Fernando Arce Castilla

Expediente 981/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
981/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
28/06/2021

Partes del expediente

  • Fernando Arce Castilla

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VII. Mérida, Yucatán, veintiocho de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se desprende que ha transcurrido el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto de diez de junio de esta anualidad, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo hubiera hecho; por tanto, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquel acuerdo ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental Notifíquese. (...)

  2. Principal

    MESA VII. Mérida, Yucatán, diez de junio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, se tiene por presentado y se ordena glosar a este expediente el escrito del quejoso Fernando Arce Castilla, exhibido con seis copias del mismo y siete anexos; a través de los cuales da cumplimiento a la prevención que se hizo en proveído de cuatro de junio del año en curso. Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por Fernando Arce Castilla contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México y otras autoridades, en este asunto, lo procedente es desechar de plano dicha demanda al advertirse una causal notoria y manifiesta de improcedencia. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Pues bien, a criterio de quien esto resuelve en este asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;."(Lo subrayado es propio). Igualmente, es necesario señalar el contenido de los artículos 17 y 18 de la Ley de la Materia, que disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del contenido de las disposiciones legales transcritas, se evidencia que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que señala el artículo 17 del cuerpo de leyes en cita; por su parte, el numeral 18 de la Ley de Amparo, precisa que el término para la interposición de la demanda se contará, entre otro caso, a partir del día siguiente al en que se ostenta sabedor del acto reclamado o de su ejecución. De lo anterior, se advierte que el término para promover el juicio de amparo, es de quince días, teniendo como base tres oportunidades, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y, c) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En caso contrario, el juicio de amparo interpuesto fuera de ese término será considerado extemporáneo y, por ende, el acto reclamado se entenderá consentido tácitamente actualizándose así la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia. En el presente caso, los actos reclamados lo constituyen: "1. Los artículos 235, último párrafo, 235 Bis, 237, último párrafo, 250 y 290 de la Ley de Salud en relación con el capítulo 12 de la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación en cuanto al Código correspondiente al cáñamo (cannabis sativa) acto que atribuyo en cuanto a su expedición al Congreso de la Unión, por medio de su Cámara de Diputados y de Senadores, por lo que hace a su promulgación al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y por lo que hace a su aplicación al Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFREPIS) perteneciente la Secretaría de Salud. 2. El oficio número 193301E01EL355271 (manifestado en su escrito aclaratorio de demanda) de fecha veintiuno de junio del dos mil diecinueve, mediante el cual se resuelve: "ASUNTO: Negativa "Una vez analizado dicho escrito me permito informarle que su solicitud no procede, toda vez que en la Ley General de Salud no se establece facultad alguna para que esta autoridad sanitaria pueda otorgar la autorización requerida" (sic)"." Ahora bien, en cuanto al acto reclamado consistente en el acto de aplicación del oficio número 193301E01EL355271 de seis de marzo de dos mil veinte, el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad con su escrito aclaratorio de demanda, el cual forma parte de su demanda de amparo, que tuvo conocimiento del mismo el dos de octubre de dos mil veinte, declaratoria que constituye una confesión expresa, pues así lo refirió. Por tanto, el término para interponer la demanda de amparo, empezó a correr desde el día siguiente al en que tuvo conocimiento del mismo, es decir, se hizo sabedor del acto reclamado consistente en el acto de aplicación del oficio número 193301E01EL355271 de seis de marzo del año próximo pasado, el dos de octubre de dos mil veinte, pues así lo manifestó la parte quejosa con su escrito aclaratorio de demanda. De ahí, es inconcuso que fue a partir de esa fecha que el quejoso tenía conocimiento acto de aplicación del oficio número 193301E01EL355271 de seis de marzo de dos mil veinte, mediante el cual le fue negada su solicitud para consumir marihuana de manera recreativa, y se encontró en aptitud de combatir el acto reclamado en el juicio constitucional. Bajo esa óptica, debe señalarse que el término de quince días a que se contrae el numeral 17 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal para acudir a la presente instancia, empezó a transcurrir del cinco octubre de dos mil veinte y feneció el veintiséis del mismo mes y año, sin contar los días diez, once, doce, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de octubre del año próximo pasado, por ser inhábiles por ley. En ese orden de ideas, es patente que el quejoso consintió tácitamente el acto reclamado ya señalado, que pretende combatir a través de esta vía constitucional, lo que hace improcedente el presente juicio de amparo. Brinda apoyo a lo anterior, por similitud de razón, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la página 1931, Tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados". Por consiguiente, si la petición de amparo fue presentada hasta el tres de junio de dos mil veintiuno, según se observa del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán; es evidente que el juicio de amparo resulta extemporáneo y por ende, la parte quejosa consintió tácitamente el acto reclamado que pretende combatir a través de esta vía constitucional, lo que hace improcedente el presente juicio de amparo. En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Fernando Arce Castilla, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, al haber desechado la demanda de amparo, respecto del acto de aplicación, se impone también desechar respecto de los artículos impugnados 235, último párrafo, 235 Bis, 237, último párrafo, 250 y 290 de la Ley de Salud en relación con el capítulo 12 de la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, en cuanto al Código correspondiente al cáñamo (cannabis sativa), dado que no es dable desvincular el estudio de las normas impugnadas del que concierne a su acto de aplicación. Los razonamientos expuestos evidencian la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable habida cuenta de que en opinión de quien esto resuelve, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, quince de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos incidentales, y toda vez que de autos se advierte que hasta la presente fecha no se ha llevado a cabo la audiencia incidental en el presente asunto; en tal virtud, a efecto de regularizar el presente expediente, se señalan como nueva hora y fecha las once horas con treinta y ocho minutos del veintitrés de junio de dos mil veintiuno, para su celebración. Mediante oficio que se gire, notifíquese el presente proveído al Agente Ministerio Público de la Federación; lo anterior, a través del correo institucional para su conocimiento y efectos legales conducentes. Sin que este acuerdo deba notificarse por oficio a las autoridades responsables de este asunto, por no considerarse de trascendencia, acorde a la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2002576, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, cuyo rubro dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por correo a la Agente del Ministerio Publico de la adscripción. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    MESA IV. Mérida, Yucatán, cuatro de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el oficio suscrito por la Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, autoridad señalada como responsable en este asunto, mediante el cual informa que las constancias relativas al cumplimiento de la sentencia ejecutoriada dictada por este Juzgado Federal fueron remitidas con antelación, sin que sea el caso hacer pronunciamiento alguno en virtud que en proveído de uno de junio del año en curso se dio vista a las partes con las referidas constancias. Notifíquese.

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