Fernando Espino González

Expediente 1155/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1155/2015
Año
2015
Actuaciones
10
Última actuación
12/11/2018

Partes del expediente

  • Fernando Espino González
  • Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Incidental

    VISTOS para resolver el incidente de daños y perjuicios dentro de los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto 1155/2015.1155/2015 RESULTANDO PRIMERO. Demanda incidental. En escrito presentado en la Oficialía de Partes de este juzgado el once de abril de dos mil dieciocho, la tercera interesada Karina Bustos Peñaloza, compareció a promover incidente de daños y perjuicios con motivo de la suspensión definitiva otorgada al quejoso (68-69). SEGUNDO. Trámite del incidente. En proveído de dos de octubre de dos mil dieciocho (con motivo de la suspensión al procedimiento decretada en autos), este juzgado de Distrito admitió a trámite el incidente de daños y perjuicios, promovido por la tercera interesada y ordenó dar vista a la parte quejosa y a los diversos terceros interesados, para que manifestaran lo que a su interés conviniera y ofreciera las pruebas que estimaran pertinentes (foja 71). Mediante ocurso de ocho de octubre de dos mil dieciocho, la tercera interesada Verónica Castro Calixto, dio contestación al escrito de daños y perjuicios promovido por la tercera interesada Karina Bustos Peñaloza y manifestó en esencia no tener interés alguno en reclamar la garantía impuesta al quejoso para suspender el acto reclamado (foja 79). En auto de veintidós de octubre de dos mil dieciocho, este juzgado señaló las nueve horas con treinta y cinco minutos del treinta de octubre de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia incidental a que se refiere el artículo 67 de la Ley de Amparo; en donde se tuvo a la incidentista ofreciendo como pruebas de su parte, la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, quedando los autos en estado de resolución (foja 95). C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un incidente de daños y perjuicios derivado del incidente de suspensión en que se actúa, en el que se concedió al quejoso la suspensión definitiva. SEGUNDO. Estudio del incidente de daños y perjuicios. En principio, importa destacar que de conformidad con el artículo 156 de la ley de la materia, el incidente de daños y perjuicios tiene como finalidad resarcir al tercero interesado de los daños y perjuicios que pudo haberle ocasionado la concesión de la suspensión al quejoso en el juicio de amparo. De ahí que su procedencia se encuentra condicionada a que se acredite: I. La existencia de un tercero interesado; II. Que el otorgamiento de la suspensión se haya condicionado a la exhibición de una garantía; III. Que se dicte una sentencia firme que no hubiese resultado favorable al quejoso; y, IV. Que el tercero interesado acredite haber resentido daños o perjuicios con motivo de la medida suspensional, para lo cual, además, deberá acreditarse el vínculo que existe entre los daños y perjuicios con el otorgamiento de la medida suspensiva. Así lo corrobora el contenido del criterio I.3o.C.120 K (9a.) sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3, visible en la página 1983, de rubro y texto siguiente: "DAÑOS Y PERJUICIOS. BASTA LA CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN Y LA NEGATIVA O SOBRESEIMIENTO DEL AMPARO PARA QUE SE ACTUALICE EL PAGARLOS. Este órgano jurisdiccional abandona el criterio contenido en la tesis I.3o.C.47 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, abril de 2003, página 1144, de rubro: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PRESUPUESTOS DE EXISTENCIA Y EFICACIA DEL INCIDENTE PARA HACER EFECTIVA LA RESPONSABILIDAD PROVENIENTE DE LA GARANTÍA OTORGADA CON MOTIVO DE AQUÉLLA.", toda vez que una nueva reflexión sobre el tema lleva a sostener que si bien es cierto que de una interpretación armónica de los artículos 125 y 129 de la Ley de Amparo, para estar en posibilidad de exigir el pago de la garantía otorgada para garantizar los posibles daños y perjuicios que se ocasionaran con motivo de la suspensión del acto reclamado, es necesario que el incidentista demuestre la existencia y cuantificación de los daños y perjuicios causados por el otorgamiento de la medida cautelar, también lo es que para acreditar los perjuicios (no daños) que fueron ocasionados con ese motivo, la parte incidentista sólo debe acreditar los elementos que conduzcan al juzgador a establecer la procedencia del derecho en el que se fundó una pretensión, puesto que esa sola circunstancia es suficiente para declarar fundado el incidente dada la naturaleza de la prueba presuncional legal, ya que ésta no exige otra prueba diversa para probar el perjuicio resentido con motivo del otorgamiento de la suspensión del acto reclamado. Ello, toda vez que basta el transcurso del tiempo para acreditarlo ya que en este caso, los perjuicios deben entenderse como la existencia de un daño emergente consistente en un lucro cesante con motivo de éste y su lógica reparación. En ese tenor, la procedencia del incidente para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía otorgada con motivo de la suspensión está condicionada a la satisfacción de los siguientes elementos de existencia y eficacia: 1) La presencia de un tercero perjudicado en el respectivo juicio de garantías; 2) El otorgamiento de la medida cautelar, cuya vigencia de sus efectos se hubiere condicionado a la exhibición de una garantía; 3) La emisión de una sentencia constitucional que no hubiere resultado favorable al quejoso o acuerdo de sobreseimiento que hubiere causado ejecutoria o revista esa característica y; 4) La demostración plena a cargo del incidentista de haber resentido daños o perjuicios con motivo de la suspensión decretada". Ahora bien, el cuatro de diciembre de dos mil quince, este juzgado admitió a trámite la demanda de amparo, promovida por Fernando Espino González, misma que registró con el número 1155/2015, y como la parte quejosa solicitó la suspensión de los actos reclamados, ordenó formar, por separado y duplicado, el incidente de suspensión. En proveído de esa misma fecha, se dio inicio al incidente de suspensión y se concedió al quejoso, la suspensión provisional de uno de los actos reclamados, y mediante resolución de once de diciembre de dos mil quince, por una parte se negó y por otra se concedió la suspensión definitiva, los efectos de la medida cautelar fueron para que dentro del juicio laboral de origen se mantuvieran las cosas en el estado que guardaban y no se ordenara la escrituración y entrega del bien inmueble rematado. Seguido el juicio de amparo por todas sus etapas, mediante sentencia de diez de febrero de dos mil dieciséis, se sobreseyó en el juicio promovido por el quejoso. Inconforme con la resolución emitida se interpuso recurso de revisión, mediante el cual se revocó la sentencia y se ordenó reponer el procedimiento. Seguidos los lineamientos del Tribunal Colegiado, se dictó un nuevo fallo en el que nuevamente se sobreseyó en el juicio. Así, la parte quejosa nuevamente se inconformó en contra del fallo dictado en el juicio de amparo indirecto. Del recurso de revisión conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito y en sesión de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete se confirmó el fallo emitido por este órgano de control constitucional. Posteriormente, la parte quejosa promovió recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal medio de impugnación según se advierte del oficio remitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, fue desechado por notoriamente improcedente. El trámite del incidente de daños y perjuicios se inició con motivo de la promoción de la tercera interesada Karina Bustos Peñaloza, quien en el juicio de amparo del que deriva este incidente tiene plenamente reconocida su personalidad, por lo que se encuentra satisfecho el primer requisito. Asimismo, se cumple la segunda exigencia, puesto que el quejoso exhibió el billete de depósito N 742917 por la cantidad de cinco mil pesos, a fin de cumplir con el requisito de efectividad impuesto en la medida cautelar otorgada. De igual manera, el tercer requisito se encuentra acreditado, pues de los antecedentes que informan el asunto se advierte que la parte quejosa no obtuvo una sentencia favorable a sus intereses. En esta tesitura, con los antecedentes narrados se aprecia que se reúnen los tres aspectos esenciales de procedibilidad para los incidentes de daños y perjuicios. Sin embargo, como ya se precisó, es infundado el incidente de daños planteado por la tercera interesada, ya que en autos no se encuentra demostrado el último de los elementos indicados, consistente en la demostración plena a cargo de la incidentista de haber resentido daños y perjuicios con motivo de la suspensión decretada. En esa medida, el daño y perjuicio a que se refiere el artículo 132 de la Ley de Amparo, atendiendo a la definición que de tales conceptos prevén los artículos 2108 y 2109 del Código Civil Federal, consiste en el interés material que se afecta directamente por la concesión de la suspensión. En esas condiciones debe entenderse que los daños y perjuicios son el menoscabo del poder adquisitivo por el diferimiento del pago a que se tenía derecho, así como la privación de las ganancias lícitas que obtendría el tercero interesado con motivo de tener bajo su dominio el bien inmueble materia del juicio de origen, durante el tiempo que durara el efecto de la suspensión definitiva concedida en el juicio de amparo. De igual forma, es pertinente destacar que la carga probatoria, tratándose del incidente de daños y perjuicios como el que nos ocupa, corre a cargo de quien lo promueve y consiste en que la promovente debe acreditar fehacientemente esos daños o perjuicios que le produjo la concesión de la suspensión definitiva del acto reclamado. Lo anterior significa que para poder reclamar el pago de los daños y perjuicios, la incidentista necesariamente deberá probar plenamente la existencia de los daños y perjuicios que le hubieran causado con motivo de la suspensión concedida al quejoso, que no pueden derivarse de situaciones hipotéticas, es decir, para poder reclamar el pago de los daños y perjuicios, la incidentista necesariamente deberá probar su existencia y el monto de ellos, pues no basta la mera afirmación de que con motivo de la suspensión definitiva concedida se materializaron los daños y perjuicios, sino que deben probarse independiente, ya que sostener lo contrario conduciría a decretar una condena en forma automática aún en aquellos casos en que no se resintió ninguna de las afectaciones descritas. Con la pretensión de corroborar su afirmación, y por ende, la afectación y generación de daños y perjuicios la incidentista ofertó los siguientes medios de convicción: Instrumental pública de actuaciones. Presuncional legal y humana. Medios de convicción que resultan insuficientes para demostrar la existencia de daños y perjuicios reclamados por la incidentista, toda vez que no aporta prueba alguna que demuestre el haber resentido daños o perjuicios con motivo de la medida suspensional concedida en autos. Toda vez que la instrumental de actuaciones que refiere, es lo relativo a todas las constancias que obran en autos, tanto del juicio principal, como del incidente de suspensión relativos al juicio 1155/2017, y la presuncional aludida, es lo referente a los hechos conocidos en dichos cuadernos, por tanto, no son pruebas que demuestren como ya se mencionó los daños y perjuicios ocasionados a la incidentista. De los principios que de ella derivan se cita la tesis de jurisprudencia 1a./J.80/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Materia: Común, Civil, página 148, de rubro y texto siguientes: "DAÑOS Y PERJUICIOS EN EL INCIDENTE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE AMPARO. HECHOS QUE DEBE DEMOSTRAR EL TERCERO PERJUDICADO RARA ACREDITARLOS CUANDO, ANTE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, NO PUDO DISPONER DEL INMUEBLE CONTROVERTIDO. El artículo 129 de la Ley de Amparo prevé el incidente de daños y perjuicios para hacer efectiva la responsabilidad derivada de las garantías que se otorguen con motivo de la suspensión concedida en el juicio de amparo biinstancial, en cuya tramitación el tercero perjudicado debe cumplir con las cargas que le impone la propia ley. En ese caso, para ver acogida su pretensión, el actor incidentista tiene la carga, primero, de manifestar en los hechos de su escrito incidental en qué consistió el daño o el perjuicio causado, así como justificar su relación directa con la suspensión del acto reclamado y, en segundo término, demostrar sus afirmaciones, pues en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo de sus excepciones. En esa narración de hechos es importante conocer si el tercero perjudicado sustenta su pretensión en la generación de daños o de perjuicios, cada uno con una naturaleza jurídica distinta, pues mientras que los primeros se refieren al menoscabo sufrido en el patrimonio del demandante (hecho cierto), los segundos corresponden a las ganancias lícitas que debieron haberse obtenido (hecho probable). Así, para demostrar los daños aducidos y que éstos son consecuencia inmediata y directa de la suspensión concedida en el juicio de amparo, se hace necesaria la demostración del hecho, acto o situación concreta que los generó, pues sólo así el juzgador está en aptitud de constatar, en primer orden, si éstos efectivamente se produjeron y, en segundo lugar, si existe un vínculo entre ellos y la medida cautelar concedida. En cuanto a la demostración de los perjuicios, no es necesario que el tercero perjudicado mencione un acto específico que se vio frustrado ante la imposibilidad de disponer del inmueble; basta con que realice una exposición razonada para explicar con hechos creíbles de dónde surgiría la ganancia de la que, en su concepto, se vio privado y aportar datos que revelen claramente la probabilidad para definir, de modo verosímil y aceptable que, en efecto, de haber tenido la disposición del inmueble se habrían generado las ganancias indicadas, esto, en el entendido de que también ha de proporcionar las bases para su cuantificación y probarlas. Entonces, en la resolución del incidente a que se refiere el artículo 129 de la Ley de Amparo, el juzgador debe atender a los hechos en que se sustenta la pretensión para evaluar qué extremos debe colmar el actor incidentista". En ese orden de ideas, la tercera interesada no demostró haber resentido daños y perjuicios con la concesión de la suspensión decretada en el juicio de amparo, pues refiere que se le ocasionaron daños con la medida suspensional otorgada en razón de que la parte quejosa no obtuvo una sentencia favorable a sus intereses, empero, ello no basta, ni con ello es posible corroborar la afectación a su patrimonio, ni las ganancias lícitas que dejó de percibir con motivo de la suspensión definitiva decretada en autos. Por tanto, los medios de prueba ofrecidos, son ineficaces para acreditar la materialización de algún daño o perjuicio ocasionado con la concesión de la medida cautelar, debido a que no se demostró que la causa (otorgamiento de la suspensión) y el efecto, le ocasionaron daños y perjuicios; pues tal circunstancia no se encuentra acreditada en autos. Por lo que ante tal circunstancia, carecen de trascendencia sus manifestaciones, pues éstas por sí mismas, no son constitutivas de una situación concreta y actualizada, ni prueban de modo alguno la cuantificación de los daños y perjuicios causados o su existencia, ni el importe de los mismos. En consecuencia, al no haberse acreditado que la tercera interesada, sufrió algún daño o perjuicio con motivo de la medida cautelar concedida al quejoso, se declara infundado el incidente que promovió. TERCERO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito, aprobado en sesión de ocho de agosto de dos mil siete, se ordena la captura de la presente sentencia en el aludido sistema. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 66, 67 y 156 de Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Es infundado el incidente de daños y perjuicios, promovido por Karina Bustos Peñaloza. SEGUNDO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de este fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, el día de hoy doce de noviembre de dos mil dieciocho, ante el secretario Carlos Fernando Cabrera López, con quien actúa y da fe.

  2. Incidental

    Morelia, Michoacán, veinticinco de octubre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. Diferimiento. Visto el estado de autos y toda vez que no obran las notificaciones relativas al proveído de veintidós de octubre de dos mil dieciocho. En consecuencia, se difiere la audiencia de alegatos relativa al incidente de daños y perjuicios admitido en autos, y en su lugar, se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para su verificativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.

  3. Incidental

    Morelia, Michoacán, veintidós de octubre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. Se cita para audiencia alegatos. Vista la certificación secretarial que antecede; se advierte que transcurrió el término concedido a las partes, en auto de dos de octubre de dos mil dieciocho, de conformidad al artículo 67 de la Ley de Amparo; consecuentemente, con fundamento en el citado numeral cítese a las partes para audiencia de alegatos relativa al incidente de daños y perjuicios admitido en autos. Por tanto, se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para la celebración de la misma. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LAS PARTES. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA AL TERCEROS INTERESADOS --- LA DETERMINACIÓN DE VEINTIDOS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO QUE DICE: Morelia, Michoacán, veintidós de octubre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. Se cita para audiencia alegatos. Vista la certificación secretarial que antecede; se advierte que transcurrió el término concedido a las partes, en auto de dos de octubre de dos mil dieciocho, de conformidad al artículo 67 de la Ley de Amparo; consecuentemente, con fundamento en el citado numeral cítese a las partes para audiencia de alegatos relativa al incidente de daños y perjuicios admitido en autos. Por tanto, se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para la celebración de la misma. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LAS PARTES. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.

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