Fernando de la Luz Hernández
Expediente 607/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 16 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 607/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 10/03/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Fernando de la Luz Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, diez de marzo de dos mil dieciséis. Visto los oficios de cuenta, signados por la Juez de Partido Especializado en Materia Familiar y Directora de la Oficina Central de Actuarios y Oficialía de Partes Común, residentes en Salamanca, Guanajuato, mediante el cual, la primera de los nombrados refiere que el juicio de origen ha concluido en virtud del convenio de celebrado dentro de la audiencia en auxilio de fecha veintitrés de febrero del año en curso, en tanto que la segunda, informa que rindió su informe con oportunidad Ahora, toda vez que por oficio número 3180/2016, signado por el Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Irapuato, por medio del cual informó que se aceptó la competencia planteada del juicio de amparo número 607/2015, promovido por Fernando de la Luz Hernández; en consecuencia, con transcripción de este acuerdo, remítanse los originales de los oficios de cuenta al Juez Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Irapuato, autoridad que conoce del juicio 143/2016-VI, dejando en su sustitución copia certificada, para los efectos legales procedentes; solicitando el acuse respectivo. Se hace la aclaración que no fue recibido el audio y video de la audiencia que la autoridad oficiante refiere adjunta. Notifíquese. IIA
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, ocho de marzo del dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Irapuato, mediante el cual informa que aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del juicio de amparo 607/2015, promovido por FERNANDO DE LA LUZ HERNÁNDEZ; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese. IIA
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, cinco de febrero de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos, advirtiéndose que la autoridad responsable, Juez de Partido Especializado en Materia Familiar, residente en Salamanca, Guanajuato, al rendir su informe justificado refirió que es cierto el acto reclamado, precisando que en ese Juzgado de Oralidad, se tramita el expediente F778/2015, Juicio Oral Ordinario sobre pago de alimentos y demás prestaciones, promovido por MARÍA DOLORES VIDAL RAMÍREZ, en contra de FERNANDO DE LA LUZ HERNÁNDEZ, habiéndose radicado el asunto mediante auto de fecha cuatro de junio de dos mil quince, en donde decretó la medida precautoria de embargo para garantizar el pago de alimentos provisionales a favor de la accionante por el 25% de su salario y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias y cualquier otra cantidad que perciba como trabajador de la empresa Petróleos Mexicanos de Salina Cruz, Oaxaca, la cual ha quedado debidamente ejecutada según se desprende del oficio de fecha siete de julio de dos mil quince, en el entendido de que la misma se decretó sin audiencia de la parte reo en razón a lo dispuesto por el artículo 401 fracción I en relación con el 402 y 411, todos del Código de Procedimientos Civiles vigente en esa Entidad Federativa. Lo anterior se corrobora con las constancias que anexó a su aludido informe justificado, las que tienen pleno valor probatorio, en términos de los previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. En tales condiciones, toda vez que la competencia legal es de orden público y, por ello, no puede quedar sujeta a voluntad de las partes, se procede a analizar si en el caso se surte la competencia legal de este juzgado, para conocer de la demanda de amparo presentada por el quejoso. Es aplicable al caso la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el tomo XCVII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso". Al respecto, el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, señala lo siguiente: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley. De acuerdo a las bases siguientes: . VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia. " De la literalidad del precepto constitucional transcrito, se advierte que el juicio de amparo se promoverá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, destacando que para efectos de su tramitación, entre otros requisitos, se limitará al informe de la autoridad señalada como responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil novecientos setenta y cinco, del tomo XXV, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, bajo el rubro: "COMPETENCIA EN AMPARO. La fracción IX del artículo 107 constitucional, somete el conocimiento de los juicios de garantías, de la competencia de los Jueces de Distrito, al de la jurisdicción en que esté el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, sin distinguir si el amparo se endereza contra actos de autoridades judiciales o distintas de éstas" Por su parte, el artículo 37 de la Ley de Amparo previene que: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se hay ejecutado. " Ahora bien, del estudio de la demanda se advierte que Fernando de la Cruz Hernández, promovió juicio de amparo contra actos del Licenciado Rubén Armenta Mendoza, Juez de Oralidad Familiar y/o Juez de Partido Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Salamanca, Guanajuato, licenciado Felipe de Jesús Jiménez Bárcenas, Juez de Oralidad Familiar y/o Juez de Partido Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Salamanca, Guanajuato, licenciada Dalila Fernanda Hernández Farías, Juez de Oralidad Familiar y/o Juez de Partido Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Salamanca, Guanajuato y Encargada de la Central de Actuarios y Oficialía de Partes Común de dichos Juzgados y/o Actuario llevador de dicho expediente, todos residentes en Salamanca, Guanajuato, de quienes substancialmente reclamó el decretamiento de una pensión alimenticia provisional, así como la falta de emplazamiento a juicio, todas las actuaciones practicadas en dicho expediente de alimentos. Sin embargo, de lo anterior no se advierte que se haya señalado alguna autoridad de esta entidad federativa, a quien se le atribuya la ejecución de alguno de los actos reclamados, máxime que en auto de cuatro de junio de dos mil quince dictado en el juicio de origen, la responsable reservó el emplazamiento al juicio del demandado aquí quejoso Fernando de la Luz Hernández. En consecuencia, por el sólo hecho de que en la demanda no se señale a ninguna autoridad ejecutora en esta entidad, es suficiente para considerar que es competente para conocer de dicha demanda el Juez de Distrito en donde radican las autoridades responsables Licenciado Rubén Armenta Mendoza, Juez de Oralidad Familiar y/o Juez de Partido Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Salamanca, Guanajuato, licenciado Felipe de Jesús Jiménez Bárcenas, Juez de Oralidad Familiar y/o Juez de Partido Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Salamanca, Guanajuato, licenciada Dalila Fernanda Hernández Farías, Juez de Oralidad Familiar y/o Juez de Partido Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Salamanca, Guanajuato y Encargada de la Central de Actuarios y Oficialía de Partes Común de dichos Juzgados y/o Actuario llevador de dicho expediente, todos residentes en Salamanca, Guanajuato. En segundo lugar, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte con absoluta claridad, que el quejoso no reclamó alguna diligencia de emplazamiento a juicio practicada en esta entidad, sino que el quejoso se duele expresamente de la falta, ilegal o reserva de emplazamiento al juicio natural, es decir, que jamás se le ha emplazado en esta ciudad, por lo que esa manifestación, revela que respecto del emplazamiento reclamado, éste no se ha ejecutado en el lugar donde este juzgado ejerce jurisdicción, por ende no se puede fincar la competencia a favor de este juzgado, además, de la lectura integral de la demanda se advierte que también se reclaman los actos subsecuentes que como consecuencia derivan del mismo, es decir, todo lo actuado en el juicio de alimentos. Por otra parte, no es suficiente para este juzgador federal, el que se haya girado el oficio al Jefe del departamento de Recursos Humanos de la Refinería Ingeniero Antonio Dovalí Jaime, con domicilio en Salina Cruz, Oaxaca, para que se realizaran los descuentos correspondientes al pago de pensión alimenticia provisional a favor de María Dolores Vidal Ramírez. Lo anterior porque se trata de un acto que tiene origen en un juicio que se tramita ante un Juez del Estado de Guanajuato, por lo que su ejecución inicia desde que se decretó la medida cautelar, hasta que se materializa. En consecuencia, si las medidas cautelares, atendiendo al principio de instrumentalidad, nace al servicio del proceso, entonces, no pueden considerarse autónomas, al grado de que sirvan como parámetro para fijar la competencia, pues si bien es cierto que en el caso de nuestra atención, la retención de la pensión alimenticia provisional se ejecuta en esta entidad, lo cierto es que derivan de un juicio en el que se vincula al quejoso a comparecer ante un Juez del Estado de Guanajuato, motivo por el cual la competencia se surte a favor de un Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Irapuato. En ese contexto, este juzgado declara carecer de competencia legal para el conocimiento del presente asunto. Por tanto, con fundamento en el artículo 48 de la ley de la materia, se ordena remitir el juicio de amparo número 607/2015, el original y duplicado del incidente de suspensión relativo al citado juicio de amparo, al Juez de Distrito en el Estado de Coahuila, con residencia en Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, en turno, por conducto del Jefe de Oficina de Correspondencia Común de dichos Juzgados, quien resulta competente, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente, tanto del juicio como del incidente de suspensión. Por último, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con quince minutos del veinticinco de febrero de dos mil dieciséis. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. IIA
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, cinco de febrero de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos, advirtiéndose que la autoridad responsable, Juez de Partido Especializado en Materia Familiar, residente en Salamanca, Guanajuato, al rendir su informe justificado refirió que es cierto el acto reclamado, precisando que en ese Juzgado de Oralidad, se tramita el expediente F778/2015, Juicio Oral Ordinario sobre pago de alimentos y demás prestaciones, promovido por MARÍA DOLORES VIDAL RAMÍREZ, en contra de FERNANDO DE LA LUZ HERNÁNDEZ, habiéndose radicado el asunto mediante auto de fecha cuatro de junio de dos mil quince, en donde decretó la medida precautoria de embargo para garantizar el pago de alimentos provisionales a favor de la accionante por el 25% de su salario y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias y cualquier otra cantidad que perciba como trabajador de la empresa Petróleos Mexicanos de Salina Cruz, Oaxaca, la cual ha quedado debidamente ejecutada según se desprende del oficio de fecha siete de julio de dos mil quince, en el entendido de que la misma se decretó sin audiencia de la parte reo en razón a lo dispuesto por el artículo 401 fracción I en relación con el 402 y 411, todos del Código de Procedimientos Civiles vigente en esa Entidad Federativa. Lo anterior se corrobora con las constancias que anexó a su aludido informe justificado, las que tienen pleno valor probatorio, en términos de los previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. En tales condiciones, toda vez que la competencia legal es de orden público y, por ello, no puede quedar sujeta a voluntad de las partes, se procede a analizar si en el caso se surte la competencia legal de este juzgado, para conocer de la demanda de amparo presentada por el quejoso. Es aplicable al caso la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el tomo XCVII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso". Al respecto, el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, señala lo siguiente: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley. De acuerdo a las bases siguientes: . VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia. " De la literalidad del precepto constitucional transcrito, se advierte que el juicio de amparo se promoverá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, destacando que para efectos de su tramitación, entre otros requisitos, se limitará al informe de la autoridad señalada como responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil novecientos setenta y cinco, del tomo XXV, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, bajo el rubro: "COMPETENCIA EN AMPARO. La fracción IX del artículo 107 constitucional, somete el conocimiento de los juicios de garantías, de la competencia de los Jueces de Distrito, al de la jurisdicción en que esté el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, sin distinguir si el amparo se endereza contra actos de autoridades judiciales o distintas de éstas" Por su parte, el artículo 37 de la Ley de Amparo previene que: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se hay ejecutado. " Ahora bien, del estudio de la demanda se advierte que Fernando de la Cruz Hernández, promovió juicio de amparo contra actos del Licenciado Rubén Armenta Mendoza, Juez de Oralidad Familiar y/o Juez de Partido Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Salamanca, Guanajuato, licenciado Felipe de Jesús Jiménez Bárcenas, Juez de Oralidad Familiar y/o Juez de Partido Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Salamanca, Guanajuato, licenciada Dalila Fernanda Hernández Farías, Juez de Oralidad Familiar y/o Juez de Partido Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Salamanca, Guanajuato y Encargada de la Central de Actuarios y Oficialía de Partes Común de dichos Juzgados y/o Actuario llevador de dicho expediente, todos residentes en Salamanca, Guanajuato, de quienes substancialmente reclamó el decretamiento de una pensión alimenticia provisional, así como la falta de emplazamiento a juicio, todas las actuaciones practicadas en dicho expediente de alimentos. Sin embargo, de lo anterior no se advierte que se haya señalado alguna autoridad de esta entidad federativa, a quien se le atribuya la ejecución de alguno de los actos reclamados, máxime que en auto de cuatro de junio de dos mil quince dictado en el juicio de origen, la responsable reservó el emplazamiento al juicio del demandado aquí quejoso Fernando de la Luz Hernández. En consecuencia, por el sólo hecho de que en la demanda no se señale a ninguna autoridad ejecutora en esta entidad, es suficiente para considerar que es competente para conocer de dicha demanda el Juez de Distrito en donde radican las autoridades responsables Licenciado Rubén Armenta Mendoza, Juez de Oralidad Familiar y/o Juez de Partido Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Salamanca, Guanajuato, licenciado Felipe de Jesús Jiménez Bárcenas, Juez de Oralidad Familiar y/o Juez de Partido Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Salamanca, Guanajuato, licenciada Dalila Fernanda Hernández Farías, Juez de Oralidad Familiar y/o Juez de Partido Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Salamanca, Guanajuato y Encargada de la Central de Actuarios y Oficialía de Partes Común de dichos Juzgados y/o Actuario llevador de dicho expediente, todos residentes en Salamanca, Guanajuato. En segundo lugar, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte con absoluta claridad, que el quejoso no reclamó alguna diligencia de emplazamiento a juicio practicada en esta entidad, sino que el quejoso se duele expresamente de la falta, ilegal o reserva de emplazamiento al juicio natural, es decir, que jamás se le ha emplazado en esta ciudad, por lo que esa manifestación, revela que respecto del emplazamiento reclamado, éste no se ha ejecutado en el lugar donde este juzgado ejerce jurisdicción, por ende no se puede fincar la competencia a favor de este juzgado, además, de la lectura integral de la demanda se advierte que también se reclaman los actos subsecuentes que como consecuencia derivan del mismo, es decir, todo lo actuado en el juicio de alimentos. Por otra parte, no es suficiente para este juzgador federal, el que se haya girado el oficio al Jefe del departamento de Recursos Humanos de la Refinería Ingeniero Antonio Dovalí Jaime, con domicilio en Salina Cruz, Oaxaca, para que se realizaran los descuentos correspondientes al pago de pensión alimenticia provisional a favor de María Dolores Vidal Ramírez. Lo anterior porque se trata de un acto que tiene origen en un juicio que se tramita ante un Juez del Estado de Guanajuato, por lo que su ejecución inicia desde que se decretó la medida cautelar, hasta que se materializa. En consecuencia, si las medidas cautelares, atendiendo al principio de instrumentalidad, nace al servicio del proceso, entonces, no pueden considerarse autónomas, al grado de que sirvan como parámetro para fijar la competencia, pues si bien es cierto que en el caso de nuestra atención, la retención de la pensión alimenticia provisional se ejecuta en esta entidad, lo cierto es que derivan de un juicio en el que se vincula al quejoso a comparecer ante un Juez del Estado de Guanajuato, motivo por el cual la competencia se surte a favor de un Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Irapuato. En ese contexto, este juzgado declara carecer de competencia legal para el conocimiento del presente asunto. Por tanto, con fundamento en el artículo 48 de la ley de la materia, se ordena remitir el juicio de amparo número 607/2015, el original y duplicado del incidente de suspensión relativo al citado juicio de amparo, al Juez de Distrito en el Estado de Coahuila, con residencia en Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, en turno, por conducto del Jefe de Oficina de Correspondencia Común de dichos Juzgados, quien resulta competente, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente, tanto del juicio como del incidente de suspensión. Por último, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con quince minutos del veinticinco de febrero de dos mil dieciséis. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. IIA
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