Fernando Gonzalez Alvarez
Expediente 516/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 516/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 01/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Fernando Gonzalez Alvarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
IV Agréguese a este expediente el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, con el que acusa recibo del juicio de amparo 516/2019.IV, que fue enviado por este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con motivo del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en contra del auto de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve; asimismo, informa que se admitió el recurso de revisión quedando registrado con el número 127/2019. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA IV. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por Kermith Enrique Rivero Canto, apoderado legal del quejoso Fernando González Álvarez, con el que interpone recurso de revisión en contra del auto de treinta y uno de mayo del año en curso; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse las copias del escrito de expresión de agravios entre las partes; y hecho que sea, dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, remítase el original de tal escrito y la copia que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación, junto con este expediente en que se provee, al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de marzo de dos mil diecinueve, comunicado en oficio CCJ/ST/775/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
IV. Agréguese a estos autos el escrito de Kermith Enrique Rivero Canto, apoderado legal de Fernando González Álvarez, con el cual desahoga el requerimiento de fecha diez de mayo del año en curso, y manifiesta que no es su deseo llamar como autoridad responsable en este juicio de amparo a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por tanto, se tiene como única autoridad responsable a la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad. Ahora bien, en cuanto a las constancias que acompañó el Fiscal General del Estado, a su informe con justificación, con número de registro 7507, se advierte que emitió el oficio FGE/492/2019, de tres de mayo del año en curso, mediante el cual da contestación a un requerimiento que le hizo la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, en oficio 699/2019, de veintiséis de abril de dos mil diecinueve, en cuanto a la designación de un perito en materia de grafoscopía, grafométrica y la caligráfica, para que pudiera llevarse a cabo el desahogo de una prueba en el juicio laboral 588/2016, y señaló que el Departamento de Documentos Cuestionados del Instituto de Ciencias Forenses de dicha Fiscalía, no contaba con peritos en materia grafométrica y caligráfica, aunado a la excesiva carga de trabajo solicitada por el ministerio público, y que dicho instituto se encontraba en proceso de acreditación bajo la norma ISW/IEC/17025. Ahora bien, se trae a colación que el acto que la parte quejosa, reclamó en su demanda de amparo, consistió en la omisión de la autoridad aquí responsable, de dar contestación al requerimiento que le hiciera la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, en autos del juicio laboral 588/2016, a efecto de que designara un perito en materia grafoscópica, grafométrica y caligráfica para, el desahogo de una prueba pericial en dicha materia, lo cual se le solicitó en diversas ocasiones sin que hubiere dado contestación alguna. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la omisión atribuida al Fiscal General del Estado de Yucatán, que se le solicitó en autos del juicio laboral 588/2016, de proporcionar un perito en materia materia grafométrica y caligráfica. Sin embargo, como se mencionó, de las constancias que la autoridad responsable adjuntó a su oficio de mérito, se desprende que por oficio FGE/492/2019, de tres de mayo del año en curso, informó el motivo por el cual el Departamento de Documentos Cuestionados del Instituto de Ciencias Forenses de dicha Fiscalía, al no contar con perito en materia grafométrica y caligráfica, lo anterior, debido a la excesiva carga de trabajo solicitada por el ministerio público, y demás autoridades, aunado a que dicho instituto se encontraba en proceso de acreditación bajo la norma ISW/IEC/17025. En ese sentido, dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que la autoridad responsable, dio respuesta a la solicitado en el juicio laboral de origen, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable al no dar contestación a un requerimiento que se le hizo en un juicio laboral, lo que en el caso se subsana con el dictado del oficio que contiene la respuesta a la solicitud que le realizó la autoridad laboral, mediante oficio 699/2019, de veintiséis de abril de dos mil diecinueve. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la fecha y hora de la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON SIETE MINUTOS DEL CINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUVE. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de marzo de dos mil diecinueve, comunicado en oficio CCJ/ST/775/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe.
- Principal
IV. Agréguese a estos autos el escrito de Kermith Enrique Rivero Canto, apoderado legal de Fernando González Álvarez, con el cual desahoga el requerimiento de fecha diez de mayo del año en curso, y manifiesta que no es su deseo llamar como autoridad responsable en este juicio de amparo a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por tanto, se tiene como única autoridad responsable a la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad. Ahora bien, en cuanto a las constancias que acompañó el Fiscal General del Estado, a su informe con justificación, con número de registro 7507, se advierte que emitió el oficio FGE/492/2019, de tres de mayo del año en curso, mediante el cual da contestación a un requerimiento que le hizo la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, en oficio 699/2019, de veintiséis de abril de dos mil diecinueve, en cuanto a la designación de un perito en materia de grafoscopía, grafométrica y la caligráfica, para que pudiera llevarse a cabo el desahogo de una prueba en el juicio laboral 588/2016, y señaló que el Departamento de Documentos Cuestionados del Instituto de Ciencias Forenses de dicha Fiscalía, no contaba con peritos en materia grafométrica y caligráfica, aunado a la excesiva carga de trabajo solicitada por el ministerio público, y que dicho instituto se encontraba en proceso de acreditación bajo la norma ISW/IEC/17025. Ahora bien, se trae a colación que el acto que la parte quejosa, reclamó en su demanda de amparo, consistió en la omisión de la autoridad aquí responsable, de dar contestación al requerimiento que le hiciera la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, en autos del juicio laboral 588/2016, a efecto de que designara un perito en materia grafoscópica, grafométrica y caligráfica para, el desahogo de una prueba pericial en dicha materia, lo cual se le solicitó en diversas ocasiones sin que hubiere dado contestación alguna. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la omisión atribuida al Fiscal General del Estado de Yucatán, que se le solicitó en autos del juicio laboral 588/2016, de proporcionar un perito en materia materia grafométrica y caligráfica.Sin embargo, como se mencionó, de las constancias que la autoridad responsable adjuntó a su oficio de mérito, se desprende que por oficio FGE/492/2019, de tres de mayo del año en curso, informó el motivo por el cual el Departamento de Documentos Cuestionados del Instituto de Ciencias Forenses de dicha Fiscalía, al no contar con perito en materia grafométrica y caligráfica, lo anterior, debido a la excesiva carga de trabajo solicitada por el ministerio público, y demás autoridades, aunado a que dicho instituto se encontraba en proceso de acreditación bajo la norma ISW/IEC/17025.En ese sentido, dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que la autoridad responsable, dio respuesta a la solicitado en el juicio laboral de origen, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable al no dar contestación a un requerimiento que se le hizo en un juicio laboral, lo que en el caso se subsana con el dictado del oficio que contiene la respuesta a la solicitud que le realizó la autoridad laboral, mediante oficio 699/2019, de veintiséis de abril de dos mil diecinueve. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la fecha y hora de la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON SIETE MINUTOS DEL CINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUVE. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro.NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de marzo de dos mil diecinueve, comunicado en oficio CCJ/ST/775/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe
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