Fernando Octavio Patiño Carcamo
Expediente 1367/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1367/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 31/08/2023
Partes del expediente
- Fernando Octavio Patiño Carcamo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Causa estado desechamiento. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto por el que se determinó desechar la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar la demanda de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo 20 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: IV. Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado;". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo, del artículo 20, del Acuerdo General en cita, previamente a la realización de la visita de inspección que corresponda, destrúyase el presente expediente y remítase, dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Digitalización. En cumplimiento al párrafo tercero, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal referido, dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
...Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 24 y 27 de la Ley de Amparo, se VIII. RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ***, respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando III de esta sentencia, por las consideraciones jurídicas vertidas en el diverso VI, y para los efectos señalados en el apartado VIII. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por oficios a las autoridades responsables y a la representación ministerial de la adscripción.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Estado de Puebla, catorce de agosto de dos mil veintitrés. Parte quejosa desahoga prevención. Se desecha demanda de amparo. Visto el escrito del justiciable, se le tiene dando cumplimiento a lo requerido en auto del cuatro de agosto de dos mil veintitrés, pues precisa de donde emana el acto reclamado [juicio sucesorio] y señala el acto que reclama. En consecuencia, con base en el estudio exhaustivo de la demanda y su escrito aclaratorio, se procede a proveer lo conducente. En ese contexto, con base en el estudio exhaustivo de la demanda de amparo y su escrito aclaratorio, se provee lo conducente. En principio se advierten los siguientes datos: Parte quejosa.**** Autoridad responsable. Juez de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Zacapoaxtla, Puebla Acto reclamado. El acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio sucesorio intestamentario 409/2014, del índice del Juzgado de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Zacapoaxtla, Puebla, por el que se proveyó el escrito del quejoso de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Establecido lo anterior, se advierte que procede desechar de plano la demanda por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE." También es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA." Desechamiento por ser extemporánea. En ese contexto, de oficio se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." La lectura de los preceptos legales trascritos revela la existencia de tres hipótesis para el cómputo de los quince días relativos, excluyentes entres sí, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; c) A partir del día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, de conformidad con el artículo 18 de la ley de la materia, el juicio de amparo debe promoverse desde el día hábil siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día hábil siguiente al en que haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución, e incluso, en que se haya ostentado sabedor del mismo; hipótesis que son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Corrobora lo anterior, por identidad de razones, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." En ese contexto, si la demanda respectiva se promueve fuera de los plazos señalados en el artículo 17 de la Ley de Amparo es improcedente el juicio constitucional, dado que se entiende que los actos reclamados fueron consentidos tácitamente, ya que tal conducta procesal revela la conformidad del quejoso con ellos. Conviene precisar que aun cuando el criterio transcrito analizó el artículo 21 de la Ley de Amparo abrogada, resulta ilustrativo para establecer las hipótesis de procedencia del juicio constitucional tratándose de actos consentidos por no promoverse el juicio de amparo dentro del plazo de quince días previsto en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo vigente, dada la similitud en la redacción de ambos preceptos, tal como se pone de manifiesto en el cuadro comparativo siguiente: Artículo 21 de la Ley de Amparo abrogada. Artículos 17, párrafo primero, y 18 de la Ley de Amparo vigente. "Artículo 21. El término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:" Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Por lo anterior, el criterio jurisprudencial invocado continúa vigente ya que no se contrapone con lo dispuesto en la Ley de Amparo vigente, tal como lo prevé su artículo Sexto transitorio, que establece: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." Una vez establecidos los tres supuestos normativos previstos para el cómputo del plazo de quince días para promover el juicio de amparo, se colige que el acto reclamado consistente en el auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, en el que se proveyó el escrito del quejoso de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, se ubica en la primera de las hipótesis, esto es, que el plazo se deberá computar a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto la notificación al promovente de dicha actuación. Así, se aprecia que el auto del veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, se notificó al justiciable el veintinueve de mayo posterior, como se advierte de la copia del acuerdo exhibido por la parte quejosa con su escrito aclaratorio. Cabe destacar que es factible tomar en consideración dicha notificación para determinar la oportunidad de la presentación de la demanda de amparo, toda vez que esa la notificación no se señaló como acto reclamado destacado. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que le fue notificado por correo electrónico el treinta de mayo de dos mil veintitrés, ya que la constancia asentada por el diligenciaro indica su notificación el veintinueve de mayo del año en curso. Además, en caso de que el justiciable sí hubiera reclamado la notificación anterior la demanda también se habría desechado, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por no haber agotado el principio de definitividad, esto es, haber promovido el incidente de nulidad previamente a la promoción de del presente medio de control constitucional. Por tanto, debe considerarse apta la notificación en cuestión para efectuar el cómputo para la oportunidad de la presentación de la demanda respecto al acto reclamado. Entonces el plazo de quince días para interponer juicio de amparo en contra de la audiencia y acuerdo controvertidos, debe contarse a partir del día siguiente al en que hayan surtido efectos las notificaciones en comento, y para determinar ese momento debe atenderse al contenido de los artículos 51 y 75 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, que disponen: "Artículo 51. La notificación es el acto procesal mediante el cual los tribunales dan a conocer el contenido de una resolución judicial a las partes. La citación es un llamamiento hecho al destinatario para que comparezca o acuda a la práctica de alguna diligencia judicial. El requerimiento es el medio a través del cual los tribunales conminan a las partes o a terceros para que cumplan con un mandato judicial. Salvo disposición expresa en esta Ley, las notificaciones surten efectos el día en que se practican." "Artículo 75. Los términos empezarán a correr al día siguiente en que se hubiere hecho la notificación y se contará en ellos el día del vencimiento." De los preceptos legales transcritos se desprende que las notificaciones surten efectos el día que se practican, y que los plazos transcurren a partir del día siguiente que se practica la notificación. En tales condiciones, como se ha venido reiterando, si el veintinueve de mayo de dos mil veintitrés se notificó al quejoso el auto del veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, tal notificación surtió sus efectos ese mismo día, y en términos de lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, el plazo para la interposición de la demanda empezó a correr a partir del día hábil posterior, transcurriendo de la siguiente manera: Auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés - notificado el veintinueve de mayo de ese año - plazo transcurre del treinta de mayo al diecinueve de junio de dos mil veintitrés. En el entendido de que a los aludidos plazos de descuentan los días inhábiles previstos en el artículo 19 de la Ley de Amparo, tal como se pone de manifiesto con el siguiente calendario: **** Consecuentemente, si la demanda de amparo se presentó en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla hasta el dos de agosto de dos mil veintitrés, es evidente que su presentación resulta extemporánea. En las relatadas condiciones, es claro que se actualizan de manera notoria, manifiesta e indudable las causas de improcedencia invocadas; por lo que lo procedente sería DESECHAR la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA *** NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Estado de Puebla, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Se declara cumplida la sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, y tomando en consideración que la parte quejosa no desahogó la vista concedida mediante auto de dieciocho de julio de dos mil veintitrés, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento dado al fallo protector dictado en el presente juicio. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Sentencia. Al respecto, se precisa que mediante sentencia de veinte de junio de dos mil veintitrés se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes: *** Cumplimiento Atento a lo anterior, mediante proveído de siete de julio de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la sentencia y se requirió a la autoridad responsable que diera cumplimiento a ésta y remitiera las constancias relativas para acreditarlo. Así, la encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Puebla informó que generó cita para el treinta y uno de julio del año en curso, a las nueve horas con diez minutos, para que el quejoso compareciera a realizar su trámite, como se demuestra con la siguiente imagen: Conclusión. Por tanto, se estima que se colmaron los alcances del fallo protector, toda vez que la autoridad responsable generó cita para que el quejoso compareciera a realizar su trámite; por lo que, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la ley de amparo, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO." Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento a las partes esta determinación, a efecto de que, de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes puedan interponer recurso de inconformidad. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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