Felipe Morales Hernandez
Expediente 29/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 29/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/01/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Felipe Morales Hernandez
- FELIPE MORALES HERNANDEZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de enero de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el auto de once de enero de dos mil diecisiete, mediante el cual SE DESECHÓ la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, se declara que HA QUEDADO FIRME el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de amparo no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. Se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, once de enero de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por Manuel González Nicanor, en contra de la autoridad responsable Directora del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el juicio de amparo 29/2017-I-D y, captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Establecido lo anterior, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de garantías, se advierte que el promovente Manuel González Nicanor reclama la omisión de elaborar los dictámenes en materia de avalúo, identificación vehicular y fotografía, dentro de la carpeta de investigación 1322/2016/TEZIU/CNPP/3RA, a pesar de que por oficio 759, del diecinueve de agosto del dos mil dieciséis, signado por el Agente del Ministerio Público Investigador del Tercer Turno de Teziutlán, Puebla, le fue solicitado rindiera sus dictámenes en materia de avalúo, identificación vehicular y fotografía, sin que hasta el día de hoy la autoridad responsable haya rendido los dictámenes periciales, violentando sus derechos humanos y dejándolo con dicha omisión en estado de indefensión. Ahora bien, de los antecedentes que el quejoso expresó bajo protesta de decir verdad, se advierte que el vehículo del cual refiere ser dueño se encuentra involucrado en los hechos investigados dentro de la carpeta de investigación 1322/2016/TEZIU/CNPP/3RA que se ventila ante el Agente del Ministerio Público Investigador del Tercer Turno de Teziutlán, Puebla. Posteriormente, el citado fiscal, con fecha diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, solicitó a la Directora del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla que elaborara los dictámenes en materia de avalúo, identificación vehicular y fotografía respecto del vehículo de su propiedad, sin que a la fecha así lo hubiera hecho. En ese supuesto, procede desechar de plano la demanda de garantías que se analiza, pues en la especie se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1 y 5, fracción II de dicho ordenamiento legal. Conforme a los preceptos legales que anteceden, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos u omisiones, normas generales o tratados internacionales que en el mismo se reclamen, provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por lo tanto, se considera que autoridad, para efectos del juicio de amparo, es aquella que cuenta con las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, que tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En esa línea argumentativa, el artículo 1, último párrafo de la Ley Reglamentaria, establece que el amparo tendrá por objeto proteger a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o incluso de particulares, pero sólo en los casos señalados en dicha ley. El artículo 5, fracción II, primer párrafo del citado ordenamiento, define como autoridad responsable a aquella que con independencia de su naturaleza formal, dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien, omita aquel que de realizarse las crearía, modificaría o extinguiría. Sentado lo anterior, se hace referencia al caso concreto en que el quejoso alega como acto reclamado la omisión en que ha incurrido la Directora del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla de elaborar los dictámenes en materia de avalúo, identificación vehicular y fotografía, que le fue solicitado por el Agente del Ministerio Público Investigador Tercer Turno de Teziutlán, Puebla a través del oficio 759 de diecinueve de agosto de dos mil dieciséis dentro de la carpeta de investigación 1322/2016/TEZIU/CNPP/3RA; sin embargo, no le asiste la razón al demandante constitucional en atención a las siguientes consideraciones jurídicas. Como se advierte del cuerpo de la demanda, la autoridad que la parte quejosa señala como responsable, a saber, Directora del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla es auxiliar del Agente del Ministerio Público Investigador del Tercer Turno de Teziutlán, Puebla; por tanto, no tiene las facultades que establece el artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo. En efecto, los artículos 127 y 131, fracción V del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen la competencia del Ministerio Público, entre las que se encuentran coordinar a los servicios periciales durante la investigación, así como sus obligaciones, como lo es, ordenar la recolección de indicios y medios de prueba, por lo que debe entenderse que los servicios periciales quedan bajo el mando de la figura del Ministerio Público. Así, de los artículos antes señalados se advierte que la autoridad que el quejoso señala como responsable (Directora del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla) únicamente es auxiliar en la Administración de Justicia y, por ende, sus actuaciones no tienen autonomía propia, de ahí que no tenga el carácter de autoridad responsable, pues no encuadra en las hipótesis establecidas en los artículos 1 y 5, fracción II de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 103, fracción I de la Constitución Federal. Ahora bien, el Ministerio Público es la institución encargada de velar por la exacta observancia de las leyes de interés público y, a través de sus Agentes, lleva a cabo la persecución de los delitos del orden común, por tanto, le corresponde la integración de las averiguaciones previas o carpetas de investigación, así como solicitar las órdenes de aprehensión de los inculpados, y allegarse de las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos. Así mismo, para el cumplimiento de sus atribuciones, el Ministerio Público puede solicitar informes, documentos, opiniones y elementos de prueba en general a sus auxiliares, como en este caso lo es la Dirección del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla. En tal sentido, el quejoso debe acudir directamente ante el Agente del Ministerio Público Investigador del Tercer Turno de Teziutlán, Puebla, para que éste recabe los medios de prueba y en caso de que el Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla no dé cumplimiento, le aplique una medida de apremio o determine lo procedente. Por tanto, la Directora del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, como se indicó, no tiene el carácter de autoridad responsable y, por el contrario, el Ministerio Público goza de la acción para ampliar los medios de investigación y aplicar las medidas de apremio que estime convenientes, para lograr la debida integración de la averiguación previa. En tales condiciones, se estima que opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5, fracción II de dicho ordenamiento legal y, por ende, conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, procede desechar la demanda de amparo por notoriamente improcedente. Por otra parte, toda vez que la parte quejosa señala como domicilio para oír notificaciones los estrados de este Juzgado, los cuales, técnicamente no constituyen un domicilio para realizar notificaciones personales, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones personales a la parte quejosa, por lista de acuerdos. Tiene aplicación al caso la Tesis aislada número XXII.1°.22k, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, que al rubro dice: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público." De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Finalmente, con fundamento en los artículos 3, 8, 9, 67, fracción II. 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.
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