Fernando Daniel Sosa Aviles
Expediente 203/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 203/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Fernando Daniel Sosa Aviles
Actuaciones
- Principal
MESA VI. Mérida, Yucatán, dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se desprende que ha transcurrido el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído de diez de marzo de dos mil veintiuno, mediante el cual desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado auto ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que se desechó la demanda de amparo, el expediente carecer de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción. En consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de marzo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio de la Actuaria del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual remite electrónicamente el juicio de amparo 5/2021-VII-B, promovido por ****; con motivo de la incompetencia legal declarada por el citado Juzgado Federal. Al respecto, acúsese el recibo de estilo correspondiente; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 203/2021-VI, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. En esas condiciones, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, acepta la competencia declinada y por ende se avoca al conocimiento del juicio de amparo de que se trata. Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por Fernando Daniel Sosa Avilés, en contra del Agente del Ministerio de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, con sede en la Ciudad de México y otra autoridad; en la especie lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo al advertirse una causal notoria y manifiesta de improcedencia. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo aplicable, establece que el Juez de Distrito examinará, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados se hacen consistir en el acuerdo de treinta de noviembre de dos mil veinte, el agente el Ministerio Público de la Federación que señaló como autoridad responsable, se negó a levantar el aseguramiento del predio que aduce de su propiedad con número 533-F de la calle 46 entre 71 y 73 del centro de esta ciudad de Mérida, Yucatán. Pues bien, a criterio de quien esto resuelve en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." (Lo subrayado es propio). Igualmente, es necesario señalar el contenido de los artículos 17 y 18 de la Ley de la Materia, que disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del contenido de las disposiciones legales transcritas, se evidencia que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que señala el artículo 17 del cuerpo de leyes en cita; por su parte, el numeral 18 de la Ley de Amparo en vigor, precisa que el término para la interposición de la demanda se contará, entre otros casos, a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acto, conforme a la Ley que rige el propio acto, cuando haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del mismo o de su ejecución. De lo anterior, se advierte que el término para promover el juicio de amparo, es de quince días, teniendo como base tres oportunidades, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y, c) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En caso contrario, el juicio de amparo interpuesto fuera de ese término será considerado extemporáneo y, por ende, el acto reclamado se entenderá consentido tácitamente actualizándose así la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia. Como se anticipó en el presente caso, el acto reclamado lo constituye el acuerdo de treinta de noviembre de dos mil veinte, el agente el Ministerio Público de la Federación que señaló como autoridad responsable, se negó a levantar el aseguramiento del predio que aduce de su propiedad con número 533-F de la calle 46 entre 71 y 73 del centro de esta ciudad de Mérida, Yucatán. De lo anterior se advierte que el acto reclamado no se ubica en los casos de excepción previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, para promover el juicio constitucional dentro de los quince días establecidos en la citada ley, al no tratarse de una norma general autoaplicativa, de un procedimiento de extradición, de una sentencia definitiva condenatoria de un procedimiento penal en que se haya impuesto pena de prisión, de un acto que pueda producir ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni tampoco se trata de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, pues es evidente que la quejosa es una persona física y no un núcleo de población ejidal o comunal. Entonces, si la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del acto reclamado el dos de diciembre de dos mil veinte, a través de una notificación electrónica, esa afirmación constituye en este juicio una confesión que hace prueba plena de conformidad con los numerales 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de Amparo. Es aplicable al caso la tesis emitida por Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, consultable en la página 92, del Tomo II, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y texto rezan: "AMPARO, TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL. CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. Si el quejoso manifiesta en su demanda de garantías en qué fecha tuvo conocimiento del acto reclamado, tal manifestación constituye una confesión que hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el juicio de amparo, por lo que a partir de esa fecha debe hacerse el cómputo del término que señala el artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal". Bajo esa óptica, debe señalarse que dado que el promovente manifiesta que el dos de diciembre de dos mil veinte, le fue notificado el acuerdo de treinta de noviembre del mismos año, en el que se negó levantar el aseguramiento del predio que aduce de su propiedad; el término de quince días a que se contrae el numeral 17 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal para acudir a la presente instancia, transcurrió del cuatro de diciembre de dos mil veinte al quince de enero de dos mil veintiuno, sin contar los días cinco, seis, doce, trece de diciembre del año próximo pasado por ser inhábiles; así como el plazo del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, en razón de que, por Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, emitida por el Coordinador de Asesores de Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció en su punto primero que se regresaba al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública del virus COVID-19, por lo que se suspendían los plazos y términos procesales, y que esta medida tendría vigencia del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, al once de enero de dos mil veintiuno; periodo durante el cual se suspendieron los plazos y términos. Brinda apoyo a lo anterior, por similitud de razón, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la página 1931, Tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados". Por consiguiente, si la petición de amparo fue presentada hasta el veintidós de enero de dos mil veintiuno, según se observa del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en la Ciudad de México; es evidente que la demanda de amparo resulta extemporánea y por ende, la parte quejosa consintió tácitamente los actos reclamados que pretende combatir a través de esta vía constitucional, lo que hace improcedente el presente juicio de amparo. Tiene aplicación al caso, por similitud de razón, la tesis visible en la página 202 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIII, enero de 1994, materia común, que es del tenor siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS. EXTEMPORANEIDAD DE LA. Es correcto el actuar del juez de Distrito al dar el trámite correspondiente a una demanda de garantías, y que al momento de dictar su resolución constitucional sobresea en el juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que al rendir el informe justificado la autoridad responsable acompañó las constancias que estimó pertinentes y el juez de amparo advirtió que la demanda de garantías era extemporánea pues de las referidas constancias se desprendía la extemporaneidad de la misma, además de que el juez federal con la sola presentación de la demanda no podía advertir esa circunstancia, pues en ella la parte quejosa expresó que en determinada fecha se enteró del acto de molestia, por lo cual en ese momento el juez no estaba en aptitud de advertir la extemporaneidad de la demanda." Así como la diversa tesis de jurisprudencia, consultable en la página 235, Tomo XI-Junio, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación que dice: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita". Los razonamientos expuestos evidencian la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable habida cuenta de que en opinión de quien esto resuelve, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Viene al caso citar la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 648 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Enero de 1999, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Fernando Daniel Sosa Avilés, contra actos que reclama al Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y otra autoridad, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo aplicable. Lo antes sustentado en modo alguno contraviene el principio "pro homine" y el control de convencionalidad, consagrados en artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Sin embargo, el principio "pro homine" y el control de convencionalidad, si bien deben ser aplicados por todos los juzgadores en el ámbito de su competencia, no implica que se deba ejercer aún en contra de los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de las acciones intentadas, en este caso del juicio de amparo. Tiene aplicación al caso la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, Décima Época, página 530, del rubro y texto siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." También sirve de orientación en lo atinente, el criterio aislado 1a. CCLXXV/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, Materia Constitucional, página 525, del tenor literal siguiente: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano." Se tienen como autorizados de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Pedro Solís Borjas e Isaac Elias Solís Angulo; y el restante, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos como lo solicita expresamente el quejoso. Respecto a la al correo electrónico y diversos números telefónicos que proporciona la parte quejosa, se tienen los mismos únicamente como medios de localización de considerarse necesario, al no ser medios legales para realizar notificaciones. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. No obstante lo anterior, toda vez que el quejoso Fernando Daniel Sosa Avilés, tiene su domicilio para oír y recibir notificaciones en la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio a las labores de este Juzgado Federal, proceda a notificar el presente proveído al referido quejoso, en el domicilio ubicado en el predio número 240 departamento 101 de la calle Galicia, entre la calle Benito Juárez de la Ciudad de México; previniéndolo para que en el acto de la notificación o dentro de los tres días siguientes al en que aquella surta sus efectos, señale domicilio en esta ciudad de Mérida, Yucatán, para oír y recibir notificaciones en este asunto, apercibiéndolo que de no hacerlo dentro del término que para tal efecto se le señala, todas las demás notificaciones incluso las de carácter personal, se le harán por medio de lista autorizada que se fijen en los estrados de este Juzgado Federal, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 26, fracción III y 29 del invocado ordenamiento legal; sin necesidad de posterior acuerdo y hasta en tanto subsanen su omisión. Notifíquese y la parte quejosa por medio de exhorto. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Rodrigo Espinosa Valencia, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, tres de marzo de dos mil veintiuno. Vistos los presentes autos y toda vez que con fecha ocho de febrero del año en curso, fue recibida la boleta remitida por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, de la que se advierte que fue turnada a este órgano jurisdiccional la demanda promovida por Fernando Daniel Sosa Avilés, en razón de la incompetencia legal planteada para conocer del asunto por parte del Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Penal en la Ciudad de México, sin que hasta la fecha se haya recibido dicha demanda en este órgano jurisdiccional. Por tanto, mediante oficio que al efecto se gire, solicítese al Juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México, que de no tener impedimento legal alguno, informe a este Juzgado de Distrito, en qué fecha y por cual medio se envió a este Juzgado de Distrito la demanda de amparo indirecto promovida por Fernando Daniel Sosa Avilés, de la cual se declaró legalmente incompetente para conocer; lo anterior, a efecto de que este órgano jurisdiccional esté en condiciones de acordar lo que legamente corresponda. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el secretario licenciado Rodrigo Espinosa Valencia, que autoriza y da fe.
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