Fernando Jesús Toscano Cruz
Expediente 1358/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 23 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1358/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 07/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Fernando Jesús Toscano Cruz
- Juez Séptimo de lo Familiar y conclusión de asuntos del Juzgado Sexto de lo Civil del distrito judicial del centro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
PRAL.1358/2021.MESA-8 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de junio de dos mil veintidós. 1° Colegiado informa. Agréguese el oficio de cuenta, signado por la secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en Oaxaca de Juárez, mediante el cual transcribe el proveído de dos de junio de dos mil veintidós, dictado en el amparo en revisión 226/2022, del índice del Tribunal de su adscripción, del que se advierte, en lo substancial, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa contra la sentencia dictada en el juicio de amparo 1358/2021, de la estadística de este órgano jurisdiccional. 2° Se toma conocimiento. Aspecto del cual este Juzgado toma conocimiento, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.1358/2021.MESA-8 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. 1° Remisión al Tribunal de Alzada. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que este juicio de amparo se encuentra integrado para su envío al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, en turno, del Decimotercer Circuito en el Estado de Oaxaca, al que corresponde conocer del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, contra la sentencia dictada el veintisiete de abril de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el juicio. Lo anterior, en razón que de las constancias de notificación que obran en autos se aprecia que las partes en este juicio, quedaron notificadas de dicha sentencia y del auto de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, por el que se proveyó lo relativo a la interposición del medio de impugnación; como se aprecia del siguiente cuadro ilustrativo: Parte procesal. Fecha de notificación de la sentencia dictada el 27/04/2022. Fecha de notificación del acuerdo de interposición del recurso de revisión. Quejosa 29/04/2022 24/05/2022 Agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado 29/04/2022 23/05/2022 Juez Séptimo de los Familiar y Conclusión de Asuntos del Juzgado Sexto de lo Civil del distrito judicial del Centro 04/05/2022 23/05/2022 Tercera interesada 28/04/2022 19/05/2022 En esas condiciones, con fundamento en el artículo 89 de la Ley de Amparo y en cumplimiento con lo ordenado en auto de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, mediante oficio, se ordena remitir al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Administrativa del Decimotercer Circuito, en turno: a) el expediente principal de este juicio de amparo, b) el escrito por el que se interpuso el recurso de revisión y d) dos tomos de pruebas; lo anterior, para la sustanciación del referido medio de impugnación. Se precisa. Con la precisión que en este asunto se ordena la remisión de constancias físicas y no únicamente el envío del expediente electrónico, por estimar necesario que el Tribunal de Alzada cuente con ellas, en razón que, los tomos anexos remitidos por el juez responsable en apoyo a su informe justificado, no forman parte del expediente electrónico; con fundamento en el artículo 39 del acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19 (reformado en su vigencia por el diverso 7/2022). 2° Cuaderno de antecedentes. Fórmese cuaderno de antecedentes únicamente con copia certificada de la demanda de amparo, sentencia y constancias posteriores; sin que haya lugar a deducir copia certificada de todo lo actuado en este juicio de amparo, pues en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, el expediente electrónico e impreso coinciden íntegramente, de ahí que, de requerirse la consulta de determinadas constancias físicamente, podrán deducirse de las que integran el expediente electrónico mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Máxime que la consideración anterior es armónica con los lineamientos del acuerdo general 21/2020 referido, particularmente en los aspectos relativos al uso preferente y prioritario de tecnologías de la información y comunicaciones, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las capacidades productivas de los órganos jurisdiccionales. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.1358/2021.MESA-8 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. 1° Se agrega escrito. Agréguese el escrito del quejoso Fernando Jesús Toscano Cruz, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintisiete de abril de dos mil veintidós; por tanto, se provee: 2° Trámite de recurso. Con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyase entre las demás partes una copia del escrito de expresión de agravios, a excepción de la parte quejosa, y una vez que este expediente se encuentre debidamente integrado remítase: 1) el original de aquél, 2) el original de este expediente y 3) dos tomos anexos al Tribunal Colegiado respectivo, para la substanciación del recurso de que se trata. 3° Cuaderno de antecedentes. Una vez que este expediente se encuentre integrado para su envío al Tribunal de Alzada, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.1358/2021.MESA-8 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las nueve horas con treinta y ocho minutos del veintisiete de abril de dos mil veintidós, fecha y hora señaladas para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo 1358/2021, como se ordenó en auto de diecinueve de abril del año en curso, Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, con sede en San Bartolo Coyotepec, asistido de Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrarla, sin asistencia de las partes de manera física o a través de algún medio electrónico. Acto seguido, se declara abierta la audiencia, la secretaria hace relación de las constancias que existen en el expediente, entre las que se encuentran: escritos 1) de demanda y ampliación de la misma, 2) auto admisorio e 3) informes justificados rendidos por la autoridad responsable. Además, CERTIFICA que: a) Las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, como se les previno en auto admisorio. A lo anterior se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos conducentes. II. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al dictarse sentencia. Etapa de pruebas. Acto continuo, se abre el periodo de pruebas en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, en el que se hace relación de los medios de convicción ofrecidos por las partes: I. Pruebas parte quejosa. Las documentales en copia simple: Escrito con evidencias criptográficas de once de octubre de dos mil veintiuno, con fecha de turno de trece de octubre siguiente. Escrito con evidencias criptográficas de veintitrés de octubre de dos mil veintiuno, con fecha de turno de veinticuatro de noviembre siguiente. Recibo de nómina relativo a la quincena comprendida del uno de julio de dos mil veintiuno al quince de julio de ese año. II. Pruebas autoridad responsable, juez Séptimo de lo Familiar y Conclusión de Asuntos del Sexto Civil del distrito judicial del Centro, Oaxaca: Dos tomos de copias certificadas (Anexos I y II), deducidas del expediente 60/2021. Copia certificada de la constancia de notificación del proveído de catorce de enero del año en curso, efectuada a Fernando Jesús Toscano Cruz en el expediente 60/2021. . Al respecto, se acuerda: tomando en consideración que dichos medios de convicción fueron admitidos y desahogados durante la sustanciación de este juicio en razón de su especial naturaleza, serán ponderados al momento de dictarse la sentencia correspondiente. No existiendo diversos medios de convicción que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Abierto el período de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon; por lo que se cierra esta etapa; y, visto el expediente, se procede a dictar la siguiente resolución: PRAL.1358/2021.veintisiete de abril de dos mil veintidós VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1358/2021; y R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diez de diciembre de dos mil veintiuno en el buzón judicial ubicado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y turnado a este órgano jurisdiccional el trece del mismo mes y año Fernando Jesús Toscano Cruz, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la juez Séptimo de lo Familiar y Conclusión de asuntos del Sexto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, de quien reclamó los actos que serán precisados en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite de la demanda. En auto de cuatro de enero de dos mil veintidós, previo cumplimiento de la prevención formulada, se admitió a trámite la demanda promovida; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente corresponde y se solicitó el informe justificado a la autoridad señalada como responsable. TERCERO. Ampliación de demanda. El veinticinco de febrero de dos mil veintidós se tuvo a la parte quejosa ampliando la demanda de amparo inicialmente promovida. CUARTO. Emplazamiento tercera interesada. El veintinueve de marzo del año en curso se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada Jazmín Elena Martínez Moreno, el cual tuvo verificativo el cinco de abril siguiente. QUINTO. Audiencia constitucional. En proveído de diecinueve de abril del año en curso se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se celebró en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 49 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 46/2016 y 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este último que reformó el diverso Acuerdo General 3/2013 del mismo Pleno, por tratarse de un asunto de naturaleza civil, y la autoridad responsable tiene su residencia en Oaxaca de Juárez, esto es, dentro de la circunscripción territorial en la que este Juzgado de Distrito en materia mixta ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para lograr la fijación del acto reclamado debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda de amparo y de sus anexos, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad; sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente de manera que corresponde al juzgador armonizar, además de los datos que emanen del escrito inicial de demanda, toda la información del expediente del juicio de modo que se logre una administración de justicia eficiente, atendiendo no sólo a lo que se desprende de la demanda en su aspecto formal, sino en el aspecto material, dado que la armonía de estos elementos es lo que permitirá una correcta resolución de los asuntos. En el caso, de la lectura de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, así como de las constancias que integran este expediente, se advierte que la parte quejosa reclama: De la jueza Séptimo de lo Familiar y Conclusión de Asuntos del Sexto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca: a) La omisión de proveer los escritos de trece de octubre y veinticuatro de noviembre, ambos de dos mil veintiuno. b) El auto dictado el catorce de enero de dos mil veintidós, en el expediente 60/2021. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección- Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, página 1511, registro 1003226, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La juez Séptimo de lo Familiar y Conclusión de Asuntos del Sexto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, por conducto de la secretaria de acuerdos, al rendir el informe justificado, aceptó parcialmente la existencia de los actos reclamados. Empero, de las constancias deducidas del expediente 60/2021, remitida por la responsable en apoyo a su informe justificado, que tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en vigor, en términos de su artículo 2, adminiculadas con las manifestaciones de la autoridad responsable, permiten tener como plenamente evidenciado el acto reclamado a dicha autoridad, por tanto, se tiene por cierto el acto que se les atribuye. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo respecto al acto reclamado identificado con el punto I del considerando segundo. Sea que las partes lo aleguen o no, en el caso, se examinará si opera alguna causa de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. De la lectura de las constancias que integran este asunto se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de proveer los escritos de trece de octubre y veinticuatro de noviembre, ambos de dos mil veintiuno. En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". De la interpretación del citado precepto se puede advertir que la cesación de los efectos del acto reclamado implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido la situación jurídica que originó el juicio de amparo y, por tanto, desaparecido los efectos de dicha actuación de la autoridad, esto es, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia de aquél, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de los derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado. Por lo que al cesar los efectos del acto reclamado se restituye a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, como si la violación nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que éste no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso, haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del mismo. De las constancias remitidas en copia certificada por la autoridad responsable, se advierte que en auto de catorce de enero de dos mil veintidós acordó las peticiones del quejoso formuladas mediante ocursos de trece de octubre y veinticuatro de noviembre, ambos de dos mil veintiuno; determinando que no había lugar a dejar insubsistente la pensión alimenticia provisional decretada el veintidós de febrero de la pasada anualidad a favor de la tercera Jazmín Elena Martínez Moreno; por los motivos expuestos en dicha determinación. De ahí que cesaron los efectos del acto reclamado, pues se extinguió la violación al derecho fundamental que pudo haberse cometido con la abstención atribuida y las cosas volvieron al estado que tenían antes de esa vulneración, ya que la responsable acordó las peticiones formuladas por la parte quejosa mediante escritos de trece de octubre y veinticuatro de noviembre, ambos de dos mil veintiuno. En consecuencia, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de proveer los escritos de trece de octubre y veinticuatro de noviembre, ambos de dos mil veintiuno, conforme a lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en este juicio de amparo. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo respecto del acto reclamado, consistente en el acuerdo de catorce de enero de dos mil veintidós. Respecto del referido acto reclamado, dictado en el expediente 60/2021, del índice de la autoridad responsable, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. El numeral de referencia dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; - - -- ." El precepto normativo transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo indirecto cuando se reclamen resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y no se cumpla con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. El principio de referencia establece que, previo a acudir a la instancia constitucional, el gobernado (quejoso) debe agotar todos los recursos o medios ordinarios de defensa que la ley que rija al acto reclamado establezca para modificarlo, revocarlo o nulificarlo. Es decir, el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones judiciales cuando la ley conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, y el quejoso no lo haya hecho valer oportunamente. Asimismo, dispone que las únicas excepciones a esa causa de improcedencia específica, son: 1) que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional; 2) cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; 3) si el quejoso es una persona extraña al procedimiento; 4) cuando se trate del auto de vinculación a proceso; y 5) si la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, entonces el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Ahora, como se adelantó, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por las consideraciones siguientes: a) Jazmín Elena Martínez Moreno demandó en la vía de controversias del orden familiar a Fernando Jesús Toscano Cruz, la guarda y custodia provisional y definitiva de sus menores hijos, así como el pago de una pensión alimenticia provisional y definitiva. b) Demanda que correspondió conocer a la juez Séptimo de lo Familiar y conclusión de asuntos del Sexto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, quien el veintidós de febrero de dos mil veintiuno fijó como pensión alimenticia provisional el sesenta por cierto de su sueldo y demás prestaciones. c) El trece de octubre y veinticuatro de noviembre, ambos de dos mil veintiuno, Fernando Jesús Toscano Cruz solicitó ante la referida juez dejar insubsistente la pensión alimenticia provisional decretada a favor de Jazmín Elena Martínez Moreno, del doce por ciento de su sueldo y demás prestaciones. d) El catorce de enero de este año la juez Séptimo de lo Familiar y conclusión de asuntos del Sexto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca (foja 244, 253 a 256 del tomo anexo I), con base a lo solicitado por el quejoso, determinó: "En vista de lo anterior, atendiendo a que tanto el estudio socioeconómico y el informe rendido por el administrador desconcentrado de servicios al contribuyente Oaxaca "1" de la Administración General de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria hacen presumir que la actora Jazmín Elena Martínez Moreno percibe ingresos más no que su necesidad de percibir alimentos haya cesado y por ende que ya no necesita la pensión alimenticia provisional que tiene asignada en autos, ya que no basta demostrar que la acreedora alimentista se encuentra trabajando, sino que los ingresos que percibe son suficientes para satisfacer sus necesidades alimentarias, ya que el hecho que se encuentre laborando solo es indicio que lo que se le está proporcionando no es suficiente para satisfacer dichas necesidades y por tanto que se vio obligada a buscar un trabajo para lograrlo, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 323 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, no ha lugar a dejar insubsistente la pensión alimenticia provisional que se ordenó practicar en auto dictado el veintidós de febrero del año dos mil veintiuno a favor de Jazmín Elena Martínez Moreno sobre el salario que conforme a lo dispuesto por el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo percibe el demandado Fernando Jesús Toscano Cruz." La referida determinación constituye el acto reclamado en este juicio. Ahora, los artículos 666, 670, 673, 973 y 974 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca disponen: "Artículo 666.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. Artículo 670.- El recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. El superior debe revocar la resolución y ordenar la reposición del procedimiento a partir de la violación procesal que haya dejado sin defensa a las partes y trascienda al resultado del fallo. Artículo 673.- La apelación debe interponerse por escrito en el que se expresarán agravios. El recurso se hará valer ante el Juez que pronunció la resolución impugnada, acompañando las copias necesarias para el traslado. En el escrito de expresión de agravios el apelante deberá señalar casa para oír notificaciones precisamente en el lugar en que tenga su sede el Tribunal de apelación, y correo electrónico cuando solicite se le realicen por esta vía las notificaciones personales con el dispositivo de seguridad autorizado por el Poder Judicial; cuando un litigante no cumpla con este requisito, se le mandará requerir para que dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación del auto de requerimiento lo subsane, apercibiéndolo que de no hacerlo se le harán por medio de cédula. Los autos serán apelables cuando tengan fuerza de definitivos y cuando la Ley lo disponga, si además lo fuere la sentencia definitiva del juicio que se dicte. El plazo para apelar será de cinco días tratándose de autos y de diez días en caso de sentencia. Artículo 973.- En los juicios del orden familiar, el recurso de apelación se admitirá en el efecto devolutivo. Las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas, se ejecutarán sin fianza. Tratándose de alimentos no procederá suspender la pensión provisional o definitiva con fianza. Artículo 974.- Son procedentes en materia de recursos, todos los previstos en este Código y su tramitación se sujetara a las disposiciones generales del mismo". Los artículos transcritos prevén el recurso de apelación, que tiene por objeto que el Tribunal de Alzada confirme, revoque o modifique la resolución del inferior; en caso de revocar la resolución impugnada, se debe ordenar la reposición del procedimiento a partir de la violación procesal que haya dejado sin defensa a las partes y transcienda al resultado del fallo; en el entendido que en las controversias del orden familiar son procedentes todos los recursos y que los autos serán apelables cuando tengan fuerza de definitivos y cuando la ley lo disponga, si además lo fuere la sentencia definitiva del juicio que se dicte. Por su parte, el numeral 973 del código adjetivo en consulta señala que en materia de alimentos el recurso de apelación procede en el efecto devolutivo; asimismo, que las resoluciones sobre alimentos que fueren apelables, se ejecutarán sin fianza, sin embargo, tratándose de alimentos no procederá suspender la pensión provisional o definitiva con fianza. Bajo ese contexto, del análisis de dichos preceptos legales y del acto en estudio, se concluye que el acto reclamado por el quejoso puede impugnarse mediante el recurso de apelación, de conformidad con los normativos transcritos, ya que el auto que reclama se funda en el hecho de que la juez Séptimo de lo Familiar y conclusión de asuntos del Sexto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, en esencia, determinó improcedente la petición del quejoso de modificar la pensión alimenticia provisional decretada a favor de Jazmín Elena Martínez Moreno. De ahí que el proveído de catorce de enero de este año, dictado en el expediente familiar 60/2021, tiene fuerza de definitivo, al abordar un aspecto que no será materia de estudio al dictar sentencia definitiva, pues ésta si bien se ceñirá a la fijación de pensión alimenticia, lo cierto es que será respecto de la definitiva, lo que puede generar al quejoso un perjuicio de difícil reparación, dado que mientras dure el procedimiento seguirá pagando el sesenta por ciento de su sueldo y demás prestaciones, como pensión alimenticia provisional. En consecuencia, si el acto reclamado puede ser combatido mediante el recurso de apelación, resulta inconcuso que el quejoso previamente a promover la instancia constitucional, debió agotar el recurso ordinario aludido, para así observar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Sin que se surta alguna de las excepciones que prevé la fracción XVIII del referido normativo, consistentes en que: 1) el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; 2) cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; 3) cuando se trate del auto de vinculación a proceso; además de que 4) el quejoso no se ostenta ni tiene el carácter de persona extraña al procedimiento. Consecuentemente, se insiste, el juicio de amparo es improcedente en la medida en que el acuerdo reclamado, que negó la petición del quejoso de modificar la pensión alimenticia provisional, se trata de un proveído que tiene fuerza de definitivo, pues el gravamen que genera al quejoso no se abordará al dictar sentencia definitiva, sin que se actualice excepción alguna al principio de definitividad. Con la precisión que la determinación anterior se basa también en que el auto reclamado no es aquél en el que se fijó una pensión alimenticia provisional, la cual es de carácter urgente y transitoria, encaminada a satisfacer provisionalmente la necesidad de los menores de edad y su progenitora a recibir alimentos, cuya necesidad es ineludible e inaplazable y que, en esa medida, no admite recurso alguno, sólo el de responsabilidad, acorde con lo dispuesto en el artículo 962 del Código de Procedimientos Civiles del Estado; por el contrario, la determinación reclamada es la que impidió reducir o modificar la pensión alimenticia provisional, por lo cual no se traduce en una medida urgente pero sí tiene fuerza de definitivo, pues, como ya se dijo, el aspecto de no reducir o modificar la pensión no será materia de estudio al dictar sentencia definitiva, por lo que no le es aplicable el artículo 962, párrafo cuarto, del Código de Procedimientos Civiles de la entidad. Similar criterio sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 209/2018 en sesión de once de abril de dos mil diecinueve. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, lo procedente es sobreseer en el juicio, de conformidad con lo estatuido en el artículo 63, fracción V, de la citada ley. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo". Sobreseimiento que impide el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa; atento a la jurisprudencia II.3o.J/58 publicada en la foja 57 del tomo 70, octubre de 1993, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". SEXTO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Fernando Jesús Toscano Cruz, por propio derecho, contra a) la omisión de proveer los escritos de trece de octubre y veinticuatro de noviembre, ambos de dos mil veintiuno y b) el auto dictado el catorce de enero de dos mil veintidós, en el expediente 60/2021; atribuidos a la jueza Séptimo de lo Familiar y Conclusión de Asuntos del Sexto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca; por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos cuarto y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. Razón. En esta fecha se giraron los oficios 12389 y 12390 a las autoridades correspondientes. Conste. PRAL.1358/2021.veintisiete de abril de dos mil veintidósVISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1358/2021; y R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diez de diciembre de dos mil veintiuno en el buzón judicial ubicado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y turnado a este órgano jurisdiccional el trece del mismo mes y año Fernando Jesús Toscano Cruz, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la juez Séptimo de lo Familiar y Conclusión de asuntos del Sexto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, de quien reclamó los actos que serán precisados en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite de la demanda. En auto de cuatro de enero de dos mil veintidós, previo cumplimiento de la prevención formulada, se admitió a trámite la demanda promovida; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente corresponde y se solicitó el informe justificado a la autoridad señalada como responsable. TERCERO. Ampliación de demanda. El veinticinco de febrero de dos mil veintidós se tuvo a la parte quejosa ampliando la demanda de amparo inicialmente promovida. CUARTO. Emplazamiento tercera interesada. El veintinueve de marzo del año en curso se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada Jazmín Elena Martínez Moreno, el cual tuvo verificativo el cinco de abril siguiente. QUINTO. Audiencia constitucional. En proveído de diecinueve de abril del año en curso se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se celebró en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 49 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 46/2016 y 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este último que reformó el diverso Acuerdo General 3/2013 del mismo Pleno, por tratarse de un asunto de naturaleza civil, y la autoridad responsable tiene su residencia en Oaxaca de Juárez, esto es, dentro de la circunscripción territorial en la que este Juzgado de Distrito en materia mixta ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para lograr la fijación del acto reclamado debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda de amparo y de sus anexos, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad; sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente de manera que corresponde al juzgador armonizar, además de los datos que emanen del escrito inicial de demanda, toda la información del expediente del juicio de modo que se logre una administración de justicia eficiente, atendiendo no sólo a lo que se desprende de la demanda en su aspecto formal, sino en el aspecto material, dado que la armonía de estos elementos es lo que permitirá una correcta resolución de los asuntos. En el caso, de la lectura de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, así como de las constancias que integran este expediente, se advierte que la parte quejosa reclama: De la jueza Séptimo de lo Familiar y Conclusión de Asuntos del Sexto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca: a) La omisión de proveer los escritos de trece de octubre y veinticuatro de noviembre, ambos de dos mil veintiuno. b) El auto dictado el catorce de enero de dos mil veintidós, en el expediente 60/2021. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección- Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, página 1511, registro 1003226, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La juez Séptimo de lo Familiar y Conclusión de Asuntos del Sexto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, por conducto de la secretaria de acuerdos, al rendir el informe justificado, aceptó parcialmente la existencia de los actos reclamados. Empero, de las constancias deducidas del expediente 60/2021, remitida por la responsable en apoyo a su informe justificado, que tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en vigor, en términos de su artículo 2, adminiculadas con las manifestaciones de la autoridad responsable, permiten tener como plenamente evidenciado el acto reclamado a dicha autoridad, por tanto, se tiene por cierto el acto que se les atribuye. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo respecto al acto reclamado identificado con el punto I del considerando segundo. Sea que las partes lo aleguen o no, en el caso, se examinará si opera alguna causa de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. De la lectura de las constancias que integran este asunto se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de proveer los escritos de trece de octubre y veinticuatro de noviembre, ambos de dos mil veintiuno. En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". De la interpretación del citado precepto se puede advertir que la cesación de los efectos del acto reclamado implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido la situación jurídica que originó el juicio de amparo y, por tanto, desaparecido los efectos de dicha actuación de la autoridad, esto es, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia de aquél, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de los derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado. Por lo que al cesar los efectos del acto reclamado se restituye a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, como si la violación nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que éste no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso, haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del mismo. De las constancias remitidas en copia certificada por la autoridad responsable, se advierte que en auto de catorce de enero de dos mil veintidós acordó las peticiones del quejoso formuladas mediante ocursos de trece de octubre y veinticuatro de noviembre, ambos de dos mil veintiuno; determinando que no había lugar a dejar insubsistente la pensión alimenticia provisional decretada el veintidós de febrero de la pasada anualidad a favor de la tercera Jazmín Elena Martínez Moreno; por los motivos expuestos en dicha determinación. De ahí que cesaron los efectos del acto reclamado, pues se extinguió la violación al derecho fundamental que pudo haberse cometido con la abstención atribuida y las cosas volvieron al estado que tenían antes de esa vulneración, ya que la responsable acordó las peticiones formuladas por la parte quejosa mediante escritos de trece de octubre y veinticuatro de noviembre, ambos de dos mil veintiuno. En consecuencia, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de proveer los escritos de trece de octubre y veinticuatro de noviembre, ambos de dos mil veintiuno, conforme a lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en este juicio de amparo. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo respecto del acto reclamado, consistente en el acuerdo de catorce de enero de dos mil veintidós. Respecto del referido acto reclamado, dictado en el expediente 60/2021, del índice de la autoridad responsable, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. El numeral de referencia dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; - - -- ." El precepto normativo transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo indirecto cuando se reclamen resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y no se cumpla con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. El principio de referencia establece que, previo a acudir a la instancia constitucional, el gobernado (quejoso) debe agotar todos los recursos o medios ordinarios de defensa que la ley que rija al acto reclamado establezca para modificarlo, revocarlo o nulificarlo. Es decir, el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones judiciales cuando la ley conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, y el quejoso no lo haya hecho valer oportunamente. Asimismo, dispone que las únicas excepciones a esa causa de improcedencia específica, son: 1) que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional; 2) cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; 3) si el quejoso es una persona extraña al procedimiento; 4) cuando se trate del auto de vinculación a proceso; y 5) si la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, entonces el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Ahora, como se adelantó, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por las consideraciones siguientes: a) Jazmín Elena Martínez Moreno demandó en la vía de controversias del orden familiar a Fernando Jesús Toscano Cruz, la guarda y custodia provisional y definitiva de sus menores hijos, así como el pago de una pensión alimenticia provisional y definitiva. b) Demanda que correspondió conocer a la juez Séptimo de lo Familiar y conclusión de asuntos del Sexto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, quien el veintidós de febrero de dos mil veintiuno fijó como pensión alimenticia provisional el sesenta por cierto de su sueldo y demás prestaciones. c) El trece de octubre y veinticuatro de noviembre, ambos de dos mil veintiuno, Fernando Jesús Toscano Cruz solicitó ante la referida juez dejar insubsistente la pensión alimenticia provisional decretada a favor de Jazmín Elena Martínez Moreno, del doce por ciento de su sueldo y demás prestaciones. d) El catorce de enero de este año la juez Séptimo de lo Familiar y conclusión de asuntos del Sexto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca (foja 244, 253 a 256 del tomo anexo I), con base a lo solicitado por el quejoso, determinó: "En vista de lo anterior, atendiendo a que tanto el estudio socioeconómico y el informe rendido por el administrador desconcentrado de servicios al contribuyente Oaxaca "1" de la Administración General de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria hacen presumir que la actora Jazmín Elena Martínez Moreno percibe ingresos más no que su necesidad de percibir alimentos haya cesado y por ende que ya no necesita la pensión alimenticia provisional que tiene asignada en autos, ya que no basta demostrar que la acreedora alimentista se encuentra trabajando, sino que los ingresos que percibe son suficientes para satisfacer sus necesidades alimentarias, ya que el hecho que se encuentre laborando solo es indicio que lo que se le está proporcionando no es suficiente para satisfacer dichas necesidades y por tanto que se vio obligada a buscar un trabajo para lograrlo, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 323 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, no ha lugar a dejar insubsistente la pensión alimenticia provisional que se ordenó practicar en auto dictado el veintidós de febrero del año dos mil veintiuno a favor de Jazmín Elena Martínez Moreno sobre el salario que conforme a lo dispuesto por el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo percibe el demandado Fernando Jesús Toscano Cruz." La referida determinación constituye el acto reclamado en este juicio. Ahora, los artículos 666, 670, 673, 973 y 974 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca disponen: "Artículo 666.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. Artículo 670.- El recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. El superior debe revocar la resolución y ordenar la reposición del procedimiento a partir de la violación procesal que haya dejado sin defensa a las partes y trascienda al resultado del fallo. Artículo 673.- La apelación debe interponerse por escrito en el que se expresarán agravios. El recurso se hará valer ante el Juez que pronunció la resolución impugnada, acompañando las copias necesarias para el traslado. En el escrito de expresión de agravios el apelante deberá señalar casa para oír notificaciones precisamente en el lugar en que tenga su sede el Tribunal de apelación, y correo electrónico cuando solicite se le realicen por esta vía las notificaciones personales con el dispositivo de seguridad autorizado por el Poder Judicial; cuando un litigante no cumpla con este requisito, se le mandará requerir para que dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación del auto de requerimiento lo subsane, apercibiéndolo que de no hacerlo se le harán por medio de cédula. Los autos serán apelables cuando tengan fuerza de definitivos y cuando la Ley lo disponga, si además lo fuere la sentencia definitiva del juicio que se dicte. El plazo para apelar será de cinco días tratándose de autos y de diez días en caso de sentencia. Artículo 973.- En los juicios del orden familiar, el recurso de apelación se admitirá en el efecto devolutivo. Las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas, se ejecutarán sin fianza. Tratándose de alimentos no procederá suspender la pensión provisional o definitiva con fianza. Artículo 974.- Son procedentes en materia de recursos, todos los previstos en este Código y su tramitación se sujetara a las disposiciones generales del mismo". Los artículos transcritos prevén el recurso de apelación, que tiene por objeto que el Tribunal de Alzada confirme, revoque o modifique la resolución del inferior; en caso de revocar la resolución impugnada, se debe ordenar la reposición del procedimiento a partir de la violación procesal que haya dejado sin defensa a las partes y transcienda al resultado del fallo; en el entendido que en las controversias del orden familiar son procedentes todos los recursos y que los autos serán apelables cuando tengan fuerza de definitivos y cuando la ley lo disponga, si además lo fuere la sentencia definitiva del juicio que se dicte. Por su parte, el numeral 973 del código adjetivo en consulta señala que en materia de alimentos el recurso de apelación procede en el efecto devolutivo; asimismo, que las resoluciones sobre alimentos que fueren apelables, se ejecutarán sin fianza, sin embargo, tratándose de alimentos no procederá suspender la pensión provisional o definitiva con fianza. Bajo ese contexto, del análisis de dichos preceptos legales y del acto en estudio, se concluye que el acto reclamado por el quejoso puede impugnarse mediante el recurso de apelación, de conformidad con los normativos transcritos, ya que el auto que reclama se funda en el hecho de que la juez Séptimo de lo Familiar y conclusión de asuntos del Sexto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, en esencia, determinó improcedente la petición del quejoso de modificar la pensión alimenticia provisional decretada a favor de Jazmín Elena Martínez Moreno. De ahí que el proveído de catorce de enero de este año, dictado en el expediente familiar 60/2021, tiene fuerza de definitivo, al abordar un aspecto que no será materia de estudio al dictar sentencia definitiva, pues ésta si bien se ceñirá a la fijación de pensión alimenticia, lo cierto es que será respecto de la definitiva, lo que puede generar al quejoso un perjuicio de difícil reparación, dado que mientras dure el procedimiento seguirá pagando el sesenta por ciento de su sueldo y demás prestaciones, como pensión alimenticia provisional. En consecuencia, si el acto reclamado puede ser combatido mediante el recurso de apelación, resulta inconcuso que el quejoso previamente a promover la instancia constitucional, debió agotar el recurso ordinario aludido, para así observar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Sin que se surta alguna de las excepciones que prevé la fracción XVIII del referido normativo, consistentes en que: 1) el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; 2) cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; 3) cuando se trate del auto de vinculación a proceso; además de que 4) el quejoso no se ostenta ni tiene el carácter de persona extraña al procedimiento. Consecuentemente, se insiste, el juicio de amparo es improcedente en la medida en que el acuerdo reclamado, que negó la petición del quejoso de modificar la pensión alimenticia provisional, se trata de un proveído que tiene fuerza de definitivo, pues el gravamen que genera al quejoso no se abordará al dictar sentencia definitiva, sin que se actualice excepción alguna al principio de definitividad. Con la precisión que la determinación anterior se basa también en que el auto reclamado no es aquél en el que se fijó una pensión alimenticia provisional, la cual es de carácter urgente y transitoria, encaminada a satisfacer provisionalmente la necesidad de los menores de edad y su progenitora a recibir alimentos, cuya necesidad es ineludible e inaplazable y que, en esa medida, no admite recurso alguno, sólo el de responsabilidad, acorde con lo dispuesto en el artículo 962 del Código de Procedimientos Civiles del Estado; por el contrario, la determinación reclamada es la que impidió reducir o modificar la pensión alimenticia provisional, por lo cual no se traduce en una medida urgente pero sí tiene fuerza de definitivo, pues, como ya se dijo, el aspecto de no reducir o modificar la pensión no será materia de estudio al dictar sentencia definitiva, por lo que no le es aplicable el artículo 962, párrafo cuarto, del Código de Procedimientos Civiles de la entidad. Similar criterio sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 209/2018 en sesión de once de abril de dos mil diecinueve. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, lo procedente es sobreseer en el juicio, de conformidad con lo estatuido en el artículo 63, fracción V, de la citada ley. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo". Sobreseimiento que impide el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa; atento a la jurisprudencia II.3o.J/58 publicada en la foja 57 del tomo 70, octubre de 1993, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". SEXTO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Fernando Jesús Toscano Cruz, por propio derecho, contra a) la omisión de proveer los escritos de trece de octubre y veinticuatro de noviembre, ambos de dos mil veintiuno y b) el auto dictado el catorce de enero de dos mil veintidós, en el expediente 60/2021; atribuidos a la jueza Séptimo de lo Familiar y Conclusión de Asuntos del Sexto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca; por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos cuarto y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
Quedan 19 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · 6,688 expedientes
- Fernando de Jesús Toscano Cruz791/2021
- Fernando Emmanuel Canseco Aquino293/2021
- Fernando Ezequiel Rojas Pacheco693/2020
- Fernando Fausto Reyes Vásquez899/2019
- Fernando García Fentanes1030/2023
- Fernando Hernández Hernández1282/2022
- Fernando José Vásquez Quintas626/2023
- Fernando Linares Carrillo715/2019
- Fernando Linares Carrillo683/2021
- Fernando Luis García Hernández229/2016
- Fernando Mario Mendoza Rosas60/2019
- Fernando Medina Sandoval795/2017