Fernando Elizardi Sáenz

Expediente 1618/2021 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 23 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1618/2021
Año
2021
Actuaciones
23
Última actuación
23/03/2022

Partes del expediente

  • Fernando Elizardi Sáenz
  • Agente del ministerio Público Orientador de la Unidad de Atención Inmediata de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Matamoros, Tamaulipas.
  • Jefe Regional de la Agencia Federal de Investigación Criminal. Matamoros, Tamaulipas.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Incidental

    ... se ordena su archivo...

  2. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos del juicio constitucional en que se actúa y el contenido de la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran el recurso de revisión contemplado por el numeral 81, fracción I, inciso e), de la citada legislación, en contra de la sentencia en la que se decretó el sobreseimiento emitida el tres de marzo de dos mil veintidós; en tal razón, con fundamento en el dispositivo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta legislación, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria. Lo anterior es procedente, con independencia de que no se haga el cómputo de las autoridades responsables, pues conforme lo dispone el artículo 87 de la ley de la materia, éstas sólo podrían interponer el recurso de revisión si el sentido de la sentencia dictada afectara el acto que les fue reprochado, salvo que se trate de amparo contra leyes; lo que no acontece en la especie, dado el sentido del fallo emitido al haberse sobreseído ante la negativa de los actos reclamados y la naturaleza del acto reclamado en el presente juicio constitucional. Es aplicable al respecto, la tesis de jurisprudencia XIX1ºA.C.,J/1 (10ª), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, Décima Época, visible a página 2564, del libro 34, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, septiembre de dos mil dieciséis, tomo IV, cuyo rubro y texto dicen: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARERCE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita. En virtud de lo anterior, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Finalmente, toda vez que en el presente juicio de amparo se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, provéase lo conducente en este último en cuanto a su archivo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, Secretario que actúa y da fe.

  3. Incidental

    Matamoros, Tamaulipas, quince de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se aprecia que ha transcurrido el término que se le dio a la parte quejosa en proveído de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, para que manifestara lo de su intención en cuanto a la inexistencia de las autoridades responsables que denominó Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal y Policía Federal Ministerial, ambas con sede en la Ciudad de México, sin que se hubiere pronunciado al respecto. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento que se le hizo al agraviado y se tiene por inexistentes a las citadas autoridades responsables, suspendiéndose toda comunicación con las mismas. Por las consideraciones que la conforman, resulta aplicable la jurisprudencia XIII.P.A.J/8, materia constitucional común, publicada en la página 2341, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 03, Tomo II, del mes de febrero de 2019, que dice: "DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE AUTORIDADES RESPONSABLES. PREVIO A DECRETARLA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE OTORGAR AL QUEJOSO SU DERECHO DE AUDIENCIA. El artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo señala que uno de los requisitos de la demanda es precisar el nombre de las autoridades responsables. Esto es, dicha circunstancia constituye una carga para el quejoso, lo que implica que si éste señala una denominación incorrecta de la autoridad o, en su caso, que ésta no existe, el juzgador tiene la facultad de declararla inexistente; sin embargo, una vez que el Juez de Distrito tiene la información relativa a la inexistencia de la autoridad responsable señalada en la demanda, para realizar la declaratoria correspondiente debe escuchar primero al quejoso, es decir, darle vista con esa información y requerirle para que manifieste lo que a su derecho convenga, ya sea que aclare la denominación, desista de dicho señalamiento o acredite la existencia de la autoridad. En consecuencia, previo a decretar la inexistencia de una autoridad responsable, el Juez de Distrito debe otorgar al quejoso su derecho de audiencia, previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con motivo de lo anterior, este órgano de control constitucional considera que no existe materia para resolver el fondo del presente incidente, por cuanto hace a las autoridades responsables señaladas por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, como Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal y Policía Federal Ministerial, ambas con sede en la Ciudad de México, toda vez que como se vio, se tuvieron por inexistentes y se suspendió toda comunicación con ellas, de conformidad con el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece las obligaciones de la parte quejosa de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la ley de la materia). Por tanto, debe decirse que en el caso, respecto a dichas autoridades el presente incidente SE DECLARA SIN MATERIA. Finalmente, se dejan sin efectos la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia incidental en cuanto a las multicitadas autoridades se refiere (nueve horas con tres minutos del diecisiete de marzo de dos mil veintidós). Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    S E N T E N C I A: Matamoros, Tamaulipas, tres de marzo de dos mil veintidós. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 1618/2021-II, promovido por Fernando Elizardi Sáenz, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial del Estado en esta ciudad y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, Fernando Elizardi Sáenz, promovió juicio de amparo indirecto, en contra de las autoridades y actos que a continuación se mencionan: Autoridades responsables: Como ordenadoras: AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ORIENTADOR DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN INMEDIATA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO Y ORAL ADSCRITO A LA UNIDAD GENERAL DE INVESTIGACIÓN 1. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO Y ORAL ADSCRITO A LA UNIDAD GENERAL DE INVESTIGACIÓN 2. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO Y ORAL ADSCRITO A LA UNIDAD GENERAL DE INVESTIGACIÓN 3. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO Y ORAL ADSCRITO A LA UNIDAD GENERAL DE INVESTIGACIÓN 4. AGENTE PRIMERO DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR. AGENTE SEGUNDO DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR. JUEZ PRIMERO PENAL CON FUNCIONES DE JUEZ DE TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO. JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO PENAL DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. JUEZ TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO CIVIL DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. JUEZ DE EJECUCIÓN DE SANCIONES. JUEZ DE CONTROL. JUEZ PRIMERO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL ESTADO. MATAMOROS, JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL ESTADO. JUEZ TERCERO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL ESTADO. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD. FISCAL FEDERAL DE LA CÉLULA III INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN EII 1. FISCAL FEDERAL DE LA CÉLULA III DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN EII 2. FISCAL FEDERAL DE LA CÉLULA III DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN EII 3. Como ejecutoras: COMANDANTE DE LA POLICÍA MINISTERIAL DEL ESTADO. COMANDANTE DE LA POLICÍA MINISTERIAL INVESTIGADORA. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA. DIRECTOR DE LA POLICÍA ESTATAL ACREDITABLE. DELEGADO REGIONAL DE LA POLICÍA ESTATAL ACREDITABLE. JEFE REGIONAL DE LA AGENCIA FEDERAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL. Todas con sede en esta ciudad de Matamoros, Tamaulipas. DIRECTOR EN JEFE DE LA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL. CIUDAD DE MÉXICO. (AUTORIDAD RESPONSABLE) POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL. CIUDAD DE MÉXICO. Actos reclamados: DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS: La orden de aprehensión dictada en mi contra fuera de todo procedimiento judicial, así como la orden u órdenes emitidas por dichas autoridades que me generen actos de molestia que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, destierro, desaparición forzadas de personas, desalojo, confiscación de mis bienes o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS: El cumplimiento que pretenden dar a dichas órdenes tildadas de inconstitucionalidad. (Sic). Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Mediante proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito admitió a trámite la demanda de garantías, la cual quedó registrada bajo el número 1618/2021-II, pidió los informes justificados a las responsables, dio la intervención que legalmente le corresponde al Fiscal de la Federación adscrito, y señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual una vez integrado este asunto, se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de garantías en términos de los artículos 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sentado el criterio de que el juez constitucional debe interpretar el escrito de demanda en su integridad con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con el objeto de determinar con exactitud la intención del promovente, razón por la cual está constreñido a armonizar los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, de tal suerte que la sentencia que dicte en el juicio de amparo contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Así, se tiene que el solicitante del amparo reclama de las autoridades responsables la orden de aprehensión y detención, o cualquier otra que pretenda privarlo de su libertad, actos de molestia que importen peligro de la privación de la vida, deportación, destierro, desaparición forzada, desalojo, confiscación de bienes o algunos de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, dictadas en su contra, así como la ejecución de las mismas. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables: 1. El secretario encargado del despacho del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Tamaulipas (fojas 37 y 38). 2. Agente del Ministerio Público encargado de la Agencia Primera del Ministerio Público Investigador por ministerio de ley (foja 45). 3. Agente Segundo del Ministerio Público Investigador (foja 47). 4. Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio y Oral, adscrito a la Unidad General de Investigación Uno por ministerio de ley (foja 49). 5. Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio adscrito a la Unidad General de Investigación Número Dos (foja 51). 6. Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio adscrito a la Unidad General de Investigación Tres (foja 52). 7. Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio adscrito a la Unidad General de Investigación Cuatro (foja 53). 8. Agente del Ministerio Público Orientador de la Unidad de Atención Inmediata (foja 54). 9. Fiscal Federal de la Célula I de Investigación y Litigación del Equipo de Investigación y Litigación EIL3 (fojas 56 a 58, 90 y 91). 10. Encargado del Despacho de la Delegación Regional de la Policía Estatal Acreditable (fojas 59 y 60). 11 Secretaría de Seguridad Pública Municipal (foja 61). 12. Secretario de Acuerdos encargado del despacho del Juzgado de Primera Instancia Penal del Cuarto Distrito Judicial (fojas 62 a 65). 13. Secretario encargado del despacho del Juzgado de Ejecución Penal del Cuarto Distrito, Décimo Primero y Décimo Cuarto Distritos Judiciales en el Estado (foja 66). 14. Agente de la Policía Ministerial del Estado encargado del Distrito Matamoros. 15. Agente de la Policía Investigadora encargada del Distrito Matamoros (foja 69). 16. Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Tamaulipas (foja 84). 17. Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Tamaulipas (foja 85). 18. Agente del Ministerio Público de la Federación encargado de la Célula II-2 (foja 92). 19. Fiscal Federal de la Célula III de Investigación y Litigación del Equipo de Investigación y Litigación (foja 95). 20. Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial en el Estado (fojas 97 a 100). 21. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial en el Estado (fojas 101 y 102). 22. Jueza Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado (fojas 115 y 116) 23. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el Estado (fojas 100 a 111). 24. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el Estado (fojas 112 y 113). Al rendir sus informes justificados, negaron la existencia de los actos que se les reclaman. La quejosa no desvirtuó esas negativas; no obstante que los comunicados de mérito le fueron puestos a la vista, a fin de que se impusiera de su contenido y expresara lo de su intención, o bien, allegara prueba con el peso suficiente para desvirtuar las aseveraciones (negaciones) de las responsables, no obstante de que se encontraba obligado a hacerlo; por ende, este juzgador está imposibilitado para darle realce a sus afirmaciones. Apoya lo anterior, por contener consideraciones aplicables al caso, la jurisprudencia por reiteración de tesis VI.2º. J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página sesenta y siete, tomo 80, agosto de mil novecientos noventa y cuatro, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Octava Época, que dice: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados. Sin soslayar que la Jueza Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el rendir su informe justificado refirió que no son ciertos los actos reclamados por la parte quejosa, toda vez que no ha librado orden de aprehensión u órdenes que le generen actos de molestia que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, destierro, desaparición forzada de personas, desalojo, confiscación de sus bienes; sin embargo, reconoció el acto relativo a la desocupación del domicilio del agraviado, ordenado en ejecución forzada dentro del expediente 01404/2021, relativo al juicio de divorcio incausado promovido por Olga Villarreal Robles (fojas 115 a 379). Empero, el acto aludido respecto a orden de desocupación del domicilio conyugal del aquí quejoso, fue reclamado en el diverso juicio de amparo 1603/2021, del índice de este órgano jurisdiccional, mientras que en este son distintos los actos que reclamó en su demanda de garantías dado que reclama de las autoridades responsables la orden de aprehensión y detención, o cualquier otra que pretenda privarlo de su libertad, actos de molestia que importen peligro de la privación de la vida, deportación, destierro, desaparición forzada, desalojo, confiscación de bienes o algunos de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, dictadas en su contra, así como la ejecución de las mismas. Por su parte, el Juez de Control de la Tercera Región Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, del Honorable Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien rindió informe atendiendo al oficio dirigido al Juez Primero Penal en funciones de Juez de Tribunal de Enjuiciamiento (fojas 41 y 42), informó que no son ciertos los actos reclamados consistentes en la órdenes de despojo, y/o desalojo de su propiedad; de aprehensión, detención, comparecencia, retención, ni ninguna tendiente a que se le prive de su libertad. Agregando, que se encuentra radicada la carpeta procesal CP/0114/2021, instruida en su contra por el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar en la vertiente de maltrato psicológico, cometido en agravio de Olga Villarreal Robles; igualmente encontró la carpeta preliminar CE/0028/2021, promovida por dicha tercera en la que se ratificaron las medidas de protección a fin de proteger a la víctima. En efecto, como la parte quejosa omitió exhibir algún medio de convicción que acreditara los actos imputados a las autoridades responsables en el presente juicio biinstancial, ello constituye un obstáculo que impide a este juzgador analizar su constitucionalidad, pues aun y cuando el tercer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito deberá recabar oficiosamente las pruebas que habiendo sido rendidas ante la responsable no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto; sin embargo, ésta obligación solamente surge cuando el Juez constitucional, previo al examen del acto reclamado advierte que determinada constancia o constancias sirvieron de base a la responsable para la emisión de dicho acto, o bien, cuando en el proceso de donde emana, obren pruebas que resulten indispensables para fallar el juicio de amparo; pero no ocurre así, cuando como en el caso, las responsables niegan el acto reclamado y la parte quejosa omite exhibir los documentos que determinen su existencia, porque no se trata de pruebas que deban recabarse oficiosamente, sino del propio acto reclamado; y asumir un criterio contrario equivaldría a que cualquier persona hiciera uso irracional del juicio de amparo pretendiendo que el juzgador tomara carácter de investigador para probar la existencia del acto que reclame, lo cual es inadmisible. Es aplicable al caso concreto el contenido de la tesis aislada consultable en la página 428 del Tomo IX, del mes de Junio de 1992, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, Octava Época, Materia Común, que dice: SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE GARANTIAS CON APOYO EN LA FRACCION IV DEL ARTICULO 74 DE LA LEY DE AMPARO. CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE NIEGA EL ACTO QUE SE LE RECLAMA Y EL QUEJOSO NO ACREDITA SU EXISTENCIA PROCEDE EL. Cuando las autoridades responsables niegan la existencia del acto que de cada una se les reclama, y los que intentaron la acción constitucional no aportaron ninguna prueba tendente a acreditar su existencia procede sobreseerse en el juicio de amparo con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. De igual manera, se cita el contenido de la tesis aislada consultable en la página 376 del Tomo XI, del mes de Marzo de 1993, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Octava Época, Materia Común del siguiente rubro y texto: SUPLENCIA DE LA QUEJA IMPROCEDENTE, SI LAS AUTORIDADES RESPONSABLES NIEGAN LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y NO SE APORTA PRUEBA PARA DEMOSTRARLA. Si la sentencia en recurso, tomando en cuenta que las autoridades responsables negaron los actos que se les atribuyen, sin que se rindiera prueba en contrario, sobreseyó el amparo por inexistencia de los actos reclamados, es inexacto que el juez de Distrito del conocimiento hubiera debido, en suplencia oficiosa de la queja, exigir que dichas autoridades aportaran las constancias demostrativas de tal inexistencia, no acompañadas a sus informes justificados. En efecto, la inexistencia de los actos reclamados no está sujeta a prueba, dado su carácter negativo, y es a los quejosos a quienes incumbe probar en contrario para desvirtuar la mencionada negativa. En la parte relativa es aplicable el contenido de la jurisprudencia I.3º.A.J/21, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 660 del Tomo V, Segunda Parte-2, enero a Junio de 1990, Octava Época, Materias Administrativa, Común, que dice: ACTOS RECLAMADOS. ACTO NEGATIVO Y NEGATIVA DEL ACTO. SON DOS COSAS DISTINTAS. CARGA DE LA PRUEBA. Todo acto, por definición, supone la existencia de una conducta ya sea activa o pasiva. Dentro de la clasificación de los actos reclamados se distinguen entre los positivos y los negativos, considerando a los primeros como los que implican un hacer y a los segundos como los que reflejan una omisión o abstención. Así, para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad. Por otra parte, la esencia del acto negativo versa, exclusivamente, sobre su característica que denota la omisión o la abstención de aquella a quien se atribuye. La negativa del acto, por lo contrario, no atiende a la naturaleza de aquél sino que propiamente constituye sólo una expresión sobre su existencia. En ello radica precisamente la diferencia entre un acto negativo y la negativa del acto. Como no se trata de conceptos iguales, la carga de la prueba en uno y otro supuesto se distribuye en forma desigual. La negativa simple del acto libera a quien la fórmula de la necesidad de probarla, pues, lógicamente, no es factible demostrar lo que se ha negado; de tal suerte que la carga de probar recae en su contraparte. En otro orden de ideas, si la negativa del acto no es simple sino calificada porque importa una afirmación, entonces quien la produce sí se encuentra en la necesidad de justificarla. La regla en cuestión se encuentra prevista por el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al disponer que el que niega sólo está obligado a probar, entre otras hipótesis, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho. En tal virtud, si el acto por su naturaleza es negativo y aquella a quien se atribuye lo niega, no corresponde a su contraparte demostrar la existencia de ese acto debido a que, ciertamente, no se encuentra en la posibilidad de probar la omisión o la abstención de su contraria sino que, como la negativa expresada por ésta encierra la afirmación de que no incurrió en ellas, debe acreditarlo. En suma, como la manifestación respecto de la existencia del acto no modifica la naturaleza de éste, en tanto que se trata de cosas diferentes, debe concluirse que si las autoridades responsables en su informe niegan la existencia de los actos, esa consideración no les imprime a éstos el carácter de negativos. Consecuentemente, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de garantías. Al respecto tiene aplicación por identidad de razón, la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo texto es el siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se le atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. De igual manera, por lo que hace a las autoridades responsables denominadas: 1. Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal. 2. Policía Federal Ministerial con sede en la Ciudad de México. Con el fundamento legal apuntado en párrafos precedentes, también debe sobreseerse en el juicio por lo que a dichas responsables refiere, pues fueron declaradas como inexistentes en la audiencia constitucional que antecede, lo cual tiene como consecuencia que el acto que se les reprocha, igualmente sea inexistente. De igual manera, no pasa desapercibido para este órgano de control constitucional, que en la demanda de garantías se señaló como autoridades responsables al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, Jefe Regional de la Agencia Federal de Investigación Criminal y Director de la Policía Estatal Acreditable, con sede en esta ciudad fojas 103 a 104), empero, no se hizo consideración alguna en lo que a ellas atañe, en el cuerpo de este fallo, pues por auto de diez de enero del año en curso, se tuvieron por inexistentes suspendiéndose toda comunicación con las mismas. Sirve de sustento a lo anterior, por las consideraciones que la informan, el contenido de la Jurisprudencia número 1a./J.111/2008, consultable en la página 52 del Tomo XXIX, del mes de Marzo de 2009, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materia Común, que dice: AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, fracción IV, 74, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por Fernando Elizardi Sáenz, respecto de los actos que reclamó a las autoridades señaladas en el considerando tercero, conforme a los razonamientos expresados en dicho apartado. Notifíquese por lista de acuerdos y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

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