Fernando Martínez Puga

Expediente 1104/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1104/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
22/12/2016

Partes del expediente

  • Fernando Martínez Puga

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, se advierte que ya transcurrió el término para interponer recurso de queja contra el auto dictado el ocho de diciembre de dos mil dieciséis, en el que este Juzgado desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo presentada por ********************, sin que lo haya hecho; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, se declara firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Atento a que el (a) quejoso (a) Fernando Martínez Puga o cualquiera de sus autorizados no comparecieron a este Juzgado el nueve y doce de diciembre de dos mil dieciséis -siendo inhábiles el diez y once del mismo mes y año- a notificarse personalmente del proveído o resolución de ocho de diciembre de dos mil dieciséis -no obstante de habérsele dejado oportunamente en el domicilio señalado en autos el respectivo aviso para ello-, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, le notifico el referido auto o resolución por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal, en punto de las nueve horas del trece de diciembre de dos mil dieciséis; y que en lo conducente establece: A sus autos el ocurso de cuenta por medio del cual el quejoso FERNANDO MARTÍNEZ PUGA, da cumplimiento a las prevenciones formuladas en veinticuatro de noviembre y dos de diciembre de dos mil dieciséis, para lo cual manifiesta: a) Que dentro del juicio C-309/2014, se dictó sentencia el veinticinco de agosto de dos mil quince, en la que el quejoso resultó condenado a la entrega y desocupación del bien inmueble que en esta vía defiende. b) El acto que en esta instancia reclama es la resolución dictada el veintisiete de octubre de dos mil dieciséis por la que el Juez de Primera Instancia Civil de Apaseo el Grande, Guanajuato, declaró desierto el recurso de revocación interpuesto contra el auto de ocho de septiembre de dos mil dieciséis. En principio, es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Proceder que tiene como base constitucional lo contenido en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. En el particular, es menester puntualizar que la parte impetrante señaló como acto reclamado en forma destacada, la resolución de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, en la que se declaró desierto el recurso de revocación interpuesto por el ahora quejoso, quedando, en consecuencia, firme el auto de ocho de septiembre de dos mil dieciséis, que ordenó la desposesión del predio rústico denominado "Rancho Nuevo" en el Municipio de Apaseo el Grande; todo dentro del expediente C309/2014, del índice de la autoridad judicial responsable. Circunstancias que se advierten de los antecedentes de los actos reclamados expuestos bajo protesta de decir verdad por el agraviado; manifestación que merece eficacia probatoria en términos de lo dispuesto por el numeral 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2º, así mismo, proporcionó los siguientes datos relevantes del caso. 1. José Eduardo y Miguel, ambos de apellidos Chimes Fernández, demandaron en la vía civil a Fernando Martínez Puga, ahora quejoso, la acción reivindicatoria de diversos inmuebles, ante el Juez de Primera Instancia Civil con residencia en Apaseo el Grande, Guanajuato, mismo que fue radicado con el número de expediente C-309/2014. 2. El veinticinco de agosto de dos mil quince se dictó sentencia definitiva en la que el ahora quejoso resultó perdidoso, así el trece de abril de dos mil dieciséis, se ordenó entregar la posesión de una fracción del predio rustico denominado "Rancho Nuevo", del municipio de Apaseo el Grande Guanajuato. 3. Por tanto, en cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de acción reivindicatoria, el ocho de septiembre de dos mil dieciséis, se dejó expedito el derecho de la parte actora para recibir la contraseña autorizada en diversos autos de doce de abril y ocho de julio, de la presente anualidad. 4. Inconforme con dicha resolución, el aquí quejoso interpuso recurso de revocación, el cual mediante resolución de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, determinó declarar desierto el medio de impugnación intentado, ante la omisión de expresar los agravios respectivos, confirmando en consecuencia el proveído recurrido. Este es el acto reclamado en forma destacada. De lo anteriormente narrado, se desprende que el acto reclamado -la desposesión del inmueble materia de la controversia- es resultado de la ejecución de la sentencia dictada en el procedimiento de acción reivindicatoria número C-309/2014, del índice del Juez responsable. Ante el anterior contexto, se estima que en este caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, éste último interpretado en sentido contrario, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" Por tanto, este juzgado federal estima que no se ha dictado el último acto en ese período de ejecución, como será la resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo resuelto en la acción reivindicatoria, o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente. En el presente asunto, se actualiza la causal antes invocada, en virtud de que el impetrante del amparo es parte formal y material en el juicio de origen, esto es, demandado; además, el veinticinco de agosto de dos mil quince, se dictó sentencia definitiva, la cual trajo como consecuencia que el trece de abril de dos mil dieciséis, se ordenara entregar la posesión del inmueble materia de esa controversia. Resulta aplicable al caso en concreto la jurisprudencia VI.2o.C. J/6 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, Julio de 2012, Tomo 3, página 1515, que establece: "ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO SUSTANCIADO DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO, DIVERSO AL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Y AL DE REMATE. DEBEN IMPUGNARSE EN EL AMPARO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE PONGA FIN A AQUÉL. La regla genérica contenida en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, no indica si los actos intermedios dictados durante un procedimiento sustanciado en esa etapa -después de concluido el juicio- pueden atacarse de manera inmediata mediante la acción de amparo biinstancial, o si ello debe hacerse junto con la resolución que decide en definitiva dicho procedimiento. No obstante, de conformidad con el principio de definitividad, aun los actos dictados después de concluido el juicio que no formen parte de un procedimiento deben ser definitivos, es decir, deben reclamarse a través del medio ordinario de defensa que la ley establezca, previo a su impugnación en amparo; luego, el referido principio es aplicable y debe respetarse también en tratándose de aquella clase de actos. Por otro lado, al tenor de los párrafos segundo y tercero del dispositivo legal mencionado, el juicio de garantías indirecto procede contra actos de ejecución de sentencia, pero sólo respecto de la última resolución dictada en ese procedimiento, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda tanto las violaciones atribuidas a dicha determinación final como las imputadas a los actos intermedios del procedimiento de ejecución respectivo, y en relación con los actos pertenecientes a un remate sólo es reclamable, en forma destacada, la resolución definitiva en que aquél se apruebe o desapruebe, bajo la misma mecánica impugnativa que en el supuesto anterior, es decir, hasta ese momento pueden reclamarse las violaciones cometidas durante el procedimiento de remate. Aunado a lo anterior, y de conformidad con los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a excepción del último, de rubros: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS.", Tomo VII, febrero de 1998, página 230, tesis 2a. VIII/98; "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", Tomo XIII, abril de 2001, página 31, tesis P./J. 32/2001; "AMPARO CONTRA LEYES. EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY APLICADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, O EN EL DE REMATE, SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA RESPECTIVA.", Tomo V, abril de 1997, página 15, tesis P. LVI/97; "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL.", Tomo XX, julio de 2004, página 75, tesis 1a./J. 36/2004; y "VIOLACIONES DE PROCEDIMIENTO EN REMATE SÓLO PUEDEN RECLAMARSE EN AMPARO CUANDO AQUÉL SE APRUEBA.", Informe de 1934, Tercera Sala, página 74; en los que el Máximo Tribunal del País estableció que el amparo indirecto no procede contra actos dictados en ejecución de sentencia, incluso si son de imposible reparación, si quien lo promueve es el vencedor en el juicio natural (ejecutante) o si se impugna la constitucionalidad de la ley aplicada, sino sólo contra la última resolución dictada en ese procedimiento; de todo lo que se concluye que los actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, que no se traten de ejecución de sentencia o remate, y que sean emitidos de manera intermedia dentro de un procedimiento, sólo pueden ser reclamados cuando el amparo se promueva contra la resolución definitiva, pudiendo invocarse como violaciones a ese procedimiento en la demanda que se proponga." Por tanto, es dable concluir que el quejoso debe sujetarse a las reglas que regulan dicho procedimiento, es decir, tratándose de actos pronunciados en el período de ejecución de una sentencia, el amparo indirecto sólo procederá contra la última resolución dictada en el período de ejecución del fallo definitivo. En efecto, sobre dicho particular, tenemos que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 215/2009, si bien es cierto estableció que el juicio de amparo indirecto procede aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, ello únicamente acontecerá cuando el acto infrinja directamente derechos sustantivos del impetrante, a condición de que esos derechos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. Al respecto, es oportuno citar la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Página 6, Materia Común, Novena Época, que a la letra dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. En esta tesitura, tenemos que en la especie el acto reclamado, descrito en párrafos que anteceden, no es el último acto de ejecución en el procedimiento para cumplimentar la sentencia definitiva dictada en el juicio natural, de ahí lo improcedente de la demanda de cuenta. Robustece lo aquí deducido, la jurisprudencia número 734, publicada en la página 1204, del apéndice 1917-1988 al Semanario Judicial de la Federación que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo." En efecto, el acto reclamado por sí solo no causa al quejoso, un agravio personal y directo, esto es, se trata de un de acto emitido en ejecución de la sentencia dictada en el procedimiento de acción reivindicatoria, respecto del cual el juicio de amparo prospera sólo hasta que se pronuncie la resolución final en ese procedimiento de ejecución, la que en todo caso irrogue el perjuicio a que alude el hoy inconforme y cuando proceda el juicio de amparo, donde tendrá la oportunidad de hacer valer todas las violaciones al procedimiento que se hayan cometido durante ese período. Consecuencia de lo anterior, debe estimarse actualizada la causal de improcedencia que deriva de la interpretación conjunta de los artículos 107, fracción IV, segundo párrafo, (interpretado en sentido contrario), y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo vigente; y, por ende, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la presente demanda por ser notoriamente improcedente.

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL.

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