Fernando Gabriel Cortez Díaz
Expediente 505/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 20 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 505/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 20/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Fernando Gabriel Cortez Díaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veinte de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos y apareciendo que la parte quejosa no se inconformó dentro del término legal con el acuerdo de diecinueve de febrero del actual, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de garantías (fojas 71 a 73); en consecuencia, con fundamento en los artículos 196, último párrafo, 201 fracción I, y 202 de la Ley de Amparo, se tiene por consentido el citado proveído; en tal virtud con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. En otro aspecto, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y dado que se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de depuración, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otro aspecto, se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General e Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. III-A
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, a diecinueve de febrero de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial que antecede y tomando en cuenta que dentro del plazo legal de tres días otorgado al quejoso FERNANDO GABRIEL CORTEZ DÍAZ, por acuerdo de seis del actual (fojas 66 y 67), no hizo manifestación alguna respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo por parte de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje, con sede en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca; por tal razón, se procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la aludida autoridad responsable. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, del tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 192174, cuyo rubro y texto son: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98. DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Para ello, se tiene en cuenta que por sentencia dictada el siete de enero de dos mil nueve (fojas 37 a 44), se concedió al quejoso el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que la Junta laboral responsable obligara al Auxiliar a que de inmediato, sin demora alguna, elaborara el proyecto del laudo; hecho lo anterior, y observando en todo momento las formalidades subsecuentes inherentes al juicio, previstas en los artículos 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo, dicha Junta laboral dictara el laudo respectivo; y, por conducto del Actuario de su adscripción, notificara al quejoso su determinación. Sentencia que el veinticuatro de enero de dos mil diecinueve (fojas 53 y 54), causó ejecutoria, requiriéndose su cumplimiento a la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje, con sede en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca. Por tal razón, por oficio número 116, el Presidente de dicha junta laboral, remitió copia certificada de la razón asentada por la Secretaria de Acuerdos de esa junta de ocho de enero del actual, en la que hizo constar que en esa fecha se agregó al expediente laboral número 224/2016, el proyecto de resolución en forma de laudo, entregándose una copia del mismo a cada uno de los miembros integrantes de dicha junta. Del acuerdo dictado el dieciséis de enero de dos mil diecinueve, en el que se citó a los Representantes del Trabajo y del Capital que integran la Junta laboral de mérito, a la audiencia de discusión y votación sobre el proyecto de laudo, que tendría verificativo a las doce horas del veinticinco de enero del año en curso, así como de sus notificaciones correspondientes. De la audiencia de discusión y votación respectiva; del laudo emitido el veinticinco de enero de dos mil diecinueve y de sus respectivas notificaciones a las partes en esa misma fecha (fojas 57 a 64). De dichas documentales, las que tienen pleno valor probatorio en términos de lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, se advierte que la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje, con sede en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, acató en sus términos la ejecutoria de amparo, en virtud de que con anterioridad a que se le notificara el acuerdo dictado el veinticuatro de enero del actual, en el que se declaró ejecutoriada la sentencia de amparo, lo que aconteció el veintiocho siguiente (foja 56), el Auxiliar adscrito a la junta laboral, ya había elaborado el proyecto del laudo, así también, observándose las formalidades subsecuentes inherentes al juicio, previstas en los artículos 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo, dicha Junta laboral dictó el laudo el veinticinco de enero del año en curso (fojas 60 a 62); y, por conducto del Actuario de su adscripción, notificó al quejoso su determinación en esa misma fecha (foja 63). En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Lo anterior hágase del conocimiento de la autoridad responsable para los efectos legales consiguientes. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. III-A
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, seis de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes, el oficio de cuenta firmado por el Presidente de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje, residente en Tehuantepec, Oaxaca, con el que informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este expediente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con lo anterior, dése vista al quejoso Fernando Gabriel Cortez Díaz, para que dentro del término de tres días siguientes a su legal notificación, manifieste lo que a sus intereses convenga. En la inteligencia que de no hacer manifestación alguna dentro del término legal concedido, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en el juicio y los datos aportados por la autoridad responsable, dado que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, atento a lo sustentado en la jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, del mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 192174, cuyo rubro y texto son: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE POR QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Notifíquese; personalmente al quejoso. III-A
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veinticuatro de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que las partes no recurrieron la sentencia de siete de enero de dos mil diecinueve (fojas 38 a 44), en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Fernando Gabriel Cortez Díaz; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio en los términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia de mérito. Con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial de Conciliación y Arbitraje en Tehuantepec, Oaxaca, para que dentro del término de tres días, siguientes a su legal notificación de este acuerdo, como lo dispone el párrafo segundo del citado artículo 192 de la Ley de Amparo, dé exacto y preciso cumplimiento a la concesión del amparo, remitiendo copia certificada de las constancias que lo demuestren. Apercibiendo a dicha autoridad responsable que de no acreditar lo anterior en el plazo legal otorgado, de conformidad con lo establecido en el invocado artículo 192 de la Ley de Amparo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegido de Circuito correspondiente o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación; así también, apercibida que de no cumplir se hará acreedora a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente (UMA) para el año dos mil dieciocho. Notifíquese. III-A
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