Fernando Martinez Puga

Expediente 433/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
433/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
30/05/2016

Partes del expediente

  • Fernando Martinez Puga

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya transcurrió el término para interponer recurso de queja en contra del auto dictado el dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, en el que este Juzgado desechó la demanda de amparo presentada por ********** sin que lo haya hecho; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, se declara firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Sin que haya lugar a devolver documentos originales, toda vez que no fueron exhibidos por las partes.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo signada por *******, contra actos del Juez Primero Civil de Partido de esta ciudad, y otras autoridades; fórmese cuaderno de amparo, bajo el registro número 433/2016. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El suscrito advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, en relación con el 107, fracción VI de la Ley de amparo. De los antecedentes narrados en la demanda, así como de las constancias que se ordenaron adjuntar en copia certificada, relativas al juicio 348/2016, del índice de este Tribunal, se desprende: El quejoso es parte demandada en el juicio ordinario civil sobre acción reivindicatoria C-309/2014, radicado ante el Juzgado Único Civil de Partido, con residencia en Apaseo el Grande, Guanajuato. Llevado el juicio de origen en todas sus etapas, se dictó sentencia condenatoria en contra del quejoso. En auto de doce de abril del año en curso, se ordenó la ejecución de la sentencia, lo que se traduce en la orden de entrega material a la parte actora de una fracción del predio rustico denominado "Rancho Nuevo", localizado en Apaseo El Grande, Guanajuato. Contra éste acuerdo promovió el juicio de amparo indirecto 348/2016, radicado en este Tribunal, que se desechó el dieciocho de abril pasado, al no haberse agotado el principio de definitividad. Posteriormente, en el juicio de origen el propio demandado -aquí quejoso-, interpuso recurso de revocación, contra el auto de doce de abril pasado, el cual fue resuelto por la responsable el cuatro de los corrientes, confirmando el proveído recurrido. (Éste es el acto reclamado). Al respecto, debe precisarse de conformidad con lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, el juicio biinstancial es improcedente cuando se reclaman actos pronunciados en la etapa de ejecución de sentencia, concretamente en el procedimiento de remate. En efecto, el citado numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, establece: El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." De lo que antecede se deduce que tratándose de actos en ejecución de sentencia de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el juicio de amparo bi-instancial, sólo puede promoverse en contra de la última resolución que se dicte en dicho procedimiento. La razón que inspiró la creación de la regla de procedencia anterior fue impedir que el juicio de amparo fuera utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva. Por constituir la sentencia el resultado de un mecanismo a través del cual el Estado dirime conflictos suscitados entre particulares y, de esa forma, logra restablecer la estabilidad quebrantada como consecuencia de éstos, la sociedad está interesada en que su ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible. Luego, si la resolución de cuatro de mayo pasado, por el que se resolvió el medio de impugnación hecho valer por el promovente, que confirmó el auto de doce de abril del año en curso, por el que ordenó poner en posesión a la parte actora del inmueble en conflicto que tilda de inconstitucional, fue dentro del procedimiento de ejecución y tendente a cumplir con la cosa juzgada, es claro que lo que se pretende es retardar tal cumplimiento y no puede ser materia de análisis en la instancia constitucional, acorde con la premisa normativa. Lo que precede, pone de manifiesto que la resolución en la que autorizó poner en posesión del inmueble materia del juicio de origen a la parte actora, fue llevado a cabo en cumplimiento de la sentencia, es decir, representa un acto intermedio cuyo cumplimiento no debe ser obstaculizado, sino que podrá ser materia de análisis en el amparo que se promueva en contra de la última resolución ahí dictada. Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61, con el artículo 107, fracción IV, ambos de la Ley Reglamentaria; por tanto, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA, promovida por ******. Es importante resaltar que la casual antes invocada, también fue aludida en el juicio de amparo 348/2016 del índice de este Juzgado, cuya demanda también fue desechada, porque no se agotó el principio de definitividad; empero, también se le hizo ver que, aun de agotar el medio de impugnación, esto es, sin perjuicio de ello, de cualquier manera se actualizaría la que motivó el desechamiento de la presente demanda. Sirve de apoyo la jurisprudencia XXII. J/12, sustentada por el entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que por identidad de razones se cita, visible en la página 295, Tomo V, Enero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN" No pasa inadvertidas sus alegaciones, en el sentido de que existe falta de identidad entre el predio que dice poseer y el que pretenden ejecutar; empero, se trata de cuestiones de fondo con las que no puede soslayarse la improcedencia del juicio. Como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Se le tiene señalando domicilio para recibir notificaciones, la calle ********, de esta ciudad; y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a **********, toda vez que cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el sistema correspondiente que se lleva dentro de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; y la persona restante en términos de la última parte del segundo párrafo del precepto legal citado, toda vez que no se encuentran en ese supuesto.

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