Fernando Gual Gamboa

Expediente 852/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
852/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
18/09/2023

Partes del expediente

  • Fernando Gual Gamboa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término con en el que contaban las partes para que se inconformaran contra el proveído que declaró cumplida la ejecutoria de amparo; por tal motivo y en virtud de que no interpuso el respectivo medio de impugnación, téngase a dichas partes conformes con el cumplimiento de la ejecutoria de mérito. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Conforme al artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se declara que el presente asunto es susceptible de conservación, el cual será transferido una vez que transcurra el plazo de tres años, contados a partir de esta fecha. Por otro lado, se hace notar que no se tramitó incidente de suspensión y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán estar digitalizadas de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente, en el sentido de que este asunto es conservable. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, del que se advierte que ya obran los oficios suscritos por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, y Actuario de su adscripción, ambos del Estado, la primera nombrada acompañado de un anexo, mismos que ya obran glosados a los presentes autos, con los que informó lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria concesoria de amparo; y dado que mediante proveído de ocho de agosto del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con dicha documentación, para que en el término de tres días hábiles, manifestara lo que a su derecho conviniera, apercibido que de no hacer manifestación alguna, esta Juzgadora Federal, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obraran en este expediente y de los datos aportados por la responsable, sin que a la presente fecha hubiere hecho manifestación al respecto; consecuentemente, se procede a resolver si, de acuerdo con las constancias de autos, la invocada sentencia concesoria ha sido cumplida, o no; lo antes expuesto encuentra apoyo en lo establecido en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. En este sentido es importante asentar que por sentencia definitiva dictada el treinta de junio de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. Asimismo, por auto de diecinueve de julio de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la citada resolución, requiriendo a la Junta y Actuario de su Adscripción responsables que dieran cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo. De manera que la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje y el Actuario de su Adscripción, estaban obligados a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos siguientes: ".SEXTO. EFECTOS DE LA SENTENCIA CONCESORA DE AMPARO. Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo se precisa que el amparo concedido tiene el efecto: Que la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad resuelva de inmediato, lo que en derecho proceda respecto a lo solicitado por el quejoso, en su escrito de veinte de febrero de dos mil veintitrés, en el que le solicitó dicte el auto de requerimiento de pago y embargo, a efecto de cumplimentar el laudo en el juicio ordinario laboral 136/2017. Y una vez emitido el acuerdo de mérito, verifique se notifique en sus términos, por parte del Actuario adscrito." Así, de las constancias que obran en este sumario, se advierte que la Presidente de la Junta responsable, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria, pues remitió copia autorizada del acuerdo de dos de agosto del año en curso, con el cual dio contestación a lo solicitado por el quejoso en su escrito de veinte de febrero del año en curso, por lo que la autoridad responsable con el fin de dar continuidad con la ejecución del laudo y previo a acordar en relación al incidente de liquidación y auto de requerimiento de pago y embargo señaló las diez horas del día veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, a fin de que Actuario adscrito a dicha Junta proceda a realizar la diligencia; asimismo, el Actuario adscrito a dicha Junta, informa que el acuerdo de dos de agosto del año en curso, fue notificado a las partes el cuatro de agosto del presente año. De ahí que la Junta y Actuario responsables, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, han dado cabal cumplimiento al fallo protector, cuenta habida que ya acordó lo solicitado por la parte quejosa, el cual ya fue notificado en el juicio de origen; por lo que se determina que se ha cumplido en su totalidad la sentencia de amparo, sin excesos ni defectos. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de agosto de dos mil veintitrés. Agréguense a estos autos los oficios suscritos por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, y Actuario de su adscripción, ambos del Estado, el primero nombrado acompañado de un anexo, con el que atiende el requerimiento realizado por este órgano de control constitucional e informa lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, con la documentación de cuenta, por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que quede debidamente notificado de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho convenga. Apercibido que de no hacer manifestación alguna dentro de ese plazo, este Juzgado resolverá lo que legalmente corresponda respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Pablo Pérez Pacheco, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por autorización otorgada en sesión de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada en oficio CCJ/ST/3650/2023, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    En Mérida, Yucatán, a las diez horas con once minutos del treinta de junio de dos mil veintitrés, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 852/2023-IV, promovido por Diego Adán Chan Viana, quien se ostenta apoderado de FERNANDO GUAL GAMBOA; estando en audiencia pública, Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe, procede a celebrarla, sin la presencia de las partes. La Jueza declara abierta la audiencia. La Secretaria hace relación de la demanda y demás constancias de autos; da cuenta con el auto admisorio de treinta de mayo de dos mil veintitrés, y con el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, y Actuario de su adscripción, ambos con sede en esta ciudad. Acto seguido, la Jueza acuerda: Téngase por rendido en tiempo y forma los informes justificados de las autoridades señaladas como responsables, para que sean tomados en consideración como corresponda. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, ofrecidas por la parte quejosa, así como las documentales, que la Presidenta de la Junta responsable allegó a su informe de ley, relativas al expediente laboral 136/2017 de su índice; a lo que la Jueza acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo en vigor, se admiten las pruebas antes citadas, las cuales se tienen por desahogadas en virtud de su naturaleza jurídica; al no haber ninguna otra que desahogarse se cierra este periodo; abierto el período de alegatos, se hace constar que no fueron formulados por las partes; en mérito de lo anterior, se cierra esta etapa. Finalmente al no existir diligencias pendientes por desahogar, ni alegatos de la representación social, se declara cerrado este período, y por tanto, la Jueza procede a dictar la resolución siguiente. Vistos, para resolver el juicio de amparo 852/2023-IV, promovido por Diego Adán Chan Viana, quien se ostenta apoderado de FERNANDO GUAL GAMBOA, contra el acto que reclama de la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, y Actuario de su adscripción, ambos con sede en esta ciudad, que estima violatorio del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, A N T E C E D E N T E S PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado vía electrónica el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, en el Portal del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, turnado a este Juzgado al día hábil siguiente, Diego Adán Chan Viana, quien se ostenta apoderado de FERNANDO GUAL GAMBOA, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que reclamó de la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, y Actuario de su adscripción, ambos con sede en esta ciudad, que hizo consistir en la negativa de acordar la solicitud de requerimiento de pago y embargo, que solicitó mediante escrito de veinte de febrero del año en curso, en autos del juicio laboral 136/2017; así como su ejecución. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante proveído de treinta de mayo de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo de que se trata, se pidió a las autoridades responsables su informe de ley, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, la intervención que legalmente les corresponde; y finalmente, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tiene verificativo el día de hoy, al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgador Federal, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, acorde a lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, Constitucionales; 36, 37 y 114 de la Ley de Amparo; 49 y 50, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y los artículos primero, fracción XIV, segundo fracción XIV, punto tercero y artículo cuarto, fracción XIV, todos del Acuerdo General número 03/2013 (la última fracción modificada mediante el acuerdo general 3/2015 por el mismo órgano), del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS.- En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar claramente los actos reclamados, con base en el estudio integral de la demanda de garantías, para establecer lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente los que en apariencia señaló como tales, acorde con la tesis P.VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." De una revisión integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama la negativa de acordar la solicitud de requerimiento de pago y embargo, que solicitó mediante escrito de veinte de febrero del año en curso, en autos del juicio laboral 136/2017; así como su ejecución. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Son ciertos los actos reclamados a la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, y Actuario de su adscripción, ambos con sede en esta ciudad, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado; por tal motivo, debe de tenerse por cierto, el acto que de ésta se reclama. Cobra aplicación lo indicado en el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA." CUARTO. Previo al estudio del fondo del asunto deben examinarse las causales de improcedencia del juicio de amparo que invoquen las partes o de aquellas que de oficio advierta este juzgador, toda vez que constituye una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos de lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo y con lo establecido en la jurisprudencia 814, publicada en la página 553 del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los años de 1917-1995, dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, no existe causal de improcedencia propuesta por las partes, ni se advierte alguna que deba estudiarse de manera oficiosa, como lo prevé el artículo 62, de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Constitución General de la República, por lo que se procederá al estudio de los motivos de discrepancia formulados por la parte promovente del amparo, los que se tienen por reproducidos íntegramente, como si se insertaran a la letra, en obvio de innecesarias repeticiones, en atención a la jurisprudencia 2a./J. 58/2010. QUINTO. ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. La parte quejosa señala como concepto de violación, que se viola en su perjuicio la garantía establecida el artículo 17 Constitucional, en tanto que no ha emitido acuerdo alguno respecto del memorial que presentó el veinte de febrero del año dos mil veintitrés, en el que solicitó se pronunciase respecto al requerimiento de pago y embargo por las cantidades condenadas en el laudo emitido en el juicio de origen 136/2017. Ahora bien, para resolver el resumido argumento, debe de tomarse en cuenta el contenido de los dos primeros párrafos del artículo 17 de la Constitución, que dicen: "Artículo 17. Ninguna podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial (...)". De la interpretación literal del párrafo segundo del precepto transcrito, se arriba a las siguientes conclusiones: a) Garantiza a los gobernados derechos relacionados con la administración de justicia, entre otros, el relativo a tener un acceso efectivo a la actividad de los tribunales; y, b) Prevé que la impartición de justicia se debe sujetar a los plazos y términos que fijen las leyes. Ahora, el referido precepto constitucional no establece un plazo determinado para que las autoridades emitan sus respectivas resoluciones o realicen sus actuaciones; sin embargo, sí refiere que éstas se deben sujetar a los plazos y términos que fijen las leyes. Asimismo, resulta conveniente precisar lo que establece el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo. "Artículo 838: La Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquéllas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de la Ley." De lo antes visto, es dable afirmar que le asiste la razón al quejoso, por las siguientes razones. En primer término, cabe hacer mención que de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso refiere que la autoridad responsable ha sido: omisa en resolver respecto de la petición que le formuló mediante el escrito que presentó el veinte de febrero del año dos mil veintitrés, en el que solicitó se pronunciase respecto al requerimiento de pago y embargo por las cantidades condenadas en el laudo emitido en el juicio de origen 136/2017, de lo cual se advierte que se ha excedido de los límites establecidos en el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo. En efecto, de las constancias que la autoridad responsable, remitió a su informe con justificación, las cuales tienen valor probatorio en términos de los artículos 129, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2º de la Ley de Amparo, se advierte que en efecto a la fecha en que el quejoso presentó su demanda de garantías, que lo fue el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, la autoridad responsable no ha emitido ningún acuerdo que haya recaído a la promoción antes referida en el expediente laboral 136/2017, dejando de observar lo que establece el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo, en perjuicio de la quejosa. Omisión que sin duda alguna resulta ser violatoria de garantías, toda vez, que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, párrafo segundo, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Y en el caso a estudio, la autoridad responsable, vulnera en perjuicio del ahora quejoso, la garantía antes señalada, toda vez que omite dictar dentro del término de cuarenta y ocho horas siguientes de haber recibido la promoción de la impetrante de garantías, por lo que dicha omisión ocasiona que exista una evidente dilación en la administración de justicia, contraviniendo los principios de economía, concentración y sencillez que rigen el proceso laboral, tal como lo establece el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo. En esa tesitura, resulta inconcuso que la autoridad responsable dejó de observar lo dispuesto por el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo. Lo anterior se estima de esa forma, en virtud de que ha transcurrido más de cuatro meses desde que el quejoso presentó su petición ante la responsable, esto es, desde el veinte de febrero del año en curso, siendo que a la fecha en que se resuelve la presente demanda de amparo, aún no emitido acuerdo alguno al respecto, por lo que dicho tiempo resulta excesivo, tomando en consideración que el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo, establece que en los juicios laborales, las Juntas dictarán sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de la cuarenta y ocho horas siguientes de que reciba promociones por escrito, por lo que resulta evidente que la autoridad responsable, vulneró en perjuicio de la quejosa la garantía consagrada en el artículo 17 Constitucional. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia P./J. 32/92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 57, septiembre de 1992, página 18, que establece: "TÉRMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUÓ INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERÓ EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL CASO. El artículo 17 de la Constitución consagra la garantía denominada derecho a la jurisdicción que consiste, conforme al texto literal del precepto, en que "toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial" lo que significa, por regla general, que un funcionario judicial actúa indebidamente cuando incurre en dilaciones que lo llevan a vulnerar esos dispositivos al no acordar las promociones de las partes o emitir las resoluciones dentro de los términos específicos que para cada situación señalan las normas procesales aplicables. De ello se sigue que si se formula una queja administrativa con motivo de esas irregularidades y el funcionario admite que incurrió en ellas o las mismas se encuentran probadas, en principio, debe considerarse fundada la queja e imponer las correcciones disciplinarias que correspondan o adoptar medidas que se juzguen convenientes. Sin embargo, al examinar cada caso se debe considerar que el legislador al fijar términos procesales en las leyes respectivas no pudo atender a la variada gama de casos que se someten a los tribunales, tanto por la índole de las cuestiones jurídicas que se controvierten como por la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente y la extensión de los escritos aportados y pruebas desahogadas. Por la naturaleza del problema resulta lógico inferir que el legislador, al hacer la determinación a que se alude tomó en cuenta, por una parte, el tiempo que previsiblemente, considerando la capacidad y diligencia medias de un juzgador y de su personal profesional y administrativo de apoyo, se requiere para acordar o resolver la generalidad de los asuntos que ingresan a los órganos jurisdiccionales y, por otra, a que este ingreso sea en número proporcionado a la potencialidad de trabajo del juzgado o tribunal que corresponda. Por todo ello cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas o bien cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que o bien se presentaron atenuantes o bien, excluyentes de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario contra el que se formuló la queja administrativa y resolverla en consecuencia." En mérito de lo antes expuesto, es de concederse a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal que insta. Dicha concesión se hace extensivo al acto de ejecución que se reclama del Actuario adscrito a dicha Junta. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o. J/338, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, y publicada en la página 69, tomo 83, del mes de noviembre de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE. NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo, considera violatoria de garantías una resolución, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de autoridad que pretendan ejecutarla, si no se reclaman, especialmente, vicios de tal ejecución." SEXTO. EFECTOS DE LA SENTENCIA CONCESORA DE AMPARO. Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo se precisa que el amparo concedido tiene el efecto: Que la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad resuelva de inmediato, lo que en derecho proceda respecto a lo solicitado por el quejoso, en su escrito de veinte de febrero de dos mil veintitrés, en el que le solicitó dicte el auto de requerimiento de pago y embargo, a efecto de cumplimentar el laudo en el juicio ordinario laboral 136/2017. Y una vez emitido el acuerdo de mérito, verifique se notifique en sus términos, por parte del Actuario adscrito. SÉPTIMO. SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo en vigor, se R E S U E L V E: PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a FERNANDO GUAL GAMBOA, por conducto de su apoderado legal, contra los actos que reclamó de la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, y Actuario de su adscripción, ambos con sede en esta ciudad, y que hizo consistir en la negativa de acordar la solicitud de requerimiento de pago y embargo, que solicitó mediante escrito de veinte de febrero del año en curso, en autos del juicio laboral 136/2017; así como su ejecución; por los motivos expuestos en el considerando quinto, y para los efectos precisados en el sexto subsecuente de esta sentencia. SEGUNDO. En acatamiento a lo resuelto en el último considerando de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

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