Fernando Gustavo Arce Castilla
Expediente 1/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 15/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Fernando Gustavo Arce Castilla
- Silvia Desideria Cortes Castillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
Mérida, Yucatán, quince de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término con en el que contaban las partes para que se inconformaran contra el proveído que declaró cumplida la Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018; por tal motivo y en virtud de que no ejercieron ese derecho, téngase a éstas conformes con el cumplimiento de la denuncia de mérito; por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto totalmente concluido. Conforme al artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que en virtud de que se declaró fundada la Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018, se declara que el presente asunto es susceptible de conservación, el cual será transferido una vez que transcurra el plazo de tres años, contados a partir de esta fecha. Por otro lado, se hace notar que no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán estar digitalizadas de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente, en el sentido de que este asunto es conservable. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
Mérida, Yucatán, veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que obra el oficio signado por la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso, adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, en representación del Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios y del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, con sede en la Ciudad de México y anexo que acompaña, mismo que ya obra en los presentes autos, con el cual informa en relación al cumplimiento de la resolución dictada en la Denuncia por Incumplimiento a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018; y dado que mediante proveído de ocho de mayo del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con dicha documentación para que en el término de tres días hábiles, manifestara lo que a su derecho conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la resolución con base en los elementos que obraran en este expediente y de los datos aportados por las responsables, sin que a la presente fecha hubiere hecho manifestación alguna al respecto; consecuentemente, este Órgano de Control Constitucional procede a resolver, si, de acuerdo con las constancias de autos, la invocada resolución de Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018, ha sido cumplida, o no; lo antes expuesto encuentra apoyo en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo. En este sentido es importante asentar que por resolución de tres de abril del presente año, dictada en el presente asunto, se declaró fundada la Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018, promovida por Fernando Gustavo Arce Castilla, por derecho propio, contra un acto del Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud (COFEPRIS), con residencia en la Ciudad de México. De manera que la autoridad responsable estaba obligada a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos siguientes: ".Deje insubsistente el oficio 223301EL355480, de quince de febrero de dos mil veintitrés, mediante el cual determinó su imposibilidad para pronunciarse respecto de la petición que formuló la parte denunciante para el consumo individual de cannabis identificado como "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas. Dicte otro en el cual, sin aplicar implícita ni explícitamente, los artículos 234, último párrafo y 247, último párrafo, declarados inconstitucionales mediante la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelva la solicitud de la gobernada, es decir, de no advertir alguna irregularidad o causa diversa de improcedencia en cuanto a los requisitos de la solicitud, deberá emitir una nueva determinación en los términos indicados en la jurisprudencia de que se ha dado noticia. Es importante señalar que esta resolución no implica que la parte justiciable pueda sembrar semillas de marihuana, cultivar y cosechar las plantas producto de ellas, utilizar o consumir la planta en sí o sus derivados en lugares públicos como restaurantes, parques, instalaciones deportivas, espacios destinados para fumadores, la vía pública, locales o establecimientos cerrados, industrias, empresas, vehículos de transporte público de pasajeros; en instituciones escolares públicas o privadas de cualquier nivel educativo; en establecimientos particulares y públicos en los que se proporcione atención directa al público, oficinas de cualquier dependencia gubernamental federal o local, hospitales, clínicas o centros de salud, cines, teatros o auditorios y todos los espacios cerrados en donde se presenten espectáculos de acceso público o cualquier otro lugar que expresamente sea señalado en la autorización correspondiente siempre que no sea contrario al sentido de esta sentencia. Además, se indica que la autorización que, en su caso, se expida no comprenderá el consumo personal en lugares públicos, ni su uso en perjuicio de menores o terceros que no hayan brindado su autorización de forma expresa, ni tampoco deberá permitir que se expida autorización a favor del denunciante para llevar a cabo actos de comercio ilícito o narcotráfico, suministro gratuito o cualquier acto que no tenga relación con el consumo personal de marihuana por adultos en espacios privados; aunado a que deberá ajustarse a lo ordenado por el Máximo Tribunal, y considerando solo la materia de la declaratoria general de inconstitucionalidad. Finalmente, debe precisarse que la presente resolución no constituye por sí misma la autorización para llevar a cabo el consumo personal de marihuana ni de los actos para materializarlo, pues la autorización respectiva se otorgará por la autoridad competente de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios que debe dar cumplimiento a este fallo, en los términos señalados por dicha declaratoria.". Así, de las constancias que obran en este sumario, se advierte que la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso, adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, en representación del Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios y del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, con sede en la Ciudad de México, manifestó haber dado cumplimiento a la sentencia de Denuncia por Incumplimiento a la citada Declaratoria. Lo anterior es así, dado que remitió un oficio, adjuntando copia certificada de la autorización con número de oficio COFEPRIS-CAS-DEREPSQ-11828-2023, de veinticinco de abril del año en curso, del que se advierte que se dejó insubsistente el oficio con número de trámite 223301EL355480, y emitió otro, en el que no se aplicó Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018; siendo que el citado oficio COFEPRIS-CAS-DEREPSQ-11828-2023, se entregó a la parte quejosa. En virtud de lo anterior, tal como lo desprende la información antes mencionada, se aprecia que la responsable acató la sentencia de mérito, pues emitió un oficio en el que no se aplicó la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018, y se dejó insubsistente el oficio 223301EL355480, lo cual incluso se notificó a la parte quejosa. De ahí que la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, ha dado cumplimiento a la resolución de Denuncia por Incumplimiento a la citada Declaratoria, cuenta habida que se emitió el oficio COFEPRIS-CAS-DEREPSQ-11828-2023, en el que no se aplicó la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018, y se dejó insubsistente el anterior. Por tanto, se determina que se ha cumplido en su totalidad la resolución de mérito, sin excesos ni defectos. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
Mérida, Yucatán, ocho de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el oficio remitido vía electrónica por la autoridad denunciada Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso, adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, en representación del Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios y del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, con sede en la Ciudad de México y anexo que acompaña, mediante el cual hace diversas manifestaciones. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa en este asunto, con la documentación de cuenta, por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que quede debidamente notificado de este acuerdo, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con la forma en que la responsable dio cumplimiento al fallo protector, haciéndole entrega del oficio COFEPRIS-CAS DEREPSQ11828-2023, de veinticinco de abril del año en curso; apercibido que en caso de ser omiso dentro del término para ello concedido, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Finalmente, se hace saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
En Mérida, Yucatán, a tres de abril de dos mil veintitrés. VISTOS los autos para la Denuncia por Incumplimiento a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad IV. 1/2023, promovida por FERNANDO GUSTAVO ARCE CASTILLA, por derecho propio, contra un acto de la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud (COFEPRIS), con residencia en la Ciudad de México. ANTECEDENTES PRIMERO. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, FERNANDO GUSTAVO ARCE CASTILLA, por derecho propio, denunció el incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. SEGUNDO. Por razón de turno, el conocimiento del asunto correspondió a este Juzgado, el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. TERCERO. Una vez recibida la denuncia por el incumplimiento a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por acuerdo de uno de marzo de dos mil veintitrés, se ordenó su registro con el número 1/2023-IV, la cual se admitió a trámite, se dio la intervención legal que compete a la Agente del Ministerio Público Federal adscrito; asimismo, se solicitó a la autoridad su informe con relación a la denuncia. CUARTO. Una vez que la autoridad denunciada rindió su informe y allegó las constancias requeridas, por acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes, a fin de que realizaran las manifestaciones que consideraran oportunas. Transcurrida la vista otorgada a las partes, mediante acuerdo de treinta de marzo de dos mil veintitrés, se turnaron los autos del presente asunto para efecto de emitir la resolución que en derecho corresponda. CONSIDERACIONES PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora es legalmente competente para conocer y resolver la presente Denuncia por Incumplimiento a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 47, párrafo tercero, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 210 , fracción I, de la Ley de Amparo; 49 y 57, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, debido a que, se denuncia un acto que no requiere de ejecución material y la denunciante reside dentro de la jurisdicción de este Juzgado Federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO DENUNCIADO. El acto denunciado materia de litis es el siguiente: De la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), el incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir el oficio 223301EL355480, de quince de febrero de dos mil veintitrés, mediante el cual, esencialmente refirió encontrarse imposibilitada para evaluar su petición para obtenerte una autorización para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis" y del psicotrópico "THC", en conjunto conocido como marihuana. Tal ocurso, se transcribe a continuación: "(.) en relación a su escrito presentado en el Centro Integral de Servicios de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios el día nueve de diciembre de dos mil veintidós, al que le correspondió el número de entrada 223301EL355480, mediante el cual solicita medularmente autorización para llevar a cabo actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis con fines lúdicos o recreativos se le informa lo siguiente, Si bien el 15 de julio de 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018, donde se remueven los obstáculos jurídicos para permitir la autorización del consumo personal y regular con fines meramente lúdicos o recreativos, exclusivamente, del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico THC (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocidos como "marihuana", al día de hoy, esta Unidad Administrativa no cuenta con los elementos normativos para brindar la atención a este tipo de peticiones. Cabe señalar, que mediante proveído del 28 de junio de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación exhortó al Congreso de la Unión a legislar respecto al autoconsumo recreativo de cannabis y THC, a fin de generar seguridad jurídica a los usuarios y a terceros, así como generar las condiciones necesarias para que este derecho pueda ser ejercido responsablemente. Derivado de lo anterior, se colige que esta Comisión Federal sólo se encuentra investida por una facultad de ejecución, es decir, se limita a acatar lo relativo a control, vigilancia y fomento sanitarios en materia de los productos señalados párrafos arriba, y que en el caso concreto se refiere a estupefacientes y substancias psicotrópicas, pero no se pronuncia respecto a la creación del marco que las regula, toda vez que la Autoridad Ordenadora es el Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71 Constitucional, es el poder facultado para crear y promulgar leyes. En virtud de lo expuesto, esta autoridad se encuentra imposibilitada para evaluar su petición para obtener una autorización para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis" y del psicotrópico "THC", en conjunto conocido como marihuana." TERCERO. LEGITIMACIÓN. FERNANDO GUSTAVO ARCE CASTILLA, está legitimado para promover la Denuncia por Incumplimiento a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, de conformidad con el artículo 47, último párrafo, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que reclamó la aplicación de una porción normativa declarada inválida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018, en cuanto a la prohibición de autorizar el uso de cannabis o marihuana para fines lúdicos o recreativos. Esto, pues conviene enfatizar que la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), mediante el oficio 223301EL355480, de quince de febrero de dos mil veintitrés, manifestó estar imposibilitada para evaluar su petición para obtenerte una autorización para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis" y del psicotrópico "THC", en conjunto conocido como marihuana. En ese sentido, a consideración de la denunciante, en dicho oficio se materializó la aplicación de los artículos que fueron declarados inválidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018. De ese modo, es patente que la denunciante se encuentra legitimada para promover la Denuncia por el Incumplimiento a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad aludida. CUARTO. EXISTENCIA Y EFECTOS DE LA DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONAL. Al respecto, debe de señalarse que el veintiocho de junio de dos mil veintiuno, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018, en los términos siguientes: "PRIMERO. Es procedente y fundada la presente declaratoria general de inconstitucionalidad. SEGUNDO. Se declara la inconstitucionalidad de los artículos 235, párrafo último, en su porción normativa 'sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y', y 247, párrafo último, en su porción normativa 'sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y', de la Ley General de Salud para los alcances establecidos en esta ejecutoria, la cual surtirá efectos generales a partir de la notificación de estos puntos resolutivos a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, de conformidad con los apartados II y III de esta decisión. TERCERO. Notifíquese esta sentencia a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) para los efectos precisados en el apartado III de esta determinación CUARTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta" Dicha determinación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de julio de dos mil veintiuno; por tanto, su existencia constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Resulta aplicable por analogía la jurisprudencia 2ª./J. 65/2000 con número de registro 191452, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." De ahí que la existencia de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018, se encuentre plenamente acreditada. Es de resaltar que, en dicha declaratoria se enfatizó que los alcances se limitaban a remover los obstáculos jurídicos para permitir la autorización del consumo personal y regular con fines meramente lúdicos o recreativos, exclusivamente, del estupefaciente cannabis y del psicotrópico THC, en conjunto conocidos como marihuana. Además, se estableció que no tenía como efectos permitir que se autorizara el consumo lúdico o recreativo de estupefacientes o psicotrópicos distintos a los que en conjunto se conocen como marihuana, sino que se removiera el obstáculo jurídico para que la Secretaría de Salud, a través del órgano competente, autorizara en lo sucesivo las actividades relacionadas con el autoconsumo, exclusivamente, de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos, a fin de respetar el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad reconocido por el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual forma, se precisó que en lo sucesivo, y mientras el Congreso de la Unión no legisle al respecto, la Secretaría de Salud deberá emitir esas autorizaciones sólo a personas adultas y para los efectos precisados en las ejecutorias respectivas, a saber: la adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte, exclusivamente, del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocidos como marihuana. Así también, que la Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios, deberá establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla y tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho tutelado, sin que la autorización incluya en ningún caso la permisión de importar, comerciar, suministrar, o cualquier otro acto que se refiera a la enajenación o distribución de las substancias antes aludidas. Asimismo, el Máximo Tribunal Pleno indicó que, al invalidar los artículos 235, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y", y 247, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y", de la Ley General de Salud; y con la vinculación de la Secretaría de Salud, a través del órgano competente, para emitir las autorizaciones necesarias para permitir las actividades para el autoconsumo recreativo de cannabis y THC, con las limitaciones y restricciones precisadas, se supera el problema de constitucionalidad advertido por la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. QUINTO. EXISTENCIA DEL ACTO DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS DECLARADAS INCONSTITUCIONALES. Es cierto el acto atribuido a la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, consistente en el oficio 223301EL355480, de quince de febrero de dos mil veintitrés, pues así lo manifestó al rendir su informe respecto de la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018. Dicha certeza se corrobora con las manifestaciones de la autoridad responsable sobre la emisión del oficio reclamado mediante el cual, refirió la imposibilidad para evaluar su petición para obtenerte una autorización para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente cannabis, conocido como marihuana. Así, en el oficio citado implícitamente negó la solicitud del denunciante para que se le expidiera un permiso que le autorizara a consumir marihuana; en el que se aplicaron en forma implícita los artículos 235 y 247 de la Ley General de Salud, materia de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018. Por tanto, si la parte denunciante solicitó autorización el consumo personal de cannabis y sus variantes estereoquímicas y la misma fue desestimada por la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión de Autorización Sanitaria de la "COFEPRIS", al considerar que la Ley General de Salud no le confiere facultades para expedir permisos en ese sentido, siendo la autoridad facultada para crear y promulgar leyes el Congreso de la Unión, es indudable que implícitamente se aplicaron a la denunciante los artículos materia de la declaratoria 1/2018. Se afirma de esta manera, en razón de que como lo señaló la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 237/2014, los artículos en cita, conforman un "sistema de prohibiciones administrativas" que forma parte del marco regulatorio previsto en la Ley General de Salud sobre el control de estupefacientes y psicotrópicos, el cual constituye un obstáculo jurídico para poder realizar lícitamente todas las acciones necesarias para estar en posibilidad de llevar a cabo el autoconsumo de estupefacientes, así como la siembra, el cultivo, la cosecha, la preparación, el acondicionamiento, la posesión y el transporte de éstos, en virtud de que en ellos se contempla de manera genérica la prohibición de cualquier actividad relacionada con el consumo lúdico de estupefacientes. De ahí que, si bien, la autoridad en comento al emitir el oficio reclamado se abstuvo de citar expresamente los artículos de la Ley General de Salud a los que se hace referencia, lo cierto es que, al rechazar la autorización para el consumo individual del estupefaciente identificado como marihuana por considerar que no cuenta con facultades legales para ello, sí los aplicó (sistema de prohibiciones administrativas) de manera implícita. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 30/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 58, Tomo III, Junio de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 200064, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR UNA LEY. LO TIENE EL QUEJOSO CUANDO EN UNA RESOLUCIÓN SE LE APLICA, AUNQUE NO SE CITEN LOS PRECEPTOS RELATIVOS. Constituye acto de aplicación de un precepto legal la resolución que de manera indudable se funda en él, por darse con exactitud sus supuestos normativos, aunque el mismo no se invoque expresamente, debiendo concluirse que el quejoso tiene interés jurídico para reclamar la resolución y la ley aplicada." En este tenor, el acto denunciado a la autoridad denunciada se tiene por existente para todos los efectos legales a que haya lugar. SEXTO. PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA. El artículo 72 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 210 de la Ley de Amparo, establecen que la denuncia por incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad procede cuando se reúnen los siguientes requisitos: I. Que la norma cuya inconstitucionalidad se denuncia haya sido invalidada por cuando menos ocho votos a favor de las Ministras y Ministros que integran el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. II. Que la declaratoria haya entrado en vigor en fecha determinada. III. Que con posterioridad a que entre en vigor la declaratoria, la norma declarada inválida se aplique en perjuicio del denunciante. El procedimiento previsto para la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, es aplicable a los casos en los que el acto denunciado derive de normas declaradas inconstitucionales conforme al mecanismo establecido en el artículo 234 de la Ley de Amparo, así como para aquellas declaratorias de invalidez que provengan de los medios de control constitucional previstos en la Ley Reglamentaria de las facciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, en los términos previstos en el numeral 210 de la ley de la materia. Así, de inicio, se cumple con el primer requisito, pues de la propia Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018 se advierte que efectivamente se aprobó por cuando menos una mayoría de ocho votos en sus resolutivos segundo y tercero, mientras que alcanzó la unanimidad de once votos en la aprobación de sus puntos resolutivos primero y cuarto. Igualmente, se encuentra colmado el segundo requisito, pues la declaratoria se encuentra vigente. Ello obedece, a que de conformidad con el artículo 234 de la Ley de Amparo, el Pleno del Máximo Tribunal en la propia Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018, estableció que surtiría efectos generales a partir de la notificación de dichos puntos resolutivos a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, de conformidad con los apartados II y III de esa decisión. En esa medida, la ejecutoria dictada en la referida declaración general de inconstitucionalidad, se notificó mediante oficio SGA/FAOT/194/2021 a la Cámara de Diputados y el diverso SGA/FAOT/195/2021 a la Cámara de Senadores, el veintinueve de junio de dos mil veintiuno, según se advierte de la página de internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la siguiente dirección: https://www2.scjn.gob.mx/DI/paginas/DeclaracionesInvalidez.aspx, a través de la cual se hace del conocimiento público la fecha en que surten efectos las declaraciones de invalidez contenidas en las sentencias dictadas por el Alto Tribunal; datos que constituyen un hecho notorio en términos de lo previsto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de amparo. Por tanto, a partir del veintinueve de junio de dos mil veintiuno, la declaratoria entró en vigor e impuso a todas las autoridades del país la obligación de abstenerse en aplicar los preceptos declarados inválidos y, además, otorgó la posibilidad a las personas afectadas por su aplicación la facultad de reclamarla, a través del presente procedimiento. Finalmente, también se tiene por cumplido el tercer requisito, relativo a que la norma declarada inválida en la Declaratoria General de Inconstitucionalidad se aplique contra el denunciante, con posterioridad a su entrada en vigor, tal y como quedó acreditado en el considerativo cuarto que antecede, pues como se dijo, el denunciante presentó su solicitud el nueve de diciembre de dos mil veintidós, a efecto de que se expidiera a su favor la autorización administrativa para el consumo lúdico, recreativo y personal de la marihuana y sus variantes estereoquímicas; y el oficio 223301EL355480, en el que se rehusó dicha petición, fue emitido el quince de febrero de dos mil veintitrés; de lo que se hace patente que la norma declarada inválida en la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018 se encontraba en vigor en el momento en que el acto denunciado fue emitido. Expuesto lo anterior, esta juzgadora estima que es procedente la denuncia promovida por FERNANDO GUSTAVO ARCE CASTILLA, pues como se ha venido narrando, plantea su acción sobre la base de que le fue aplicado por la autoridad denunciada implícitamente el sistema de prohibiciones contenido en la Ley General de Salud, que fue declarado inválido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante resolución de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, lo anterior, al momento de emitir la negativa para el consumo de marihuana. SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. Una vez acreditados los anteriores requisitos, se procede a realizar el estudio de fondo del asunto, tomando en consideración la resolución de la declaratoria general de inconstitucionalidad cuyo incumplimiento se denuncia, así como las pruebas aportadas por las partes involucradas. En el caso, a FERNANDO GUSTAVO ARCE CASTILLA, formula su pretensión con base en que el oficio 223301EL355480, de quince de febrero de dos mil veintitrés, se materializó la aplicación del sistema de prohibiciones contenido en la Ley General de Salud, que fue declarado inválido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018. Por su parte, la autoridad denunciada realizó manifestaciones en que medularmente sostiene que no ha sido eliminada la prohibición absoluta para que la Secretaría de Salud Federal emita autorizaciones como la solicitada por la ahora denunciante, dado que no se cuenta con legislación al respecto; agregó, que si bien se han superado las prohibiciones relativas al consumo lúdico de marihuana, actualmente existe un foro respecto a la delimitación del derecho a la libertad en su consumo; que, diversas instancias de la Secretaría de Salud Federal se encuentran realizando gestiones relativas al cumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad origen de la presente denuncia; y, que al emitir el oficio reclamado no se sustentó en los artículos 235 y 247 de la Ley General de Salud declarado inconstitucionales. Ahora bien, al resolver la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018, derivado de la jurisprudencia fijada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos amparos indirectos en revisión, el Pleno del Alto Tribunal declaró inválidos los artículos 235, último párrafo, y 247, último párrafo, de la Ley General de Salud en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos", que prohíben absolutamente a la Secretaría de Salud emitir autorizaciones para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos. Además, el Alto Tribunal estimó que, a efecto de superar eficazmente el problema de inconstitucionalidad generado por las porciones normativas estudiadas, debía, por un lado, expulsarlas del sistema jurídico mexicano y, por otro lado, remover el obstáculo jurídico que tenía la Secretaría de Salud para emitir autorizaciones para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos. Así, estimó conveniente notificar el fallo a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que, hasta en tanto el Congreso de la Unión legislara sobre la materia, emita las autorizaciones solamente a personas adultas y para el consumo personal y regular con fines meramente lúdicos o recreativos, así como para los efectos precisados en las ejecutorias de amparo que formaron la jurisprudencia comentada, a saber: - La adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte, exclusivamente del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tethahidrocannabinol, los siguientes isómeros ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como marihuana. En este contexto, asiste la razón al denunciante al estimar que la autoridad denunciada aplicó en su perjuicio el sistema de prohibiciones declarado inconstitucional por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018, al emitir la negativa contenida en el oficio 223301EL355480, de quince de febrero de dos mil veintitrés. Esto, pues si bien la autoridad denunciada se abstuvo de citar específicamente los artículos 235, último párrafo, y 247, último párrafo, de la Ley General de Salud, en el oficio reclamado, lo cierto es que indicó en forma general que no procedía la solicitud de la denunciante dado que en dicho ordenamiento no se establece facultad alguna para que esa autoridad sanitaria pueda otorgar la autorización requerida. Lo cual es contrario, a lo que sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018, pues sí estableció en sus efectos el de emitir las autorizaciones correspondientes, ya que ordenó vincular a la Secretaría de Salud para que, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, emitiera los lineamientos y autorizaciones para el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol con fines recreativos bajo las condiciones y supuestos previstos en la ejecutoria respectiva, por lo que incluso cuenta con facultades para expedir aquéllas. Consecuentemente, es válido afirmar que la imposibilidad aducida por la autoridad denunciada contraviene los efectos dados por el Alto Tribunal en la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018, dado que implícitamente aplicó los artículos invalidados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para negarse a emitir la autorización solicitada por el denunciante para ejercer diversas actividades relacionadas con la planta cannabis sativa para los fines que denomina "lúdicos o recreativos"; e incluso con la imposibilidad alegada, soslayó lo mandado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al otorgarle facultades para emitir ciertas autorizaciones vinculadas con el sistema declarado inconstitucional. En mérito de lo anterior, y en atención a lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, se declara fundada la denuncia por incumplimiento a la citada declaratoria. OCTAVO. REQUERIMIENTO CUMPLIMIENTO. En esta virtud, con fundamento en el artículo 210, fracción I, párrafo quinto, requiérase a la autoridad denunciada Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), para que dentro del plazo de TRES DÍAS hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de la presente resolución: Deje insubsistente el oficio 223301EL355480, de quince de febrero de dos mil veintitrés, mediante el cual determinó su imposibilidad para pronunciarse respecto de la petición que formuló la parte denunciante para el consumo individual de cannabis identificado como "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas. Dicte otro en el cual, sin aplicar implícita ni explícitamente, los artículos 234, último párrafo y 247, último párrafo, declarados inconstitucionales mediante la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelva la solicitud de la gobernada, es decir, de no advertir alguna irregularidad o causa diversa de improcedencia en cuanto a los requisitos de la solicitud, deberá emitir una nueva determinación en los términos indicados en la jurisprudencia de que se ha dado noticia. Es importante señalar que esta resolución no implica que la parte justiciable pueda sembrar semillas de marihuana, cultivar y cosechar las plantas producto de ellas, utilizar o consumir la planta en sí o sus derivados en lugares públicos como restaurantes, parques, instalaciones deportivas, espacios destinados para fumadores, la vía pública, locales o establecimientos cerrados, industrias, empresas, vehículos de transporte público de pasajeros; en instituciones escolares públicas o privadas de cualquier nivel educativo; en establecimientos particulares y públicos en los que se proporcione atención directa al público, oficinas de cualquier dependencia gubernamental federal o local, hospitales, clínicas o centros de salud, cines, teatros o auditorios y todos los espacios cerrados en donde se presenten espectáculos de acceso público o cualquier otro lugar que expresamente sea señalado en la autorización correspondiente siempre que no sea contrario al sentido de esta sentencia. Además, se indica que la autorización que, en su caso, se expida no comprenderá el consumo personal en lugares públicos, ni su uso en perjuicio de menores o terceros que no hayan brindado su autorización de forma expresa, ni tampoco deberá permitir que se expida autorización a favor del denunciante para llevar a cabo actos de comercio ilícito o narcotráfico, suministro gratuito o cualquier acto que no tenga relación con el consumo personal de marihuana por adultos en espacios privados; aunado a que deberá ajustarse a lo ordenado por el Máximo Tribunal, y considerando solo la materia de la declaratoria general de inconstitucionalidad. Finalmente, debe precisarse que la presente resolución no constituye por sí misma la autorización para llevar a cabo el consumo personal de marihuana ni de los actos para materializarlo, pues la autorización respectiva se otorgará por la autoridad competente de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios que debe dar cumplimiento a este fallo, en los términos señalados por dicha declaratoria. En el entendido de que, en caso de no hacerlo en dicho plazo, establecido en el último párrafo de la fracción I del artículo 210 de la Ley de Amparo, se estará a lo que disponen los artículos 192 al 198 de dicha legislación. En otro aspecto, y con fundamento en la fracción II del artículo 210 de la Ley de Amparo, si con posterioridad, la autoridad aplicadora o en su caso la sustituta incurrieran de nueva cuenta en aplicar la norma general declarada inconstitucional, el denunciante podrá combatir dicho acto a través del procedimiento de DENUNCIA DE REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO previsto por el Capítulo II del Título Tercero de dicha Ley, el cual prevé en el último párrafo del artículo 199 de la legislación de amparo, que: "[.] Si la autoridad responsable deja sin efecto el acto repetitivo, ello no la exime de responsabilidad si actuó dolosamente al repetir el acto reclamado, pero será atenuante en la aplicación de la sanción penal." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo dispuesto por el artículo 210 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO. Se declara FUNDADA la Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018, promovida por FERNANDO GUSTAVO ARCE CASTILLA, en contra de la autoridad denunciada Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida por Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa, hoy tres de abril de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.
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