Fernando Elizardi Sáenz

Expediente 1394/2021 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 13 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1394/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
15/12/2021

Partes del expediente

  • Fernando Elizardi Sáenz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, quince de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran el recurso de revisión contemplado por el numeral 81, fracción I, inciso e), de la citada legislación, en contra de la sentencia de sobreseimiento emitida en este asunto el veintiséis de noviembre de este año; en consecuencia, con fundamento en el dispositivo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta legislación, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. Por otra parte, se ordena agregar el original del incidente de suspensión al juicio en que se actúa; asimismo, se determina que el mismo también es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en el supuesto previsto en el artículo 21, inciso c), pues se negó la medida cautelar (suspensión definitiva) respecto de los actos reclamados; además, a juicio de este tribunal, no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, tanto el juicio principal como el original del incidente de suspensión, deberán ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Toda vez que el presente incidente se formó por duplicado y separado, procédase a la destrucción de éste a partir del dieciséis de junio de dos mil veintidós, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), y párrafo tercero, del mencionado Acuerdo General. Finalmente, requiérase a las partes para que dentro del término de noventa días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, comparezcan en el local de este órgano jurisdiccional en día y hora hábil debidamente identificados, a efecto de recoger los documentos originales que en su caso hubiesen allegado a este asunto, previa constancia de recibo que se deje en autos; apercibidas que de no hacerlo en el plazo indicado éstos serán destruidos, de conformidad con el artículo 20, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    De conformidad con el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, notifico a la parte quejosa y a la tercero interesada Olga Villarreal Robles, el auto de quince de diciembre de dos mil veintiuno, por medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal.

  3. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de los presentes autos y atendiendo a lo ordenado en el proveído de esta misma fecha, dictado en el juicio de amparo 637/2020-I, en el que se ordenó acordar lo conducente al archivo y depuración de los presentes cuadernos incidentales, en seguida se provee: De conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de depuración el original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar (suspensión provisional) respecto de los actos reclamados atribuidos a las autoridades señaladas como responsables; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. En la inteligencia de que una vez transcurrido el término de tres años, este Juzgado de Distrito deberá iniciar el procedimiento de depuración, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, por lo que, en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas al otorgamiento de las medidas cautelares o su violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el suscrito, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental. Por otra parte, toda vez que el presente incidente se formó por duplicado y separado, procédase a la destrucción de éste a partir del veintisiete de mayo de dos mil veintidós, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), y párrafo tercero, del mencionado Acuerdo General. Finalmente, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.

  4. Incidental

    H. Matamoros, Tamaulipas, dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo 563/2021-IX, se advierte que en resolución pronunciada el dieciséis de julio de este año (fojas 20 a 25), este Juzgado de Distrito, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso Efrén García Zúñiga, en contra de los actos que reclamó de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Dicha determinación, causó ejecutoria por auto de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, al no ser recurrida por ninguna de las partes, y como lo dispone el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a tal determinación. La Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, con su oficio 2311/2021, recibido en proveído de veintinueve de octubre del presente año, informó el acatamiento a la ejecutoria de amparo, para esto remitió copia certificada del auto de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente administrativo laboral 554/E06/2019, en el cual ordenó enviar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con en la Ciudad de México, para que a su vez requiriera a la institución bancaria HSBC México, S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiera HSBC, el informe que fue admitido por auto de diez de diciembre de dos mil veinte, con el apercibimiento que de no acatar lo requerido se le aplicarían las medidas de apremio que se encuentran señaladas en el artículo 731 de la Ley Federal del Trabajo; asimismo, adjuntó el oficio número 2310/2021 de veintisiete de octubre de esta anualidad, dirigido a la primera de las instituciones; así como, el correo electrónico con el cual fue enviado y el acuse de recibo de dicha dependencia. Las referidas constancias fueron puestas a la vista del impetrante de garantías y del tercero interesado; por tanto, este tribunal procede a analizar de oficio si se cumplió con la ejecutoria de mérito. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, con el siguiente rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Así las cosas, la protección constitucional en el juicio de amparo en que se actúa, concedida por este órgano de control constitucional, fue para los efectos siguientes: "Por ello, al acreditarse la violación a la garantía contenida en el artículo 17 Constitucional, de conformidad con el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la justicia Federal para que la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, envíe oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con residencia en la Ciudad de México, para que por su conducto ordene a la Institución Bancaria HSBC México, S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, con asiento en aquélla ciudad, rinda el informe que fue admitido por auto de diez de diciembre de dos mil veinte, en el expediente laboral 554/E06/2019, dentro del plazo de treinta días de conformidad a lo que establece el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo, debiendo apercibir a dicha autoridad con alguno de los medios de apremio que establezca la Ley Federal del Trabajo." En esa tesitura, una vez analizadas las constancias de autos, se estima que la autoridad responsable en este juicio, ha dado cumplimiento a la ejecutoria de mérito, conforme a lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la junta responsable, en estricto acatamiento a la ejecutoria de amparo, por acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente administrativo laboral 554/E06/2019, ordenó enviar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con en la Ciudad de México, para que a su vez requiriera a la institución bancaria HSBC México, S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiera HSBC, el informe que fue admitido por auto de diez de diciembre de dos mil veinte, con el apercibimiento que de no acatar lo requerido se le aplicarían las medidas de apremio que se encuentran señaladas en el artículo 731 de la Ley Federal del Trabajo; asimismo, adjuntó el oficio número 2310/2021 de veintisiete de octubre de esta anualidad, dirigido a la primera de las instituciones; así como, el correo electrónico con el cual fue enviado y el acuse de recibo de dicha dependencia. No es óbice lo manifestado por el quejoso en su escrito de cuenta, en el sentido de que la autoridad responsable verificó de forma parcial la ejecutoria de amparo, pues no está demostrado que en el oficio número 2311/2021, aplicó los medios de apremio establecidos en la ley laboral, para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, diera cumplimiento a su requerimiento en el procedimiento de origen; sin embargo, contrario a lo manifestado por el inconforme, del oficio que menciona se puede advertir que la autoridad le otorgó a dicha institución un término de treinta días para el acatamiento a su determinación, y en caso de no hacerlo se le aplicarían las medidas de apremio establecidas en el numeral 731 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que con ello queda demostrado que la ejecutoria de amparo está cumplida, pues se envió el oficio correspondiente y la dependencia fue apercibida en los términos de ley. En consecuencia, debe concluirse que en el caso, es procedente declarar, sin perjuicio de que las partes interesadas intenten el medio de impugnación correspondiente, que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida sin excesos ni defectos, desde el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. En resumen, para efectos estadísticos, se precisa: 1. La sentencia protectora se dictó el dieciséis de julio de dos mil veintiuno. 2. Dicho fallo causó ejecutoria el veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. 3. La fecha en que la autoridad responsable dio cumplimiento lo es el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. 4. El oficio relativo se recibió en la oficialía de partes común el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, y en este tribunal el veintiocho siguiente. 5. La data de la última notificación relativa a la vista del cumplimiento es el ocho de noviembre de dos mil veintiuno; y, 6. Finalmente, en esta propia fecha, que lo es dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, se tiene por cumplida la ejecutoria. En congruencia con lo que antecede, hágase saber a las partes, que cuentan con el término de quince días para interponer el recurso de inconformidad en contra del presente pronunciamiento, de conformidad con los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.

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