó mediante el oficio SEADS/1192/2021, firmado electrónicamente por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción. 3. Jurisprudencia de la SCJN. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el cambio de la persona juzgadora que dictará la sentencia de un juicio de amparo indirecto debe notificarse a las partes, pues de lo contrario se actualiza una violación procesal que ameritaría reponer el procedimiento, en tanto no se permitiría plantear recusación por impedimento. 4. Vista a las partes. En consecuencia, se informa a las partes mi primera adscripción como Jueza de Distrito, a fin de garantizarles el derecho procesal de plantear una eventual recusación en caso de existir impedimento, de acuerdo con los artículos 51 y 52 de la Ley de Amparo. Informa imposibilidad. Agregue a los autos el oficio de Edmundo Antonio Gutiérrez Domínguez, Director General del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, por el que informa la imposibilidad que tiene la Investigadora del Instituto Anabel Socorro Sánchez Sáchez, de remitir las constancias solicitada en auto de veintidós de noviembre del año en curso, dado que se encuentra de comisión en otro estado. Requerimiento. No obstante lo anterior, se estima necesario requerir de nueva cuenta a Anabel Socorro Sánchez Sáchez investigadora del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, para que en un plazo máximo de tres días posteriores a que reanude sus labores en el aludido instituto remita a este órgano lo solicitado mediante auto de fecha veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, ello tomando en consideración que de las constancias que remite la oficiante, se advierte que su comisión termina el cinco de diciembre del año en curso. Informándole que subsiste el apercibimiento decretado en el referido auto del veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Se solicitan información y constancias. Diferimiento de audiencia constitucional. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el quejoso esencialmente reclama los siguientes actos: La discusión, aprobación, expedición, refrendo, promulgación y publicación de la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Puebla, específicamente su artículo 138. Su acto de aplicación, consistente en el oficio SFP-SI-IRCEP-DRPP-RPP CHOLULA-3290/2021, con número de control interno 202138780, emitido por el Registrador Público de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Cholula. La falta de calificación registral o de inscripción de la medida precautoria decretada por el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, en el expediente 1471/2019, consistente en realizar una anotación marginal para el efecto de que no se haga algún tipo de inscripción o anotación sobre los inmuebles con los siguientes folios reales: 0144433 1, 0285932 1, 0286375 1, 0286376 1, 0286377 1, 0286378 1, 0286379 1, 0286380 1, 0286381 1, 0286382 1, 0286383 1, 0286384 1, 0286385 1, 0286386 1, 0286387 1, y 0286388 1. La dilación para resolver los recursos registrales derivados de esos folios reales. Asimismo, se observa que mediante oficio recibido el diez de septiembre de dos mil veintiuno el Registrador Público de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Cholula rindió su informe justificado, y de su contenido de advierte que, entre otras cosas, informó que no ha realizado la inscripción de la medida precautoria decretada por el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, en el expediente 1471/2019, en virtud de que sobre el inmueble identificado con el folio real inmobiliario 0285932 1, obran las anotaciones 1233088 y 1360991, relativas a la interposición de dos recursos registrales, lo que implica que exista una suspensión de inscripciones relacionadas con el folio, por lo manifestó que una vez que se resolvieran los medios de impugnación se levantaría la suspensión y se procedería a realizar las calificaciones registrales pendientes. También se advierte que el siete de septiembre del presente año, se tuvo al Director del Registro Público de la Propiedad del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla rindiendo su informe con justificación, en el que manifestó que los recursos a los que se ha hecho alusión, se radicaron con los número RAR-97/2021 y RAR-174/2021, y se resolvieron en la fecha citada, en el sentido de desecharse. Bajo ese panorama, se tiene que el Registrador responsable no había procedido a realizar la calificación registral o inscripción de la medida precautoria decretada en el expediente 1471/2019, en virtud de que se habían promovido dos recursos registrales que suspendieron las inscripciones sobre el folio 0285932 1; sin embargo, como se ha puesto de relieve dichos medios de impugnación ya se resolvieron en el sentido de desecharse. Por todo a lo anterior, y a fin de contar con todos los elementos necesarios para resolver este medio de control constitucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 75 de la Ley de Amparo y 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a ésta, se estima necesario requerir al Registrador Público de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Cholula para que en el plazo de tres días informe si ya procedió a realizar la calificación registral o la inscripción de la medida precautoria decretada por el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula en el expediente 1471/2019, sobre los folios reales 0144433 1, 0285932 1, 0286375 1, 0286376 1, 0286377 1, 0286378 1, 0286379 1, 0286380 1, 0286381 1, 0286382 1, 0286383 1, 0286384 1, 0286385 1, 0286386 1, 0286387 1, y 0286388 1, y remita copia certificada de las constancias que acrediten su dicho. Asimismo, a fin de que el Registrador responsable esté en aptitud de atender el presente requerimiento, se ordena remitirle copia certificada de las resoluciones emitidas en los recursos registrales RAR-97/2021 y RAR-174/2021. Se apercibe a la autoridad en cuestión que de no dar cumplimiento a lo requerido en el presente acuerdo en el plazo señalado, se les impondrá una multa de 50 a 1000 veces la unidad de medida y actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior se difiere la audiencia constitucional fijada en el presente asunto y se señalan las DIECISÉIS HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO para su celebración. Notifíquese.
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