Fernando Francisco Coronado Ferrer
Expediente 470/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 38 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 470/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 38
- Última actuación
- 19/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Fernando Francisco Coronado Ferrer
Actuaciones
Las 4 más recientes de 38.
- Incidental
Salina Cruz, Oaxaca, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Como está ordenado en esta fecha en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión y debido a que de la certificación que antecede se advierte que no existe asunto pendiente por diligenciar, en consecuencia, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9, 12 y 14 del del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. RELEVANCIA DOCUMENTA Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en comento. Asimismo, se destaca que en este incidente no existen documentos ofrecidos por las partes a devolver, considerados como originales por el artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (excepción de la demanda), ni billete de depósito o garantía que devolver o remitirse a la Tesorería de la Federación. DESTINO Al tratarse de un asunto en el que por una parte se negó y por otra se concedió la medida cautelar provisional y la definitiva a la parte quejosa, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la conservación del presente incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) de la fracción III, artículo 17 del citado Acuerdo General. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a transferirse al Depósitos Documentales dependientes a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal aprobado el siete de junio de dos mil veintitrés. DESTRUCCIÓN DEL DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. El duplicado del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, en términos de los dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 19 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de siete de junio de dos mil veintitrés, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses siguientes a partir de que se dicta el presente acuerdo, de conformidad a lo establecido en el ordinal 21, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone su numeral 22, y para los efectos precisados en el diverso 23. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el quejoso no se inconformó dentro del término legal, contra el acuerdo de veinticuatro de mayo del año en curso, en el que se tuvo por cumplida la sentencia de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 196, 201, fracción I, y 202 de la Ley de Amparo, se tiene por consentido el citado proveído. Anotaciones. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo del expediente. No existiendo asunto pendiente de diligenciar y en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9, 12 y 14 del del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del citado acuerdo; esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Asimismo, se destaca que en este expediente no se concedió la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Al tratarse de un asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el fracción III, inciso a) del numeral 17 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena la conservación integral de este expediente. Por tanto, con fundamento en el citado artículo 17 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la conservación integral de este expediente, siguiendo los lineamientos establecidos. Archivo del incidente de suspensión. Respecto al archivo del incidente de suspensión que deriva de este juicio de amparo, acuérdese lo conducente en dicho cuaderno. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna dentro del término de tres días que se le concedió en proveído de once de mayo del año en curso, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte del Encargado del Despacho de la oficina de Representación de Protección Ambiental de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Oaxaca; en tal virtud, se provee: EFECTOS DE LA SENTENCIA AMPARADORA Para ello, se tiene en cuenta que el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, remitió copia certificada del testimonio de la ejecutoria de catorce de abril del presente año, emitida en el amparo en revisión 150/2022, relativo al recurso de revisión hecho valer por José Mateo Antonio Chagoya autorizado legal de la parte quejosa, en el que se modificó la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, resolviendo de la siguiente manera. "R E S U E L V E: PRIMERO. Se MODIFICA la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo, respecto del refrendo del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recurso Naturales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de noviembre de dos mil doce, reclamado a la persona titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. TERCERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a FERNANDO FRANCISCO CORONADO FERRER, en contra de las normas generales que reclama, consistentes en los artículos 18, 50, 57, 70, 72, 73, 74, 77, 78 y 79, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 28, fracciones VII, IX y X, 160, 161, 167, 168, 169, 171, 173 y176, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 32 Bis, fracción V, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y, 45, fracciones V, párrafo primero y X, 46, fracción XIX y 68, fracciones VIII, IX, X, XI, XII y XIX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de noviembre de dos mil doce. CUARTO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a FERNANDO FRANCISCO CORONADO FERRER, en contra de la resolución administrativa número 112, emitida el doce de julio de dos mil veintiuno, por la encargada de Despacho de la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Oaxaca, dentro del expediente administrativo ********************, en los términos indicados en el considerando séptimo, apartado 3.6, de esta ejecutoria." Lo anterior, para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: [.] Deje insubsistente la resolución administrativa número 112, de doce de julio de dos mil veintiuno, emitida dentro del expediente administrativo ********************. Emita otra en la que, primero, reitere todas las consideraciones que no son materia de esta ejecutoria; y, Al imponer las respectivas multas, tome como base para su cuantificación, el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el año dos mil dieciséis ($73.04 pesos, moneda nacional, según publicación del Diario Oficial de la Federación de veintiocho de enero de dos mil dieciséis). [.] Ante tal circunstancia, mediante misiva PFPA/26.5/2C.10.1/0263-2023, el Encargado del Despacho de la oficina de Representación de Protección Ambiental de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Oaxaca, remitió copia certificada del expediente administrativo ********************. Por tal motivo, en proveído de once de mayo de la presente anualidad, se ordenó dar vista a la parte quejosa con la misiva de referencia y sus anexos, para que manifestara lo que a sus intereses conviniera, en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo, sin que hubiere hecho manifestación al respecto. En efecto, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que en acuerdo de veintiocho de abril de la presente anualidad, ordenó dejar insubsistente la resolución administrativa número 112 de doce de julio de dos mil veintiuno, emitida en el expediente ********************, por cuanto al monto de las multas impuestas en la misma. Asimismo, el tres de mayo del actual, dictó resolución en la que reiteró todas las consideraciones que no fueron materia de la ejecutoria. También, impuso multa a la parte quejosa por: 1. Por haber ejecutado en el lugar conocido objeto de la visita de inspección que originó el asunto natural, obras y actividades de cambio de uso del suelo de áreas forestales para actividades de desarrollo inmobiliario y de infraestructura urbana. 2. Por haber ejecutado en el lugar conocido objeto de la visita de inspección que originó el asunto natural, en una superficie de 1,085.81 metros cuadrados, obras y actividades de operación de un desarrollo inmobiliario que afecta los ecosistemas costeros, relativos a un hotel e infraestructura turística. 3. Por haber ejecutado en el mismo lugar y en la misma superficie indicados en el numeral que antecede, obras civiles en manglar y estero conectado con el mar, así como actividades con fines u objetivos comerciales en manglar y estero conectado con el mar. Sanción que se impuso tomando como base para su cuantificación, el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en dos mil dieciséis ($73.04 pesos, moneda nacional, según publicación del Diario Oficial de la Federación de veintiocho de enero de dos mil dieciséis). Las constancias antes descritas tienen pleno valor probatorio en términos de lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2. En consecuencia, se tiene por cumplida la sentencia de que se trata, toda vez que de la confrontación de los lineamientos bajo los cuales se otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal y la forma en que se dio cumplimiento, se advierte que se cumple la finalidad que se perseguía con la emisión de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, sin que incurriera en exceso o defecto en su acatamiento, como lo prevé el artículo 196 de la Ley de Amparo. Hágase este acuerdo del conocimiento de las partes. Sirve de orientación la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, corroborable con el registro digital 165807, de texto que sigue: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Notifíquese y personalmente a la quejosa.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, once de mayo de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos la misiva de cuenta signado por el Encargado del Despacho de la oficina de Representación de Protección Ambiental de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Oaxaca, al que adjunta copia certificada del expediente administrativo PFPA/26.3/2C.27.5/0053-16. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 196 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la ley de la materia, con lo anterior, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir de su legal notificación, manifieste lo que a sus intereses convenga, en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo. En la inteligencia que de no hacer manifestación alguna dentro del término legal concedido para tal efecto, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la aludida responsable. Se invoca en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son como sigue: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98. DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Notifíquese y personalmente a la parte quejosa
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