Fernando Senties Guraieb
Expediente 1579/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1579/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/09/2019
Partes del expediente
- Fernando Senties Guraieb
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal de autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, por el que se desechó la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Archivo Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos cinco años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar de plano la demanda; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto referido, que establece: ... Asimismo, a consideración de este juzgado de distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Devolución de documentos. No existe en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa que se ubican en el punto segundo, inciso XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, en términos del punto vigésimo, último párrafo, del Acuerdo General citado, pues anexó copias certificadas y simples de diversas constancias. Asimismo, se indica a las partes que, en caso de que requiera la devolución de los documentos antes precisados, deberá solicitarlo por escrito a efecto de que se acuerde lo correspondiente. Devolución de constancias. Finalmente, devuélvase al Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, el juicio ***; que remitió en cumplimiento al requerimiento efectuado en autos, en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación de este auto.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintisiete de agosto de dos mil diecinueve. Autoridad remite constancias. Agréguese el oficio y el anexo de la Juez Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en el auto de quince de agosto de dos mil diecinueve remite las copias certificadas solicitadas. Formación de anexo. Finalmente, visto el volumen de las constancias remitidas, se ordena formar el legajo de pruebas I, para que obre por cuerda separada y para su mejor manejo y conservación, respetando folio, sello y rúbrica de la autoridad oficiante. Quejoso cumple prevención. Visto el escrito aclaratorio, presentado por el quejoso ***, por el que da cumplimiento a la prevención realizada por auto de quince de agosto de dos mil diecinueve, y al efecto manifiesta que promueve la presente demanda de amparo en su carácter de administrador único de ***, y que no ha sido emplazada al juicio de origen; por tanto, se tiene a la parte quejosa desahogando en tiempo la prevención que le fue formulada. Desechamiento. Sentado lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo, es procedente desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción . Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen . Ahora, respecto del acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que se transcribe a continuación. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" De la disposición normativa transcrita, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, entre otros actos, contra resoluciones judiciales respecto de las cuales la ley conceda recurso o medio de defensa legal dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo que se afecten a personas terceras extrañas a juicio, que el acto reclamado afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal cuando importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o bien cuando se trate del auto de vinculación a proceso. En efecto, el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe previamente a su promoción acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes, así como de actos que afectan la libertad personal, y la proposición en exclusiva de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que el afectado los haga valer, y solo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses legales, tiene la posibilidad de acudir al medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo, de modo tal que si la parte afectada no tuviera la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración de justicia local. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 11/2018, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2017117, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, publicada el ocho de junio de dos mil dieciocho, de rubro y texto siguientes. "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Aunado a ello, la Primera Sala del Alto Tribunal al resolver la contradicción de tesis 348/2010, de la que derivó la jurisprudencia de rubro: "EMBARGO. EL AUTO QUE NIEGA ORDENARLO ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, PREVIA INTERPOSICIÓN DE LOS RECURSOS A QUE HAYA LUGAR", sostuvo que la falta de interposición del medio de defensa legal procedente contra el acto reclamado es una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto, tal como se advierte de la parte conducente siguiente. "Al respecto, se advierte que en la materia de la contradicción, si para los tribunales contendientes es claro que procede el recurso de apelación en contra de las determinaciones que no estén encaminadas a obtener la ejecución de la sentencia -en particular las que niegan el embargo de las cuentas bancarias del deudor-, entonces es factible estimar que la falta de interposición de dicho medio de defensa es una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto, sobre la cual el juzgador puede pronunciarse desde el auto admisorio." En esas condiciones, se estima que el acuerdo reclamado en el que se ordenó realizar la anotación preventiva de la demanda en el Registro Público de la Propiedad, por tratarse de una medida cautelar, es susceptible de ser impugnado, de conformidad con lo previsto en el artículo 532 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, que establece: "Artículo 532. Podrá impugnarse la medida precautoria por la parte contra quien se decrete, o por otra persona que tenga interés, mediante incidente y dentro de tres días contados a partir de que tenga conocimiento de ella el afectado." En la especie se actualiza la causa de improcedencia, pues la regla general contenida en el artículo 532 es que en contra de las medidas precautorias, como acontece en el caso concreto -acuerdo que ordenó la inscripción de la anotación registral preventiva de la demanda y su auto admisorio dentro del juicio de Nulidad de Compraventa en Escritura con Efectos Restitutorios 186/2019 del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla- puede ser combatida por la persona contra quien se decrete, o por quien tenga interés dentro de los tres días siguientes a partir de que tenga conocimiento de aquella, aun cuando no haya sido notificado formalmente. No existen excepciones al principio de definitividad. Además, en el presente asunto no se actualiza alguno de los supuestos de excepción que contempla el propio artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues dada la naturaleza del(los) acto(s) reclamado(s): I. No se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; II. Tampoco se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal; III. La parte quejosa no puede considerarse como una persona extraña al procedimiento. Se afirma lo anterior, pues aun cuando la quejosa aduce ostentar el carácter de persona extraña por no haber sido emplazada -aún- en el juicio de origen, lo cierto es que tiene la calidad de parte demandada en ese procedimiento, en el que aún no se ha emitido sentencia que le ponga fin, lo cual constituye un requisito necesario para ser considerada como tercera extraña por equiparación. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.), localizable en la página mil seiscientos veintisiete del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." IV. La procedencia del recurso no está sujeta a interpretación adicional y su fundamento legal es suficiente para determinar la procedencia del medio de defensa. En el caso, el artículo 532 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, no requiere alguna interpretación adicional para considerar procedente el incidente que ahí se prevé, pues en claro en señalar que la parte que resienta la medida, o quien se crea con interés deberá impugnarlo dentro del plazo de tres días en incidente. Por otra parte, tampoco puede considerarse que la procedencia del recurso se encuentra condicionada a una interpretación adicional por definir la parte quejosa tiene o no la calidad de persona extraña por equiparación, pues la jurisprudencia la jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, define ese tema, por lo que resulta aplicable para el presente caso, de ahí que tampoco pueda considerarse necesario realizar dicha interpretación. Al caso resulta aplicable, por analogía, la jurisprudencia 86/2018 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece lo siguiente: "EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. LOS SUPUESTOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, NO SE ACTUALIZAN CUANDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN HA DETERMINADO JURISPRUDENCIALMENTE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA CONTRA EL ACTO RECLAMADO. De la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo se advierte que cuando se trate de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, previo a la promoción del juicio de amparo, deben agotarse los recursos o medios de defensa ordinarios a través de los cuales sea factible modificar, revocar o nulificar el acto reclamado y, como excepción a ello, en el último párrafo contempla dos supuestos, relativos a cuando: a) la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional; o, b) su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Lo anterior denota respeto a los principios de seguridad jurídica y acceso a la justicia, pues sólo obliga a agotar el principio de definitividad cuando el medio de defensa adolezca de "fundamento legal insuficiente" y haya necesidad de acudir a una "interpretación adicional" para determinar su procedencia; de lo contrario, el quejoso quedará en libertad de elegir si agota el recurso de que se trate, o bien, acude directamente al juicio de amparo. Por tanto, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido jurisprudencia sobre la procedencia del medio ordinario de defensa existente contra el acto reclamado, no se actualizan los supuestos de excepción al principio de definitividad, en razón a que el objetivo de la porción normativa consiste en que el gobernado conozca con exactitud el medio ordinario de defensa que tiene al alcance para impugnar el acto que estima contrario a derecho, así como los requisitos para su procedencia, previo a acudir al juicio de amparo, aunado a que el carácter obligatorio de aquélla, conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, no posibilita que pueda ser objeto de análisis por un órgano de menor grado y, menos aún, que decida inaplicarla." Finalmente, no sobra decir que un caso análogo al presente lo constituye la fijación de alimentos provisionales, los que se decretan sin audiencia del deudor alimentario, y en esos casos, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, ha establecido la necesidad de agotar el recurso ordinario correspondiente -en ese caso reclamación- contra dicha medida provisional. "PENSIÓN ALIMENTICIA. CONTRA EL AUTO QUE LA FIJA DE MANERA PROVISIONAL, PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE RECLAMACIÓN, AL SER EFICAZ PARA CONTROVERTIR DICHO ACTO EN SEDE ORDINARIA, SIEMPRE Y CUANDO EL DEMANDADO NO HUBIERA PERDIDO LA CALIDAD DE TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Cuando el acto reclamado consiste en el auto que decreta la pensión alimenticia provisional, a fin de observar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, siempre y cuando el demandado no hubiera perdido la calidad de tercero extraño por equiparación, deberá agotar previamente el recurso de reclamación previsto en el artículo 408 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, puesto que éste tiene por objeto revocar o modificar un auto que no pone fin al procedimiento y, además, se considera eficaz para reparar los actos de la autoridad en un plazo razonable, en tanto que, al no existir disposición expresa que indique cuál es el término para resolver el citado recurso, cobra aplicación el artículo 80 del mismo ordenamiento legal, que establece que cuando la ley no señale el término para la práctica de un acto judicial, se tendrán por señalados tres días. Cabe destacar que si bien es cierto que en la legislación inicial no existía precepto que facultara al Juez a resolver el recurso antes del dictado de la sentencia, y que en la exposición de motivos de esa codificación se puntualizó que debía resolverse en la sentencia, también lo es que mediante decreto de doce de julio de dos mil siete, se adicionó al artículo 410 del aludido cuerpo de leyes, la fracción V, que establece: "Cuando el estado de los autos lo requiera, se podrá resolver antes de que se turnen los mismos para fallar la cuestión planteada.", de lo que se sigue que la finalidad del creador de la norma al adicionar esa porción normativa fue precisamente dotar de eficacia al recurso de reclamación, permitiendo que éste pudiera ser resuelto, previamente, al dictado de la sentencia de fondo, cuando el caso lo amerite." Por tanto, en el presente caso en el que se controvierte la anotación preventiva de la demanda que motivó el juicio de origen, que se trata de una medida provisional o cautelar, la parte quejosa se encuentra obligada a agotar el recurso ordinario correspondiente. En consecuencia, dado que la parte quejosa no agotó el incidente previsto en el artículo 532 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, de manera previa al juicio de amparo, se actualiza la causa de improcedencia relativa a la definitividad de los actos, por lo que resulta procedente el desechamiento de plano la demanda amparo indirecto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por Salvador Romero Bertado por su propio derecho; atento a su contenido, se le tiene interponiendo recurso de revisión en contra de la resolución interlocutoria de treinta de julio de dos mil diecinueve, mediante la cual se negó la suspensión definitiva en el presente incidente. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso a), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de mérito; por ende, fórmese cuaderno de antecedentes y distribúyanse entre las demás partes, copia simple del escrito de agravios para su conocimiento y efectos legales procedentes; hecho lo anterior, una vez que se encuentre debidamente integrado el expediente en que se actúa, es decir, obren las constancias de notificación a las partes del auto de esta fecha, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en turno el original del presente incidente, así como el escrito de interposición del recurso y expresión de agravios, a fin de que se sirva sustanciarlo. Al respecto, para facilitar la integración del recurso se requiere a las autoridades responsables para que en el término de cuarenta y ocho horas, contado a partir de la recepción del oficio que al efecto se les gire, informen a este Juzgado la fecha en que recibieron las citadas comunicaciones oficiales así como del diverso oficio mediante el cual se les notificó la sentencia interlocutoria dictada el treinta de julio del año en curso; en el entendido de que deberán remitir copia certificada de las piezas postales de referencia, lo cual podrán realizar a través de correo electrónico institucional, cuya dirección es, 7jdo6ctoacaljf@correo.cjf.gob.mx En el entendido de que en caso de no cumplir con el requerimiento formulado se le impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 260, fracción III, de la Ley de Amparo.
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