Felipe Nicolás Rodríguez Colorado
Expediente 334/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 22 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 334/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 26/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Felipe Nicolás Rodríguez Colorado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Córdoba, Veracruz, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2o de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de destrucción, conforme a lo dispuesto en el citado acuerdo, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por una parte se negó, y por otra se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2o de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de destrucción, conforme a lo dispuesto en el citado acuerdo, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por una parte se negó, y por otra se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL...TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. No son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables 1. Licenciado Marcelo Alfredo Campos Scougall, por sí y en representación de los licenciados 2. María Andrea García Zavaleta, 3. Marco Antonio Rodríguez Lobato y 4. Paula Morales Marín, Jueces de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en Congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz; 5. Fiscal con residencia en el municipio de Cuitláhuac, Veracruz; 6. Fiscal de Distrito de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, con sede en Córdoba, Veracruz; 7. Fiscal Auxiliar del Fiscal Regional Zona Centro Córdoba; Fiscales 8. Primero, 9. Segundo, 10. Tercero, 11. Cuarto, 12. Quinto, 13. Sexto, 14. Séptimo, 15. Octavo, 16. Noveno, 17. Décimo, 18. Decimoprimero, los anteriores once en Delitos Diversos de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, con residencia en Córdoba y Fortín, Veracruz; Fiscales 19. Primera, 20. Segunda, 21. Tercera, 22. Cuarta, las cuatro anteriores Especializadas en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y de Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia en Córdoba, Veracruz; 23. Fiscal Especializada de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro; 24. Fiscal Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas Zona Centro-Córdoba; Fiscales 25. Primero, 26. Segundo, 27. Tercero, Orientadores en la Unidad de Atención Temprana y 28. Comisario de la Delegación Regional de la Policía Ministerial Zona Centro- Córdoba, los últimos seis con residencia en Córdoba, Veracruz; así lo manifestaron expresamente al rendir sus respectivos informes justificados, sin que la parte quejosa desvirtuara tal negativa. En consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto los actos y autoridades de que se trata en este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 181, Volumen XLIII, Primera Parte, Materia: Común, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También es aplicable la jurisprudencia número I.2o. J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 77, tomo 80, agosto de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, de la Octava Época, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que por acuerdo de veinte de abril de dos mil veintiuno, se hizo del conocimiento de las partes que para permitir el acceso a información confidencial, se requería de su consentimiento; y que de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, dado que de autos se advierte que ninguna de las partes realizó manifestación alguna en relación al acceso a la información confidencial, por lo que de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; y al no existir manifestación alguna de las partes en ese sentido, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por **********, contra los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en el considerando tercero de esta sentencia, y por los motivos ahí expuestos.
- Principal
Córdoba, Veracruz, tres de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos el informe justificado rendido por la Fiscal Cuarta encargada de la 19. Fiscalía Primera, ambas Especializadas en Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niños, Niñas y de Trata de Personas de la Unidad de Procuración de Justicia, con residencia en Córdoba, Veracruz y dese vista a las partes por el término de ocho días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
Quedan 18 actuaciones en este expediente
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