Fernando Méndez Amaya
Expediente 905/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 14 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 905/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 28/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Fernando Méndez Amaya
- Juez Cuarto Civil del distrito judicial del Centro, Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
PRAL.905/2022.MESA-1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós.********************1. Ejecutoria de la sentencia. Vistos los autos y la certificación que antecede, advirtiéndose que transcurrió el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que se interpusiera recurso de revisión contra la sentencia autorizada el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo.********************En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, se declara que ha CAUSADO EJECUTORIA la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes.********************2. Requerimiento de cumplimiento de la sentencia. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, juez Cuarto de lo Civil del distrito judicial del Centro, Oaxaca, para que, dentro del plazo de tres días siguientes a su notificación, cumpla conforme a la sentencia concesoria de amparo.********************3. Apercibimiento. Se le apercibe que de no cumplir o no informar el impedimento legal o material que tenga para cumplir con la sentencia de amparo, se le impondrá una multa equivalente a la suma de $********************(********************, moneda nacional), relativa a cien días valores diarios de la unidad de medida y actualización, en relación con lo dispuesto por los preceptos 238 y 258 de la Ley de Amparo.********************Es aplicable al caso, la tesis I.13º.T. 3 K (10ª), del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 1767, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con el rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEAMPARO. AL MOMENTO DE REQUERIR SU CUMPLIMIENTO, EL JUZGADO DEBE INDIVIDUALIZAR EL MONTO DE LA MULTA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 192, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO Y NO EN UN ACUERDO POSTERIOR (INTERPRETACIÓN DEL CONCEPTO "DESDE LUEGO").********************4. Procedimiento de inejecución de sentencia. Y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, en turno, del Décimo Tercer Circuito, para seguir el trámite de inejecución.********************5. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la referida sentencia se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley.********************En relación con lo anterior, se instruye a la secretaria encargada de este expediente, verifique que la versión pública de la sentencia haya sido integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado, de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación.********************6. Devolución de tomo anexo. Por otra parte, la autoridad judicial responsable remitió copia certificada de diversas constancias relacionadas con el expediente civil ********************, de su índice, como justificación al informe que rindió y con las que se ordenó formar el tomo anexo I; por tanto, se ordena devolver la documental antes precisada a dicha responsable por resultar innecesario que continúe en la Secretaría de este Juzgado, previa deducción de copia de la resolución reclamada para integrarla a este expediente.********************Notifíquese.********************Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.905/2022-MESA-1 Sentencia. Visto para resolver el juicio de amparo número 905/2022; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintiséis de julio de dos mil veintidós en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en este municipio y remitido en la misma fecha, por razón de turno, a este órgano jurisdiccional, Fernando Méndez Amaya, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado y autoridad responsable siguiente: -La interlocutoria de veintinueve de junio de dos mil veintidós, que puso fin al incidente de liquidación de intereses, dictada en el expediente mercantil 23/2010. Lo que atribuye a la autoridad responsable, jueza Cuarto de lo Civil del distrito judicial del Centro. Dicha parte quejosa narró los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación; invocó como derechos fundamentales vulnerados los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Registro y admisión de la demanda de amparo. Por auto de veintisiete de julio de dos mil veintidós se ordenó registrar la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 905/2022, se admitió a trámite respecto de Fernando Méndez Amaya, por propio derecho, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada y se pidió a la autoridad responsable su informe justificado, señalándose hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Tercero. Apersonamiento de parte tercera interesada. Mediante acuerdo de seis de octubre de este año se tuvo a Ernesto Gutiérrez Jiménez apersonándose a este juicio de amparo con el carácter de tercero interesado. Cuarto. Audiencia constitucional. Y, previo trámite del procedimiento, se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 60, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de un asunto de naturaleza civil, y la autoridad responsable reside en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo, se establece que el acto reclamado por la parte quejosa y por el cual se realizará el análisis relativo, como se advierte de la demanda de amparo y de las constancias de autos, es: La interlocutoria que aprobó la planilla de liquidación de intereses planteada por el actor Ernesto Gutiérrez Jiménez, mediante la que se hace líquida la cantidad de $550,400.00 (quinientos cincuenta mil cuatrocientos pesos cero centavos moneda nacional) por concepto de intereses moratorios, emitida el veintinueve de junio de dos mil veintidós, en el juicio ejecutivo mercantil 23/2010. Tercero. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable, juez Cuarto de lo Civil del distrito judicial del Centro, a través del secretario de acuerdos encargado por ministerio de ley, al rendir el informe justificado respectivo, convino en la existencia del acto que se le atribuye. Cuarto. Análisis del asunto. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó sus respectivos conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en aras del principio de economía procesal, toda vez que no es necesaria su transcripción, ni existe precepto alguno de la Ley de Amparo que obligue a este Juzgado Federal a transcribirlos, sin que ello conlleve a incumplir con los principios de exhaustividad y congruencia que toda sentencia de amparo debe observar. Antecedentes del asunto. De las constancias remitidas por la responsable, con las que se ordenó formar el tomo anexo relativo, con valor probatorio pleno en su calidad de documental pública, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por haber sido expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones, se aprecia que los antecedentes del asunto son: 1. Mediante escrito presentado el trece de enero de dos mil diez, Antonio Ramírez López, como apoderado general para pleitos y cobranzas de Ernesto Gutiérrez Jiménez, en ejercicio de la acción cambiaria directa y en la vía ejecutiva mercantil, demandó de Fernando Méndez Amaya y María de Jesús Meraz Rodríguez el pago de la suerte principal, intereses moratorios y gastos y costas judiciales. 2. Por acuerdo de trece de enero de dos mil diez el juez Cuarto de lo Civil del distrito judicial del Centro, ordenó formar el expediente 23/2010, admitió a trámite la demanda, ordenó el emplazamiento de la parte demandada. 3. Previo trámite del procedimiento, el veintidós de noviembre de dos mil diez la autoridad judicial dictó sentencia en la que condenó a los demandados al pago de las prestaciones reclamadas. 4. Por acuerdo de seis de octubre de dos mil dieciséis el juez responsable admitió a trámite el incidente de nulidad de notificación planteada por el sentenciado Fernando Méndez Amaya, que fue resuelto el veintitrés de junio de dos mil diecisiete, declarándose procedente y nula la notificación de veinticinco de noviembre de dos mil diez, respecto de la sentencia dictada en ese juicio, por lo que se ordenó a la ejecutora de su adscripción se llevara a cabo su notificación en el domicilio relativo. 5. Inconforme con la sentencia, la parte demandada promovió juicio de amparo directo que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con el número 508/2018, en el que concedió la protección constitucional. 6. En cumplimiento a esa ejecutoria de amparo, el juez responsable emitió sentencia el veintinueve de abril de dos mil diecinueve. 7. Por acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve el referido Tribunal Colegiado declaró no cumplida la sentencia de amparo, requiriéndose su cumplimiento a la responsable, la que emitió sentencia el cinco de junio del referido año, condenando a la parte demandada al pago de las prestaciones reclamadas, con la que se declaró cumplida la ejecutoria, el dos de julio de ese año. 8. En proveído de catorce de marzo de dos mil veintidós la responsable tuvo a la parte actora promoviendo incidente de actualización de liquidación de intereses y dio vista a su contraparte, que fue resuelta el veintinueve de junio de este año; acto que constituye lo reclamado en este juicio de amparo. Resolución reclamada. En la resolución que reclama la parte quejosa, el juez responsable señaló lo siguiente (fojas 280 reverso y 281 del tomo anexo): "OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, A VEINTINUEVE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. VISTOS para resolver los autos del expediente 23/2010, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por ANTONIO RAMIREZ LOPEZ, en su carácter de apoderado legal para pleitos y cobranzas del Ciudadano ERNESTO GUTIERREZ JIMENEZ, en contra de FERNANDO MENDEZ AMAYA con el carácter de suscriptor y MARIA DE JESÚS MERAZ RODRÍGUEZ, en su carácter de aval, respecto del INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES, promovido por la parte actora; y, RESULTANDO UNICO. Por auto de fecha catorce de marzo del año dos mil veintidós se tuvo a ERNESTO GUTIÉRREZ JIMÉNEZ, promoviendo incidente de actualización de liquidación de intereses, el cual se mandó tramitar de conformidad con lo que dispone el artículo 1348 del Código de Comercio; por lo que con la copia simple de la planilla respectiva se ordenó dar vista a la parte demandada para que dentro del plazo de tres días manifestara lo que a sus intereses legales conviniera, y toda vez que la parte demandada no manifestó nada al respecto, por auto de fecha veintinueve de abril de dos mil veintidós se le tuvo por perdido el derecho para ello, y se citó a las partes para oír la resolución correspondiente, misma que, tan luego lo permiten las labores de este Juzgado, ahora se pronuncia y, CONSIDERANDO: UNICO. El incidentista solicita se haga líquida la cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL, por concepto de intereses moratorios, fijados a razón del dos punto cincuenta y seis por ciento mensual, comprendidos del veinticinco de junio del año dos mil cinco al veinticinco de febrero del año dos mil veintidós. A lo que debe decirse que en el presente juicio se dictó sentencia con fecha veintidós de noviembre del año dos mil diez, misma que en cumplimiento a ejecutoria de amparo directo número 508/2018, del índice del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, se dejó insubsistente y se emitió una nueva con fecha cinco de junio del año dos mil diecinueve, misma que causó ejecutoria el veintiuno de enero del año dos mil veintiuno y en la que se condenó a los demandados al pago de la cantidad de CIENTO SIETE MIL QUINIENTOS PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL, como suerte principal, al pago de los intereses moratorios a razón del 2.56% (dos punto cincuenta y seis por ciento mensual), generados a partir del día siguiente de la fecha de vencimiento del documento basal, es decir, a partir del veinticinco de junio del año dos mil cinco, hasta el pago total de la suerte principal. Por lo que tenemos que la suerte principal ya se encuentra líquida y de la misma se deduce que el interés moratorio fijado a razón del 2.56 (dos punto cincuenta y seis por ciento) mensual, resulta ser la cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL, por lo que sí a partir del veinticinco de junio del año dos mil cinco, a la fecha que solicita el incidentista, esto es, al veinticinco de febrero del año dos mil veintidós, han transcurrido doscientos meses, éstos multiplicados por el interés moratorio mensual, se obtiene la cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL, la que se aprueba y se hace líquida por ese concepto y dentro de las fechas especificadas. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1348 del Código de Comercio, se aprueba la planilla de liquidación planteada por ERNESTO GUTIÉRREZ JIMÉNEZ. Por lo anterior expuesto y fundado, se: RESUELVE PRIMERO. Se aprueba la planilla de liquidación planteada por ERNESTO GUTIÉRREZ JIMÉNEZ, por lo que se hace líquida la cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL, por concepto de intereses moratorios fijados en la sentencia a razón del 2.56% (dos punto cincuenta y seis por ciento) mensual, generados a partir del día siguiente de la fecha del vencimiento del documento basal, es decir, a partir del veinticinco de junio del año dos mi cinco, al veinticinco de febrero del año dos mil veintidós. SEGUNDO. NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. Lo resolvió.". Conceptos de violación. El quejoso refiere, vía concepto de violación, que se vulnera en su perjuicio lo dispuesto por los artículos 14 y 16 constitucionales, porque no se observaron las formalidades esenciales del procedimiento, ni el principio de legalidad y seguridad jurídica como es la fundamentación y motivación que los actos de autoridad deben contener. Ello es así, porque, dice, la liquidación de intereses debe realizarse acatando las bases establecidas en la sentencia definitiva, y el análisis de su procedencia está a cargo del juzgador de manera oficiosa, aunque no existe oposición del condenado. En el caso, señala el quejoso que la responsable se abstuvo de llevar a cabo la relatoría de los antecedentes del juicio, a saber, describir el título de crédito base de la acción y las pretensiones de la parte acreedora, así como citar los considerandos y resolutivos de la sentencia definitiva, no solamente los datos aportados por el acreedor en la planilla de liquidación de intereses, como lo establece el artículo 1077 del Código de Comercio. E invoca las jurisprudencias de rubros: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN" y "PLANILLA DE LIQUIDACIÓN EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, AUNQUE NO SE OPONGA A ELLA EL CONDENADO, EL JUEZ TIENE FACULTADES PARA EXAMINAR DE OFICIO SU PROCEDENCIA". Es infundado el alegato del quejoso al señalar que se vulneró en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 14 constitucional; en efecto, durante el procedimiento incidental se observaron las formalidades previstas en el artículo 1348 del Código de Comercio, ya que como la sentencia no contiene cantidad líquida, el actor presentó su liquidación, en tanto que el juez responsable dio vista a la parte condenada y resolvió lo procedente. Sin embargo, respecto de que el juez responsable no llevó a cabo la relatoría de los antecedentes del juicio, la descripción del título de crédito base de la acción y las pretensiones de la parte acreedora, además de citar en los considerandos y resolutivos de la sentencia definitiva, solamente los datos aportados por el acreedor en la planilla de liquidación de intereses, como lo establece el artículo 1077 del Código de Comercio; es fundado. Ello es así, porque el artículo 16 constitucional establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Como se ve, ese precepto constitucional permite a cualquier autoridad emitir actos de molestia contra los gobernados, para lo cual se deben cumplir con ciertos requisitos, a saber: a) Que provenga de autoridad competente; b) Que se encuentre fundado y motivado, y c) Que conste por escrito. Luego, un acto de molestia emitido por autoridad competente se encuentra fundado cuando en él se citan con precisión los preceptos legales aplicables al caso, y se encuentra motivado si la autoridad expone todas aquellas circunstancias o hechos que consideró al momento de emitir el acto reclamado, siendo necesario, además, que los hechos aducidos encuadren en la hipótesis normativa citada, para que el gobernado esté en posibilidad de asegurar la prerrogativa de su defensa. Así también, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, al respecto, que por fundamentación del acto de autoridad se entiende que debe sustentarse en una disposición normativa de carácter general, es decir, que se cite la ley que prevea una situación concreta para la cual resulte procedente realizar el acto de autoridad. Y la motivación, debe entenderse en el sentido de exponer las razones de hecho que actualizan la hipótesis normativa; de tal suerte que la motivación implica que se citen las circunstancias y modalidades del caso particular que encuadren dentro del marco general correspondiente. Ello, atento a lo sostenido en la jurisprudencia número 1a./J. 139/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de datos de localización y rubro siguientes: "Época: Novena Época Registro: 176546 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXII, Diciembre de 2005 Materia(s): Común Tesis: Página: 162 "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. En el caso en particular, el juez invocó el artículo 1348 del Código de Comercio que prevé que, al dar vista, fija una carga procesal contra la parte condenada consistente en controvertir la liquidación que presente la parte a cuyo favor se pronunció la sentencia que no contiene cantidad líquida, pero no consideró que los incidentes de liquidación tienen como objetivo primordial determinar con precisión la cuantía de ciertas prestaciones a las que quedaron obligadas las partes en el juicio para perfeccionar la sentencia en detalles relativos a esas prestaciones que no se pudieron dilucidar en el fallo y que son indispensables para exigir su cumplimiento y efectuar su ejecución, por lo que, como director del proceso, de forma oficiosa, le correspondía analizar la planilla de liquidación y precisar la cantidad líquida, con apoyo en los elementos existentes en el juicio y en el procedimiento incidental, atendiendo, primordialmente, las bases que para ese fin se desprendan del fallo principal, sin modificarlas, anularlas o rebasarlas, para así respetar los principios fundamentales del proceso, como el de la invariabilidad de la litis, o el de congruencia, así como la inafectabilidad de las bases de la cosa juzgada; como lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia que se invoca en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 197383 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Civil Tesis: 1a./J. 35/97 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI, Noviembre de 1997, página 126 Tipo: Jurisprudencia PLANILLA DE LIQUIDACIÓN EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. AUNQUE NO SE OPONGA A ELLA EL CONDENADO, EL JUEZ TIENE FACULTADES PARA EXAMINAR DE OFICIO SU PROCEDENCIA. Los incidentes de liquidación tienen como objetivo determinar con precisión la cuantía de las prestaciones a que quedaron obligadas las partes en el juicio y así perfeccionar la sentencia en los detalles relativos a esas condenas, que no pudieron cuantificarse en el fallo y son indispensables para exigir su cumplimiento y efectuar su ejecución. Luego, si el Juez es el director del proceso, es obvio que en él recae la responsabilidad de emprender esas funciones, circunstancia que al relacionarla armónicamente con la finalidad del incidente de liquidación y lo dispuesto por el artículo 1348 del Código de Comercio, conduce a estimar que el juzgador está posibilitado legalmente para examinar, de oficio, que la planilla de liquidación presentada por la parte a la que le resultó favorable la sentencia, se ajuste a la condena decretada, aun cuando no medie oposición del vencido, pues tal conducta omisiva no suple las condiciones formales y sustantivas de que requiere el obsequio de la pretensión formulada en la planilla; lo que conlleva a que no es adecuado que se aprueben automáticamente los conceptos contenidos en ésta, sin el previo análisis de su comprobación y justificación, en razón de que el juzgador, al emplear el arbitrio judicial, debe decidir en forma justa, con apoyo en los elementos allegados al juicio y al procedimiento incidental, atendiendo primordialmente a las bases que para ese fin se desprendan de la resolución principal, sin modificarlas, anularlas o rebasarlas, para así respetar los principios fundamentales del proceso, como el de la invariabilidad de la litis, una vez establecida, o el de congruencia, así como la inafectabilidad de las bases de la cosa juzgada. Lo que dejó de observar la responsable y dejó en estado de indefensión a la parte quejosa, porque se desconocen los motivos por los cuales se hizo la cantidad líquida por doscientos meses multiplicados por 2.56% (dos punto cincuenta y seis por ciento), pues: 1. En la sentencia emitida el cinco de junio de dos mil diecinueve se condenó a Fernando Méndez Amaya y María de Jesús Meraz Rodríguez al pago de la cantidad de $107,500.00 (ciento siete mil quinientos pesos cero centavos moneda nacional), por concepto de suerte principal, así como al pago de intereses moratorios fijados a razón de dos punto cincuenta y seis por ciento mensual sobre la suerte principal, generados a partir del día siguiente de la fecha de vencimiento del documento base de la acción, es decir, a partir del veinticinco de junio de dos mil cinco, hasta el pago total de la suerte principal; prestación que se hará líquida en etapa de ejecución de sentencia, la que causó ejecutoria el veintiuno de enero de dos mil veintiuno. 2. El actor presentó planilla de liquidación de intereses moratorios señalando que los meses de mora eran doscientos, por tanto, dijo, multiplicado por el 2.56% (dos punto cincuenta y seis por ciento), la suma por ese concepto es de $550,400.00 (quinientos cincuenta mil cuatrocientos pesos cero centavos moneda nacional). 3. En la resolución reclamada, el juez responsable aprobó esa planilla por la referida cantidad, porque señaló que del veinticinco de junio de dos mil cinco a la fecha en que se promovió el incidente de liquidación de intereses, veinticinco de febrero de dos mil veintidós, habían transcurrido doscientos meses, que multiplicado por 2.56% (dos punto cincuenta y seis por ciento), la suma por ese concepto es de $550,400.00 (quinientos cincuenta mil cuatrocientos pesos cero centavos moneda nacional). Esto es, en la sentencia natural se estableció que el pago de los intereses moratorios serían los generados a partir del día siguiente de la fecha de vencimiento del documento basal (veinticinco de junio de dos mil cinco), que rige en sus términos al haber causado ejecutoria; pero al hacer líquida la cantidad por intereses moratorios, el juez responsable omitió considerar que el actor manifestó en la demanda que el pagaré base de la acción era por la suma de $162,000.00 (ciento sesenta y dos mil pesos cero centavos moneda nacional) y que los demandados cubrieron los pagos siguientes: 1º El nueve de enero de dos mil seis Por suerte principal $50,000.00 (cincuenta mil pesos cero centavos moneda nacional) Así, como los intereses moratorios generados hasta esa fecha. 2º El trece de agosto de dos mil siete Por suerte principal $4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos cero centavos moneda nacional) Así como los intereses moratorios generados hasta esa fecha. Como se ve en el siguiente cuadro: Documento base de la acción Fecha 9/enero/2006 Fecha 13/agosto/2007 Cantidad reclamada como suerte principal $162,000.00 Demandado cubrió suma de $50,000.00 como pago parcial al capital. Demandado cubrió cantidad de $4,500.00 como pago parcial al capital. $107,500.00 Y suma por el pago de intereses moratorios hasta el 9 de enero de 2006. Y suma de pago de intereses moratorios generados hasta el 13 de agosto de 2007. Y al no analizar todos los elementos del juicio y procedimiento incidental, vulneró en perjuicio de la parte quejosa el derecho fundamental de legalidad y seguridad jurídica, que imposibilita el estudio del fondo de la resolución reclamada, porque no se expresan los motivos y fundamentos de tal proceder, lo que sólo debe realizarse por la responsable, ya que de hacerlo el juez de amparo estaría sustituyéndose en sus funciones, pues daría razones y justipreciaciones que la responsable se abstuvo de realizar, lo no está permitido; atento a la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que aparece publicada en la página 104, tomo VII, enero de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "ACTO RECLAMADO. EL JUEZ DE AMPARO NO PUEDE, EN SUSTITUCION DE LA RESPONSABLE, INVOCAR RAZONES TENDIENTES A MEJORARLO". Por lo anterior, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Quinto. Efectos de la concesión del amparo. Y con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, al tratarse de un acto positivo, al concedérsele la protección constitucional a la parte quejosa, la autoridad responsable, juez Cuarto de lo Civil del distrito judicial del Centro: 1. Dejará sin efecto la resolución de veintinueve de junio de dos mil veintidós, en la que aprobó la planilla de liquidación de intereses moratorios presentado por la parte actora, en el incidente de liquidación relativo al juicio ejecutivo mercantil 23/2010; y 2. Con plenitud de jurisdicción, se pronunciará sobre el incidente de liquidación de intereses que planteó Ernesto Gutiérrez Jiménez; para lo cual, deberá considerar lo expuesto por el actor en la demanda que dio origen a ese juicio respecto de los meses en los que ya fueron cubiertos los intereses moratorios. 3. Resolverá conforme a derecho. Sexto. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la misma se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la ley. Por lo expuesto y fundado además en los artículos 1, 74 y 76 de la Ley de Amparo, se: R e s u e l v e: Primero. La Justicia Federal ampara y protege a Fernando Méndez Amaya, contra la resolución de veintinueve de junio de dos mil veintidós, en la que aprobó la planilla de liquidación de intereses moratorios presentado por la parte actora, en el incidente de liquidación relativo al juicio ejecutivo mercantil 23/2010, que se atribuye al juez Cuarto de lo Civil del distrito judicial del Centro, en términos de los considerandos cuarto y quinto de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió el juez Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hoy veintiocho de octubre de dos mil veintidós en que lo permitieron las labores del Juzgado. Conste.
- Principal
NOTIFICACIÓN PARTE QUEJOSA, PREVIO AVISO.- PRAL.905/2022-MESA-1 Sentencia. Visto para resolver el juicio de amparo número 905/2022; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintiséis de julio de dos mil veintidós en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en este municipio y remitido en la misma fecha, por razón de turno, a este órgano jurisdiccional, Fernando Méndez Amaya, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado y autoridad responsable siguiente: -La interlocutoria de veintinueve de junio de dos mil veintidós, que puso fin al incidente de liquidación de intereses, dictada en el expediente mercantil 23/2010. Lo que atribuye a la autoridad responsable, jueza Cuarto de lo Civil del distrito judicial del Centro. Dicha parte quejosa narró los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación; invocó como derechos fundamentales vulnerados los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Registro y admisión de la demanda de amparo. Por auto de veintisiete de julio de dos mil veintidós se ordenó registrar la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 905/2022, se admitió a trámite respecto de Fernando Méndez Amaya, por propio derecho, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada y se pidió a la autoridad responsable su informe justificado, señalándose hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Tercero. Apersonamiento de parte tercera interesada. Mediante acuerdo de seis de octubre de este año se tuvo a Ernesto Gutiérrez Jiménez apersonándose a este juicio de amparo con el carácter de tercero interesado. Cuarto. Audiencia constitucional. Y, previo trámite del procedimiento, se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 60, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de un asunto de naturaleza civil, y la autoridad responsable reside en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo, se establece que el acto reclamado por la parte quejosa y por el cual se realizará el análisis relativo, como se advierte de la demanda de amparo y de las constancias de autos, es: La interlocutoria que aprobó la planilla de liquidación de intereses planteada por el actor Ernesto Gutiérrez Jiménez, mediante la que se hace líquida la cantidad de $550,400.00 (quinientos cincuenta mil cuatrocientos pesos cero centavos moneda nacional) por concepto de intereses moratorios, emitida el veintinueve de junio de dos mil veintidós, en el juicio ejecutivo mercantil 23/2010. Tercero. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable, juez Cuarto de lo Civil del distrito judicial del Centro, a través del secretario de acuerdos encargado por ministerio de ley, al rendir el informe justificado respectivo, convino en la existencia del acto que se le atribuye. Cuarto. Análisis del asunto. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó sus respectivos conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en aras del principio de economía procesal, toda vez que no es necesaria su transcripción, ni existe precepto alguno de la Ley de Amparo que obligue a este Juzgado Federal a transcribirlos, sin que ello conlleve a incumplir con los principios de exhaustividad y congruencia que toda sentencia de amparo debe observar. Antecedentes del asunto. De las constancias remitidas por la responsable, con las que se ordenó formar el tomo anexo relativo, con valor probatorio pleno en su calidad de documental pública, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por haber sido expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones, se aprecia que los antecedentes del asunto son: 1. Mediante escrito presentado el trece de enero de dos mil diez, Antonio Ramírez López, como apoderado general para pleitos y cobranzas de Ernesto Gutiérrez Jiménez, en ejercicio de la acción cambiaria directa y en la vía ejecutiva mercantil, demandó de Fernando Méndez Amaya y María de Jesús Meraz Rodríguez el pago de la suerte principal, intereses moratorios y gastos y costas judiciales. 2. Por acuerdo de trece de enero de dos mil diez el juez Cuarto de lo Civil del distrito judicial del Centro, ordenó formar el expediente 23/2010, admitió a trámite la demanda, ordenó el emplazamiento de la parte demandada. 3. Previo trámite del procedimiento, el veintidós de noviembre de dos mil diez la autoridad judicial dictó sentencia en la que condenó a los demandados al pago de las prestaciones reclamadas. 4. Por acuerdo de seis de octubre de dos mil dieciséis el juez responsable admitió a trámite el incidente de nulidad de notificación planteada por el sentenciado Fernando Méndez Amaya, que fue resuelto el veintitrés de junio de dos mil diecisiete, declarándose procedente y nula la notificación de veinticinco de noviembre de dos mil diez, respecto de la sentencia dictada en ese juicio, por lo que se ordenó a la ejecutora de su adscripción se llevara a cabo su notificación en el domicilio relativo. 5. Inconforme con la sentencia, la parte demandada promovió juicio de amparo directo que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con el número 508/2018, en el que concedió la protección constitucional. 6. En cumplimiento a esa ejecutoria de amparo, el juez responsable emitió sentencia el veintinueve de abril de dos mil diecinueve. 7. Por acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve el referido Tribunal Colegiado declaró no cumplida la sentencia de amparo, requiriéndose su cumplimiento a la responsable, la que emitió sentencia el cinco de junio del referido año, condenando a la parte demandada al pago de las prestaciones reclamadas, con la que se declaró cumplida la ejecutoria, el dos de julio de ese año. 8. En proveído de catorce de marzo de dos mil veintidós la responsable tuvo a la parte actora promoviendo incidente de actualización de liquidación de intereses y dio vista a su contraparte, que fue resuelta el veintinueve de junio de este año; acto que constituye lo reclamado en este juicio de amparo. Resolución reclamada. En la resolución que reclama la parte quejosa, el juez responsable señaló lo siguiente (fojas 280 reverso y 281 del tomo anexo): "OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, A VEINTINUEVE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. VISTOS para resolver los autos del expediente 23/2010, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por ANTONIO RAMIREZ LOPEZ, en su carácter de apoderado legal para pleitos y cobranzas del Ciudadano ERNESTO GUTIERREZ JIMENEZ, en contra de FERNANDO MENDEZ AMAYA con el carácter de suscriptor y MARIA DE JESÚS MERAZ RODRÍGUEZ, en su carácter de aval, respecto del INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES, promovido por la parte actora; y, RESULTANDO UNICO. Por auto de fecha catorce de marzo del año dos mil veintidós se tuvo a ERNESTO GUTIÉRREZ JIMÉNEZ, promoviendo incidente de actualización de liquidación de intereses, el cual se mandó tramitar de conformidad con lo que dispone el artículo 1348 del Código de Comercio; por lo que con la copia simple de la planilla respectiva se ordenó dar vista a la parte demandada para que dentro del plazo de tres días manifestara lo que a sus intereses legales conviniera, y toda vez que la parte demandada no manifestó nada al respecto, por auto de fecha veintinueve de abril de dos mil veintidós se le tuvo por perdido el derecho para ello, y se citó a las partes para oír la resolución correspondiente, misma que, tan luego lo permiten las labores de este Juzgado, ahora se pronuncia y, CONSIDERANDO: UNICO. El incidentista solicita se haga líquida la cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL, por concepto de intereses moratorios, fijados a razón del dos punto cincuenta y seis por ciento mensual, comprendidos del veinticinco de junio del año dos mil cinco al veinticinco de febrero del año dos mil veintidós. A lo que debe decirse que en el presente juicio se dictó sentencia con fecha veintidós de noviembre del año dos mil diez, misma que en cumplimiento a ejecutoria de amparo directo número 508/2018, del índice del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, se dejó insubsistente y se emitió una nueva con fecha cinco de junio del año dos mil diecinueve, misma que causó ejecutoria el veintiuno de enero del año dos mil veintiuno y en la que se condenó a los demandados al pago de la cantidad de CIENTO SIETE MIL QUINIENTOS PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL, como suerte principal, al pago de los intereses moratorios a razón del 2.56% (dos punto cincuenta y seis por ciento mensual), generados a partir del día siguiente de la fecha de vencimiento del documento basal, es decir, a partir del veinticinco de junio del año dos mil cinco, hasta el pago total de la suerte principal. Por lo que tenemos que la suerte principal ya se encuentra líquida y de la misma se deduce que el interés moratorio fijado a razón del 2.56 (dos punto cincuenta y seis por ciento) mensual, resulta ser la cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL, por lo que sí a partir del veinticinco de junio del año dos mil cinco, a la fecha que solicita el incidentista, esto es, al veinticinco de febrero del año dos mil veintidós, han transcurrido doscientos meses, éstos multiplicados por el interés moratorio mensual, se obtiene la cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL, la que se aprueba y se hace líquida por ese concepto y dentro de las fechas especificadas. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1348 del Código de Comercio, se aprueba la planilla de liquidación planteada por ERNESTO GUTIÉRREZ JIMÉNEZ. Por lo anterior expuesto y fundado, se: RESUELVE PRIMERO. Se aprueba la planilla de liquidación planteada por ERNESTO GUTIÉRREZ JIMÉNEZ, por lo que se hace líquida la cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL, por concepto de intereses moratorios fijados en la sentencia a razón del 2.56% (dos punto cincuenta y seis por ciento) mensual, generados a partir del día siguiente de la fecha del vencimiento del documento basal, es decir, a partir del veinticinco de junio del año dos mi cinco, al veinticinco de febrero del año dos mil veintidós. SEGUNDO. NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. Lo resolvió.". Conceptos de violación. El quejoso refiere, vía concepto de violación, que se vulnera en su perjuicio lo dispuesto por los artículos 14 y 16 constitucionales, porque no se observaron las formalidades esenciales del procedimiento, ni el principio de legalidad y seguridad jurídica como es la fundamentación y motivación que los actos de autoridad deben contener. Ello es así, porque, dice, la liquidación de intereses debe realizarse acatando las bases establecidas en la sentencia definitiva, y el análisis de su procedencia está a cargo del juzgador de manera oficiosa, aunque no existe oposición del condenado. En el caso, señala el quejoso que la responsable se abstuvo de llevar a cabo la relatoría de los antecedentes del juicio, a saber, describir el título de crédito base de la acción y las pretensiones de la parte acreedora, así como citar los considerandos y resolutivos de la sentencia definitiva, no solamente los datos aportados por el acreedor en la planilla de liquidación de intereses, como lo establece el artículo 1077 del Código de Comercio. E invoca las jurisprudencias de rubros: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN" y "PLANILLA DE LIQUIDACIÓN EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, AUNQUE NO SE OPONGA A ELLA EL CONDENADO, EL JUEZ TIENE FACULTADES PARA EXAMINAR DE OFICIO SU PROCEDENCIA". Es infundado el alegato del quejoso al señalar que se vulneró en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 14 constitucional; en efecto, durante el procedimiento incidental se observaron las formalidades previstas en el artículo 1348 del Código de Comercio, ya que como la sentencia no contiene cantidad líquida, el actor presentó su liquidación, en tanto que el juez responsable dio vista a la parte condenada y resolvió lo procedente. Sin embargo, respecto de que el juez responsable no llevó a cabo la relatoría de los antecedentes del juicio, la descripción del título de crédito base de la acción y las pretensiones de la parte acreedora, además de citar en los considerandos y resolutivos de la sentencia definitiva, solamente los datos aportados por el acreedor en la planilla de liquidación de intereses, como lo establece el artículo 1077 del Código de Comercio; es fundado. Ello es así, porque el artículo 16 constitucional establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Como se ve, ese precepto constitucional permite a cualquier autoridad emitir actos de molestia contra los gobernados, para lo cual se deben cumplir con ciertos requisitos, a saber: a) Que provenga de autoridad competente; b) Que se encuentre fundado y motivado, y c) Que conste por escrito. Luego, un acto de molestia emitido por autoridad competente se encuentra fundado cuando en él se citan con precisión los preceptos legales aplicables al caso, y se encuentra motivado si la autoridad expone todas aquellas circunstancias o hechos que consideró al momento de emitir el acto reclamado, siendo necesario, además, que los hechos aducidos encuadren en la hipótesis normativa citada, para que el gobernado esté en posibilidad de asegurar la prerrogativa de su defensa. Así también, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, al respecto, que por fundamentación del acto de autoridad se entiende que debe sustentarse en una disposición normativa de carácter general, es decir, que se cite la ley que prevea una situación concreta para la cual resulte procedente realizar el acto de autoridad. Y la motivación, debe entenderse en el sentido de exponer las razones de hecho que actualizan la hipótesis normativa; de tal suerte que la motivación implica que se citen las circunstancias y modalidades del caso particular que encuadren dentro del marco general correspondiente. Ello, atento a lo sostenido en la jurisprudencia número 1a./J. 139/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de datos de localización y rubro siguientes: "Época: Novena Época Registro: 176546 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXII, Diciembre de 2005 Materia(s): Común Tesis: Página: 162 "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. En el caso en particular, el juez invocó el artículo 1348 del Código de Comercio que prevé que, al dar vista, fija una carga procesal contra la parte condenada consistente en controvertir la liquidación que presente la parte a cuyo favor se pronunció la sentencia que no contiene cantidad líquida, pero no consideró que los incidentes de liquidación tienen como objetivo primordial determinar con precisión la cuantía de ciertas prestaciones a las que quedaron obligadas las partes en el juicio para perfeccionar la sentencia en detalles relativos a esas prestaciones que no se pudieron dilucidar en el fallo y que son indispensables para exigir su cumplimiento y efectuar su ejecución, por lo que, como director del proceso, de forma oficiosa, le correspondía analizar la planilla de liquidación y precisar la cantidad líquida, con apoyo en los elementos existentes en el juicio y en el procedimiento incidental, atendiendo, primordialmente, las bases que para ese fin se desprendan del fallo principal, sin modificarlas, anularlas o rebasarlas, para así respetar los principios fundamentales del proceso, como el de la invariabilidad de la litis, o el de congruencia, así como la inafectabilidad de las bases de la cosa juzgada; como lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia que se invoca en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 197383 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Civil Tesis: 1a./J. 35/97 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI, Noviembre de 1997, página 126 Tipo: Jurisprudencia PLANILLA DE LIQUIDACIÓN EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. AUNQUE NO SE OPONGA A ELLA EL CONDENADO, EL JUEZ TIENE FACULTADES PARA EXAMINAR DE OFICIO SU PROCEDENCIA. Los incidentes de liquidación tienen como objetivo determinar con precisión la cuantía de las prestaciones a que quedaron obligadas las partes en el juicio y así perfeccionar la sentencia en los detalles relativos a esas condenas, que no pudieron cuantificarse en el fallo y son indispensables para exigir su cumplimiento y efectuar su ejecución. Luego, si el Juez es el director del proceso, es obvio que en él recae la responsabilidad de emprender esas funciones, circunstancia que al relacionarla armónicamente con la finalidad del incidente de liquidación y lo dispuesto por el artículo 1348 del Código de Comercio, conduce a estimar que el juzgador está posibilitado legalmente para examinar, de oficio, que la planilla de liquidación presentada por la parte a la que le resultó favorable la sentencia, se ajuste a la condena decretada, aun cuando no medie oposición del vencido, pues tal conducta omisiva no suple las condiciones formales y sustantivas de que requiere el obsequio de la pretensión formulada en la planilla; lo que conlleva a que no es adecuado que se aprueben automáticamente los conceptos contenidos en ésta, sin el previo análisis de su comprobación y justificación, en razón de que el juzgador, al emplear el arbitrio judicial, debe decidir en forma justa, con apoyo en los elementos allegados al juicio y al procedimiento incidental, atendiendo primordialmente a las bases que para ese fin se desprendan de la resolución principal, sin modificarlas, anularlas o rebasarlas, para así respetar los principios fundamentales del proceso, como el de la invariabilidad de la litis, una vez establecida, o el de congruencia, así como la inafectabilidad de las bases de la cosa juzgada. Lo que dejó de observar la responsable y dejó en estado de indefensión a la parte quejosa, porque se desconocen los motivos por los cuales se hizo la cantidad líquida por doscientos meses multiplicados por 2.56% (dos punto cincuenta y seis por ciento), pues: 1. En la sentencia emitida el cinco de junio de dos mil diecinueve se condenó a Fernando Méndez Amaya y María de Jesús Meraz Rodríguez al pago de la cantidad de $107,500.00 (ciento siete mil quinientos pesos cero centavos moneda nacional), por concepto de suerte principal, así como al pago de intereses moratorios fijados a razón de dos punto cincuenta y seis por ciento mensual sobre la suerte principal, generados a partir del día siguiente de la fecha de vencimiento del documento base de la acción, es decir, a partir del veinticinco de junio de dos mil cinco, hasta el pago total de la suerte principal; prestación que se hará líquida en etapa de ejecución de sentencia, la que causó ejecutoria el veintiuno de enero de dos mil veintiuno. 2. El actor presentó planilla de liquidación de intereses moratorios señalando que los meses de mora eran doscientos, por tanto, dijo, multiplicado por el 2.56% (dos punto cincuenta y seis por ciento), la suma por ese concepto es de $550,400.00 (quinientos cincuenta mil cuatrocientos pesos cero centavos moneda nacional). 3. En la resolución reclamada, el juez responsable aprobó esa planilla por la referida cantidad, porque señaló que del veinticinco de junio de dos mil cinco a la fecha en que se promovió el incidente de liquidación de intereses, veinticinco de febrero de dos mil veintidós, habían transcurrido doscientos meses, que multiplicado por 2.56% (dos punto cincuenta y seis por ciento), la suma por ese concepto es de $550,400.00 (quinientos cincuenta mil cuatrocientos pesos cero centavos moneda nacional). Esto es, en la sentencia natural se estableció que el pago de los intereses moratorios serían los generados a partir del día siguiente de la fecha de vencimiento del documento basal (veinticinco de junio de dos mil cinco), que rige en sus términos al haber causado ejecutoria; pero al hacer líquida la cantidad por intereses moratorios, el juez responsable omitió considerar que el actor manifestó en la demanda que el pagaré base de la acción era por la suma de $162,000.00 (ciento sesenta y dos mil pesos cero centavos moneda nacional) y que los demandados cubrieron los pagos siguientes: 1º El nueve de enero de dos mil seis Por suerte principal $50,000.00 (cincuenta mil pesos cero centavos moneda nacional) Así, como los intereses moratorios generados hasta esa fecha. 2º El trece de agosto de dos mil siete Por suerte principal $4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos cero centavos moneda nacional) Así como los intereses moratorios generados hasta esa fecha. Como se ve en el siguiente cuadro: Documento base de la acción Fecha 9/enero/2006 Fecha 13/agosto/2007 Cantidad reclamada como suerte principal $162,000.00 Demandado cubrió suma de $50,000.00 como pago parcial al capital. Demandado cubrió cantidad de $4,500.00 como pago parcial al capital. $107,500.00 Y suma por el pago de intereses moratorios hasta el 9 de enero de 2006. Y suma de pago de intereses moratorios generados hasta el 13 de agosto de 2007. Y al no analizar todos los elementos del juicio y procedimiento incidental, vulneró en perjuicio de la parte quejosa el derecho fundamental de legalidad y seguridad jurídica, que imposibilita el estudio del fondo de la resolución reclamada, porque no se expresan los motivos y fundamentos de tal proceder, lo que sólo debe realizarse por la responsable, ya que de hacerlo el juez de amparo estaría sustituyéndose en sus funciones, pues daría razones y justipreciaciones que la responsable se abstuvo de realizar, lo no está permitido; atento a la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que aparece publicada en la página 104, tomo VII, enero de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "ACTO RECLAMADO. EL JUEZ DE AMPARO NO PUEDE, EN SUSTITUCION DE LA RESPONSABLE, INVOCAR RAZONES TENDIENTES A MEJORARLO". Por lo anterior, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Quinto. Efectos de la concesión del amparo. Y con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, al tratarse de un acto positivo, al concedérsele la protección constitucional a la parte quejosa, la autoridad responsable, juez Cuarto de lo Civil del distrito judicial del Centro: 1. Dejará sin efecto la resolución de veintinueve de junio de dos mil veintidós, en la que aprobó la planilla de liquidación de intereses moratorios presentado por la parte actora, en el incidente de liquidación relativo al juicio ejecutivo mercantil 23/2010; y 2. Con plenitud de jurisdicción, se pronunciará sobre el incidente de liquidación de intereses que planteó Ernesto Gutiérrez Jiménez; para lo cual, deberá considerar lo expuesto por el actor en la demanda que dio origen a ese juicio respecto de los meses en los que ya fueron cubiertos los intereses moratorios. 3. Resolverá conforme a derecho. Sexto. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la misma se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la ley. Por lo expuesto y fundado además en los artículos 1, 74 y 76 de la Ley de Amparo, se: R e s u e l v e: Primero. La Justicia Federal ampara y protege a Fernando Méndez Amaya, contra la resolución de veintinueve de junio de dos mil veintidós, en la que aprobó la planilla de liquidación de intereses moratorios presentado por la parte actora, en el incidente de liquidación relativo al juicio ejecutivo mercantil 23/2010, que se atribuye al juez Cuarto de lo Civil del distrito judicial del Centro, en términos de los considerandos cuarto y quinto de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió el juez Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hoy veintiocho de octubre de dos mil veintidós en que lo permitieron las labores del Juzgado. Conste
- Principal
PRAL 905/2022 MESA 1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de octubre de dos mil veintidós. Alegatos. Agréguese el escrito del tercero interesado Ernesto Gutiérrez Jiménez; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, en vía de alegatos se le tiene formulando las manifestaciones que realiza, para los efectos legales procedentes. Se difiere la audiencia constitucional. Por otra parte, vistos los autos, advirtiéndose que en proveído de seis de octubre del año en curso se tuvo a dicha parte procesal apersonándose a este juicio de amparo con el carácter de tercero interesado. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo y a fin de que se imponga de los autos, la audiencia constitucional señalada para hoy, se difiere y se fijan las diez horas con cincuenta y un minutos del veintiuno de octubre de dos mil veintidós, para su celebración. Forma de notificación. Efectúese la notificación de este proveído por medio de lista a las autoridades responsables y a la agente del Ministerio Público de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, sin necesidad de que envíen oficios relativos, al tratarse de una determinación de mero trámite. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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