Fernando Delgado Dominguez
Expediente 918/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 918/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 12/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Fernando Delgado Dominguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el oficio III-665/2019, signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por medio del cual, remite testimonio de la ejecutoria pronunciada el veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, en el conflicto competencial 10/2019, suscitado entre este Juzgado Federal y el Jugado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco; misma que en sus puntos resolutivos señala: "PRIMERO. Existe conflicto competencial entre el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla y el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. SEGUNDO. Se declara que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, es legalmente competente para continuar conociendo del juicio de amparo 829/2019-B, promovido por Fernando Delgado Domínguez." En tales condiciones, acúsese el recibo de estilo correspondiente al tribunal de revisión; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos seis meses, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo del ordenamiento en cita. Por otro lado, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio II-4328/2019, proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito en San Andrés Cholula, Puebla, a través del cual acusa recibo del diverso 276-A de este índice y anexos, e informa que admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre este Juzgado Federal y el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dos de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio 32111/2019, signado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, por medio del cual, devuelve los autos originales del juicio de amparo 918/2019-C y las relativas al diverso 829/2019 de su índice; además, hace del conocimiento la determinación que adoptó el veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, dictada en el expediente 829/2019 de su estadística, en la que determinó no aceptar la competencia planteada por este Juzgado, al señalar que en su demanda, el inconforme citó que el acto reclamado puede tener ejecución dentro de la jurisdicción de este juzgado federal o bien, en la Ciudad de México, tal y como lo prevé el artículo 37 de la Ley de Amparo. En consecuencia, acúsese el recibo correspondiente. En cuanto a sus consideraciones, se comunica respetuosamente al órgano jurisdiccional oficiante que este juzgador no comparte los argumentos expuestos por el homólogo. Lo anterior, en razón de que no se actualizan las circunstancias que se analizaron (actualización de las hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo), y se reitera la postura en el sentido de que es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo que dio origen al expediente 918/2019-C, de este índice, el juzgado que guarda cercanía a este Sexto Circuito, en términos del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues al suscrito se le otorgó la calidad de autoridad responsable. Ello es así, porque tal y como se aprecia del contenido de la resolución diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, dictada en el juicio de amparo 918/2019-C de este índice, el promovente señaló a todos los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, que integran el Sexto Circuito, como autoridades responsables, entre los cuales se encuentra este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. De tal suerte que sería legalmente insostenible avocarse al estudio del asunto, pues como ya se dijo, este juzgado fue señalado como autoridad responsable. Al respecto, debe señalarse que este juzgador no desconoce el contenido de la jurisprudencia 1a./J. 52/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que invocó el juez oficiante para rechazar la competencia, en la que se indica: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables. Sin embargo, en el caso particular, no es dable remitir el juicio de amparo en que se actúa (918/2019-C) a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, pues de conformidad con el artículo 38 de la Ley de Amparo, en relación directa con la jurisprudencia de rubro "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA, CUANDO SON SEÑALADOS COMO RESPONSABLES TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE LA MISMA MATERIA DE CIERTO ÁMBITO TERRITORIAL, DEBE ATENDERSE, ADEMÁS DE LA CERCANÍA, A LA ESPECIALIZACIÓN.", el juez de Distrito competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra todos los Jueces de garantías de la misma materia de un Distrito o Circuito, incluido aquel que previno en el conocimiento, es el más cercano a éstos dentro del propio circuito, si los hubiere y, en caso contrario, el más próximo de la misma materia o no especializado, aun cuando resida en otro circuito. En efecto, aun y cuando los actos reclamados en la demanda presentada por Fernando Delgado Domínguez, pudieran tener ejecución en la Ciudad de México o en la ciudad de Puebla, este juzgado fue señalado como autoridad responsable; circunstancia que impidió al suscrito analizar el acto reclamado y, como consecuencia, su ejecución, dado que las cuestiones de competencia tienen prelación ante tal análisis y no como como lo refiere el oficiante, puesto que ello corresponderá a aquél más cercano del juez de Distrito que se señaló como responsable. En ese sentido, atendiendo la calidad con la que fue señalado el suscrito en la demanda de amparo (autoridad responsable), se actualizó la hipótesis prevista en el artículo 38 de la Ley de Amparo y no el diverso 37 de la citada legislación, como lo indica el juez oficiante. Por tanto, se reiteran las razones contenidas en el acuerdo de diecinueve de septiembre pasado, considerando competente al juez de Distrito más cercano. Circunstancias por las que respetuosamente se insiste en que este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, carece de competencia legal para seguir conociendo de dicho juicio de garantías. En tal virtud, al existir diferencia entre ambos criterios, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento lo anterior al juzgado oficiante y remítanse los autos originales del presente juicio al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en turno, a fin de que resuelva el conflicto competencial suscitado. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y solicítese respetuosamente al Tribunal Colegiado el acuse de recibo respectivo. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve. FORMACIÓN. Visto lo de cuenta, fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 918/2019-C, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado. INCOMPETENCIA. Del análisis de la demanda de amparo se advierte que el promovente Fernando Delgado Domínguez, reclama las órdenes de detención, aprehensión y presentación libradas en su contra, así como la ejecución material que se pretenda dar a las mismas por parte de las autoridades responsables, entre las que se encuentran los Jueces Primero, Segundo, Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en su carácter de ordenadoras, así como a éste Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, motivo por el cual este órgano de control constitucional determina que carece de legal competencia para conocer del presente asunto, por las razones que a continuación se expresan. En primer lugar, resulta conveniente transcribir los artículos 37 y 38 de la Ley de Amparo vigente que disponen: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca." El primero de los artículos transcritos establece las reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito por razón de territorio, pues precisa que cuando conforme a las prescripciones de esa ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esa jurisdicción, a prevención, será competente; que es Juez competente aquel en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiere dictado la resolución reclamada cuando ésta no requiera ejecución material; última regla que también se observará cuando, ameritando ejecución material la resolución, con su solo dictado viola alguna garantía individual, siempre que se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse. Y, el artículo 38, determina la competencia para conocer del juicio de amparo que se promueva contra actos de un Juez de Distrito, siendo competente otro de la misma categoría dentro del mismo Distrito, si lo hubiere o, en su defecto, el más inmediato dentro de la jurisdicción del Circuito a que pertenezca dicho Juez. Ahora bien, este último artículo en comento no establece expresamente quién será competente si el juicio de garantías se promueve en contra de todos los Jueces de Distrito de la misma materia o no especializados de un determinado ámbito territorial, ya sea de un Distrito o de un Circuito; supuesto que se actualiza en el caso a estudio, pues el promovente señaló a todos los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla que integran el Sexto Circuito. Sin embargo, debe decirse, que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció al respecto en la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA, CUANDO SON SEÑALADOS COMO RESPONSABLES TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE LA MISMA MATERIA DE CIERTO ÁMBITO TERRITORIAL, DEBE ATENDERSE, ADEMÁS DE LA CERCANÍA, A LA ESPECIALIZACIÓN. El primer párrafo del artículo 42 de la Ley de Amparo constituye una regla de excepción a la competencia por territorio que prevé el numeral 36 del propio ordenamiento, al establecer que corresponde conocer de un juicio de garantías promovido contra actos de un Juez de Distrito a otro de igual categoría, dentro del mismo distrito, si lo hubiere o, en caso contrario, al más inmediato dentro de la jurisdicción del Tribunal Colegiado de Circuito al que pertenezca dicho Juez, regla que debe aplicarse para determinar cuál es el Juez competente cuando el amparo se promueve contra todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un determinado ámbito territorial (distrito o circuito), aun cuando no se prevea en forma expresa esa hipótesis. Ahora bien, atendiendo a la interpretación sistemática de lo dispuesto en el referido artículo 42, no sólo debe tomarse en cuenta el factor de la cercanía, sino también la materia en que están especializados o de que pueden conocer los Jueces de Distrito. En estas condiciones, puede concluirse que el competente para conocer del amparo indirecto que se promueva contra todos los Jueces de garantías de la misma materia de un distrito, es el Juez más cercano a éstos dentro del propio circuito, si los hubiere y, en caso contrario, el más próximo de la misma materia o no especializado, aun cuando resida en otro circuito; y, en el caso de que el amparo se promueva en contra de todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un circuito, aplicando dicha regla, será competente el Juez de garantías más cercano a ese circuito." (Contradicción de tesis 22/2000)." La jurisprudencia transcrita sustenta que el Juez de Distrito competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra todos los Jueces de garantías de la misma materia de un Distrito o Circuito es el más cercano a éstos dentro del propio circuito, si los hubiere y, en caso contrario, el más próximo de la misma materia o no especializado, aun cuando resida en otro circuito. Por tanto, si en el caso todos los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal del Sexto Circuito fueron señalados como autoridades responsables, entre ellos, éste Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, entonces, de conformidad con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, resulta legalmente competente para conocer de la demanda de garantías el Juzgado de Distrito en Turno en el Estado de Tlaxcala, que es el más próximo a la residencia de los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal que integran el Sexto Circuito. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 38 y 48 de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia que ha quedado trascrita, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla declara carecer de legal competencia para conocer y resolver sobre la referida demanda de garantías y la declina a favor del Juzgado de Distrito en Turno en el Estado de Tlaxcala; de conformidad con el Punto Cuarto fracción XXVIII del Acuerdo General 03/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de Circuito, y de los juzgados de Distrito, que establece: "XXVIII.- VIGÉSIMO OCTAVO CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa." En esas condiciones, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir el expediente de amparo en que se actúa integrado con la papeleta de turno, escrito de demanda (junto con sus respectivas copias), y el presente acuerdo que recayó a la demanda de amparo en comento, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, en virtud de que no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en la medida que reclama las órdenes de aprehensión y presentación; asimismo se ordena remitir las copias simples de la referida demanda que exhibió la parte promovente, al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala; quien a su vez deberá remitirla al Juez de Distrito en turno; hecho lo cual, se solicita al Juez de Distrito al que competa recibir la demanda de amparo y sus anexos, se sirva informar la determinación que adopte respecto si acepta o no la competencia planteada, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito, y con una copia simple de la papeleta de turno, escrito de demanda y original del presente acuerdo, fórmese el cuaderno de amparo correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar, y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. DOMICILIO. Téngase como domicilio de la parte promovente el que señala en su escrito inicial de demanda. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona indicada en la demanda de cuenta, pues no obstante que la parte quejosa pretende autorizarlo en los términos amplios previstos en dicho numeral, no proporcionó los datos necesarios a efecto de que esta autoridad pueda corroborar que tiene inscrita su cédula de licenciado en Derecho ante la Secretaría de Educación Pública. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atenta la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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