FELIPE TENTLE AGUILAR y Otros.
Expediente 427/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 18 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 427/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 19/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Felipe Tentle Aguilar
- FELIPE TENTLE AGUILAR y Otros.
- ARMANDO AGUILAR CRUZ y Otros.
- Ulises Gonzalez Diaz
- Agente del Ministerio Público Investigador Adscrito A la Fiscalía de Investigación Regional Oriente Con Sede En Casa En la Ciudad de Serdán Puebla (Mario Alberto Adaya Vega)
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de once de diciembre de dos mil veinte, misma que sobreseyó en el juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. En diverso aspecto, en virtud que resulta innecesario conservar el disco versátil digital que el Juez responsable adjuntó a su informe de ley; se ordena su inmediata devolución, y se le requiere para que en el plazo de veinticuatro horas computado legalmente, acuse recibo de aquél. En la inteligencia que, de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa; por lista a la parte tercero interesada; mediante oficio a las autoridades responsables, a las diversas tercero interesadas y al agente del Ministerio Público de la adscripción.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. Eliut En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste. [Firma electrónica]. El(la) suscrito(a) Secretario(a) del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica].
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de enero de dos mil veintiuno. Intégrese a los autos el oficio signado por el Juez de lo Penal de Ciudad Serdán, Puebla, a través del cual devuelve diligenciado el despacho 466/2020 (orden 609/2020); sin embargo, no ha lugar a realizar pronunciamiento alguno al respecto, en virtud que dicha comunicación oficial se tuvo por recibida en la audiencia constitucional celebrada el once de diciembre de dos mil veinte. Cúmplase...
- Principal
[ Puebla, once de diciembre de dos mil veinte. S E N T E N C I A. VISTOS; para resolver los autos del juicio de amparo número 427/2020-B, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por: Felipe Tentle Aguilar y Ulises González Díaz, por conducto de quien se ostentó como su defensor particular Julio Castillo Parra; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO.Demanda de Amparo. Por escrito presentado el veintidós de julio de dos mil veinte, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, remitido por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, el mismo día a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, Felipe Tentle Aguilar y Ulises González Díaz, por conducto de quien se ostentó como su defensor particular Julio Castillo Parra, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: Teniendo tal carácter las siguientes autoridades: 1. Autoridad ordenadora: El Juez de Control Abelardo Gil Martínez de la Región Judicial Oriente de Ciudad Serdán, Puebla. 2. Autoridad ejecutora: El Director del Centro de Reinserción Social de la ciudad de Chalchicomula de Sesma, Puebla. IV. ACTOS RECLAMADOS. 1. De la Primera, Juez de Control Abelardo Gil Martínez de la Región Judicial Oriente de Ciudad Serdán, Puebla, reclamo: a. La resolución que resuelve la vinculación a proceso de la causa penal 15/2020/SERDÁN en la cual se vinculó a proceso por los delitos de ROBO DE VEHÍCULO Y SECUESTRO EXPRESS. b. De la autoridad ejecutora, director del CERESO DE SERDÁN, PUEBLA, se reclama la ejecución de la vinculación a proceso. La resolución que constituye el acto reclamado, fue notificada al quejoso, con fecha cuatro de junio de 2020, mismo día que se dictó, por lo que la interposición de la demanda de amparo se hace dentro del término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo. (fojas 2 y 3). La parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, narró los antecedentes del caso; formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violadas las contenidas en los artículos 14 y 16 Constitucionales; 2, 8, 10 y 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; y, 14.1 y 17.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. SEGUNDO. Radicación y prevención de la demanda de amparo. Mediante acuerdo de veintitrés de julio de dos mil veinte, se radicó la demanda de amparo bajo el expediente: 427/2020-B y, se previno a la parte quejosa para que, en el plazo de cinco días contado a partir del día siguiente al que en surtiera efectos la notificación de dicho proveído, (1) proporcionara el domicilio actual y correcto de la parte agraviada en la carpeta judicial administrativa de origen: 15/2020/SERDÁN por asistirle el carácter de parte tercero interesada y, (2) manifestara si era su deseo señalar como acto reclamado destacado la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, o bien, "en caso de no ser así, aclare que tampoco es su deseo señalar como acto reclamado la ejecución del auto de vinculación a proceso ni como autoridad responsable al Director del Centro Penitenciario de Ciudad Serdán, Puebla.", prevención que desahogó mediante escrito recibido en este juzgado Federal el cinco de agosto de dos mil veinte, en el cual señaló como tercero interesados a Miguel Ángel y Armando, ambos de apellidos Aguilar Cruz, y por cuanto al segundo punto indicó: "(.) Por lo que hace a la prevención que indica: manifieste si es su deseo señalar como acto reclamado la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva, o bien, en caso de no ser así, aclare que tampoco es su deseo señalar como acto reclamado a ejecución del auto de vinculación a proceso ni como autoridad responsable al director del centro penitenciario de ciudad Serdán, puebla, aclaro que el acto reclamado no es la medida cautelar impuesta sino la INEXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN CUANTO A LA CLASIFICACIÓN JURÍDICA DEL DELITO por el que se vincula a proceso, en consecuencia el director del centro penitenciario de Ciudad Serdán lo señalo como autoridad ejecutora de la vinculación a proceso. (.)." TERCERO. Trámite del juicio. Desahogada la prevención formulada, en acuerdo de siete de agosto de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo; sin que se aperturara el incidente de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa; se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables; y, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. CUARTO. Parte tercero interesada. En cumplimiento a los autos de siete de agosto, veinte de octubre y cuatro de noviembre, todos de dos mil veinte, se emplazó a los terceros interesados: (1)Miguel Ángel y Armando, ambos de apellidos Aguilar Cruz; (2) Nayif Josafat Córdova Jarquín, Agente del Ministerio Público quien formuló imputación, solicitó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y, pidió la vinculación a proceso de los aquí quejosos, esto es, quien intervino como parte procesal en términos del artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y, (3) Gas Uno de Puebla, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderada. QUINTO.- Cita para audiencia. En proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual, en sus fases de pruebas y alegatos, consta en los términos del acta que antecede y, culmina con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda y escrito aclaratorio, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo, escrito aclaratorio, como de la revisión de los informes justificados, se advierte que la parte quejosa esencialmente impugna: Del 1. Juez de Control de la Región Judicial Oriente, con sede en Ciudad Serdán, Puebla (Abelardo Gil Martínez). La resolución dictada en la audiencia celebrada el cuatro de junio de dos mil veinte, en la carpeta judicial administrativa: 15/2020/SERDÁN, en la que dictó AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO en contra de los aquí quejosos, como probables coautores materiales de los hechos que la ley señala como delitos de SECUESTRO EXPRESS, previsto y sancionado por los artículos 9, fracción I, inciso D y 10, fracción I, incisos A), B) y C) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria del artículo 73, fracción XXI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 9 y 13 del Código Penal Federal, cometido en agravio de Armando Aguilar Cruz y Miguel Ángel Aguilar Cruz y, ROBO DE VEHÍCULO, previsto y sancionado por los diversos 373 y 374, fracción VI, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio de quien resulte ser el legítimo propietario del vehículo objeto del robo. Del 2. Director del Centro Penitenciario de Ciudad Serdán, Puebla. Su ejecución. TERCERO. Existencia e inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que en su rubro señala lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." I. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y SOBRESEIMIENTO. Al respecto, la autoridad responsable: 2. Director del Centro Penitenciario de Ciudad Serdán, Puebla, al rendir su informe justificado manifestó que es cierto el acto reclamado; sin embargo, atento que la parte quejosa le atribuye la ejecución del auto de vinculación a proceso el mismo resulta inexistente. En efecto, la privación de la libertad de los aquí quejosos se debe a la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta en audiencia inicial de treinta y uno de mayo de dos mil veinte, dentro de la carpeta judicial administrativa: 15/2020/SERDÁN, la cual, indicaron que no señalaban como acto reclamado, por ende, la privación de su libertad no deriva del auto de vinculación a proceso reclamado, cuyos efectos son los que señala el artículo 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales y que no prevé éste. En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado, al 2. Director del Centro Penitenciario de Ciudad Serdán, Puebla, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en el juicio respecto de éste. II. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Por su parte, la autoridad responsable: 1. Juez de Control de la Región Judicial Oriente, con sede en Ciudad Serdán, Puebla (Abelardo Gil Martínez), al rendir su informe justificado manifestó que es cierto el acto reclamado que se le atribuye, en tal virtud, se tiene plenamente probada la existencia de éste. Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Certeza de acto que se corrobora con las fotocopias certificadas de diversas constancias que obran en la carpeta judicial administrativa: 15/2020/SERDÁN y con los oficios JOPS/372/2020 y JOPS/356/2020, ambos signados por el juez penal responsable, remitidos por las autoridades responsables ordenadora y ejecutora respectivamente, en apoyo a su informe justificado, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, de las que se advierte la existencia del acto reclamado. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así mismo, corrobora esa certeza, el registro contenido en el disco versátil digital (DVD), que contiene la continuación de la audiencia inicial, en donde obra el acto reclamado, adjuntado por la autoridad responsable ordenadora en apoyo a su informe justificado y glosado al sumario constitucional dentro de un sobre amarillo, que el suscrito juez Federal, reproduce al momento de emitir la presente resolución. El registro contenido en el disco versátil digital (DVD), en mención, adquiere pleno valor probatorio de conformidad con el artículo 197, con relación a los diversos 210-A y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2°, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. En el entendido, que cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Cobra aplicación la jurisprudencia siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Luego, es cierto el acto reclamado, consistente en el auto de vinculación a proceso. CUARTO. Improcedencia del juicio de Amparo. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En efecto, para que esta autoridad de amparo pueda analizar la constitucionalidad del acto reclamado, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado. En suma, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Al respecto, resulta aplicable la Jurisprudencia II.1o. J/5 del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, la cual se transcribe enseguida: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, el suscrito juez Federal advierte de oficio que, respecto del acto reclamado en esta instancia constitucional por Felipe Tentle Aguilar y Ulises González Díaz, por conducto de quien se ostentó como su defensor particular Julio Castillo Parra, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general auto aplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la lectura de los citados preceptos se obtiene que el juicio de amparo debe promoverse en el plazo de quince días, contados a partir del siguiente en que: a) Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto reclamado, la notificación de éste al quejoso; b) El quejoso hubiere tenido conocimiento del acto reclamado; o c) El quejoso se hubiere ostentado sabedor del acto reclamado o su ejecución. La anterior regla opera siempre que no se actualice alguno de los supuestos de excepción, a saber: Cuando se reclame una norma general auto aplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. En el caso, el plazo para promover la demanda de amparo es de quince días, toda vez que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la ley de la materia. Plazo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, en el caso, es a partir del día siguiente a aquél en que surtió efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa del acto o resolución que reclama. En el caso, los quejosos reclaman del 1. Juez de Control de la Región Judicial Oriente, con sede en Ciudad Serdán, Puebla (Abelardo Gil Martínez), el auto de vinculación a proceso decretado el cuatro de junio de dos mil veinte, en la carpeta judicial administrativa: 15/2020/SERDÁN, como probables coautores materiales de los hechos que la ley señala como delitos de SECUESTRO EXPRESS, previsto y sancionado por los artículos 9, fracción I, inciso D y 10, fracción I, incisos A), B) y C) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria del artículo 73, fracción XXI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 9 y 13 del Código Penal Federal, cometido en agravio de Armando Aguilar Cruz y Miguel Ángel Aguilar Cruz y, ROBO DE VEHÍCULO, previsto y sancionado por los diversos 373 y 374, fracción VI, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio de quien resulte ser el legítimo propietario del vehículo objeto del robo, el que, le fue notificado a la parte quejosa el mismo día de la audiencia, cuatro de junio de dos mil veinte. Entonces, si el auto de vinculación a proceso le fue notificado a la parte quejosa el cuatro de junio de dos mil veinte y el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que estableció los juicios en línea (artículo 1, fracción III) entró en vigor el 16 de junio de dos mil veinte, su plazo para promover el amparo en línea transcurrió del diecisiete de junio al siete de julio de dos mil veinte, previo descuento de los días veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de junio, así como cuatro y cinco de julio de dos mil veinte, por ser sábados y domingos, inhábiles en términos de los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y si la demanda en línea se presentó hasta el veintidós de julio de dos mil veinte, la misma resulta extemporánea. Atento que, la parte quejosa estuvo en posibilidad de promover su demanda de amparo en línea desde el dieciséis de junio de dos mil veinte, fecha en que entró en vigor el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte. De ahí que si optó por la modalidad del juicio en línea, debió observar que su demanda de amparo debió presentarla dentro del término de quince días a partir de que entró en vigor el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que fue el dieciséis de junio de dos mil veinte, por lo que, al no haberlo hecho así, su demanda en línea resulta extemporánea. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV en relación con los diversos 17 y 18, de la Ley de Amparo, resulta procedente SOBRESEER en el juicio respecto del auto de vinculación a proceso reclamado al juez penal responsable, de conformidad con el diverso normativo 63 fracción V, del ordenamiento legal en cita. Atento a lo anterior, el suscrito juez Federal se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de conceptos de violación respecto de dicho acto, pues la simple actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio de garantías, impide al juzgador para pronunciarse sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Cobra aplicación la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguientes: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SI EL JUEZ DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO. Si el Juez de Distrito resuelve sobreseer en un juicio, donde se reclama la inconstitucionalidad de una ley, son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la omisión de análisis de los conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo liberaba al a quo de abordar tal estudio, sino que lo imposibilitaba para realizarlo; de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo." Por otra parte, no pasa inadvertido para el suscrito juez Federal que con esta fecha se emplazó a la parte tercero interesada: Armando Aguilar Cruz; sin embargo, tal circunstancia en nada cambia el sentido de esta resolución, pues al haberse sobreseído en el juicio, es inconcuso que dicha resolución no le causa ningún perjuicio a la referida parte. QUINTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 61, fracción XIV, 63, fracción IV, 74, 75 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Felipe Tentle Aguilar y Ulises González Díaz, por conducto de quien se ostentó como su defensor particular Julio Castillo Parra, contra los actos reclamados y autoridades responsables precisados en el considerando segundo de esta sentencia en términos de los diversos tercero y cuarto de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; por lista a la parte tercero interesada; por oficio a las autoridades responsables y tercero interesadas; y, al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado.Así lo resolvió y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Aída Araceli Ramírez Lozano, que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. J´HORM/mpc/Rev. En la propia fecha se giraron los oficios correspondientes y se turnó el expediente a la Actuaría. Conste. [Firma electrónica]. La suscrita Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 90 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centro de Justicia Penal Federal. San Andrés Cholula, Puebla. Doy Fe. [Firma electrónica]. La suscrita Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, hago constar y certifico que en la misma fecha en que se engrosó la sentencia que antecede se elaboró la versión electrónica de carácter público en la que se suprimieron los datos personales de las partes, de conformidad con los artículo 98, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso de la Información Pública y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley en cita. Doy fe. [Firma electrónica].
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Agréguense a los autos los oficios signados por el apoderado legal de la empresa Concesiones Integrales, Sociedad Anónima de Capital Variable, y por el Responsable de Oficina Grandes Clientes y Gobierno CFE SSB División Comercial Centro Oriente, mediante el cual informan que después de haber realizado una búsqueda en el sistema electrónico OPEN S.G.C. -el primero-, y en sus bases de datos -el segundo-, que no encontraron registro a nombre del tercero interesado Armando Aguilar Cruz, de lo que se toma nota para los efectos legales procedentes. Por último, téngase al Responsable de Oficina Grandes Clientes y Gobierno CFE SSB División Comercial Centro Oriente, solicitando que, en lo subsecuente, las solicitudes de información relativa a búsquedas oficiosas se realicen a través del correo electrónico veronica.delacruz@cfe.mx, lo que se tomará en cuenta en caso de ser necesario. Notifíquese por lista a las partes, debiéndose enviar por correo electrónico a la administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
Quedan 14 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes
- Felipe Mones Coyotl776/2019
- Felipe Morales Hernandez29/2017
- Felipe Narciso Rodriguez1096/2021
- Felipe Ricardo Herrera Barcenas317/2023
- Felipe Romero Corpus1228/2017
- Felipe Soriano Morales90/2020
- Felipe Tlatoa Ponce367/2019
- Felipe Tlatoa Ponce15/2019
- Felipe Tlatoa Ponce409/2023
- Felipe Torres Garcia1207/2017
- Felipe Vargas Martinez541/2020
- FELIPEZ o FELIPE RICARDO HERRERA BARCENAS165/2023