Fernando Martínez Puga
Expediente 348/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 348/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/04/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Fernando Martínez Puga
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra del auto de dieciocho de abril del año en curso en el que este Juzgado desechó la demanda de amparo presentada por******************** sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita se declara que ha quedado firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido, no se tramitó incidente de suspensión y no existen documentos originales para devolver.
- Principal
Por recibidos los escritos de ************, por los cuales da cumplimiento a la prevención formulada el catorce de los actuales; por tanto, se tiene por desahogada, a lo que se provee: Vista la demanda de amparo presentada por ***********c, así como los escritos aclaratorios de cuenta; contra actos del Juez Civil de Primera Instancia, con residencia en Apaseo El Grande, Guanajuato y otra autoridad. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad en la demanda, y en los escritos aclaratorios, los cuales se analizan en su integridad, se desprende: El quejoso es parte demandada en el juicio ordinario civil sobre acción reivindicatoria C-309/2014, radicado ante el Juzgado Único Civil de Partido, con residencia en Apaseo el Grande, Guanajuato. Llevado el juicio de origen en todas sus etapas, se dictó sentencia condenatoria en contra del quejoso. En auto de doce de abril del año en curso, se ordenó la ejecución de la sentencia, lo que se traduce en la orden de entrega material a la parte actora de una fracción del predio rustico denominado "Rancho Nuevo", localizado en Apaseo El Grande, Guanajuato (Éste es el acto reclamado). El suscrito considera que se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la hipótesis prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente, contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Se estima lo anterior, pues el auto dictado en el juicio C-309/2014, que ordenó la entrega del bien inmueble a la parte actora, puede y debe ser impugnado por el promovente mediante el recurso de revocación, previsto en el numeral 232 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, que establece su procedencia contra los acuerdos que no fueren apelables y los decretos. Ahora bien, a fin de justificar la procedencia del medio de impugnación para controvertir dicho proveído, se transcriben los artículos correspondientes del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato: "Art. 232. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez o tribunal que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. Artículo 245. Los autos son apelables cuando decida un incidente o lo disponga este Código, si, además, lo fuere la sentencia definitiva del negocio en que se dicten. La apelación en este caso será admisible en el efecto devolutivo, salvo cuando la ley disponga que lo sea en ambos." De estos preceptos legales se advierte que la ley adjetiva aplicable reconoce, en lo que interesa, los medios de impugnación denominados: revocación y apelación. Respecto del recurso de revocación, los propios numerales proporcionan sus notas distintivas: procede contra autos y decretos que no fueren apelables. En cuanto a la apelación procede, en lo que interesa, contra autos que expresamente lo disponga el Código o que resuelvan un incidente. Se trata entonces de una regla de exclusión entre ambos recursos que no amerita mayor análisis, dado que constituye un lugar común en el ámbito procesal. En ese contexto, es decir, los anteriores numerales, contrastados con la premisa fáctica contenida en el juicio natural, se concluye que el acto reclamado no es más que un auto que ordena poner en posesión material el inmueble materia del conflicto. Ahora bien, ese proveído no constituye ninguno de los supuestos fácticos de la apelación, pues los numerales que reglamentan el procedimiento de ejecución y remate en la ley adjetiva aplicable, concretamente su Título Sexto (artículos 441 a 545) no lo establecen. Luego, bajo la regla de exclusión expuesta, es decir, al advertir que el auto reclamado no es apelable expresamente, procede el recurso de REVOCACIÓN. En ese sentido, al no haberse agotado, previamente a la presentación de la demanda de amparo, el juicio de amparo resulta improcedente, acorde con el principio de definitividad. Sirve de apoyo al caso, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, visible en la página 902, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XV, Mayo de 2002, que es del rubro siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Sin perjuicio de lo anterior, es decir, de haberse agotado el medio de impugnación, de cualquier manera resulta improcedente el juicio. En efecto, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, dispone: "ARTICULO 107. El amparo indirecto procede: .IV. (.) Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución." De lo que antecede se deduce que tratándose de actos en ejecución de sentencia de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el juicio de amparo bi-instancial, sólo puede promoverse en contra de la última resolución que se dicte en dicho procedimiento. La razón que inspiró la creación de la regla de procedencia anterior fue impedir que el juicio de amparo fuera utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva. Por constituir la sentencia el resultado de un mecanismo a través del cual el Estado dirime conflictos suscitados entre particulares y, de esa forma, logra restablecer la estabilidad quebrantada como consecuencia de éstos, la sociedad está interesada en que su ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible. Luego, si la resolución que ordenó poner en posesión a la parte actora del inmueble en conflicto que tilda de inconstitucional, fue dentro del procedimiento de ejecución y tendente a cumplir con la cosa juzgada, es claro que lo que se pretende es retardar tal cumplimiento y no puede ser materia de análisis en la instancia constitucional, acorde con la premisa normativa. Lo que precede, pone de manifiesto que la resolución de doce de abril del año en curso, en la que autorizó poner en posesión del inmueble materia del juicio de origen a la parte actora, fue llevado a cabo en cumplimiento de la sentencia, es decir, representa un acto intermedio cuyo cumplimiento no debe ser obstaculizado, sino que podrá ser materia de análisis en el amparo que se promueva en contra de la última resolución ahí dictada. Por tanto, también se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV, del artículo 107, de dicho Ordenamiento Legal. No pasa inadvertidas sus alegaciones, en el sentido de que existe falta de identidad entre el predio que dice poseer y el que pretenden ejecutar; empero, se trata de cuestiones de fondo con las que no puede soslayarse la improcedencia del juicio. En razón de lo narrado, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA, con apoyo en el numeral 113 de la Ley de Amparo, promovida por Fernando Martínez Puga. Como el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, se hace del conocimiento del quejoso que podrá oponerse a la publicación de sus datos personales; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que acepta la publicación respectiva con dichos datos.
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