Fernando José Vásquez Quintas
Expediente 626/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 626/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 25/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Fernando José Vásquez Quintas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
PRAL 626/2023 MESA 1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Tribunal Colegiado admite recurso de revisión. Agréguese el oficio firmado por el actuario judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, residente en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mediante el que: 1° Acusa recibo del diverso oficio 21949/2023, con el que se le envió a) impresión del escrito por el que se interpone recurso de revisión y expresa agravios la parte quejosa, b) copia que corresponde al agente del Ministerio Público de su adscripción, y c) un tomo anexo que remitió la autoridad responsable; e, 2° Informa que ese Tribunal se avocó al conocimiento del referido medio de impugnación, que radicó con el número de toca ********************. Lo anterior, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 626/2023 MESA 1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Remite por recurso de revisión. Vistos los autos y la certificación de cuenta, advirtiéndose que las partes en este juicio de amparo quedaron notificadas de la sentencia autorizada el veintiuno de agosto de dos mil veintitrés y del acuerdo de seis de septiembre del año en curso, por el que se tuvo por interpuesto recurso de revisión que hizo valer la parte quejosa en su contra. En esas condiciones, realícese la remisión respectiva al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, en turno, del Decimotercer Circuito, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 626/2023 MESA 1 Sentencia. Visto para resolver el juicio de amparo número ***************; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Mediante demanda de amparo directo presentada el seis de junio de dos mil veintitrés ante la Dirección de Asuntos Jurídicos del Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca (OGAIPO), *********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la resolución emitida en el recurso de revisión identificado con el número ********************, aprobada el *************, reclamada a dicha autoridad. Invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 6°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Tribunal Colegiado forma expediente. 1. Mediante oficio DAJ/0463/2023, de fecha trece de junio de dos mil veintidós (sic), la responsable remitió al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en turno, la demanda de amparo promovida por ********************, informe justificado y emplazamiento realizado. 2. Por auto de veintiuno de junio de dos mil veintitrés la magistrada presidenta del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito tuvo por recibida la demanda de amparo y ordenó registrarla con el número de juicio de amparo directo *************, además, de dar cuenta al Pleno de ese órgano colegiado. 3. Por resolución de veintidós de junio de dos mil veintitrés el Pleno del Tribunal consideró que carecía de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por *******************, por lo que ordenó su remisión a un Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, a través de la Oficina de Correspondencia Común, para ser tramitada en la vía indirecta. Tercero. Remisión por turno a este órgano jurisdiccional y prevención. 1. Por razón de turno, con fecha veintisiete de junio de dos mil veintitrés fue remitida la demanda de amparo ante este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2. En proveído de veintinueve de junio de dos mil veintitrés se tuvo por recibido el oficio 4721/2023, del actuario judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer circuito y anexos, consistentes en: Los autos del juicio de amparo directo ***********, formado con la demanda de amparo, informe justificado y emplazamiento. Copia certificada de las constancias deducidas del expediente ********************* del índice de la autoridad responsable. Por lo que se ordenó registrar la demanda de amparo con el número ****************** y se previno a la parte quejosa para que, bajo protesta de decir verdad, manifestara los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado; además, exhibiera las copias necesarias para el traslado de las demás partes. Cuarto. Admisión de demanda de amparo. En proveído de cinco de julio de dos mil veintitrés se tuvo a la parte quejosa cumpliendo con la prevención formulada, por lo que se admitió a trámite la promoción inicial constitucional, por rendido el informe justificado de la responsable, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, se tuvo a la parte tercera interesada por emplazada, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Quinto. Audiencia constitucional. Y, previo trámite del procedimiento, se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Colegiados de Apelación y los Juzgados de Distrito, reformado por el diverso Acuerdo General 32/2022, de quince de noviembre de dos mil veintidós, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa y el acto se atribuye a una autoridad residente en la ciudad de Oaxaca de Juarez, Oaxaca, lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo, se establece que el acto reclamado por el cual se realizará el análisis relativo, es: La resolución de *******************, dictada en el recurso de revisión **************************, por el Consejo General del Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia y Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca. Tercero. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable, Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca (OGAIPO), a través del encargado de despacho de la Dirección de Asuntos Jurídicos, negó la existencia del acto que se le atribuye y señaló que la resolución emitida el ********************, en el expediente del recurso de revisión ***********************, se encuentra debidamente fundada y motivada. Ahora, como sí se emitió esa resolución, se desvirtúa dicha negativa y se tiene por cierto el acto reclamado, pues el que se encuentre fundada y motivada o no, como lo alega, son cuestiones que atienden al fondo del asunto, pero no respecto de su existencia. De ahí que no asista razón a la responsable al solicitar en ese informe justificado que se sobresea en el juicio por su inexistencia, pues sí emitió la resolución que se le atribuye. Y como justificación de su informe se tiene la copia certificada de diversas constancias deducidas del referido expediente. Cuarto. Causa de improcedencia. Previo al fondo del asunto, procede analizar si se actualiza alguna causa de improcedencia, ya sea porque la aleguen las partes o de oficio, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, la autoridad responsable, al rendir su informe justificado, invocó el supuesto de improcedencia previsto en la fracción XVI del artículo 61 de la referida legislación, y señaló que la resolución es un acto consumado de forma irreparable, ya que el sujeto obligado fue notificado de esa determinación y se encuentra en vías de cumplimiento, sin que se hubiere solicitado la suspensión relativa. Es infundada dicha causal. El quejoso reclama la resolución de ************************, dictada en el recurso de revisión *********************, por la que el Consejo General del Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia y Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, declaró parcialmente fundado el motivo de inconformidad expresado por el recurrente, aquí quejoso, y ordenó al sujeto obligado a que otorgara la información correspondiente al padrón catastral, ubicación del predio, impuesto y uso de suelo, previo el pago por la reproducción de la información en versión pública, únicamente respecto de la zona metropolitana de la ciudad de Oaxaca de Juárez, como se solicitó y, de la misma manera, indicara el procedimiento para el pago y acceso a la información respecto de la cartografía catastral. Así, la responsable dice que ya fue notificado el sujeto obligado de esa resolución, para su cumplimiento, empero, el quejoso reclamó la parte relativa en la que se determinó que no era procedente otorgarle parte de la información solicitada, además de requerirlo cubriera el pago para que se le proporcione la parte de la información autorizada; entonces, no se trata de un acto consumado de forma irreparable, porque, para el caso de que se le concediera el amparo y protección de la Justicia Federal, y se obligara a la responsable a proporcionarle la información solicitada en forma total, las cosas se retrotraerían antes de la violación alegada, como si no hubiera sucedido. Además, la responsable no aportó documento alguno con el que demostrara que al quejoso ya se le proporcionó la información autorizada y que, ante ello, haya cubierto el pago requerido. De ahí que no se actualice la causa de improcedencia que invoca la responsable y se procede el análisis del fondo del asunto, como enseguida se realiza. Quinto. Estudio de fondo del asunto. 1º Conceptos de violación. La parte quejosa expresó sus respectivos conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en aras del principio de economía procesal, toda vez que no es necesaria su transcripción, ni existe precepto alguno de la Ley de Amparo que obligue a este Juzgado Federal a transcribirlos , sin que ello conlleve a incumplir con los principios de exhaustividad y congruencia que toda sentencia de amparo debe observar . 2º Antecedentes del asunto. De las constancias remitidas por la autoridad responsable, con pleno valor probatorio en su calidad de documental pública, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se aprecia que los 1. *************************** solicitó acceso electrónico al Instituto Catastral del Estado de Oaxaca para consulta pública del padrón catastral y acceso al sistema para consulta de cartografía catastral del Estado de Oaxaca. Para ello, señaló que la información se solicitaba disasociada del nombre o datos particulares de identificación de los contribuyentes, a fin de resguardar y respetar la confidencialidad de los datos personales (nombre, domicilio fiscal, registro federal de contribuyentes, clave única de registro de población), únicamente pedía los datos de registros, cuentas catastrales, datos de predios, medidas y colindancias, ubicación y demás información a que se refiere el folio respectivo. Al respecto, señaló que aunque el padrón catastral es un conjunto de datos de carácter fiscal, esa información es de carácter de interés público, como en los Estados de Nuevo León, Baja California, Durante, Querétaro, en la que tiene la finalidad de conocer, dar certeza y transparentar el manejo de la información inmobiliaria, cuidando los datos personales sensibles, a fin de evitar la asociación de los datos con los titulares de los bienes. Luego, señaló, que en caso de no poder dar acceso a la plataforma, por cuestiones técnicas, la entrega de la información concerniente a la zona metropolitana de la ciudad de Oaxaca, fuera en formato abierto (datos abiertos). Y en cuanto al acceso al sistema de cartografía, debería ser disasociada de los datos personales y, en caso de no poder otorgar acceso al sistema por cuestiones técnicas, se entregara en datos abiertos en lo concerniente a la zona metropolitana. 2. Como no se dio respuesta en el plazo establecido en el artículo 123 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Oaxaca, el solicitante interpuso recurso de revisión. 3. Por acuerdo de ******************* el comisionado del Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, a) ordenó formar el expediente ****************, b) admitió a trámite el recurso de revisión y c) requirió al sujeto obligado para que alegara lo procedente. 4. En proveído de ******************** se tuvo al sujeto obligado rindiendo el informe respectivo, ofreciendo pruebas y se declaró cerrado el periodo de instrucción. 5. El ************************** la autoridad resolvió: a. Ser competente para conocer y resolver el recurso de revisión. b. Declarar parcialmente fundado el motivo de inconformidad, por lo que ordenó al sujeto obligado otorgara la información solicitada, en los términos establecidos en el considerando quinto. c. Esa resolución, dijo, debía ser cumplida en el plazo de diez días hábiles. d. Para el caso de incumplimiento se aplicarían las medidas respectivas. e. Ordenó dar vista a la Dirección de Asuntos Jurídicos de ese órgano garante a fin de que hiciera del conocimiento del Órgano de Control Interno competente del sujeto obligado, la omisión en que incurrió el servidor público encargado de la atención a las solicitudes de información requeridas, a efecto de incoar los procedimientos para fincar las responsabilidades administrativas respectivas. f. Proteger los datos personales. g. Notificar la resolución. h. En su momento, archivar el asunto como total y definitivamente concluido. Esta última resolución es lo que constituye lo reclamado en este juicio de amparo. Argumentos expuestos en la resolución reclamada. En los considerandos cuarto y quinto de esa resolución la autoridad responsable expuso lo siguiente: Considerando cuarto. 1. La información debe obrar en poder del sujeto obligado, ser pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes, por lo tanto, para atribuirle la información a un sujeto obligado debe atender directamente a funciones propias. Invocó la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INFORMACIÓN PÚBLICA. ES AQUELLA QUE SE ENCUENTRA EN POSESIÓN DE CUALQUIER AUTORIDAD, ENTIDAD, ÓRGANO Y ORGANISMO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, SIEMPRE QUE SE HAYA OBTENIDO POR CAUSA DEL EJERCICIO DE FUNCIONES DE DERECHO PÚBLICO". 2. Debe determinarse si la información solicitada encierra o no datos personales que hagan establecer la imposibilidad de proporcionar la información solicitada. 3. Aplicación de los artículos 6, fracción VIII -datos personales- y 61 -confidencialidad-, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca. 4. Aplicación del lineamiento trigésimo octavo de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, que establece los tipos de datos personales. 5. Artículos 3, 4 y 6 de la Ley de Catastro para el Estado de Oaxaca. 6. Los datos que se encuentran en el padrón catastral, así como en la cartografía del Estado de Oaxaca, corresponden a datos personales, ya que éstos se refieren a datos patrimoniales, bienes muebles e inmuebles de su propiedad. 7. Que toma en cuenta que el solicitante alegó que la información de interés público es aquella que resulta relevante o beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés individual, cuya divulgación resulta útil para que el público comprenda las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados, pero, sostuvo la responsable, que se refiere a lo que realizan de acuerdo a sus funciones, que en el caso no se puede otorgar información inherente a los particulares, como los relativos a su patrimonio, pues aunque la finalidad de integrar un padrón y cartografía catastral es el de contar con una estadística que permita establecer los parámetros de cambios inmobiliarios o localización, también lo es que contiene datos que hacen identificable al propietario de los inmuebles, así como a éstos, a saber, número de cuenta predial, número de trámite, fecha de celebración, fecha de registro, fecha de movimiento, notario, tipo de movimiento, escritura, tomo, nombre del propietario, copropietarios, domicilio, medidas y colindancias, superficie del terreno, superficie de construcción, base catastral, cuenta anterior, base catastral anterior y propietario anterior, que son datos personales. 8. A manera de ejemplo, el número de cuenta predial contiene una clave numérica asignada por las autoridades correspondientes cuando se trata de un bien inmueble. 9. Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el comunicado de prensa número 041/2019, de fecha veinticinco de abril de dos mil diecinueve, determinó que las oficinas catastrales municipales no son fuente de información de acceso público, por lo que para el tratamiento de datos que contienen es necesario recabar el consentimiento del titular, ya que la información que esas poseen no es consultable públicamente, sino que sólo puede hacerlo el propietario de bien inmueble de que se trate o, en su caso, la persona que acredite interés jurídico. Agregó, el derecho de acceso a la información pública no es absoluta, sino tiene sus excepciones, como lo es que corresponda a información reservada o confidencial. Que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 111, establece que en los casos en que los documentos contengan información reservada o confidencial, pueden realizar una versión pública en la que se protejan esos datos. Así, señaló la responsable, que conforme a la información proporcionada por el sujeto obligado, en relación con el padrón catastral, existe información que sí puede ser proporcionada, como la ubicación del predio, impuesto y uso de suelo, porque puede ser publicada por los sujetos que le correspondan, de conformidad con los lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben difundir los sujetos obligados en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, esto, respecto de la fracción XVII del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativo a la licencia de uso de suelo. Que en relación a "impuesto" la Ley de Ingresos del municipio de Oaxaca de Juárez, distrito del Centro, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, en sus artículos 28 y 29, se establece una obligación común de transparencia los ingresos recibidos por cualquier concepto, entendido ingreso como el impuesto predial pagado por los contribuyentes, por lo tanto, es información pública, como lo dispone la fracción XLIII del numeral 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En relación a la generación de versiones públicas, los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, y el artículo 141 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establecen que la elaboración de la versión pública del documento se realizará una vez acreditado el pago correspondiente, y sus costos no podrán ser superiores al de los materiales utilizados en la reproducción de la información, por tanto, el sujeto obligado debía indicar el costo, así como el procedimiento de pago y entrega de la información. Respecto a los productos cartográficos, el sujeto obligado manifestó que se debe realizar un pago de derechos para obtener la información, conforme a lo previsto por el segundo párrafo del artículo 58 de la Ley de Catastro para el Estado de Oaxaca y fracción VI del numeral 35 de la Ley Estatal de Derechos de Oaxaca, y para su acceso, se podrá realizar a través de un trámite, siendo procedente conforme a lo dispuesto por el artículo 131 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca. Y que, aunque la cartografía catastral contiene información relativa a datos personales, es posible realizar la versión pública, aunque no se indicó el procedimiento para ello. Considerando quinto. En este considerando la responsable consideró parcialmente fundado el motivo de inconformidad, al señalar que existió omisión en la entrega de la información solicitada en los plazos establecidos, pero que no podía ordenarse la entrega de la información de manera total, pues existían datos personales que el sujeto obligado debe de proteger, por lo que resultaba procedente que se proporcionara el padrón catastral en una versión pública, confirmada por su Comité de Transparencia, otorgando únicamente la referente a "ubicación del predio", "impuesto" y "uso de suelo", previo el pago por la reproducción de la información en versión pública, pudiendo ser únicamente de la zona metropolitana de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, como lo refirió la parte recurrente en su solicitud de información; además, el sujeto obligado debía indicar el procedimiento para el pago y acceso a la información respecto de la cartografía catastral. Conceptos de violación. Al respecto, el quejoso expresó los siguientes conceptos de violación: Primer concepto de violación. Que la autoridad responsable no observó lo dispuesto por el artículo 1º de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, que en forma general establece la coordinación de autoridades y los mecanismos para la salvaguarda, clasificación y desvinculación de la información. Esto es, dice, que la legislación especial debió ser la legislación sobre la que debió fundar y motivar la resolución reclamada, ya que en el fondo del asunto, sí pueden ser desvinculados los datos personales que hacen identificable a los contribuyentes y, por otra parte, el conjunto de datos relacionados con la base inmobiliaria es de forma anónima o cartográfica, sin que pueda por ello identificarse al titular de los datos. O, en caso contrario y excepcional, la responsable debió haber agotado el procedimiento de la prueba de daño que la ley de la materia exige para la clasificación, y no aplicar un criterio discrecional administrativo, del que no justifica la razón de aquélla que es o no es información sensible, y los posibles alcances de su apertura mediante la desvinculación o disociación de datos. Que debe plantearse si toda base de datos que contiene información de carácter personal, es en su totalidad de carácter confidencial o son datos sensibles en términos de ley, o si por el contrario, bajo el principio de máxima publicidad y máxima protección de la vida privada, puede encontrarse en equilibrio pro persona en aquella información cuya creación obedece a su naturaleza inmobiliaria, y pueda ser factible una versión pública de acceso remoto y gratuito sobre la información catastral. Que la responsable omite ordenar las medidas de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en relación con el asunto planteado. E invoca la tesis de rubro: "ACCESO A LA INFORMACIÓN. EJERCICIO DEL DERECHO RELATIVO TRATÁNDOSE DE LA CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL, MEDIANTE LA PRUEBA DE DAÑO O DEL INTERÉS PÚBLICO Y ROL DEL JUEZ DE AMPARO PARA FACILITAR LA DEFENSA DE LAS PARTES". Segundo concepto de violación. Que la responsable omite realizar un análisis lógico jurídico de sus alegatos, en el que se exponen los razonamientos que llevan a plantear que la información solicitada no es una solicitud de datos personales para su acceso, rectificación, cancelación u oposición, sino que, por el contrario, se solicita información desde el aspecto inmobiliario que conforma la base de datos del padrón y cartografía catastral, independiente de los titulares o personales identificables a quienes la Ley de Catastro del Estado de Oaxaca no les otorga el carácter de información sensible. Ello tergiversó la litis materia del fondo del asunto a resolver en el recurso de revisión, así como una desatinada adecuación de los tipos legales que el artículo 6º constitucional y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales y las particulares del Estado de Oaxaca establecen en lo concerniente a la naturaleza jurídica de la información solicitada, sus alcances, finalidad, prevalencia del interés público, procedimiento de la clasificación y alcances legales de la convencionalidad en materia de digitalización, apertura, rendición de cuentas y transparencia pro activa. Tercer concepto de violación. Que es violatorio el que la responsable considere que el objeto de la solicitud es la base de datos personales, pero que es la base catastral en sentido estricto, es decir, lo que dispone claramente la Ley de Catastro y su Reglamentación. Así, el sustento legal para determinar la naturaleza de la información generada por un sujeto obligado parte de las facultades que a Ley le otorga y el mecanismo legal que establece para su creación y funcionamiento. Ahora, por una parte, la responsable resuelve laxamente sin conocer de hecho la naturaleza y estatus de la información solicitada, al dejar un amplio margen entre la información que sí se entrega, cuál no y porqué, como lo establece en el considerando cuarto, pero en el resolutivo noventa deja en evidencia, dice, su desconocimiento a profundidad de la litis que se propuso resolver e invoca la tesis de rubro: "DERECHO A LA INTIMIDAD. SUS ALCANCES FRENTE AL DERECHO A LA INFORMACIÓN". Cuarto concepto de violación. Que la resolución reclamada es violatoria de las garantías (sic) a que se refieren los artículos 6, 14 y 16 constitucionales, que emana de la presunción legal de que la información es confidencial y la autoridad responsable establece una oficiosidad en la clasificación de la información catastral, sin que se hubieren cumplido los requisitos técnicos que exige la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Oaxaca, que establece para los tipos legales de acceso a la información como es "prueba de daño", "sistema de datos personales" e "información de interés público por parte del órgano garante". Que el artículo 6 constitucional establece que el derecho a la información será garantizado por el Estado, en forma plural y oportuna, y garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación. Además, señala que toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes y bajo el principio de máxima publicidad señala que la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. Pero que la responsable incurrió en una exacta identificación del problema legal y, por tanto, de la interpretación y aplicación de los preceptos legales, pues en el considerando cuarto se aprecia que toda la información se encuentra vinculada con personas, domicilios y otros datos, por lo que la responsable omitió el estudio conforme a lo señalado en el artículo 3º de la Ley del Catastro para el Estado de Oaxaca, pues la finalidad u objetivo del sistema de catastro no es el de poseer un sistema de propietarios o de personas que tienen inmuebles en el Estado de Oaxaca, sino el de contar con un sistema de información cuantitativa y cualitativa de los bienes inmuebles, esto es, en sí mismo el sentido y naturaleza de la información generada o que en términos de ley debe ser considerado al momento de analizar el tipo de clasificación de la información, que se refiere al sistema de identificación de los inmuebles, no al padrón de contribuyentes. Por lo que, dijo, debe realizarse una interpretación en el marco constitucional y convencionalidad, según la tesis aislada de registro 2011608. Quinto concepto de violación. Que es inconstitucional que se hubiere ordenado el pago para generar la información catastral solicitada, porque es pública y sólo puede ser reservada por excepción y conforme al marco de legalidad aplicable, por lo que al exigirse el pago de derechos se vulnera el principio establecido en la Carta Magna en favor de los gobernados, pues el artículo 35 de la ley es una norma heteroaplicativa e inconstitucional y, por tanto, debe ser liberado del pago de derechos por su acceso público. Resultan infundados, por una parte, e inoperante, por otra, los conceptos de violación expresados por el quejoso. Derecho de acceso a la información. El artículo 6º, párrafo segundo, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala: "Artículo 6o. . Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. . Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente: A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información. II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos. IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución. V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos. VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales. VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes. VIII. La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley. El organismo autónomo previsto en esta fracción, se regirá por la ley en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, en los términos que establezca la ley general que emita el Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho. En su funcionamiento se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad. El organismo garante tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal; con excepción de aquellos asuntos jurisdiccionales que correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuyo caso resolverá un comité integrado por tres ministros. También conocerá de los recursos que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los organismos autónomos especializados de las entidades federativas que determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información, en los términos que establezca la ley. El organismo garante federal, de oficio o a petición fundada del organismo garante equivalente de las entidades federativas, podrá conocer de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten. La ley establecerá aquella información que se considere reservada o confidencial. Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados. El Consejero Jurídico del Gobierno podrá interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos que establezca la ley, sólo en el caso que dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad nacional conforme a la ley de la materia. El organismo garante se integra por siete comisionados. Para su nombramiento, la Cámara de Senadores, previa realización de una amplia consulta a la sociedad, a propuesta de los grupos parlamentarios, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, nombrará al comisionado que deba cubrir la vacante, siguiendo el proceso establecido en la ley. El nombramiento podrá ser objetado por el Presidente de la República en un plazo de diez días hábiles. Si el Presidente de la República no objetara el nombramiento dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de comisionado la persona nombrada por el Senado de la República. En caso de que el Presidente de la República objetara el nombramiento, la Cámara de Senadores nombrará una nueva propuesta, en los términos del párrafo anterior, pero con una votación de las tres quintas partes de los miembros presentes. Si este segundo nombramiento fuera objetado, la Cámara de Senadores, en los términos del párrafo anterior, con la votación de las tres quintas partes de los miembros presentes, designará al comisionado que ocupará la vacante. Los comisionados durarán en su encargo siete años y deberán cumplir con los requisitos previstos en las fracciones I, II, IV, V y VI del artículo 95 de esta Constitución, no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas o de beneficencia, sólo podrán ser removidos de su cargo en los términos del Título Cuarto de esta Constitución y serán sujetos de juicio político. En la conformación del organismo garante se procurará la equidad de género. El comisionado presidente será designado por los propios comisionados, mediante voto secreto, por un periodo de tres años, con posibilidad de ser reelecto por un periodo igual; estará obligado a rendir un informe anual ante el Senado, en la fecha y en los términos que disponga la ley. El organismo garante tendrá un Consejo Consultivo, integrado por diez consejeros, que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo. La ley establecerá las medidas de apremio que podrá imponer el organismo garante para asegurar el cumplimiento de sus decisiones. Toda autoridad y servidor público estará obligado a coadyuvar con el organismo garante y sus integrantes para el buen desempeño de sus funciones. El organismo garante coordinará sus acciones con la Auditoría Superior de la Federación, con la entidad especializada en materia de archivos y con el organismo encargado de regular la captación, procesamiento y publicación de la información estadística y geográfica, así como con los organismos garantes de las entidades federativas, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado Mexicano. Respecto al tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 168/2011 , señaló que el párrafo segundo y fracciones I y II del artículo 6º constitucional establecen que el derecho de acceso a la información puede limitarse en virtud del interés público y de la vida privada y los datos personales, por lo que remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger los bienes constitucionales enunciados como límites al derecho de acceso a la información. De ahí que el artículo 6º constitucional contempla los principios y bases que rigen el ejercicio del derecho de acceso a la información y, entre ellos, prevé que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física o jurídica que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública, y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En tanto la información que se refiere a la vida privada y a los datos personales, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé su protección en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. En el caso, el solicitante, aquí quejoso, pidió acceso electrónico para consulta pública del padrón catastral, disasociada del nombre o datos particulares de identificación de los contribuyentes, a fin de resguardar y respetar la confidencialidad de los datos personales, a saber, nombre, domicilio fiscal, registro federal de contribuyente, clave única de registro de población, entre otros, y únicamente solicitaba los datos de registros, cuentas catastrales, datos de predios, medidas y colindancias, porque dijo que esa información es de carácter público como, dijo, así lo han considerado otros Estados del país. La responsable negó otorgar esa información, al señalar que no es pública, ya los datos que se encuentran en el padrón catastral corresponden a datos personales, por referirse a datos patrimoniales, sobre bienes inmuebles de su propiedad. Resulta apegada a derecho esta determinación. Para decretar la improcedencia del acceso a la información solicitada por el quejoso, la responsable invocó el comunicado de prensa número 041/2019, de fecha veinticinco de abril de dos mil diecinueve, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para señalar que el derecho de acceso a la información pública no es absoluta, sino tiene sus excepciones, como lo es que corresponda a información reservada o confidencial. Además, sostuvo la autoridad, que los artículos 3, 4, y 6 de la Ley de Catastro para el Estado de Oaxaca establecían las funciones del catastro, entre otras, relativas a la identificación, descripción, delimitación y valuación de los inmuebles ubicados en el Estado, en tanto los propietarios de bienes inmuebles deberían manifestar su existencia, por medio de los trámites de integración al padrón catastral. Ese comunicado de prensa que invocó la autoridad, se relaciona con la sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Acción de Inconstitucionalidad 158/2017, mediante la que se estimó fundado y suficiente el agravio que formuló el accionante para invalidar el artículo 5, fracción VI, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Michoacán de Ocampo, que contemplaba como fuente de acceso público las oficinas municipales catastrales, al no ajustarse a las bases establecidas en la Ley General para que puedan considerarse de esa naturaleza. Al respecto, señaló que en ese precepto el Constituyente estableció expresamente que para otorgarse el carácter de fuente de acceso público, la información debía necesariamente poder ser consultada por cualquier persona no impedida por una norma limitativa o sin más requisito que el pago de una contraprestación, derecho o tarifa, incluso esta precisión fue reiterada por el legislador local en la ley impugnada. Sin embargo, sostuvo, conforme a la Ley de Catastro del Estado de Michoacán de Ocampo, el catastro es el inventario analítico de los bienes inmuebles ubicados en esa entidad federativa y tiene como objeto el registro de los datos que permiten conocer las características cuantitativas y cualitativas de los bienes inmuebles, a través de la formación y conservación de padrones catastrales con aplicación en distintos fines . De esta manera, dijo, esa ley local prevé que todos los bienes inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo deberán inscribirse en el Catastro, por lo que sus propietarios o poseedores deberán inscribirlos señalando sus características físicas, ubicación y uso, así como los datos socioeconómicos y estadísticos necesarios para cumplir con el objeto del catastro. Pero que esas oficinas catastrales no podían considerarse como fuentes de acceso público para los efectos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en ese Estado, puesto que la información que poseían no podía ser consultada públicamente, sino únicamente por el propietario del bien inmueble de que se trata o, en su caso, por la persona que acreditara su interés jurídico. Que al otorgarle a las Oficinas Catastrales el carácter de fuente de acceso público tendría como consecuencia la posible vulneración de derechos humanos, puesto que, conforme al artículo 3 de la Ley de Catastro del Estado de Michoacán, tiene como objeto el registro de los datos que permiten conocer las características cuantitativas y cualitativas de los bienes inmuebles por lo que todos los propietarios o poseedores deben inscribirlos en el padrón catastral, para lo cual deben señalar las características físicas de los inmuebles. Por tanto, consideró, el padrón catastral es un banco de información sobre los bienes inmuebles ubicados en el Estado de Michoacán que, concatenada con otros elementos, puede contener datos personales de los propietarios o poseedores, que es sujeta de protección en términos del artículo 6º constitucional y de las leyes aplicables. En el caso, se estima que fue correcto que la autoridad señalara que cierta información solicitada por el quejoso no es pública, por contener datos personales y, por tanto, no era procedente proporcionarla. Ello, ya que de acuerdo con lo sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se invoca en esta sentencia de amparo porque los preceptos de la Ley de Catastro para el Estado de Oaxaca son de similar redacción a los analizados en la acción de inconstitucionalidad, como enseguida se verá, la información que se contiene en el padrón catastral, como los datos de registros, cuentas catastrales, datos de predios, y medidas y colindancias, no son públicos, al contener datos personales que deben ser protegidos por la ley relativa. Los artículos 3, 4 y 6 de la Ley de Catastro para el Estado de Oaxaca disponen: "Artículo 3. El catastro es un sistema de información territorial para usos múltiples, estructura por los registros documentales, gráficos y alfanuméricos que contienen la información cuantitativa y cualitativa de los bienes inmuebles ubicados en el territorio del Estado. "Artículo 4. Las funciones catastrales son las siguientes: I. La Identificación, descripción, delimitación, mensura y valuación de los bienes inmuebles ubicados en el territorio del Estado. "Artículo 6. Para lograr la integración del sistema de información territorial y su actualización permanente, todo propietario o poseedor de bienes inmuebles ubicados en el territorio del Estado, están obligados a manifetar: I. La existencia de dichos bienes; II. Los actos traslativos de dominio celebrados ante notarios y registradores; III. Las características del inmueble. Las manifestaciones deberán hacerse en un plazo de treinta días naturales contados a partir de la expedición de los documentos en los que se haga constar la posesión, propiedad o la fecha de celebración de los actos traslativos de dominio, en los formatos oficiales que para el caso apruebe y expida el Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, acompañando los documentos o planos que señala esta Ley y su Reglamento". Por su parte, los artículos 3º y 15 del Reglamento de esa Ley de Catastro para el Estado de Oaxaca, respectivamente, establecen que el padrón es la lista de predios que contienen las características técnicas, estadísticas y fiscales que las constituyen y que los signos convencionales y demás características de la cartografía en general lo fijarán los instructivos, de manera de que en todo caso pueda identificarse cualquier predio, ya sea urbano o rústico. Y el numeral 37 de dicho Reglamento menciona que los padrones catastrales contendrán los siguientes datos: I Nombre y domicilio del propietario o poseedor. II Número de cuenta con que se paga el impuesto predial. III Clave catastral. IV Superficie de terreno y construcción. V Linderos y dimensiones. VI Ubicación y nombre del predio en su caso. VII Base catastral. VIII Impuesto predial base. IX Rezagos del impuesto predial. De esos preceptos se desprende que el catastro es el inventario analítico de los bienes inmuebles ubicados en el Estado de Oaxaca y tiene como objeto el registro de los datos que permiten conocer las características cuantitativas y cualitativas de los bienes inmuebles, a través de la formación y conservación de padrones catastrales con aplicación en distintos fines. De ahí que, como lo determinó la responsable, el padrón catastral tiene como objeto el registro de los datos que permiten conocer las características cuantitativas y cualitativas de los bienes inmuebles, por lo que todos los propietarios o poseedores deben inscribirlos en el padrón catastral, para lo cual deben señalar las características físicas de los inmuebles, tratándose así de un banco de información sobre los bienes inmuebles ubicados en el Estado de Oaxaca que, concatenada con otros elementos, contienen datos personales de los propietarios o poseedores, que es sujeta de protección en términos del artículo 6º constitucional y de las leyes aplicables. Ello se corrobora con lo dispuesto por la fracción VII del artículo 6 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, legislación que rige la materia del acto reclamado, y que señala: "Artículo 6. Además de las definiciones contenidas en el artículo 3 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para efectos de esta Ley, se entenderá por: . VII. Datos Personales: Toda información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable, entre otra, la relativa a su origen étnico o racial, o que esté referida a las características físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva y familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas, o filosóficas, los estados de salud físicos o mentales y las preferencias sexuales". Por tanto, los datos de registros, cuentas catastrales, datos de predios, medidas y colindancias, que aparecen en el padrón catastral de la zona metropolitana de la ciudad de Oaxaca, a los que pidió acceso el quejoso, contienen datos personales de aquéllos que integraron al sistema de información territorial los bienes inmuebles de su propiedad o posesión y, como consecuencia, sujetos de protección, porque se trata de datos que hacen identificable al propietario de los inmuebles, así como a éstos mismos, a saber, número de cuenta predial, número de trámite, fecha de celebración, fecha de registro, fecha de movimiento, notario, tipo de movimiento, escritura, tomo, nombre del propietario, copropietarios, domicilio, medidas y colindancias, superficie del terreno, superficie de construcción, base catastral, cuenta anterior, base catastral anterior y propietario anterior, haciéndolos identificables, por reflejar datos concernientes a los inmuebles de particulares. Así, la información no puede ser proporcionada como pública, aunque el sujeto obligado la recabara en el ejercicio de sus funciones, como lo establece la fracción XX del artículo 6 de la Ley de Transparencia invocada, porque de acuerdo con la diversa fracción XXXIV del mismo numeral, no pueden otorgar información que es inherente a los particulares, como en el caso de su patrimonio, en atención a la protección de datos personales. De ahí resultan infundados los conceptos de violación expresados por el quejoso porque tanto la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca -a que se refiere el quejoso- y la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca -que invocó la responsable-, establecen que el sujeto obligado recabe información en el ejercicio de sus funciones, pero deben garantizar los datos personales que les proporcionen con esa información. Ni procedía agotar el procedimiento de la prueba de daño que la ley de la materia exige para la clasificación, como lo refiere el quejoso, porque de acuerdo con el artículo 6, fracción XXXV, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, la prueba de daño es la argumentación fundada y motivada que deben realizar los sujetos obligados para acreditar que la divulgación de la información lesiona un interés jurídicamente protegido y que el daño que puede producir es mayor que el interés de conocer ésta, mediante la justificación de que su divulgación representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional; que ese riesgo supera el interés público general de que se difunda; y que la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. Empero, como se estableció, es claro que el padrón catastral está conformado, entre otros, por datos de registros, cuentas catastrales, datos de predios, y medidas y colindancias, que se refieren al número de cuenta predial, número de trámite, fecha de celebración, fecha de registro, fecha de movimiento, notario, tipo de movimiento, escritura, tomo, nombre del propietario, copropietarios, domicilio, medidas y colindancias, superficie del terreno, superficie de construcción, base catastral, cuenta anterior, base catastral anterior y propietario anterior; por tanto, contienen datos personales que hacen identificables a los sujetos que integraron al sistema catastral sus bienes inmuebles, por lo que no está sujeta a la prueba de daño. Tampoco podrían desvincularse o disasociarse los datos personales, como lo pidió el solicitante, porque de hacerlo, dejarían de existir y, en esa medida, no habría dato que proporcionar al realizar la versión pública de la información que se proporcione; ejemplo, la cuenta predial se define como un código o clave numérica única e irrepetible que es asignado por la autoridad correspondiente cuando se trata de un bien inmueble en una zona geográfica, entonces, si se elaborara la versión pública de ese dato, se suprimiría la clave y, por tanto, no aparecería ninguna cuenta predial que proporcionar. De ahí que no era posible ordenar medidas de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en relación con el asunto planteado, ni es aplicable la tesis que invoca el quejoso. Además, contrario a lo que argumenta el quejoso, la responsable sí analizó sus alegatos de forma lógica y jurídica, al establecer que su solicitud se relacionaba con datos que conformaban el padrón catastral y en la cartografía catastral, y estableció que no era una fuente pública que contenía datos personales, por tanto, no varió la litis del asunto, ni hubo desatinada adecuación de los tipos legales que invocó en la resolución reclamada. Por otra parte, no se advierte la existencia de contradicción entre lo establecido en el considerando cuarto de la resolución, relativo a qué información se puede proporcionar al solicitante, aquí quejoso, con el considerando noveno, no resolutivo como lo menciona, que determina que para el caso de que contenga datos personales que requirieran del consentimiento del titular, debería adoptar las medidas necesarias a efecto de salvaguardarlos, como lo alega el quejoso. En efecto, la responsable determinó que sí era procedente otorgar al solicitante información del padrón catastral y cartografía catastral relativa a la ubicación del predio, impuesto y uso de suelo, empero, también refirió que si alguno de ellos contenían datos personales, debía protegerse conforme a la ley. Esto, porque el padrón catastral es el conjunto de datos integrados por un registro alfanumérico y un registro gráfico que contienen los catálogos operativos, tales como zonas, manzanas, calles, áreas homogéneas, bandas de valor, además de la descripción técnica y administrativa de los predios, propiedades y construcciones de los inmuebles localizados en territorio Estatal, y tiene como objetivos primordiales la asignación de la clave catastral (ubicación geográfica de los inmuebles) y la obtención del valor catastral (base gravable del cálculo del monto del impuesto predial); entonces, el padrón catastral se considera, en parte, información clasificada como reservada debido al contenido de datos personales de los propietarios o poseedores de los inmuebles, y para acceder a dicha información es necesario acreditar la personalidad jurídica y legítima; sin embargo, existe información dentro del padrón catastral que no está clasificada como reservada, sino que es de índole pública, tal es el caso de la ubicación del predio, impuesto y uso de suelo de bienes inmuebles, pero que debido a la naturaleza de ciertos datos que se brindan al darse de alta al sistema por sus propietarios, también pueden contener datos personales que deben protegerse conforme a la ley respectiva y en cada caso concreto, por lo que fue apegado a derecho que la autoridad responsable determinara que el sujeto obligado, al proporcionar esa información, debía generar la versión pública, con la supresión de datos personales que pudiera contener. Por otra parte, es infundado que el quejoso argumentara que la responsable no analizó el asunto sometido a su consideración, pues sí lo realizó conforme a lo señalado en el artículo 3º de la Ley del Catastro para el Estado de Oaxaca, y sostuvo que aunque el padrón catastral contiene un sistema de información cuantitativa y cualitativa de los bienes inmuebles, empero, la información ahí contenida se relaciona con el número de cuenta predial, número de trámite, fecha de celebración, fecha de registro, fecha de movimiento, notario, tipo de movimiento, estructura, tomo, nombre del propietario, copropietarios, domicilio, superficie del terreno, superficie de construcción, base catastral, cuenta anterior, base catastral anterior y propietario anterior, que contiene datos personales; así, claramente delimitó que se trata de un sistema de identificación de inmuebles y no de contribuyentes, no obstante, los diversos artículos 4 y 6 de la referida ley obligan a que se dé de alta en el sistema todos esos datos personales que, a su vez, se relacionan con los inmuebles respectivos. Con lo anterior, en esta sentencia de amparo no solamente se analizó la interpretación realizada por la responsable, sino que se observaron los argumentos jurídicos que sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo dispuesto por el artículo 6º constitucional y leyes secundarias que el mismo precepto establece; con ello, se cumplió con lo expuesto en la tesis aislada de registro 2011608, que invoca el quejoso en los conceptos de violación, de rubro: "ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, AL RESOLVER LOS JUICIOS DE AMPARO RELACIONADOS CON ESTOS DERECHOS, LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN NO ESTÁN OBLIGADOS A LIMITAR SU ANÁLISIS A LA INTERPRETACIÓN REALIZADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES". En otro aspecto, resulta inoperante el argumento de la parte quejosa al señalar que es inconstitucional que se hubiere ordenado el pago para generar la información catastral solicitada, porque es pública, dice, y sólo puede ser reservada por excepción y conforme al marco de legalidad aplicable, por lo que al exigirse el pago de derechos se vulnera el principio establecido en la Carta Magna en favor de los gobernados, pues el artículo 35 de la ley es una norma heteroaplicativa e inconstitucional y, por tanto, debe ser liberado del pago de derechos por su acceso público. Sin embargo, la responsable al señalar tal precepto 35 se refirió a la cuota que debía pagar por proporcionársele la información autorizada, pero el numeral 58, segundo párrafo, de la Ley de Catastro para el Estado de Oaxaca, que también invocó la responsable en la resolución reclamada, es la disposición que contempla el pago de derechos para obtener la información, al precisar que: "El Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, expedirá la información existente en los archivos catastrales a los propietarios o poseedores de los inmuebles registros que lo soliciten, previo el pago de derechos correspondientes, en términos de esta Ley y su Reglamento, y los servicios relacionados con productos cartográficos se prestarán a cualquier interesado en los términos de la Ley Estatal de Derechos para el ejercicio fiscal que corresponda". Como se ve, lo dispuesto por este último precepto no fue controvertido por la parte quejosa, permaneciendo incólume, rigiendo en sus términos esa parte de la resolución reclamada; máxime que no existe queja deficiente que suplir. En esas condiciones, al no existir vulneración a derecho fundamental alguno en perjuicio de la parte quejosa, es de negarse el amparo y protección de la Justicia Federal. Sexto. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la sentencia ejecutoriada sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1, 37, 74, 77 y demás de la Ley de Amparo, se: R e s u e l v e: Primero. La Justicia Federal no ampara ni protege a ********************* contra la resolución de ******************************, dictada en el recurso de revisión **********************, por el Consejo General del Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia y Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca; en términos del considerando quinto de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió el juez Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe; hoy veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional. Conste.
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PRAL 626/2023 MESA 1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de agosto de dos mil veintitrés. Visto el escrito con firma electrónica del quejoso ********************, por el que solicita se: a) Declare precluido el derecho de las demás partes a expresar alegatos en esta instancia constitucional; y, b) Se tenga por celebrada la audiencia constitucional, señalada para el tres de agosto último. Dígase a la parte quejosa que a las diez horas con once minutos del tres de agosto de dos mil veintitrés se llevó a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo, por lo que deberá estarse a lo ahí celebrado. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe..
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