Fernando Flores Garcia
Expediente 224/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 224/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 17/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- AZAHEL PETLALCALCO VAZQUEZ y Otros.
- Fernando Flores Garcia
- Juez de lo Penal de Cholula, Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos la razón asentada por la Actuaria Judicial de la adscripción, de la que se advierte que no logró notificar personalmente al quejoso Fernando Flores García el auto dictado el once de diciembre del año en curso, por los motivos que a continuación se exponen: * La fedataria Judicial adscrita a este órgano jurisdiccional, aduce que al constituirse en las instalaciones que ocupan el Centro Penitenciario de la ciudad de Puebla, el licenciado Eduardo Badillo Pérez, personal de dicha institución, le manifestó que el referido quejoso fue trasladado el diez de diciembre de este año, al Centro Federal de Reinserción Social número Trece del Estado de Oaxaca, por lo que fue imposible notificarle el citado acuerdo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, notifíquese al quejoso Fernando Flores García, el auto de once de diciembre de dos mil veinte, así como el presente proveído por medio de lista de acuerdos, al haber señalado los estrados para de este Juzgado Federal para oír y recibir notificaciones y al contar con personal autorizado para tal efecto. Notifíquese por lista al quejoso Fernando Flores García, el auto de once de diciembre de dos mil veinte, así como el presente acuerdo (en los términos precisados en este proveído). auto de 11 de diciembre de 2020:San Andrés Cholula, Puebla, once de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la resolución dictada el diez de noviembre de dos mil veinte, mediante la cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, ha sido notificada a todas las partes y que el término genérico de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de inconformidad ha fenecido para todas ellas. Lo anterior, en virtud de que la última notificación se efectuó al tercero interesado Carlos Sánchez Morales -parte ofendida de origen- el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, surtió efectos el dieciocho siguiente y el aludido plazo transcurrió del diecinueve de noviembre al diez de diciembre de dos mil veinte, previo descuento de los días veinte, veintiuno, veintidós, veintiocho, veintinueve de noviembre, cinco y seis de diciembre del actual, por ser inhábiles, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo, no es de relevancia documental, pero sí es susceptible de depuración después de transcurridos tres años. Se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente físico, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la autoridad responsable 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla como justificación a su informe, se ordena devolverle el duplicado de la causa penal 16/2019 de su estadística, con el que se formó el anexo I del presente juicio. No ha lugar a requerirle el acuse de recibo respecto de la constancia devuelta, toda vez que la responsable se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, y cerciorarse que lo acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de la documental descrita. Notifíquese personalmente a los quejosos en el lugar de su reclusión; por lista al tercero interesado Carlos Sánchez Morales -parte ofendida de origen-; y, por oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercera interesada y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y por cualquier medio de comunicación interna al Actuario Judicial que corresponda notificar el oficio que se dirige al 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, once de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la resolución dictada el diez de noviembre de dos mil veinte, mediante la cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, ha sido notificada a todas las partes y que el término genérico de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de inconformidad ha fenecido para todas ellas. Lo anterior, en virtud de que la última notificación se efectuó al tercero interesado Carlos Sánchez Morales -parte ofendida de origen- el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, surtió efectos el dieciocho siguiente y el aludido plazo transcurrió del diecinueve de noviembre al diez de diciembre de dos mil veinte, previo descuento de los días veinte, veintiuno, veintidós, veintiocho, veintinueve de noviembre, cinco y seis de diciembre del actual, por ser inhábiles, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo, no es de relevancia documental, pero sí es susceptible de depuración después de transcurridos tres años. Se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente físico, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la autoridad responsable 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla como justificación a su informe, se ordena devolverle el duplicado de la causa penal 16/2019 de su estadística, con el que se formó el anexo I del presente juicio. No ha lugar a requerirle el acuse de recibo respecto de la constancia devuelta, toda vez que la responsable se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, y cerciorarse que lo acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de la documental descrita. Notifíquese personalmente a los quejosos en el lugar de su reclusión; por lista al tercero interesado Carlos Sánchez Morales -parte ofendida de origen-; y, por oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercera interesada y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y por cualquier medio de comunicación interna al Actuario Judicial que corresponda notificar el oficio que se dirige al 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de noviembre de dos mil veinte. Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído veintisiete de octubre de dos mil veinte, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que la hayan desahogado. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. 1. Antecedentes. Mediante sentencia dictada el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, se concedió el amparo a los quejosos 1. Azahel Petlalcalco Vázquez y 2. Fernando Flores García, contra el auto de formal prisión dictado en su contra el veintiuno de febrero de dos mil veinte, dentro de la causa penal 16/2019, del índice del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo de vehículo de motor agravado, previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción VI y 380, fracciones I, XI y XVII, en relación con los diversos 11, 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Carlos Sánchez Morales; para los efectos precisados en el propio fallo protector. Por acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia de amparo y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla. Por oficios 3271 y 3276, la citada autoridad responsable informó el cumplimiento dado a la sentencia de amparo; y mediante acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil veinte, se ordenó dar vista a las partes quejosa y tercera interesada en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, para que manifestaran lo que estimaran conducente sobre tal cumplimiento. 2. Análisis de la ejecutoria de amparo. En la sentencia de amparo de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, se declaró inconstitucional el auto de formal prisión reclamado, por violar el derecho de defensa adecuada, el debido proceso y el principio de legalidad, consagrado en los artículos 14, 16 y 20, Apartado A, fracciones II, III y IX, Constitucionales. En efecto, en dicha sentencia se consideró lo siguiente: A. Que se cumplieron de manera parcial algunas formalidades esenciales del procedimiento, como que el auto de formal prisión se dictó por un órgano judicial competente previamente establecido, que el Ministerio Público ejerció acción penal en contra de los aquí quejosos, como probable responsable de realizar una conducta tipificada en la ley penal como delito (robo de vehículo automotor agravado) y que no se dio efecto retroactivo a Ley alguna en perjuicio de aquéllos. B. Que respecto del quejoso Fernando Flores García, no se tiene la certeza de que se le haya recabado su declaración preparatoria, pues en la diligencia desahogada a las catorce horas con cuarenta minutos del diecinueve de febrero de dos mil veinte no calza firma alguna de su parte o certificación que hiciera constar las razones por las que no obra dicha signatura, en contravención con el artículo 20, Apartado A, fracciones II, III, y IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -vigente antes de la reforma publicada el dieciocho de junio de dos mil ocho-. C. Que no se aprecia constancia alguna de que Humberto Reyes Selvas y David Guarneros Mata, personas que asistieron como defensores a los quejosos en sus declaraciones ministeriales y preparatorias -respectivamente-, fueran profesionales en derecho, en contravención al derecho de defensa consagrado en el artículo 20, apartado A, fracciones II y IX, Constitucional, en su vertiente en la obligación de las autoridades jurisdiccionales y ministeriales de indagar que la persona que funge como defensor del imputado realmente sea licenciado en derecho. D. No se desahogó, conforme al Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, la prueba de reconocimiento o confrontación de seis de agosto de dos mil trece, fusionada o mezclada indebidamente con la diligencia de ampliación de declaración rendida por la víctima Carlos Sánchez Morales, en contravención al derecho de debido proceso, consagrado en el artículo 14 Constitucional. E. Que el auto de formal prisión se encontraba insuficientemente motivado, en contravención con el artículo 16 Constitucional, ya que el juez instructor no expuso concretamente qué datos derivados de la copia certificada de diversas actuaciones de la averiguación previa 2482/2013/RVPUE, sirvieron para acreditar los elementos del cuerpo del delito imputado y la probable responsabilidad de los ahora quejosos en su comisión. En ese tenor, el amparo se concedió para el efecto de que el efecto de que el 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla realizara lo siguiente: Efectos del amparo por cuanto al quejoso 1. Azahel Petlalcalco Vázquez. Efectos del amparo por cuanto al quejoso 2. Fernando Flores García. 1. Deje insubsistente el auto de formal prisión dictado en contra de 1. Azahel Petlalcalco Vázquez el veintiuno de febrero de dos mil veinte, dentro de la causa penal 16/2019, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo de vehículo de motor agravado, previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción VI y 380, fracciones I, XI y XVII, en relación con los diversos 11, 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Carlos Sánchez Morales -acto reclamado-. 1. Deje insubsistente el auto de formal prisión dictado en contra de 2. Fernando Flores García el veintiuno de febrero de dos mil veinte, dentro de la causa penal 16/2019, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo de vehículo de motor agravado, previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción VI y 380, fracciones I, XI y XVII, en relación con los diversos 11, 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Carlos Sánchez Morales -acto reclamado-. 2. Dicte un proveído en el que ordene practicar cualquier diligencia probatoria necesaria para determinar si hubo o no, violación al derecho de defensa técnica. Por mencionar algunos ejemplos, i) requerir a Humberto Reyes Selvas y a David Guarneros Mata para que acrediten que durante el desahogo de las declaraciones ministeriales y preparatorias -según sea el supuesto- contaban con cédula de licenciado en derecho; o (ii) requerir información de las autoridades competentes, como lo es el Registro Nacional de Profesionistas. 2. Reponga el procedimiento del período de preinstrucción con el fin de recabar la declaración preparatoria del quejoso 2. Fernando Flores García con las formalidades constitucionales y legales precisadas, especialmente deberá acreditarse que el inculpado sea asistido por un licenciado en derecho. 3. En caso de que no se pueda acreditar o no esté acreditado que los aludidos defensores eran licenciados en derecho, deberá reparar esa violación: i) si dicha violación se presentó, en la declaración ministerial de la averiguación previa, dicha diligencia deberá anularse y deberá desestimare al momento de resolver la situación jurídica del señalado quejoso; en cambio, ii) si la violación se presentó durante la toma de su declaración preparatoria, deberá reponer el procedimiento al momento al que se presentó la violación para que se vuelva a llevar a cabo la diligencia en la que deberá acreditarse que el inculpado sea asistido por un licenciado en derecho. 3. Dicte un proveído en el que ordene practicar cualquier diligencia probatoria necesaria para determinar si hubo o no, violación al derecho de defensa técnica. Por mencionar algunos ejemplos, i) requerir a Humberto Reyes Selvas para que acredite que durante el desahogo de la declaración ministerial contaba con cédula de licenciado en derecho; o (ii) requerir información de las autoridades competentes, como lo es el Registro Nacional de Profesionistas. Cabe hacer la precisión que dicha investigación ya no abarcará respecto al diverso defensor David Guarneros Mata, quien supuestamente asistió al aludido quejoso en su declaración preparatoria, pues en líneas precedentes se ordenó la reposición del procedimiento para que se lleve a cabo dicha diligencia. 4. Luego, con base en los razonamientos indicados en el considerando anterior de este fallo y con libertad de jurisdicción, resuelva nuevamente la situación jurídica del quejoso 1. Azahel Petlalcalco Vázquez, realizando lo siguiente: 4.1. Declare inválido únicamente el reconocimiento que la víctima Carlos Sánchez Morales realizó del quejoso 1. Azahel Petlalcalco Vázquez, mediante comparecencia de seis de agosto de dos mil trece, dejando intocada la parte en que acredita la propiedad del vehículo afecto y amplía su declaración ministerial, pues la ilicitud de la prueba recayó específicamente en la parte de la diligencia donde se realizó el reconocimiento referido. 4.2. Por tanto, excluya dicho reconocimiento al momento de dictar el nuevo auto de término constitucional. 4.3. Motive y exponga concretamente qué datos derivados de la copia certificada de diversas actuaciones de la averiguación previa 2482/2013/RVPUE, sirvieron para acreditar los elementos del cuerpo del delito imputado y la probable responsabilidad de dicho quejoso en su comisión. 4. En caso de que no se pueda acreditar o no esté acreditado que el defensor Humberto Reyes Selvas era licenciado en derecho, deberá reparar esa violación, anulando la declaración ministerial del quejoso 2. Fernando Flores García y desestimándola al momento de resolver su situación jurídica. -- 5. Luego, con base en los razonamientos indicados en el considerando anterior de este fallo y con libertad de jurisdicción, resuelva nuevamente la situación jurídica del quejoso 2. Fernando Flores García, realizando lo siguiente: 5.1. Declare inválido únicamente el reconocimiento que la víctima Carlos Sánchez Morales realizó del quejoso 2. Fernando Flores García, mediante comparecencia de seis de agosto de dos mil trece, dejando intocada la parte en que acredita la propiedad del vehículo afecto y amplía su declaración ministerial, pues la ilicitud de la prueba recayó específicamente en la parte de la diligencia donde se realizó el reconocimiento referido. 5.2. Por tanto, excluya dicho reconocimiento al momento de dictar el nuevo auto de término constitucional. 5.3. Motive y exponga concretamente qué datos derivados de la copia certificada de diversas actuaciones de la averiguación previa 2482/2013/RVPUE, sirvieron para acreditar los elementos del cuerpo del delito imputado y la probable responsabilidad de dicho quejoso en su comisión. 3. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. A. Mediante determinación dictada el veinte de octubre del presente año, dentro de la causa penal 16/2019, la autoridad responsable realizó -en esencia- lo siguiente: ( Dejó sin efectos el auto de formal prisión dictado en contra de los quejosos 1. Azahel Petlalcalco Vázquez y 2. Fernando Flores García el veintiuno de febrero de dos mil veinte, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo de vehículo de motor agravado, previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción VI y 380, fracciones I, XI y XVII, en relación con los diversos 11, 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Carlos Sánchez Morales -acto reclamado-; ( Ordenó la reposición del período de preinstrucción únicamente por cuanto al quejoso 2. Fernando Flores García y señaló las trece horas del veintiuno de octubre de esta anualidad para recabar nuevamente su declaración preparatoria; y, ( Con el fin de determinar si existió o no violación al derecho de defensa técnica en perjuicio de los aquí quejosos, ordenó al secretario de acuerdos que, en diligencia formal, verificara si Humberto Reyes Selvas y David Guarneros Mata contaban con cédula de licenciado en derecho durante el desahogo de las declaraciones ministeriales y preparatorias -respectivamente-, a través de la página de internet cedulaprofesional.sep.gob.mx. B. Mediante diligencia de veintiuno de octubre de dos mil veinte, desahogada en la citada causa penal, se verificó que los defensores públicos David Guaneros Mata y Humberto Reyes Selva contaban con cédulas profesionales de licenciados en derecho durante el desahogo de las declaraciones ministeriales y preparatorias -respectivamente- (2684052 y 2807667), registradas ante la Secretaria de Educación Pública en los años 1998 y 1999, correspondientemente. C. El mismo día, se recabó la declaración preparatoria del quejoso Fernando Flores García, en la que fue asistido por el defensor particular Jesús Lobato Rivera, con número de cédula profesional 7743480. D. Mediante determinación dictada el veintitrés de octubre de dos mil veinte, dentro de la causa penal de origen, el juzgado de lo penal resolvió la situación jurídica de los quejosos y, en cumplimiento a los efectos de la ejecutoria de amparo, consideró lo siguiente: ( Señaló que la copia certificada de diversas actuaciones de la averiguación previa 2482/2013/RVPUE, era insuficiente para acreditar los elementos del cuerpo del delito imputado, por lo que la desestimó para resolver la situación jurídica de los quejosos. ( Declaró inválido el reconocimiento que la víctima Carlos Sánchez Morales realizó de los quejosos 1. Azahel Petlalcalco Vázquez y 2. Fernando Flores García mediante comparecencia de seis de agosto de dos mil trece, dejando intocada la parte en que acreditó la propiedad del vehículo afecto y amplió su declaración ministerial; ello, en virtud de que dicho reconocimiento no se había llevado a cabo de conformidad con las disposiciones legales establecidas en el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, por lo que lo excluyó al momento de dictar el nuevo auto de término constitucional. ( En razón de lo anterior, estimó que el material de cargo restante era insuficiente para acreditar la probable responsabilidad de los quejosos. ( Decretó auto de libertad por falta de elementos para procesar en favor de los quejosos 1. Azahel Petlalcalco Vázquez y 2. Fernando Flores García. 4. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. Ciertamente, el juez responsable cumplió con el núcleo esencial del fallo protector, habida cuenta que: i) Dejó sin efectos el acto reclamado; ii) Repuso el período de preinstrucción únicamente respecto del quejoso 2. Fernando Flores García, en donde se cercioró que su defensor fuera licenciado en derecho; iii) Constató que los defensores que asistieron a los quejosos en sus declaraciones ministeriales y preparatorias -respectivamente- fueran licenciados en derecho; iv) Señaló que la copia certificada de diversas actuaciones de la averiguación previa 2482/2013/RVPUE, era insuficiente para acreditar los elementos del cuerpo del delito imputado, por lo que la desestimó para resolver la situación jurídica de los quejosos. v) Declaró inválido el reconocimiento que la víctima Carlos Sánchez Morales realizó de los quejosos mediante comparecencia de seis de agosto de dos mil trece, dejando intocada la parte en que acreditó la propiedad del vehículo afecto y amplió su declaración ministerial; ello, en virtud de que dicho reconocimiento no se había llevado a cabo de conformidad con las disposiciones legales establecidas en el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, por lo que lo excluyó al momento de dictar el nuevo auto de término constitucional. vi) Estimó que el material de cargo restante era insuficiente para acreditar la probable responsabilidad de los quejosos. vii) Decretó auto de libertad por falta de elementos para procesar en favor de los quejosos, al no acreditarse su probable responsabilidad en la comisión del delito imputado. De ahí que la ejecutoria de amparo se encuentre cabalmente cumplida, sin defecto ni exceso. Notifíquese personalmente a los quejosos en el lugar de su reclusión y al tercero interesado Carlos Sánchez Morales -parte ofendida de origen-; y, por oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercera interesada y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito...
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA AVISO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, diez de noviembre de dos mil veinte. Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído veintisiete de octubre de dos mil veinte, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que la hayan desahogado. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. 1. Antecedentes. Mediante sentencia dictada el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, se concedió el amparo a los quejosos 1. Azahel Petlalcalco Vázquez y 2. Fernando Flores García, contra el auto de formal prisión dictado en su contra el veintiuno de febrero de dos mil veinte, dentro de la causa penal 16/2019, del índice del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo de vehículo de motor agravado, previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción VI y 380, fracciones I, XI y XVII, en relación con los diversos 11, 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Carlos Sánchez Morales; para los efectos precisados en el propio fallo protector. Por acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia de amparo y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla. Por oficios 3271 y 3276, la citada autoridad responsable informó el cumplimiento dado a la sentencia de amparo; y mediante acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil veinte, se ordenó dar vista a las partes quejosa y tercera interesada en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, para que manifestaran lo que estimaran conducente sobre tal cumplimiento. 2. Análisis de la ejecutoria de amparo. En la sentencia de amparo de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, se declaró inconstitucional el auto de formal prisión reclamado, por violar el derecho de defensa adecuada, el debido proceso y el principio de legalidad, consagrado en los artículos 14, 16 y 20, Apartado A, fracciones II, III y IX, Constitucionales. En efecto, en dicha sentencia se consideró lo siguiente: A. Que se cumplieron de manera parcial algunas formalidades esenciales del procedimiento, como que el auto de formal prisión se dictó por un órgano judicial competente previamente establecido, que el Ministerio Público ejerció acción penal en contra de los aquí quejosos, como probable responsable de realizar una conducta tipificada en la ley penal como delito (robo de vehículo automotor agravado) y que no se dio efecto retroactivo a Ley alguna en perjuicio de aquéllos. B. Que respecto del quejoso Fernando Flores García, no se tiene la certeza de que se le haya recabado su declaración preparatoria, pues en la diligencia desahogada a las catorce horas con cuarenta minutos del diecinueve de febrero de dos mil veinte no calza firma alguna de su parte o certificación que hiciera constar las razones por las que no obra dicha signatura, en contravención con el artículo 20, Apartado A, fracciones II, III, y IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -vigente antes de la reforma publicada el dieciocho de junio de dos mil ocho-. C. Que no se aprecia constancia alguna de que Humberto Reyes Selvas y David Guarneros Mata, personas que asistieron como defensores a los quejosos en sus declaraciones ministeriales y preparatorias -respectivamente-, fueran profesionales en derecho, en contravención al derecho de defensa consagrado en el artículo 20, apartado A, fracciones II y IX, Constitucional, en su vertiente en la obligación de las autoridades jurisdiccionales y ministeriales de indagar que la persona que funge como defensor del imputado realmente sea licenciado en derecho. D. No se desahogó, conforme al Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, la prueba de reconocimiento o confrontación de seis de agosto de dos mil trece, fusionada o mezclada indebidamente con la diligencia de ampliación de declaración rendida por la víctima Carlos Sánchez Morales, en contravención al derecho de debido proceso, consagrado en el artículo 14 Constitucional. E. Que el auto de formal prisión se encontraba insuficientemente motivado, en contravención con el artículo 16 Constitucional, ya que el juez instructor no expuso concretamente qué datos derivados de la copia certificada de diversas actuaciones de la averiguación previa 2482/2013/RVPUE, sirvieron para acreditar los elementos del cuerpo del delito imputado y la probable responsabilidad de los ahora quejosos en su comisión. En ese tenor, el amparo se concedió para el efecto de que el efecto de que el 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla realizara lo siguiente: Efectos del amparo por cuanto al quejoso 1. Azahel Petlalcalco Vázquez. Efectos del amparo por cuanto al quejoso 2. Fernando Flores García. 1. Deje insubsistente el auto de formal prisión dictado en contra de 1. Azahel Petlalcalco Vázquez el veintiuno de febrero de dos mil veinte, dentro de la causa penal 16/2019, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo de vehículo de motor agravado, previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción VI y 380, fracciones I, XI y XVII, en relación con los diversos 11, 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Carlos Sánchez Morales -acto reclamado-. 1. Deje insubsistente el auto de formal prisión dictado en contra de 2. Fernando Flores García el veintiuno de febrero de dos mil veinte, dentro de la causa penal 16/2019, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo de vehículo de motor agravado, previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción VI y 380, fracciones I, XI y XVII, en relación con los diversos 11, 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Carlos Sánchez Morales -acto reclamado-. 2. Dicte un proveído en el que ordene practicar cualquier diligencia probatoria necesaria para determinar si hubo o no, violación al derecho de defensa técnica. Por mencionar algunos ejemplos, i) requerir a Humberto Reyes Selvas y a David Guarneros Mata para que acrediten que durante el desahogo de las declaraciones ministeriales y preparatorias -según sea el supuesto- contaban con cédula de licenciado en derecho; o (ii) requerir información de las autoridades competentes, como lo es el Registro Nacional de Profesionistas. 2. Reponga el procedimiento del período de preinstrucción con el fin de recabar la declaración preparatoria del quejoso 2. Fernando Flores García con las formalidades constitucionales y legales precisadas, especialmente deberá acreditarse que el inculpado sea asistido por un licenciado en derecho. 3. En caso de que no se pueda acreditar o no esté acreditado que los aludidos defensores eran licenciados en derecho, deberá reparar esa violación: i) si dicha violación se presentó, en la declaración ministerial de la averiguación previa, dicha diligencia deberá anularse y deberá desestimare al momento de resolver la situación jurídica del señalado quejoso; en cambio, ii) si la violación se presentó durante la toma de su declaración preparatoria, deberá reponer el procedimiento al momento al que se presentó la violación para que se vuelva a llevar a cabo la diligencia en la que deberá acreditarse que el inculpado sea asistido por un licenciado en derecho. 3. Dicte un proveído en el que ordene practicar cualquier diligencia probatoria necesaria para determinar si hubo o no, violación al derecho de defensa técnica. Por mencionar algunos ejemplos, i) requerir a Humberto Reyes Selvas para que acredite que durante el desahogo de la declaración ministerial contaba con cédula de licenciado en derecho; o (ii) requerir información de las autoridades competentes, como lo es el Registro Nacional de Profesionistas. Cabe hacer la precisión que dicha investigación ya no abarcará respecto al diverso defensor David Guarneros Mata, quien supuestamente asistió al aludido quejoso en su declaración preparatoria, pues en líneas precedentes se ordenó la reposición del procedimiento para que se lleve a cabo dicha diligencia. 4. Luego, con base en los razonamientos indicados en el considerando anterior de este fallo y con libertad de jurisdicción, resuelva nuevamente la situación jurídica del quejoso 1. Azahel Petlalcalco Vázquez, realizando lo siguiente: 4.1. Declare inválido únicamente el reconocimiento que la víctima Carlos Sánchez Morales realizó del quejoso 1. Azahel Petlalcalco Vázquez, mediante comparecencia de seis de agosto de dos mil trece, dejando intocada la parte en que acredita la propiedad del vehículo afecto y amplía su declaración ministerial, pues la ilicitud de la prueba recayó específicamente en la parte de la diligencia donde se realizó el reconocimiento referido. 4.2. Por tanto, excluya dicho reconocimiento al momento de dictar el nuevo auto de término constitucional. 4.3. Motive y exponga concretamente qué datos derivados de la copia certificada de diversas actuaciones de la averiguación previa 2482/2013/RVPUE, sirvieron para acreditar los elementos del cuerpo del delito imputado y la probable responsabilidad de dicho quejoso en su comisión. 4. En caso de que no se pueda acreditar o no esté acreditado que el defensor Humberto Reyes Selvas era licenciado en derecho, deberá reparar esa violación, anulando la declaración ministerial del quejoso 2. Fernando Flores García y desestimándola al momento de resolver su situación jurídica. -- 5. Luego, con base en los razonamientos indicados en el considerando anterior de este fallo y con libertad de jurisdicción, resuelva nuevamente la situación jurídica del quejoso 2. Fernando Flores García, realizando lo siguiente: 5.1. Declare inválido únicamente el reconocimiento que la víctima Carlos Sánchez Morales realizó del quejoso 2. Fernando Flores García, mediante comparecencia de seis de agosto de dos mil trece, dejando intocada la parte en que acredita la propiedad del vehículo afecto y amplía su declaración ministerial, pues la ilicitud de la prueba recayó específicamente en la parte de la diligencia donde se realizó el reconocimiento referido. 5.2. Por tanto, excluya dicho reconocimiento al momento de dictar el nuevo auto de término constitucional. 5.3. Motive y exponga concretamente qué datos derivados de la copia certificada de diversas actuaciones de la averiguación previa 2482/2013/RVPUE, sirvieron para acreditar los elementos del cuerpo del delito imputado y la probable responsabilidad de dicho quejoso en su comisión. 3. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. A. Mediante determinación dictada el veinte de octubre del presente año, dentro de la causa penal 16/2019, la autoridad responsable realizó -en esencia- lo siguiente: ( Dejó sin efectos el auto de formal prisión dictado en contra de los quejosos 1. Azahel Petlalcalco Vázquez y 2. Fernando Flores García el veintiuno de febrero de dos mil veinte, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo de vehículo de motor agravado, previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción VI y 380, fracciones I, XI y XVII, en relación con los diversos 11, 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Carlos Sánchez Morales -acto reclamado-; ( Ordenó la reposición del período de preinstrucción únicamente por cuanto al quejoso 2. Fernando Flores García y señaló las trece horas del veintiuno de octubre de esta anualidad para recabar nuevamente su declaración preparatoria; y, ( Con el fin de determinar si existió o no violación al derecho de defensa técnica en perjuicio de los aquí quejosos, ordenó al secretario de acuerdos que, en diligencia formal, verificara si Humberto Reyes Selvas y David Guarneros Mata contaban con cédula de licenciado en derecho durante el desahogo de las declaraciones ministeriales y preparatorias -respectivamente-, a través de la página de internet cedulaprofesional.sep.gob.mx. B. Mediante diligencia de veintiuno de octubre de dos mil veinte, desahogada en la citada causa penal, se verificó que los defensores públicos David Guaneros Mata y Humberto Reyes Selva contaban con cédulas profesionales de licenciados en derecho durante el desahogo de las declaraciones ministeriales y preparatorias -respectivamente- (2684052 y 2807667), registradas ante la Secretaria de Educación Pública en los años 1998 y 1999, correspondientemente. C. El mismo día, se recabó la declaración preparatoria del quejoso Fernando Flores García, en la que fue asistido por el defensor particular Jesús Lobato Rivera, con número de cédula profesional 7743480. D. Mediante determinación dictada el veintitrés de octubre de dos mil veinte, dentro de la causa penal de origen, el juzgado de lo penal resolvió la situación jurídica de los quejosos y, en cumplimiento a los efectos de la ejecutoria de amparo, consideró lo siguiente: ( Señaló que la copia certificada de diversas actuaciones de la averiguación previa 2482/2013/RVPUE, era insuficiente para acreditar los elementos del cuerpo del delito imputado, por lo que la desestimó para resolver la situación jurídica de los quejosos. ( Declaró inválido el reconocimiento que la víctima Carlos Sánchez Morales realizó de los quejosos 1. Azahel Petlalcalco Vázquez y 2. Fernando Flores García mediante comparecencia de seis de agosto de dos mil trece, dejando intocada la parte en que acreditó la propiedad del vehículo afecto y amplió su declaración ministerial; ello, en virtud de que dicho reconocimiento no se había llevado a cabo de conformidad con las disposiciones legales establecidas en el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, por lo que lo excluyó al momento de dictar el nuevo auto de término constitucional. ( En razón de lo anterior, estimó que el material de cargo restante era insuficiente para acreditar la probable responsabilidad de los quejosos. ( Decretó auto de libertad por falta de elementos para procesar en favor de los quejosos 1. Azahel Petlalcalco Vázquez y 2. Fernando Flores García. 4. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. Ciertamente, el juez responsable cumplió con el núcleo esencial del fallo protector, habida cuenta que: i) Dejó sin efectos el acto reclamado; ii) Repuso el período de preinstrucción únicamente respecto del quejoso 2. Fernando Flores García, en donde se cercioró que su defensor fuera licenciado en derecho; iii) Constató que los defensores que asistieron a los quejosos en sus declaraciones ministeriales y preparatorias -respectivamente- fueran licenciados en derecho; iv) Señaló que la copia certificada de diversas actuaciones de la averiguación previa 2482/2013/RVPUE, era insuficiente para acreditar los elementos del cuerpo del delito imputado, por lo que la desestimó para resolver la situación jurídica de los quejosos. v) Declaró inválido el reconocimiento que la víctima Carlos Sánchez Morales realizó de los quejosos mediante comparecencia de seis de agosto de dos mil trece, dejando intocada la parte en que acreditó la propiedad del vehículo afecto y amplió su declaración ministerial; ello, en virtud de que dicho reconocimiento no se había llevado a cabo de conformidad con las disposiciones legales establecidas en el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, por lo que lo excluyó al momento de dictar el nuevo auto de término constitucional. vi) Estimó que el material de cargo restante era insuficiente para acreditar la probable responsabilidad de los quejosos. vii) Decretó auto de libertad por falta de elementos para procesar en favor de los quejosos, al no acreditarse su probable responsabilidad en la comisión del delito imputado. De ahí que la ejecutoria de amparo se encuentre cabalmente cumplida, sin defecto ni exceso. Notifíquese personalmente a los quejosos en el lugar de su reclusión y al tercero interesado Carlos Sánchez Morales -parte ofendida de origen-; y, por oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercera interesada y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito...
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