Fernando Elizardi Sáenz
Expediente 1603/2021 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1603/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/12/2021
Partes del expediente
- Fernando Elizardi Sáenz
Actuaciones
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, trece de diciembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el escrito de demanda signado por Fernando Elizardi Saenz, contra actos de la Jueza Primero de Primera Instancia de lo Familiar, con sede en esta ciudad y otra autoridad; regístrese en el libro respectivo con el número 1603/2021-V. Juicio en línea. Tomando en cuenta que al promoverse el presente asunto se realizó de forma física, se exhorta a la partes para que, de ser posible y tomando en consideración las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; atendiendo a ello, deberán haber solicitado la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que este juzgado debe haber autorizado, en el entendido de que la actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente. Sin embargo, para el caso de quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de su representante legal, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y las notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente al escrito de demanda, numeral que es del tenor literal siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto faculta para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, se precisa que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Ahora, del estudio integral de la demanda de garantías se advierte que la parte quejosa señaló como autoridades responsables y actos reclamados lo siguiente. Autoridades responsables: 1. Jueza Primero de Primera Instancia de lo Familiar del estado de Tamaulipas. 2. Delegado Regional de la Policía Estatal Acreditable. Todos residentes en esta ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Acto reclamado: "La orden de separación del domicilio conyugal ubicado en calle Río Purificación número 224 entre 16 y 18 de la Colonia San Francisco , C.P. 87350 de esta ciudad de H. Matamoros, Tamaulipas, programada para las doce horas con treinta minutos del día trece de diciembre de dos mil veintiuno y de la autoridad señalada como ejecutora: la ejecución de dicha orden." (Sic) Precisado lo anterior, se tiene que el juicio de garantías que se intenta es notoriamente improcedente, por lo que debe desecharse en atención a las siguientes consideraciones. En la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;(.)" Del análisis del numeral transcrito, se advierte que tal hipótesis tutela el principio de definitividad que rige en materia de amparo y que se traduce en que la parte quejosa, previamente a la promoción del juicio de garantías, se encuentra obligada a hacer valer, en tiempo y forma, los recursos y medios de defensa ordinarios, en virtud de los cuales el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado, conforme a las leyes que los rijan. Sin embargo, cabe hacer mención que se exceptúan de la disposición anterior los casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal o cuando se trate de persona extraña al juicio, circunstancias que no se actualizan en el presente asunto. Apoya lo argumentado, la tesis jurisprudencial VI.2o.C. J/260, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Marzo de 2006, página 1816, con registro digital: 175624, que dice: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." Ahora bien, por relacionarse con la materia del asunto, es pertinente señalar que el numeral 259, fracción I, del Código Civil para el estado de Tamaulipas, dispone lo siguiente: "Artículo 259. Desde que se presenta la demanda, la controversia del orden familiar o la solicitud de divorcio o antes, si hubiere urgencia, y solo mientras dure el juicio, se dictarán las medidas provisionales pertinentes; asimismo en los casos de divorcio en que no se llegue a concluir mediante convenio, las medidas subsistirán hasta en tanto se dicte sentencia interlocutoria en el incidente que resuelva la situación jurídica de hijos o bienes, según corresponda y de acuerdo a las disposiciones siguientes: 1. Separar a los cónyuges en todo caso. Para este efecto, el Juez prevendrá al marido que se separe de la casa conyugal y ordenará se le entregue su ropa y los bienes que sean necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que está dedicado. Deberá el marido informar al juez el lugar de su residencia. Si sobre esto se suscitare controversia el juez decidirá en la vía incidental.". Del contenido del artículo recién transcrito se obtiene, en lo que interesa, que durante el trámite del juicio de divorcio y en caso de urgencia, se podrán dictar las medidas provisionales que se estimen pertinentes, las cuales subsistirán mientras dure el juicio; sin embargo, en aquéllos en los que las partes no lleguen a un convenio respecto de las cuestiones inherentes al matrimonio, las mismas continuarán surtiendo efectos hasta en tanto se dicte la resolución interlocutoria en el incidente que se haga valer para dilucidar dichos aspectos. Asimismo, se obtiene que, entre las medidas provisionales que se pueden dictar, se encuentra la de separación de cónyuges, que consiste en que el juez prevenga al marido que se salga del hogar conyugal y ordene la entrega de su ropa y los bienes que le sean necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que está dedicado, posteriormente, el marido deberá informar al juez el lugar de su residencia. De igual forma, se establece que en caso de que respecto de dicha medida provisional se suscitara alguna controversia, la misma deberá plantearse vía incidental para que el juez instructor decida en definitiva lo que corresponda. Por su parte, los artículos 143 a 149 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Tamaulipas, establecen lo siguiente: "Artículo 143. Los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial se sujetarán a las reglas siguientes." "Artículo 144. Promovido el incidente, el juez, dentro de veinticuatro horas, mandará dar traslado a la parte contraria para que conteste en el término de tres días. Si se promoviere prueba, se señalará un término que no exceda de diez días, y respecto del cual no procede término supletorio. Rendidas las pruebas, el juez citará de oficio a las partes a una audiencia que se verificará dentro de tres días, para que en ella aleguen lo que a su derecho convenga. La citación para la audiencia produce los efectos de citación para sentencia, que se pronunciará dentro de cinco días, concurran o no las partes a aquélla." "Artículo 145. Si ninguna de las partes hubiere pedido prueba, se procederá como previene el artículo anterior en sus partes tercera y cuarta." "Artículo 146. Los autos que decidan los incidentes son apelables en los casos y efectos en que lo fuere la sentencia, salvo disposición expresa en sentido contrario." "Artículo 147. Todas las disposiciones sobre prueba en el juicio, son aplicables a los incidentes, en lo que no se opongan a lo preceptuado en este Título; las pruebas pericial y testimonial se ofrecerán dentro de los primeros tres días del término probatorio." "Artículo 148. En la resolución definitiva de un incidente se hará la correspondiente condenación sobre costas." "Artículo 149. Las resoluciones incidentales no surten efecto más que en el juicio en que hayan sido dictadas, a no ser que se refieran a varios en cuyo caso los surtirán en todos ellos." Del contenido literal de los numerales en cita, se colige lo siguiente: a) Los incidentes tienen la naturaleza de un medio ordinario de defensa que puede tener como consecuencia la revocación, modificación o nulificación de la determinación reclamada, puesto que en éste las partes cuentan con periodo probatorio y de alegatos y en el que, previa citación de las mismas, se procederá a dictar la resolución correspondiente a la cuestión debatida. b) Que los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial, se sujetarán a las reglas genéricas que para tal efecto prevé el capítulo respectivo del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Tamaulipas. c) Las determinaciones que decidan en definitiva los incidentes son apelables en los casos y efectos en que lo fuere la sentencia, salvo disposición expresa en sentido contrario. Luego, si en el caso el acto reclamado consiste en la orden de desalojar su domicilio dictada en el juicio de divorcio incausado 01404/2021 (constancia que anexo a su escrito inicial de demanda de garantías), del índice del juzgado responsable, éste debió promover en la vía incidental controversia respecto de dicha medida, tal como se establece expresamente en la fracción I del artículo 259 del Código Civil del estado de Tamaulipas, para que el juez natural decidiera en definitiva sobre la misma. De modo que, el disconforme, antes de acudir a esta instancia constitucional, debió agotar el medio de defensa ordinario a que alude la ley en estudio, el cual, como se dijo, puede modificar, revocar o nulificar la medida urgente con base en las pruebas que se ofrezcan a fin de acreditar la litis incidental. De haber hecho lo señalado en el párrafo que antecede, el peticionario del amparo hubiese tenido la posibilidad de recurrir vía apelación el fallo interlocutorio que, en su caso, resolviera el citado incidente, de acuerdo a lo previsto por el artículo 146 del multicitado código adjetivo civil del estado de Tamaulipas, previo a promover el presente juicio de amparo. En consecuencia, al no haberse agotado previamente a la interposición del juicio de amparo, medio de defensa previsto en la ley ordinaria, cobra vigencia la causa de improcedencia en estudio. En ese sentido resulta aplicable la tesis I.3o.C.249 C, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIV, Agosto de 2001, página 1363, con registro digital: 189049, cuyo rubro y texto dice: "MEDIDAS PRECAUTORIAS. PROCEDE SU REVOCACIÓN, MODIFICAClÓN O NULIFICACIÓN, MEDIANTE LA RECLAMACIÓN QUE SE TRAMITA EN FORMA INCIDENTAL. Las medidas precautorias son actos que se decretan sin audiencia de las personas contra quienes se dirigen, por lo que no puede establecerse que exista juicio; pero tal circunstancia no implica que los afectados por una providencia precautoria dejen de ser "parte" en ellas, y tienen la legitimación para intervenir en las mismas. Ello es así, porque el artículo 250 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Hidalgo, otorga a la persona contra quien se dicta una providencia precautoria, la facultad de reclamarla en cualquier tiempo, pero antes de la sentencia ejecutoria. Esa reclamación que se sustancia en forma incidental, tiene la naturaleza de un medio ordinario de defensa que puede tener como consecuencia la revocación, modificación o nulificación de la providencia precautoria decretada, puesto que como todo incidente, supone que debe ser ejercitado por quien tiene la legitimación procesal y tendrá un periodo probatorio, de alegatos y se resolverá sobre su procedencia. Esa reclamación, que constituye un incidente, es el medio ordinario de defensa idóneo para impugnar la providencia precautoria, puesto que ésta supone que quien la solicitó satisfizo a juicio del órgano jurisdiccional la legitimación en la causa y los requisitos formales de procedencia de la medida y, por ende, desvirtuar la existencia de esos supuestos de procedencia de la providencia precautoria, requiere de prueba que no otorga un recurso, puesto que éste sólo tiene en cuenta las constancias y el contexto en que se dictó el auto impugnado, mientras que en el incidente existe la oportunidad de ofrecer pruebas que es más acorde con la finalidad de reclamar o impugnar una providencia precautoria, y el órgano que la emitió tendrá los elementos de prueba que en vía incidental se le aporten, a fin de resolver sobre la subsistencia, modificación o revocación de su medida." También es aplicable al caso, la tesis XXIV.1o.2 C, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, misma que se observa en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Febrero de 2002, página 871, con registro digital: 187764, la cual dice: "MEDIDAS CAUTELARES. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LAS DECRETE ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, SI PREVIAMENTE NO SE AGOTÓ LA VÍA INCIDENTAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NAYARIT). De una interpretación sistemática y armónica de los artículos 104, fracción III, 109 y 113 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, se deduce que la resolución que decreta las medidas cautelares puede ser reclamada en la vía incidental; en una primera hipótesis, hasta antes de la sentencia ejecutoriada, siempre que el afectado figure como parte en el procedimiento y, en una segunda, puede reclamarse en cualquier tiempo, siempre que se trate de un tercero ajeno a juicio, tal y como lo refiere el artículo 113, párrafo segundo, del código citado, no obstante que en el primer supuesto el afectado no haya sido llamado a juicio, pues si haciéndose sabedor de su existencia promueve demanda de amparo indirecto sin que previamente hubiera agotado la vía incidental, es evidente que se actualiza, en el primer caso, la causal de improcedencia que establece el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo." Al respecto, cabe añadir que el juicio de amparo indirecto es un medio extraordinario de defensa, que por sus características y cualidades no puede ser utilizado por los gobernados de manera caprichosa o aleatoria con el fin de combatir los actos emanados de diversas autoridades, pues si el ordenamiento legal que regula y donde se hace emanar el acto reclamado contempla recursos o medios de defensa por los cuales aquél puede ser modificado, revocado o nulificado, es obligación del agraviado agotar dichos recursos o medios, para estar en la posibilidad legal de instar la instancia constitucional. Máxime, que el quejoso resulta ser parte dentro del procedimiento natural y en la especie no se advierte que se actualice alguna de las causa de excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, previstas en los incisos a), b) y c) de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, página 902, con registro electrónico 187016, cuyo rubro dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." Así las cosas, se tiene que, en el caso, se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por lo que, con apoyo en el artículo 113 de la propia legislación de la materia, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda promovida Fernando Elizardi Saenz. A mayor abundamiento, el supuesto contenido en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, no tiene como finalidad regular actos dentro del juicio de ejecución irreparable, sino que, como se ha dicho, expresamente descansa sobre la posibilidad de que el acto reclamado pueda ser impugnado, eficazmente, en virtud del recurso o medio de defensa ordinario a través del cual el gobernado pueda lograr que el acto de autoridad del que se queja deje de provocarle perjuicio, de manera que el juicio de amparo únicamente quede reservado como un medio extraordinario de defensa a fin de evitar que contra cualquier acto de autoridad, sin condición alguna, se active la tutela constitucional reservada para los órganos jurisdiccionales de la Federación, pues sostener lo contrario, sin hacer caso de un régimen de excepción estricto, indiscutiblemente haría nugatorio el contenido de la precitada hipótesis legal. Apoya lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.C. J/239, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, Noviembre de 2003, Materia Común, visible en la página 765, con registro digital 182901, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. DEBE AGOTARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PARA PROMOVER AMPARO EN SU CONTRA. El hecho de que un acto de autoridad tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación que afecte directa e inmediatamente derechos sustantivos del gobernado, de ninguna manera constituye una excepción al principio de definitividad que rige en materia de amparo, consistente en agotar los medios de defensa o recursos ordinarios previstos en la ley que rige el acto, antes de acudir a la acción constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 73, fracción XIII, de la ley de la materia y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Domicilio y autorizados. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el indicado en su escrito de demanda. Transparencia. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, notifico a la parte quejosa, el auto de trece de diciembre de dos mil veintiuno, por medio de lista de acuerdos, toda vez que no compareció a recibir la notificación respectiva de manera personal.
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