Fernando Castellanos Pacheco y Otros.

Expediente 1033/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1033/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
30/08/2019

Partes del expediente

  • Fernando Castellanos Pacheco
  • Fernando Castellanos Pacheco y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se desprende que ha transcurrido el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo en vigor, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído de catorce de agosto de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado auto ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que se desechó la demanda de amparo, es evidente que este asunto constituye una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, de ahí que al carecer de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción I del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción. En consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, Encargado del Despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, catorce de agosto de dos mil diecinueve. Atento el estado procesal que guarda este expediente y a lo informado por la Secretaria en la razón de cuenta que antecede, de donde se advierte que el término de cinco días que se le concedió a la parte quejosa en acuerdo de treinta de julio del año en curso, a fin de que manifestara si era su voluntad señalar como acto reclamado destacado el mandamiento de ejecución de liquidación de adeudo con monto actualizado del crédito fiscal junto con sus accesorios, emitido en su contra el veintinueve de junio de dos mil diecinueve, por la Administradoras Desconcentrada de Recaudación de Yucatán 1, con sede en esta ciudad y expresara si señalaba al notificador ejecutor José Roberto Quijano Cox, adscrito a la citada Administración, como autoridad responsable y, en su caso, el acto que de él reclamara, sin que diera cumplimiento a ello; en consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto de mérito, por tanto, se tienen únicamente como actos reclamados y autoridades responsables, a las que fueron señaladas de manera primigenia. Ahora bien, en el presente asunto procede desechar de plano la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. A consideración del suscrito, en la especie se actualiza la causa de improcedencia contemplada en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, pues se trata de actos intraprocesales, derivados de un procedimiento administrativo de ejecución, que no produce consecuencias de imposible reparación y, por ende, que el juicio de amparo sea improcedente con relación a tales actos, los que además no constituyen una resolución definitiva ni la última resolución que se dicta en el procedimiento de remate de bienes. En efecto, la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el artículo 107, fracciones III y IV, del ordenamiento legal en cita, dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; . VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;." (Lo destacado es propio) En la porción normativa del último precepto transcrito, se establece que es procedente el juicio de amparo, contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, supuesto que se actualiza en la especie, debido a que las autoridades a quienes se les imputan los actos reclamados no pertenecen a un tribunal administrativo, judicial o del trabajo. Por otra parte, se prevé que cuando dentro de un procedimiento administrativo seguido "en forma de juicio" se emitan actos que ameriten la inconformidad del particular, éstos no pueden válidamente reclamarse en amparo, sino hasta que se dicte la resolución definitiva; momento en el cual se podrán reclamar en el amparo ante Juez de Distrito, tanto las violaciones contenidas en dicha resolución, como las que se hubieren cometido durante el procedimiento. Mientras que tratándose de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución, en el entendido que, en los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Al respecto, resulta aplicable por analogía, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 81, tomo 133-138, tercera parte, Séptima Época, de rubro "PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIO. APLICACIÓN DE LA FRACCIÓN II, EN RELACIÓN CON LA IV, DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO". No se soslaya que en esta regla el legislador reitera, en esencia, la relativa a la procedencia del amparo directo, donde instituyó que dicho juicio de control constitucional sólo procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; y que el gobernado puede invocar en tal ocasión, tanto las violaciones cometidas en esas resoluciones definitivas, como las cometidas en el curso del procedimiento. Sin embargo, la fracción VI, del numeral 107 de la Ley de la materia, contiene una excepción a las reglas específicas, que consiste en que cuando dentro de ese procedimiento seguido "en forma de juicio" que se tramita ante autoridad administrativa, se cause un perjuicio a una persona extraña a dicho procedimiento, el afectado no tiene que esperar hasta la resolución definitiva, sino que puede, válidamente, acudir al amparo de inmediato. Sustenta esta consideración, por analogía, la tesis aislada de la Compilación de 1985, Tercera Parte, páginas 174-175, de rubro "TERCEROS EXTRAÑOS AL PROCEDIMIENTO. AMPARO PROCEDENTE". Sin embargo, en el caso no se actualiza dicha excepción pues, en el presente juicio de amparo el hoy quejoso no es tercero extraño al procedimiento administrativo de ejecución, debido a que compareció a juicio en defensa de sus intereses. En efecto, del escrito de manda se advierte que el quejoso manifiesta que el Administrador Desconcentrado de Recaudación de Yucatán "1", mediante mandamiento de ejecución de liquidación de adeudo con monto actualizado del crédito fiscal y accesorios de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, ordenó el requerimiento de pago y embargo por la cantidad de $824,763.00 (ochocientos veinticuatro mil setecientos sesenta y tres pesos, sin centavos, moneda nacional), derivado de la diversa resolución contenida en el oficio 500-05-09-2016-12732 de veintinueve de abril de dos mil dieciséis, en la que se le impuso una multa por la cantidad de $686,920.00 (seiscientos ochenta y seis mil novecientos veinte pesos, sin centavos, moneda nacional), llevando a cabo el embargo sobre diversos bienes propiedad del quejoso con el fin de garantizar y efectuar el cobro del crédito fiscal contenido en dicha resolución, la cual le fue notificada y ejecutada mediante diligencia de requerimiento de pago y embargo de cinco de julio de esta anualidad. De lo que se demuestra que el sancionado tuvo conocimiento de la existencia de la resolución que dio pauta al inicio del procedimiento económico coactivo en contra del quejoso, a través del mandamiento de requerimiento de pago y embargo que ahora se reclama. Determinación que, se insiste, fue hecha de su conocimiento mediante diligencia de requerimiento de pago y embargo de cinco de julio de dos mil diecinueve. Resulta aplicable en lo conducente, la jurisprudencia número 2a./J. 47/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Décima Época, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, página 1627, del contenido literal siguiente: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo". De esta manera, el quejoso no tiene la calidad de tercero extraño al procedimiento administrativo de ejecución, ya que formalmente tuvo conocimiento de él desde su inicio hasta la actualización del crédito fiscal y accesorios de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, derivado del crédito fiscal que se pretende ejecutar a través del procedimiento de ejecución cuyos actos se reclaman. Por lo tanto, ante esa circunstancia en cualquiera de sus etapas hasta antes de la emisión de la resolución que apruebe o desapruebe el remate (en el entendido que, en los procedimientos de remate, la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados lo cual, como ya se anticipó, aún no se realiza), está en condiciones de imponerse de las actuaciones y defender sus intereses dentro del procedimiento administrativo de ejecución, ejercer el derecho de audiencia y cumplir con el principio de definitividad previamente al ejercicio de la acción constitucional. A lo anterior es aplicable, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 198/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, enero de 2009, página 698, de rubro y texto siguientes: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER EL QUEJOSO QUE SE OSTENTE SABEDOR DEL PROCEDIMIENTO LABORAL SEGUIDO EN SU CONTRA EN CUALQUIERA DE SUS ETAPAS HASTA ANTES DE LA EMISIÓN DEL LAUDO, POR ESTAR EN CONDICIONES DE IMPONERSE DE LOS AUTOS Y DEFENDER SUS INTERESES. Si el quejoso en el juicio de garantías se ostenta como tercero extraño por equiparación pero cuando de autos se desprenda que por cualquier medio se hizo sabedor del procedimiento laboral incoado en su contra y aún no se ha dictado el laudo, no puede considerarse que tenga dicho carácter, por no estar en el supuesto relativo a que el ilegal emplazamiento le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que si promueve el juicio de garantías en estas últimas circunstancias, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, por no haber agotado el principio de definitividad, pues previamente al ejercicio de la acción constitucional debió promover el incidente de nulidad de notificaciones a que se refieren los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo." De esta manera, se concluye que la parte quejosa reclama actos de ejecución en la vía coactiva del mandamiento de ejecución de liquidación de adeudo con monto actualizado del crédito fiscal y accesorios de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, derivado del crédito fiscal determinado en la diversa resolución número 500-05-09-2016-12732 de veintinueve de abril de dos mil dieciséis, específicamente el mandamiento de ejecución realizado en diligencia de requerimiento de pago y embargo de cinco de julio de dos mil diecinueve, que constituyen actos intraprocesales, respecto de los cuales no puede considerarse como tercero extraño; por lo tanto, no se surte algún supuesto de excepción a favor del peticionario del amparo, previsto en la fracción III inciso b) y VI, del artículo 107, de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, conforme al estudio de la causa de improcedencia, que se analiza, se concluye que los actos citados, al no constituir actos definitivos, toda vez que aún no se ha dictado resolución en el procedimiento de ejecución respectivo; y advertirse que el quejoso no es persona extraña al citado procedimiento, se actualiza la causa de improcedencia en análisis. Similar criterio sostuvo el Pleno de nuestro Máximo Tribunal de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 39/2000-PL, en la que determinó que, cuando se trate de procedimientos administrativos de fiscalización, como lo son aquéllos que inicien como consecuencia de una orden de visita domiciliaria, se está ante la presencia de un procedimiento seguido en forma de juicio, sin que al respecto se deba distinguir entre procedimientos donde la autoridad administrativa no jurisdiccional, dirima un litigio entre partes contendientes y, aquéllos en donde solamente siga un trámite procedimental frente a un particular en preparación de su resolución, en virtud, de que al no establecerse distinción de trato, en la Ley de Amparo, luego, debe entenderse que dicha norma comprende a todos ellos, sin que opere tal exclusión. El tema en cuestión, tiene apoyo en la jurisprudencia número 2a./J. 22/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Abril de 2003, página 196, de rubro: "PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR." Ahora bien, de la interpretación del numeral 107, fracciones III y IV Ley de Amparo, se infiere que la intención del legislador ha sido la de que no se entorpezcan, mediante la promoción del juicio constitucional, los procedimientos administrativos de ejecución fundados en resoluciones definitivas, a pesar de que éstas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por lo que operan las mismas razones para sostener que, tratándose de mandamientos de ejecución, citatorios, requerimientos de pago y actas de embargo, respecto de créditos fiscales determinados, el juicio de amparo debe promoverse hasta que se dicte la última resolución que se pronuncie. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, el criterio definido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 2a./J. 18/2009, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, Marzo de 2009, página 451, de rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. POR REGLA GENERAL, LAS VIOLACIONES COMETIDAS ANTES DEL REMATE SON IMPUGNABLES MEDIANTE EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO HASTA QUE SE PUBLIQUE LA CONVOCATORIA RESPECTIVA, ACORDE CON EL ARTÍCULO 127, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 28 DE JUNIO DE 2006. De acuerdo con el indicado precepto, en relación con los artículos 116, 117, fracción II, inciso b) y 120 del Código Fiscal de la Federación y 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, las violaciones cometidas en el procedimiento administrativo de ejecución antes del remate podrán impugnarse sólo hasta que se publique la convocatoria respectiva, dentro de los 10 días siguientes a tal evento, lo cual significa que esta clase de actos no serán recurribles de manera autónoma, como sucedía antes de la reforma del artículo 127 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, siendo improcedente el recurso de revocación contra dichas violaciones procesales, tampoco podrían adquirir el carácter de "actos o resoluciones definitivas", de modo que en su contra no procede el juicio contencioso administrativo. Esta es la regla general impuesta por el legislador en la norma reformada, sin que se pase por alto que en ella se establecieron como excepciones los actos de ejecución sobre bienes inembargables o los de imposible reparación material, casos en los que el recurso administrativo podrá interponerse a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del requerimiento de pago o la diligencia de embargo, de donde resulta que al ser impugnables estos actos del procedimiento administrativo de ejecución a través del recurso de revocación y siendo éste opcional, conforme al artículo 120 del Código Fiscal de la Federación, en su contra procede el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al tener la naturaleza de actos o resoluciones definitivas." También sustenta la determinación anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 17/98, definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, abril de 1998, página 187, de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE. EL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN AQUÉL SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA DEFINITIVA, A PESAR DE QUE SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES.- El procedimiento administrativo de ejecución regulado por los artículos 145 a 196 del Código Fiscal de la Federación no tiene como finalidad la resolución de alguna controversia entre partes contendientes, por lo que en rigor no puede decirse que se trate de un procedimiento seguido en forma de juicio, en los términos literales del artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pero consta de una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtención ejecutiva del cumplimiento de una obligación con base en una liquidación firme que constituye la prueba legal de la existencia del crédito, de su liquidez y de su inmediata reclamación y, como tal, presupuesto formal del comentado procedimiento de ejecución, similar en estos aspectos a una sentencia ejecutoriada. Por tanto, se justifica que el juicio de amparo sólo pueda promoverse hasta que se dicte en el citado procedimiento de ejecución fiscal la resolución con la que culmine, es decir, la definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate, pudiéndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. De lo contrario, si se estimara procedente el juicio de garantías contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva, lo cual no debe permitirse aunque se reclame la inconstitucionalidad de las leyes que rigen ese procedimiento, ya que de la interpretación relacionada de la citada fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, acerca de que el amparo contra remates sólo procede contra la resolución definitiva que los apruebe o desapruebe, y de la fracción III del mismo precepto legal, se desprende que, en lo conducente, la intención del legislador ha sido la de que no se entorpezcan, mediante la promoción del juicio constitucional, los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, a pesar de que éstas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por lo que operan las mismas razones para sostener que, tratándose del mencionado procedimiento, el juicio de amparo puede promoverse hasta que se dicte la última resolución que en aquél se pronuncie." Conviene destacar que el criterio antes señalado lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 2840/1997, por unanimidad de cinco votos, que en la parte conducente y que aquí interesa destacar, determinó: ".En el caso concreto, el a quo correctamente se apoyó en el criterio transcrito para estimar improcedente el juicio de garantías, pues el mismo es aplicable en la medida en que la quejosa reclama los artículos 145 a 172 del Código Fiscal de la Federación, correspondiente al título quinto "De los procedimientos administrativos", del capítulo III "Del procedimiento administrativo de ejecución", con motivo de su aplicación consistente en los actos del procedimiento administrativo de ejecución iniciado en su contra a fin de hacer efectivos diversos créditos fiscales, específicamente las actas de requerimiento de pago, embargo y designación de depositario que obran a fojas 14 a 28 de autos, no obstante que debió esperar hasta el dictado de la última resolución dentro del procedimiento ejecutivo, es decir, la definitiva en que se apruebe o desaprueba el remate, para combatir en amparo tanto esta resolución como las violaciones cometidas durante dicho procedimiento..." (Lo destacado es propio). De la cita que precede se advierte que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya determinó que tratándose de actos dentro del procedimiento administrativo de ejecución, el juicio de amparo sólo procede hasta que se dicta en él la resolución definitiva, esto es, en la que se aprueba o desaprueba el remate; y el afectado está en la aptitud de reclamar válidamente en tal oportunidad, las violaciones cometidas en dicho procedimiento, puesto que de permitirse la promoción del juicio de amparo contra cada uno de los actos intermedios de ese procedimiento, en forma aislada, se obstaculizaría la secuencia ejecutiva, cuando es voluntad del legislador que la autoridad administrativa tenga la posibilidad de hacer efectivos créditos fiscales. De esta manera, se reitera, previamente a la interposición del juicio de amparo, la parte quejosa se encuentra obligada a esperar hasta el dictado de la última resolución dentro del procedimiento ejecutivo, para combatir la ejecución de los créditos fiscales en comento y, al no hacerlo así, conforme a lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, el presente juicio de amparo resulta improcedente, en contra del mandamiento de ejecución de liquidación de adeudo con monto actualizado del crédito fiscal y accesorios, emitido por la Administración Desconcentrada de Recaudación de Yucatán "1", en el que se ordenó el requerimiento de pago y embargo por la cantidad de $824,763.00 (ochocientos veinticuatro mil setecientos sesenta y tres pesos, sin centavos, moneda nacional) y su ejecución. Dado que se trata de actos que sólo podrán reclamarse hasta que se dicte la última resolución en dicho procedimiento administrativo de ejecución, en el que el contribuyente ahora quejoso podrá combatir, incluso las violaciones cometidas en dicho procedimiento, lo cual encuentra sustento, por identidad jurídica, en la tesis número X.1o.7 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, visible en la página 480, Tomo II, Octubre de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "AMPARO IMPROCEDENTE, EN CONTRA DEL REQUERIMIENTO EMITIDO DENTRO DE PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, SIN CONSTITUIR LA ACTUACIÓN QUE CULMINE DICHO PROCEDIMIENTO. Cuando se hace la impugnación en el juicio constitucional en torno a un requerimiento que adolece de fundamentación legal y el cual emana de un procedimiento seguido en forma de juicio, por una autoridad administrativa, este acto no debe ser reclamado en forma destacada en dicho juicio, sino como violación procesal, que es como deberá analizarse en la sentencia de amparo, ya que el acto reclamado solamente puede serlo la resolución definitiva que emita la responsable y con la que culmine el señalado procedimiento, de conformidad con lo establecido por la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo; por lo que, al no plantearlo así, debe declararse improcedente el juicio de garantías y sobreseer en el mismo, en términos de los artículos 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción II y 74, fracción III, todos del invocado ordenamiento legal." (Lo destacado es propio). Lo anterior no implica colocar en estado de indefensión al particular, sino únicamente determinar con claridad que, cuando se trata de actos del procedimiento administrativo de ejecución, el juicio de amparo sólo procede hasta que se dicte en ese procedimiento la resolución definitiva con que culmina; y que entonces se puede reclamar, tanto ésta, como las violaciones cometidas en la secuela del procedimiento, con el fin de no obstaculizar injustificadamente la resolución ejecutiva, lo que no debe permitirse, ya que al promoverse el amparo en contra de la resolución definitiva dentro del procedimiento ejecutivo, el gobernado está en aptitud de reclamar tanto el mandamiento de ejecución, el citatorio y el acta de requerimiento de pago y embargo, como las violaciones cometidas en el procedimiento administrativo respectivo. En el entendido que, tratándose de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución, en la inteligencia que, en los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. En el caso, no se configura ninguna excepción a la regla general en que se sustenta la improcedencia de esta instancia constitucional, ya que los actos reclamados, al tratarse de resoluciones intermedias que no son definitivas porque no constituyen la resolución que aprueba o desaprueba el remate de bienes, y por lo tanto, no culminan con el procedimiento administrativo de ejecución; debe regir la interpretación relacionada de las fracciones III y IV del artículo 107 en relación con el diverso 61, fracción XXIII, ambos de la Ley de Amparo, de la que se desprende que la intención del legislador es evitar el entorpecimiento o dilación de los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, aunque no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, puesto que estimarse procedente el juicio de amparo en contra de cada uno de los actos intermedios de ese procedimiento, en forma aislada, se obstaculizaría la secuencia ejecutiva, cuando es voluntad del legislador que la autoridad administrativa tenga la posibilidad de hacer efectivos créditos fiscales. Consecuentemente, por lo expuesto en líneas precedentes, y con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo aplicable, se reitera, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Fernando Castellanos Pacheco, contra el acto que reclama del Administrador Desconcentrado de Recaudación de Yucatán "1" y otra autoridad, por actualizarse en el caso la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con las fracciones III y IV del numeral 107 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    I. ART. 27 FRACC. I INCISO C DE LA NUEVA LEY DE AMPARO. Mérida, Yucatán, catorce de agosto de dos mil diecinueve. Atento el estado procesal que guarda este expediente y a lo informado por la Secretaria en la razón de cuenta que antecede, de donde se advierte que el término de cinco días que se le concedió a la parte quejosa en acuerdo de treinta de julio del año en curso, a fin de que manifestara si era su voluntad señalar como acto reclamado destacado el mandamiento de ejecución de liquidación de adeudo con monto actualizado del crédito fiscal junto con sus accesorios, emitido en su contra el veintinueve de junio de dos mil diecinueve, por la Administradoras Desconcentrada de Recaudación de Yucatán 1, con sede en esta ciudad y expresara si señalaba al notificador ejecutor José Roberto Quijano Cox, adscrito a la citada Administración, como autoridad responsable y, en su caso, el acto que de él reclamara, sin que diera cumplimiento a ello; en consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto de mérito, por tanto, se tienen únicamente como actos reclamados y autoridades responsables, a las que fueron señaladas de manera primigenia. Ahora bien, en el presente asunto procede desechar de plano la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. A consideración del suscrito, en la especie se actualiza la causa de improcedencia contemplada en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, pues se trata de actos intraprocesales, derivados de un procedimiento administrativo de ejecución, que no produce consecuencias de imposible reparación y, por ende, que el juicio de amparo sea improcedente con relación a tales actos, los que además no constituyen una resolución definitiva ni la última resolución que se dicta en el procedimiento de remate de bienes. En efecto, la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el artículo 107, fracciones III y IV, del ordenamiento legal en cita, dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; . VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;." (Lo destacado es propio) En la porción normativa del último precepto transcrito, se establece que es procedente el juicio de amparo, contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, supuesto que se actualiza en la especie, debido a que las autoridades a quienes se les imputan los actos reclamados no pertenecen a un tribunal administrativo, judicial o del trabajo. Por otra parte, se prevé que cuando dentro de un procedimiento administrativo seguido "en forma de juicio" se emitan actos que ameriten la inconformidad del particular, éstos no pueden válidamente reclamarse en amparo, sino hasta que se dicte la resolución definitiva; momento en el cual se podrán reclamar en el amparo ante Juez de Distrito, tanto las violaciones contenidas en dicha resolución, como las que se hubieren cometido durante el procedimiento. Mientras que tratándose de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución, en el entendido que, en los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Al respecto, resulta aplicable por analogía, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 81, tomo 133-138, tercera parte, Séptima Época, de rubro "PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIO. APLICACIÓN DE LA FRACCIÓN II, EN RELACIÓN CON LA IV, DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO". No se soslaya que en esta regla el legislador reitera, en esencia, la relativa a la procedencia del amparo directo, donde instituyó que dicho juicio de control constitucional sólo procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; y que el gobernado puede invocar en tal ocasión, tanto las violaciones cometidas en esas resoluciones definitivas, como las cometidas en el curso del procedimiento. Sin embargo, la fracción VI, del numeral 107 de la Ley de la materia, contiene una excepción a las reglas específicas, que consiste en que cuando dentro de ese procedimiento seguido "en forma de juicio" que se tramita ante autoridad administrativa, se cause un perjuicio a una persona extraña a dicho procedimiento, el afectado no tiene que esperar hasta la resolución definitiva, sino que puede, válidamente, acudir al amparo de inmediato. Sustenta esta consideración, por analogía, la tesis aislada de la Compilación de 1985, Tercera Parte, páginas 174-175, de rubro "TERCEROS EXTRAÑOS AL PROCEDIMIENTO. AMPARO PROCEDENTE". Sin embargo, en el caso no se actualiza dicha excepción pues, en el presente juicio de amparo el hoy quejoso no es tercero extraño al procedimiento administrativo de ejecución, debido a que compareció a juicio en defensa de sus intereses. En efecto, del escrito de manda se advierte que el quejoso manifiesta que el Administrador Desconcentrado de Recaudación de Yucatán "1", mediante mandamiento de ejecución de liquidación de adeudo con monto actualizado del crédito fiscal y accesorios de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, ordenó el requerimiento de pago y embargo por la cantidad de $824,763.00 (ochocientos veinticuatro mil setecientos sesenta y tres pesos, sin centavos, moneda nacional), derivado de la diversa resolución contenida en el oficio 500-05-09-2016-12732 de veintinueve de abril de dos mil dieciséis, en la que se le impuso una multa por la cantidad de $686,920.00 (seiscientos ochenta y seis mil novecientos veinte pesos, sin centavos, moneda nacional), llevando a cabo el embargo sobre diversos bienes propiedad del quejoso con el fin de garantizar y efectuar el cobro del crédito fiscal contenido en dicha resolución, la cual le fue notificada y ejecutada mediante diligencia de requerimiento de pago y embargo de cinco de julio de esta anualidad. De lo que se demuestra que el sancionado tuvo conocimiento de la existencia de la resolución que dio pauta al inicio del procedimiento económico coactivo en contra del quejoso, a través del mandamiento de requerimiento de pago y embargo que ahora se reclama. Determinación que, se insiste, fue hecha de su conocimiento mediante diligencia de requerimiento de pago y embargo de cinco de julio de dos mil diecinueve. Resulta aplicable en lo conducente, la jurisprudencia número 2a./J. 47/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Décima Época, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, página 1627, del contenido literal siguiente: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo". De esta manera, el quejoso no tiene la calidad de tercero extraño al procedimiento administrativo de ejecución, ya que formalmente tuvo conocimiento de él desde su inicio hasta la actualización del crédito fiscal y accesorios de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, derivado del crédito fiscal que se pretende ejecutar a través del procedimiento de ejecución cuyos actos se reclaman. Por lo tanto, ante esa circunstancia en cualquiera de sus etapas hasta antes de la emisión de la resolución que apruebe o desapruebe el remate (en el entendido que, en los procedimientos de remate, la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados lo cual, como ya se anticipó, aún no se realiza), está en condiciones de imponerse de las actuaciones y defender sus intereses dentro del procedimiento administrativo de ejecución, ejercer el derecho de audiencia y cumplir con el principio de definitividad previamente al ejercicio de la acción constitucional. A lo anterior es aplicable, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 198/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, enero de 2009, página 698, de rubro y texto siguientes: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER EL QUEJOSO QUE SE OSTENTE SABEDOR DEL PROCEDIMIENTO LABORAL SEGUIDO EN SU CONTRA EN CUALQUIERA DE SUS ETAPAS HASTA ANTES DE LA EMISIÓN DEL LAUDO, POR ESTAR EN CONDICIONES DE IMPONERSE DE LOS AUTOS Y DEFENDER SUS INTERESES. Si el quejoso en el juicio de garantías se ostenta como tercero extraño por equiparación pero cuando de autos se desprenda que por cualquier medio se hizo sabedor del procedimiento laboral incoado en su contra y aún no se ha dictado el laudo, no puede considerarse que tenga dicho carácter, por no estar en el supuesto relativo a que el ilegal emplazamiento le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que si promueve el juicio de garantías en estas últimas circunstancias, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, por no haber agotado el principio de definitividad, pues previamente al ejercicio de la acción constitucional debió promover el incidente de nulidad de notificaciones a que se refieren los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo." De esta manera, se concluye que la parte quejosa reclama actos de ejecución en la vía coactiva del mandamiento de ejecución de liquidación de adeudo con monto actualizado del crédito fiscal y accesorios de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, derivado del crédito fiscal determinado en la diversa resolución número 500-05-09-2016-12732 de veintinueve de abril de dos mil dieciséis, específicamente el mandamiento de ejecución realizado en diligencia de requerimiento de pago y embargo de cinco de julio de dos mil diecinueve, que constituyen actos intraprocesales, respecto de los cuales no puede considerarse como tercero extraño; por lo tanto, no se surte algún supuesto de excepción a favor del peticionario del amparo, previsto en la fracción III inciso b) y VI, del artículo 107, de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, conforme al estudio de la causa de improcedencia, que se analiza, se concluye que los actos citados, al no constituir actos definitivos, toda vez que aún no se ha dictado resolución en el procedimiento de ejecución respectivo; y advertirse que el quejoso no es persona extraña al citado procedimiento, se actualiza la causa de improcedencia en análisis. Similar criterio sostuvo el Pleno de nuestro Máximo Tribunal de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 39/2000-PL, en la que determinó que, cuando se trate de procedimientos administrativos de fiscalización, como lo son aquéllos que inicien como consecuencia de una orden de visita domiciliaria, se está ante la presencia de un procedimiento seguido en forma de juicio, sin que al respecto se deba distinguir entre procedimientos donde la autoridad administrativa no jurisdiccional, dirima un litigio entre partes contendientes y, aquéllos en donde solamente siga un trámite procedimental frente a un particular en preparación de su resolución, en virtud, de que al no establecerse distinción de trato, en la Ley de Amparo, luego, debe entenderse que dicha norma comprende a todos ellos, sin que opere tal exclusión. El tema en cuestión, tiene apoyo en la jurisprudencia número 2a./J. 22/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Abril de 2003, página 196, de rubro: "PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR." Ahora bien, de la interpretación del numeral 107, fracciones III y IV Ley de Amparo, se infiere que la intención del legislador ha sido la de que no se entorpezcan, mediante la promoción del juicio constitucional, los procedimientos administrativos de ejecución fundados en resoluciones definitivas, a pesar de que éstas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por lo que operan las mismas razones para sostener que, tratándose de mandamientos de ejecución, citatorios, requerimientos de pago y actas de embargo, respecto de créditos fiscales determinados, el juicio de amparo debe promoverse hasta que se dicte la última resolución que se pronuncie. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, el criterio definido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 2a./J. 18/2009, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, Marzo de 2009, página 451, de rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. POR REGLA GENERAL, LAS VIOLACIONES COMETIDAS ANTES DEL REMATE SON IMPUGNABLES MEDIANTE EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO HASTA QUE SE PUBLIQUE LA CONVOCATORIA RESPECTIVA, ACORDE CON EL ARTÍCULO 127, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 28 DE JUNIO DE 2006. De acuerdo con el indicado precepto, en relación con los artículos 116, 117, fracción II, inciso b) y 120 del Código Fiscal de la Federación y 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, las violaciones cometidas en el procedimiento administrativo de ejecución antes del remate podrán impugnarse sólo hasta que se publique la convocatoria respectiva, dentro de los 10 días siguientes a tal evento, lo cual significa que esta clase de actos no serán recurribles de manera autónoma, como sucedía antes de la reforma del artículo 127 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, siendo improcedente el recurso de revocación contra dichas violaciones procesales, tampoco podrían adquirir el carácter de "actos o resoluciones definitivas", de modo que en su contra no procede el juicio contencioso administrativo. Esta es la regla general impuesta por el legislador en la norma reformada, sin que se pase por alto que en ella se establecieron como excepciones los actos de ejecución sobre bienes inembargables o los de imposible reparación material, casos en los que el recurso administrativo podrá interponerse a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del requerimiento de pago o la diligencia de embargo, de donde resulta que al ser impugnables estos actos del procedimiento administrativo de ejecución a través del recurso de revocación y siendo éste opcional, conforme al artículo 120 del Código Fiscal de la Federación, en su contra procede el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al tener la naturaleza de actos o resoluciones definitivas." También sustenta la determinación anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 17/98, definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, abril de 1998, página 187, de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE. EL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN AQUÉL SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA DEFINITIVA, A PESAR DE QUE SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES.- El procedimiento administrativo de ejecución regulado por los artículos 145 a 196 del Código Fiscal de la Federación no tiene como finalidad la resolución de alguna controversia entre partes contendientes, por lo que en rigor no puede decirse que se trate de un procedimiento seguido en forma de juicio, en los términos literales del artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pero consta de una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtención ejecutiva del cumplimiento de una obligación con base en una liquidación firme que constituye la prueba legal de la existencia del crédito, de su liquidez y de su inmediata reclamación y, como tal, presupuesto formal del comentado procedimiento de ejecución, similar en estos aspectos a una sentencia ejecutoriada. Por tanto, se justifica que el juicio de amparo sólo pueda promoverse hasta que se dicte en el citado procedimiento de ejecución fiscal la resolución con la que culmine, es decir, la definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate, pudiéndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. De lo contrario, si se estimara procedente el juicio de garantías contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva, lo cual no debe permitirse aunque se reclame la inconstitucionalidad de las leyes que rigen ese procedimiento, ya que de la interpretación relacionada de la citada fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, acerca de que el amparo contra remates sólo procede contra la resolución definitiva que los apruebe o desapruebe, y de la fracción III del mismo precepto legal, se desprende que, en lo conducente, la intención del legislador ha sido la de que no se entorpezcan, mediante la promoción del juicio constitucional, los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, a pesar de que éstas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por lo que operan las mismas razones para sostener que, tratándose del mencionado procedimiento, el juicio de amparo puede promoverse hasta que se dicte la última resolución que en aquél se pronuncie." Conviene destacar que el criterio antes señalado lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 2840/1997, por unanimidad de cinco votos, que en la parte conducente y que aquí interesa destacar, determinó: ".En el caso concreto, el a quo correctamente se apoyó en el criterio transcrito para estimar improcedente el juicio de garantías, pues el mismo es aplicable en la medida en que la quejosa reclama los artículos 145 a 172 del Código Fiscal de la Federación, correspondiente al título quinto "De los procedimientos administrativos", del capítulo III "Del procedimiento administrativo de ejecución", con motivo de su aplicación consistente en los actos del procedimiento administrativo de ejecución iniciado en su contra a fin de hacer efectivos diversos créditos fiscales, específicamente las actas de requerimiento de pago, embargo y designación de depositario que obran a fojas 14 a 28 de autos, no obstante que debió esperar hasta el dictado de la última resolución dentro del procedimiento ejecutivo, es decir, la definitiva en que se apruebe o desaprueba el remate, para combatir en amparo tanto esta resolución como las violaciones cometidas durante dicho procedimiento..." (Lo destacado es propio). De la cita que precede se advierte que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya determinó que tratándose de actos dentro del procedimiento administrativo de ejecución, el juicio de amparo sólo procede hasta que se dicta en él la resolución definitiva, esto es, en la que se aprueba o desaprueba el remate; y el afectado está en la aptitud de reclamar válidamente en tal oportunidad, las violaciones cometidas en dicho procedimiento, puesto que de permitirse la promoción del juicio de amparo contra cada uno de los actos intermedios de ese procedimiento, en forma aislada, se obstaculizaría la secuencia ejecutiva, cuando es voluntad del legislador que la autoridad administrativa tenga la posibilidad de hacer efectivos créditos fiscales. De esta manera, se reitera, previamente a la interposición del juicio de amparo, la parte quejosa se encuentra obligada a esperar hasta el dictado de la última resolución dentro del procedimiento ejecutivo, para combatir la ejecución de los créditos fiscales en comento y, al no hacerlo así, conforme a lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, el presente juicio de amparo resulta improcedente, en contra del mandamiento de ejecución de liquidación de adeudo con monto actualizado del crédito fiscal y accesorios, emitido por la Administración Desconcentrada de Recaudación de Yucatán "1", en el que se ordenó el requerimiento de pago y embargo por la cantidad de $824,763.00 (ochocientos veinticuatro mil setecientos sesenta y tres pesos, sin centavos, moneda nacional) y su ejecución. Dado que se trata de actos que sólo podrán reclamarse hasta que se dicte la última resolución en dicho procedimiento administrativo de ejecución, en el que el contribuyente ahora quejoso podrá combatir, incluso las violaciones cometidas en dicho procedimiento, lo cual encuentra sustento, por identidad jurídica, en la tesis número X.1o.7 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, visible en la página 480, Tomo II, Octubre de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "AMPARO IMPROCEDENTE, EN CONTRA DEL REQUERIMIENTO EMITIDO DENTRO DE PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, SIN CONSTITUIR LA ACTUACIÓN QUE CULMINE DICHO PROCEDIMIENTO. Cuando se hace la impugnación en el juicio constitucional en torno a un requerimiento que adolece de fundamentación legal y el cual emana de un procedimiento seguido en forma de juicio, por una autoridad administrativa, este acto no debe ser reclamado en forma destacada en dicho juicio, sino como violación procesal, que es como deberá analizarse en la sentencia de amparo, ya que el acto reclamado solamente puede serlo la resolución definitiva que emita la responsable y con la que culmine el señalado procedimiento, de conformidad con lo establecido por la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo; por lo que, al no plantearlo así, debe declararse improcedente el juicio de garantías y sobreseer en el mismo, en términos de los artículos 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción II y 74, fracción III, todos del invocado ordenamiento legal." (Lo destacado es propio). Lo anterior no implica colocar en estado de indefensión al particular, sino únicamente determinar con claridad que, cuando se trata de actos del procedimiento administrativo de ejecución, el juicio de amparo sólo procede hasta que se dicte en ese procedimiento la resolución definitiva con que culmina; y que entonces se puede reclamar, tanto ésta, como las violaciones cometidas en la secuela del procedimiento, con el fin de no obstaculizar injustificadamente la resolución ejecutiva, lo que no debe permitirse, ya que al promoverse el amparo en contra de la resolución definitiva dentro del procedimiento ejecutivo, el gobernado está en aptitud de reclamar tanto el mandamiento de ejecución, el citatorio y el acta de requerimiento de pago y embargo, como las violaciones cometidas en el procedimiento administrativo respectivo. En el entendido que, tratándose de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución, en la inteligencia que, en los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. En el caso, no se configura ninguna excepción a la regla general en que se sustenta la improcedencia de esta instancia constitucional, ya que los actos reclamados, al tratarse de resoluciones intermedias que no son definitivas porque no constituyen la resolución que aprueba o desaprueba el remate de bienes, y por lo tanto, no culminan con el procedimiento administrativo de ejecución; debe regir la interpretación relacionada de las fracciones III y IV del artículo 107 en relación con el diverso 61, fracción XXIII, ambos de la Ley de Amparo, de la que se desprende que la intención del legislador es evitar el entorpecimiento o dilación de los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, aunque no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, puesto que estimarse procedente el juicio de amparo en contra de cada uno de los actos intermedios de ese procedimiento, en forma aislada, se obstaculizaría la secuencia ejecutiva, cuando es voluntad del legislador que la autoridad administrativa tenga la posibilidad de hacer efectivos créditos fiscales. Consecuentemente, por lo expuesto en líneas precedentes, y con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo aplicable, se reitera, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Fernando Castellanos Pacheco, contra el acto que reclama del Administrador Desconcentrado de Recaudación de Yucatán "1" y otra autoridad, por actualizarse en el caso la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con las fracciones III y IV del numeral 107 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    I. ART. 27 FRACC. I INCISO C DE LA NUEVA LEY DE AMPARO. Mérida, Yucatán, treinta de julio de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Fernando Castellanos Pacheco, contra el acto que reclama del Administrador Desconcentrado de Recaudación de Yucatán "1" y otra autoridad, la cual fue presentada con cinco copias y un anexo. Ahora bien, toda vez que de la lectura integral de las manifestaciones realizadas por la parte quejosa en el capítulo de hechos de la demanda y de los documentos exhibidos con la misma, se advierte que mediante el mandamiento de ejecución de liquidación de adeudo con monto actualizado del crédito fiscal y accesorios de veintinueve de junio de dos mil diecinueve, se ordenó el requerimiento de pago y embargo, cuyo resultado constituye el acto que por esta vía se reclama; además, que en las constancias que adjuntó a su demanda, se advierte la participación del notificador ejecutor José Roberto Quijano Cox, adscrito a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Yucatán 1, con sede en esta ciudad, el cual realizó en el embargo aquí reclamado. En consecuencia, a efecto de proveer lo conducente sobre la demanda, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracciones III y V, y 114 fracciones I, II y IV, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga de este acuerdo, conforme al artículo 31, fracción II, de la Ley de Amparo, por escrito y con las copias necesarias para correr traslado a cada una de las partes de su escrito aclaratorio, cumpla con lo siguiente: Manifieste si es su voluntad señalar como acto reclamado destacado, el mandamiento de ejecución de liquidación de adeudo con monto actualizado del crédito fiscal junto con sus accesorios, emitido en su contra el veintinueve de junio de dos mil diecinueve, por la Administradora Desconcentrada de Recaudación de Yucatán 1, con sede en esta ciudad. Exprese sí señala al notificador ejecutor José Roberto Quijano Cox, adscrito a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Yucatán 1, con sede en esta ciudad, como autoridad responsable y el acto que de él reclame y, en caso de señalarlo, exhiba una copia más de la demanda de amparo para correrle traslado. Con el apercibimiento a la parte promovente que de no cumplir las aclaraciones dentro del término y forma señalados, con apoyo en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrán únicamente como actos reclamados y autoridades responsables, las que fueron señaladas de manera primigenia. Robustece a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 12/2014, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación página 687, Abril de 2014, Décima Época, cuyo rubro y texto a continuación se transcriben: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO SE RECLAME LA NOTIFICACIÓN O EL EMPLAZAMIENTO PRACTICADO POR EL ACTUARIO Y EL QUEJOSO OMITA SEÑALAR A ÉSTE COMO AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL ESCRITO RELATIVO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE ACLARE DICHA OMISIÓN, ANTES DE ACORDAR SOBRE SU ADMISIÓN. Del artículo 116, en relación con los numerales 145 a 147 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que cuando de la lectura integral de la demanda relativa, el juez de distrito advierta que el acto reclamado consiste en la notificación o el emplazamiento practicado por el actuario, y no se le señale como autoridad responsable en el escrito referido, aquél deberá prevenir al quejoso para que -dentro del término de tres días- aclare si desea designarlo como tal, previamente a la admisión de la demanda, con el fin de garantizar el inicio y la conducción adecuada del proceso. Así, una vez que el promovente desahogue la prevención en la que indique si desea o no señalar como autoridad responsable al actuario ejecutor, u omita desahogar dicha prevención dentro del término referido, el juez estará en aptitud de dictar el auto de admisión, con base en la totalidad de los elementos que tenga a su alcance o, en su caso, tener o no como autoridad responsable a dicho funcionario; pero tal prevención deberá realizarse previo a la admisión de la demanda, toda vez que de los artículos 146 y 147 de referencia, no se advierte que el juzgador esté autorizado a que en el propio auto admisorio pueda prevenir para que se subsane una irregularidad como ésta." Hágase saber al promovente, que deberá adjuntar las copias necesarias de su escrito aclaratorio de demanda para cada una de las partes en este asunto en razón de que será parte integrante de la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 110 de la Ley de Amparo y con apoyo en la tesis jurisprudencial número 36/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la contradicción de tesis número 9/2000, entre las sustentadas por el Séptimo y Octavo Tribunales Colegiados, ambos en Materia del trabajo del Primer Circuito, visible en la página 79, del Tomo XIII, del mes de abril, del año dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo y texto y rubro, dicen lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Ahora bien, con independencia de la prevención que previamente se formuló, cabe pronunciarse respecto de la suspensión de plano que solicita el quejoso sobre los actos reclamados, por estimar que se viola el artículo 22 constitucional; sin embargo, al respecto dígase que no ha lugar a decretar la suspensión de plano, porque no se reúnen los requisitos del artículo 126 de la Ley de Amparo. Esto se dice, en virtud que la suspensión de plano a la que alude el quejoso, no opera en el caso de los actos que reclama en su demanda, que consisten en el embargo de bienes inmuebles de los que se ostenta propietario y la inscripción del mismo, esto es, que no se trata de actos que pongan en peligro la vida, la libertad personal, la integridad física y la dignidad de las personas; es decir, que en el caso no amerita la misma tutela jurídica que los demás actos acabados de referir, que sí afectan aquellos derechos fundamentales; de ahí que no sea procedente la suspensión de plano. En el entendido que tratándose de actos derivados del procedimiento administrativo de ejecución previsto en el artículo 145 del Código Fiscal de la Federación, como es el caso, por así advertirse de las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, formuladas por el quejoso en la demanda de atención, esto es, que el embargo de que se duele, fue ejecutado en el procedimiento de origen con motivo de un crédito fiscal determinado en su contra; por tanto, no resultan ser actos que impliquen peligro sobre los derechos fundamentales protegidos por el artículo 22 constitucional. Es aplicable a lo anterior, la tesis 2a. LXXXVIII/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, Materia(s): Administrativa, registro 193827, página 374, del rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. NO LE RESULTAN APLICABLES LAS PRERROGATIVAS PROCESALES QUE ESTABLECE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 22 DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON LOS ACTOS PROHIBIDOS POR EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL. El artículo 22 de la Carta Magna prohíbe las penas inusitadas y trascendentales, específicamente, las de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento, la confiscación de bienes y la multa excesiva. Por otra parte, la Ley de Amparo otorga ciertas prerrogativas procesales a quienes reclaman actos prohibidos por dicho precepto constitucional, y así, el artículo 22, fracción II, de la mencionada ley, prevé que la demanda de garantías puede promoverse en cualquier tiempo. Estas y otras prerrogativas procesales dentro del juicio de garantías, rigen para todos los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, pues esta disposición establece una tutela privilegiada a la vida, la libertad, la integridad física y la dignidad de la persona, pero no tratándose de actos derivados del procedimiento administrativo de ejecución previsto en el artículo 145 del Código Fiscal de la Federación, como el embargo precautorio y la designación de un interventor con cargo a la caja, en virtud de que con tales actos no se ponen en peligro aquellos derechos fundamentales." También sirve de apoyo la diversa la tesis 1a. CCXXXV/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo I, Septiembre de 2016, Libro 34, Materia(s): Constitucional, Administrativa, registro 2012664, página 502, que dice: "EMBARGO Y SU AMPLIACIÓN EN LA VÍA ADMINISTRATIVA. CUANDO RECAEN SOBRE CRÉDITOS A FAVOR DE LOS CONTRIBUYENTES NO COMPARTEN LA NATURALEZA DE UNA PENA O INFRACCIÓN. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el ámbito de aplicación del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está estrechamente vinculado con una finalidad perseguida por el Estado en su función punitiva; de ahí que lo inusitado, excesivo o trascendental de una pena emana de la función punitiva del Estado, por lo que esos conceptos se aplican a la sanción penal o administrativa impuesta como consecuencia de la responsabilidad derivada de la comisión de un delito o una infracción administrativa. En ese sentido, si los artículos 155, fracción II, y 160 del Código Fiscal de la Federación establecen la forma en que las autoridades fiscales pueden embargar créditos a favor del contribuyente, cuando los adeudos fiscales a cargo de éstos sean exigibles, ello implica que esos numerales no prevén alguna conducta infractora y, en esa medida, no comparten la naturaleza de las penas e infracciones; de ahí que no pueden contrastarse con el artículo 22 de la Constitución Federal, en tanto que se ubican en la potestad tributaria del Estado, y que se manifiesta no sólo en el poder de establecer contribuciones, sino en la facultad de instrumentar los mecanismos necesarios para allegarse esos recursos tributarios." Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones en este asunto, el señalado en su demanda de amparo y por autorizado a Elías Nazer Metrí Duarte, en términos de la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que no acredita ante este Juzgado Federal, ni en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad con los artículos del 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, estar debidamente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado como lo exige el citado artículo 12 de la Ley de la materia; sin embargo, en el momento que pretendan ejercer alguna de las facultades amplias a las que refiere dicho precepto, verifíquese si están inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Consejo de la Judicatura Federal, y de ser así, podrán realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos de la autorizante. Finalmente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Notifíquese y personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria licenciada Bereniz Cortés Sandoval, que autoriza y da fe.

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