Fernando Arellano Pineda
Expediente 389/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 389/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Argefin S.A.P.I. de C.V. S.O.F.O.M.E.N.R. Arg090730828
- Fernando Arellano Pineda
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de abril de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta se provee. Auto causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto de nueve de abril de dos mil diecinueve, dictado en el presente juicio; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. II. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con base en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se desechó la demanda que dio origen al juicio en que se actúa, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de abril de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta se provee. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 389/2019. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. DESECHAMIENTO. Como cuestión inicial, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención al análisis integral del escrito inicial se precisa que el acto reclamado consiste en: El causar daño directo a su patrimonio, familia, documentos y salario. Ahora bien, como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Se estima que en el caso se verifica de manera manifiesta e indudable la hipótesis a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 5°, fracción II, de la Ley de Amparo que disponen: Artículo 61. "El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.] De los numerales invocados se pone de manifiesto que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, entre otros, por leyes o actos de la autoridad que transgredan derechos fundamentales y que se considera como autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de la Ley de Amparo, los particulares también pueden tener la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos de otros particulares en forma unilateral y obligatoria y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por lo tanto, es necesario precisar el concepto de autoridad responsable, entendiendo por tal, aquel órgano o ente que ejerce facultades decisorias en uso de sus atribuciones que les confiere la ley, cuyo ejercicio es irrenunciable por ser de naturaleza pública la fuente de su potestad; o tratándose de un particular, para ser considerado como sujeto de control constitucional, deberá realizar actos equivalentes a los actos antes señalados, y sus funciones deberán estar determinadas por una norma general, lo que no acontece en el presente asunto. Por ello, a fin de establecer si a quien se le atribuye el acto, tiene el carácter de autoridad para los efectos del juicio constitucional, se debe atender a la naturaleza propia del acto que se le reclame, esto es, examinar si la norma legal lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública, o bien, a través de otras autoridades. Sobre este tópico la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que las notas distintivas de los actos de autoridad en relación con los gobernados, son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Ahora, de conformidad con el precepto 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, la autoridad responsable es aquella que con independencia de su naturaleza formal, dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. O bien, como ya se dijo, para los efectos de la Ley de Amparo, los particulares también pueden tener la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en forma unilateral y obligatoria y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Así para determinar si un particular realiza actos equiparables a los de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo en su contra, debe verificarse que se satisfagan los siguientes requisitos: 1. Que realicen actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omitan actuar en determinado sentido; 2. Que afecten derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y, 3. Que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. Tiene aplicación a lo anterior la tesis aislada I.1o.A.13 K (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Libro, 4, marzo de 2014, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la página 1887, que dice: "PARTICULARES EN EL JUICIO DE AMPARO. CASOS EN QUE PUEDEN SER LLAMADOS COMO AUTORIDADES RESPONSABLES (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO). El artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril del dos mil trece, prevé la posibilidad de que los particulares adquieran la calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo cuando se satisfagan los siguientes requisitos: 1. Que realicen actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omitan actuar en determinado sentido; 2. Que afecten derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y, 3. Que sus funciones estén determinadas en una norma general. De la exposición de motivos que dio origen a la nueva legislación de amparo se advierte que cuando el legislador incorporó esa posibilidad, pretendió limitarla a los casos en que, conforme a sus funciones, los particulares puedan dictar, ordenar, ejecutar, tratar de ejecutar u omitir algún acto en forma unilateral y obligatoria que conlleve la creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas que afecten derechos, es decir, a los casos en que dentro del cúmulo de funciones que les otorgue la norma general y abstracta que los regula se encuentre prevista la de emitir algún acto en forma unilateral y obligatoria que implique la creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas que afecten derechos. Por tanto, para decidir si en un juicio de amparo se debe tener como autoridad responsable a un particular, se debe verificar si el acto que se le atribuye fue emitido en ejercicio de las funciones que le son propias, en términos de la norma general que lo regule". Por consiguiente, si los actos del particular señalado como autoridad responsable no reúnen los requisitos antes mencionados, no son susceptibles de impugnarse a través del juicio de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis III.4o.C.10 K (10a.) emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Libro 14, Enero de 2015, Tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 1828, del tenor siguientes: "AUTORIDAD RESPONSABLE. NO TIENE ESE CARÁCTER, PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EL PARTICULAR SEÑALADO COMO TAL, SI LOS ACTOS QUE SE LE RECLAMAN NO REÚNEN LAS CARACTERÍSTICAS DE UNILATERALIDAD, IMPERIO Y SUS FUNCIONES NO ESTÁN DETERMINADAS POR UNA NORMA GENERAL. De la intelección del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo vigente, se desprende que, para los efectos del juicio de amparo, es autoridad responsable aquella que ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Asimismo, en su párrafo segundo establece que a los particulares les revestirá dicho carácter cuando realicen actos equivalentes a los de esa naturaleza que afecten derechos en los mismos términos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Luego entonces, si los actos equivalentes que se le imputan a un particular, señalado como autoridad responsable, no reúnen las referidas características de unilateralidad e imperio y, además, sus funciones no están determinadas por una norma de carácter general, es dable concluir que no le reviste la mencionada calidad". Atento a lo anteriormente expuesto, la institución denominada "FINANCIERA ARGEFIN, S.A.P.I. DE C.V. S.O.F.O.M.E.N.R./ARG090730828", señalada como autoridad responsable por la parte quejosa, en el caso a estudio, carece de las características distintivas que se citaron con antelación, las cuales debe tener una autoridad a fin de ser considerada como tal para los efectos del amparo. Es decir, su actuación no crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas, de forma unilateral, sino que únicamente formaliza y hace constar los actos celebrados por particulares o dentro de algún procedimiento, de lo que se infiere que no actúa con imperio, en una relación de supra a subordinación, sino como prestador de un servicio mediante una patente otorgada por el Estado. Tiene aplicación en lo que interesa la tesis de la Décima Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, Materia Común, visible en la página 1574, de texto y rubro siguientes: "AUTORIDAD POR EQUIVALENCIA. NO LO ES LA INSTITUCIÓN FINANCIERA ENAJENANTE, SI LOS ACTOS RECLAMADOS DERIVAN DE LA VENTA O ENAJENACIÓN DE BIENES REALIZADA COMO ENTIDAD FIDUCIARIA EN CUMPLIMIENTO Y EJERCICIO DE LOS ACUERDOS PRIVADOS CELEBRADOS POR LAS CONTRATANTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 403 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO (ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). Del análisis sistemático del invocado artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, en cuanto establece la procedencia del juicio de garantías contra actos de particulares "... cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad ...", debe entenderse en su contenido semántico del vocablo "equivalente", el actuar de los particulares que se coloquen en un plano semejante respecto de las autoridades que realicen actos unilaterales, imperativos y coercitivos. Por consiguiente, la ejecución de actos en un plano de igualdad con otros particulares, que no impliquen una subordinación como autoridad coercitiva e imperativa, de ningún modo refleja el que las entidades fiduciarias pudieran tener por equivalencia el carácter de autoridades responsables, ni de actos equivalentes a los de autoridad, puesto que de su contenido objetivo en su aspecto "... sedes materiae ...", dicha norma legal no es aislada, sino que está regulada por los principios constitucionales que como mandatos de optimización estatuyen los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, que en su contenido literal no establecen la regulación expresa de actos propios de particulares para la procedencia del juicio de amparo, ni esa connotación jurídica puede encontrar sustento en la iniciativa de la nueva Ley de Amparo, ni en el procedimiento propio de debate correspondiente, por no referirse a la indicada acepción, que tampoco puede contrariar lo dispuesto en la Ley Suprema del País. Consecuentemente, si el actuar de un particular en un plano de igualdad y horizontal con otro u otros particulares no se encuentra previsto en un principio regulado como acto de autoridad en la Constitución Federal, menos puede discernirse ese vínculo jurídico de leyes generales secundarias, como reglas en un ámbito meramente fáctico, puesto que la Ley de Amparo no ha de reñir con los principios que la propia Carta Fundamental estatuye, sino que debe atenderse a lo que dispuso el legislador ordinario en la norma secundaria como "equivalente", entendiéndose por esto cuando los particulares actúen en auxilio o en cumplimiento de un acto de autoridad. Así es, en tanto se reitera que los preceptos constitucionales que rigen por excelencia el juicio de amparo en México, continúan manteniendo en su contenido deontológico -teoría de los deberes- y axiológico -teoría de los valores- la procedencia del amparo contra "actos de autoridad", esto es, los que cumplen los requisitos legales de ser unilaterales, imperativos y coercitivos, en el orden en que actúa un ente público -por sí o por auxilio de un particular o en cumplimiento de un mandato o de una ley- que exija un hacer u omisión inexcusable, sometiéndose la voluntad del particular a través de medios represivos o inhibitorios para que se cumpla una decisión originariamente proveniente de la autoridad estatal. Todo ello permite concluir que no respecto de cualquier acto de particular procede el juicio de amparo, pues si en términos del artículo 403 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el procedimiento de enajenación de bienes fideicomitidos deriva de "un pacto convencional", entre partes que actúan por voluntad propia y en igualdad de condiciones jurídicas y en un plano jurídico horizontal, es evidente que aun cuando ese acuerdo esté previsto en una ley general, como es la norma indicada, se debe precisar que la institución fiduciaria particular no actúa con carácter de autoridad porque no ejerce facultades de imperio y de coercibilidad, debido a que no crea, modifica ni extingue situaciones jurídicas o de hecho en forma unilateral, imperativa ni coercitivamente, en razón a que no está investida de imperio; por ende, su actuar no constituye acto de autoridad equivalente al de las autoridades con mando coercitivo e imperativo, de modo que la defensa de algún derecho controvertido, en su caso, se encuentra sujeta a la potestad ordinaria en que el gobernado debe hacer valer sus prerrogativas y sujetarse a los principios constitucionales de audiencia, legalidad, debido procedimiento y tutela jurisdiccional efectiva, atento a que es incuestionable que el Estado Mexicano tiene la carga de vigilar que se respeten los derechos humanos y fundamentales previstos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales que de ella deriven." En esas condiciones, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5°, fracción II de la Ley de Amparo, y por consecuencia, SE DESECHA la demanda de amparo, promovida por Fernando Arellano Pineda. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Sin embargo, destáquese que de conformidad con lo dispuesto en los mencionados ordenamientos, las resoluciones que se dicten en este expediente así como la lista de acuerdos que se publica diariamente, se encuentran a disposición del público para su consulta. Por tanto, en términos del artículo 21 del cuerpo normativo citado en segundo término, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que deberán manifestar expresamente; en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las determinaciones que se dicten se publiquen sin la supresión de sus datos personales. Destáquese que las resoluciones que pongan fin al juicio se publicarán en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo los lineamientos que contiene el citado protocolo; esto es, con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y c) acuses de recibo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Josué Romero Mena, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA AL QUEJOSO EL AUTO DE NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN SINTESIS DICE: Morelia, Michoacán, nueve de abril de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta se provee. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 389/2019. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. DESECHAMIENTO. Como cuestión inicial, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención al análisis integral del escrito inicial se precisa que el acto reclamado consiste en: El causar daño directo a su patrimonio, familia, documentos y salario. Ahora bien, como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Se estima que en el caso se verifica de manera manifiesta e indudable la hipótesis a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 5°, fracción II, de la Ley de Amparo que disponen: Artículo 61. "El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.] De los numerales invocados se pone de manifiesto que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, entre otros, por leyes o actos de la autoridad que transgredan derechos fundamentales y que se considera como autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de la Ley de Amparo, los particulares también pueden tener la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos de otros particulares en forma unilateral y obligatoria y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por lo tanto, es necesario precisar el concepto de autoridad responsable, entendiendo por tal, aquel órgano o ente que ejerce facultades decisorias en uso de sus atribuciones que les confiere la ley, cuyo ejercicio es irrenunciable por ser de naturaleza pública la fuente de su potestad; o tratándose de un particular, para ser considerado como sujeto de control constitucional, deberá realizar actos equivalentes a los actos antes señalados, y sus funciones deberán estar determinadas por una norma general, lo que no acontece en el presente asunto. Por ello, a fin de establecer si a quien se le atribuye el acto, tiene el carácter de autoridad para los efectos del juicio constitucional, se debe atender a la naturaleza propia del acto que se le reclame, esto es, examinar si la norma legal lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública, o bien, a través de otras autoridades. Sobre este tópico la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que las notas distintivas de los actos de autoridad en relación con los gobernados, son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Ahora, de conformidad con el precepto 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, la autoridad responsable es aquella que con independencia de su naturaleza formal, dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. O bien, como ya se dijo, para los efectos de la Ley de Amparo, los particulares también pueden tener la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en forma unilateral y obligatoria y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Así para determinar si un particular realiza actos equiparables a los de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo en su contra, debe verificarse que se satisfagan los siguientes requisitos: 1. Que realicen actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omitan actuar en determinado sentido; 2. Que afecten derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y, 3. Que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. Tiene aplicación a lo anterior la tesis aislada I.1o.A.13 K (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Libro, 4, marzo de 2014, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la página 1887, que dice: "PARTICULARES EN EL JUICIO DE AMPARO. CASOS EN QUE PUEDEN SER LLAMADOS COMO AUTORIDADES RESPONSABLES (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO). El artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril del dos mil trece, prevé la posibilidad de que los particulares adquieran la calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo cuando se satisfagan los siguientes requisitos: 1. Que realicen actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omitan actuar en determinado sentido; 2. Que afecten derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y, 3. Que sus funciones estén determinadas en una norma general. De la exposición de motivos que dio origen a la nueva legislación de amparo se advierte que cuando el legislador incorporó esa posibilidad, pretendió limitarla a los casos en que, conforme a sus funciones, los particulares puedan dictar, ordenar, ejecutar, tratar de ejecutar u omitir algún acto en forma unilateral y obligatoria que conlleve la creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas que afecten derechos, es decir, a los casos en que dentro del cúmulo de funciones que les otorgue la norma general y abstracta que los regula se encuentre prevista la de emitir algún acto en forma unilateral y obligatoria que implique la creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas que afecten derechos. Por tanto, para decidir si en un juicio de amparo se debe tener como autoridad responsable a un particular, se debe verificar si el acto que se le atribuye fue emitido en ejercicio de las funciones que le son propias, en términos de la norma general que lo regule". Por consiguiente, si los actos del particular señalado como autoridad responsable no reúnen los requisitos antes mencionados, no son susceptibles de impugnarse a través del juicio de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis III.4o.C.10 K (10a.) emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Libro 14, Enero de 2015, Tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 1828, del tenor siguientes: "AUTORIDAD RESPONSABLE. NO TIENE ESE CARÁCTER, PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EL PARTICULAR SEÑALADO COMO TAL, SI LOS ACTOS QUE SE LE RECLAMAN NO REÚNEN LAS CARACTERÍSTICAS DE UNILATERALIDAD, IMPERIO Y SUS FUNCIONES NO ESTÁN DETERMINADAS POR UNA NORMA GENERAL. De la intelección del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo vigente, se desprende que, para los efectos del juicio de amparo, es autoridad responsable aquella que ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Asimismo, en su párrafo segundo establece que a los particulares les revestirá dicho carácter cuando realicen actos equivalentes a los de esa naturaleza que afecten derechos en los mismos términos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Luego entonces, si los actos equivalentes que se le imputan a un particular, señalado como autoridad responsable, no reúnen las referidas características de unilateralidad e imperio y, además, sus funciones no están determinadas por una norma de carácter general, es dable concluir que no le reviste la mencionada calidad". Atento a lo anteriormente expuesto, la institución denominada "FINANCIERA ARGEFIN, S.A.P.I. DE C.V. S.O.F.O.M.E.N.R./ARG090730828", señalada como autoridad responsable por la parte quejosa, en el caso a estudio, carece de las características distintivas que se citaron con antelación, las cuales debe tener una autoridad a fin de ser considerada como tal para los efectos del amparo. Es decir, su actuación no crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas, de forma unilateral, sino que únicamente formaliza y hace constar los actos celebrados por particulares o dentro de algún procedimiento, de lo que se infiere que no actúa con imperio, en una relación de supra a subordinación, sino como prestador de un servicio mediante una patente otorgada por el Estado. Tiene aplicación en lo que interesa la tesis de la Décima Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, Materia Común, visible en la página 1574, de texto y rubro siguientes: "AUTORIDAD POR EQUIVALENCIA. NO LO ES LA INSTITUCIÓN FINANCIERA ENAJENANTE, SI LOS ACTOS RECLAMADOS DERIVAN DE LA VENTA O ENAJENACIÓN DE BIENES REALIZADA COMO ENTIDAD FIDUCIARIA EN CUMPLIMIENTO Y EJERCICIO DE LOS ACUERDOS PRIVADOS CELEBRADOS POR LAS CONTRATANTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 403 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO (ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). Del análisis sistemático del invocado artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, en cuanto establece la procedencia del juicio de garantías contra actos de particulares "... cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad ...", debe entenderse en su contenido semántico del vocablo "equivalente", el actuar de los particulares que se coloquen en un plano semejante respecto de las autoridades que realicen actos unilaterales, imperativos y coercitivos. Por consiguiente, la ejecución de actos en un plano de igualdad con otros particulares, que no impliquen una subordinación como autoridad coercitiva e imperativa, de ningún modo refleja el que las entidades fiduciarias pudieran tener por equivalencia el carácter de autoridades responsables, ni de actos equivalentes a los de autoridad, puesto que de su contenido objetivo en su aspecto "... sedes materiae ...", dicha norma legal no es aislada, sino que está regulada por los principios constitucionales que como mandatos de optimización estatuyen los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, que en su contenido literal no establecen la regulación expresa de actos propios de particulares para la procedencia del juicio de amparo, ni esa connotación jurídica puede encontrar sustento en la iniciativa de la nueva Ley de Amparo, ni en el procedimiento propio de debate correspondiente, por no referirse a la indicada acepción, que tampoco puede contrariar lo dispuesto en la Ley Suprema del País. Consecuentemente, si el actuar de un particular en un plano de igualdad y horizontal con otro u otros particulares no se encuentra previsto en un principio regulado como acto de autoridad en la Constitución Federal, menos puede discernirse ese vínculo jurídico de leyes generales secundarias, como reglas en un ámbito meramente fáctico, puesto que la Ley de Amparo no ha de reñir con los principios que la propia Carta Fundamental estatuye, sino que debe atenderse a lo que dispuso el legislador ordinario en la norma secundaria como "equivalente", entendiéndose por esto cuando los particulares actúen en auxilio o en cumplimiento de un acto de autoridad. Así es, en tanto se reitera que los preceptos constitucionales que rigen por excelencia el juicio de amparo en México, continúan manteniendo en su contenido deontológico -teoría de los deberes- y axiológico -teoría de los valores- la procedencia del amparo contra "actos de autoridad", esto es, los que cumplen los requisitos legales de ser unilaterales, imperativos y coercitivos, en el orden en que actúa un ente público -por sí o por auxilio de un particular o en cumplimiento de un mandato o de una ley- que exija un hacer u omisión inexcusable, sometiéndose la voluntad del particular a través de medios represivos o inhibitorios para que se cumpla una decisión originariamente proveniente de la autoridad estatal. Todo ello permite concluir que no respecto de cualquier acto de particular procede el juicio de amparo, pues si en términos del artículo 403 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el procedimiento de enajenación de bienes fideicomitidos deriva de "un pacto convencional", entre partes que actúan por voluntad propia y en igualdad de condiciones jurídicas y en un plano jurídico horizontal, es evidente que aun cuando ese acuerdo esté previsto en una ley general, como es la norma indicada, se debe precisar que la institución fiduciaria particular no actúa con carácter de autoridad porque no ejerce facultades de imperio y de coercibilidad, debido a que no crea, modifica ni extingue situaciones jurídicas o de hecho en forma unilateral, imperativa ni coercitivamente, en razón a que no está investida de imperio; por ende, su actuar no constituye acto de autoridad equivalente al de las autoridades con mando coercitivo e imperativo, de modo que la defensa de algún derecho controvertido, en su caso, se encuentra sujeta a la potestad ordinaria en que el gobernado debe hacer valer sus prerrogativas y sujetarse a los principios constitucionales de audiencia, legalidad, debido procedimiento y tutela jurisdiccional efectiva, atento a que es incuestionable que el Estado Mexicano tiene la carga de vigilar que se respeten los derechos humanos y fundamentales previstos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales que de ella deriven." En esas condiciones, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5°, fracción II de la Ley de Amparo, y por consecuencia, SE DESECHA la demanda de amparo, promovida por Fernando Arellano Pineda. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Sin embargo, destáquese que de conformidad con lo dispuesto en los mencionados ordenamientos, las resoluciones que se dicten en este expediente así como la lista de acuerdos que se publica diariamente, se encuentran a disposición del público para su consulta. Por tanto, en términos del artículo 21 del cuerpo normativo citado en segundo término, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que deberán manifestar expresamente; en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las determinaciones que se dicten se publiquen sin la supresión de sus datos personales. Destáquese que las resoluciones que pongan fin al juicio se publicarán en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo los lineamientos que contiene el citado protocolo; esto es, con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y c) acuses de recibo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Josué Romero Mena, secretario que autoriza y da fe.
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