Felipe Narciso Rodriguez

Expediente 1096/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1096/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
24/11/2021

Partes del expediente

  • Felipe Narciso Rodriguez

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de esta fecha y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que a la fecha de este proveído, transcurrió el término de cinco días concedido al quejoso Felipe Narciso Rodríguez, para que acatara la prevención que se le formuló en auto de diez de noviembre de dos mil veintiuno. En consecuencia, con apoyo en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de diez de noviembre de dos mil veintiuno, por lo que, se tiene por no presentada la demanda de amparo con la que se formó este expediente y quedan sin efectos las providencias dictadas en autos, lo que se deberá comunicar a las autoridades señaladas como responsables en la demanda de garantías. Lo anterior, dado que el principio de instancia de parte agraviada constituye uno de los fundamentos del juicio de amparo, por lo que al no desahogar la prevención de demanda, impide al órgano constitucional continuar y culminar el juicio, toda vez que ha dejado de existir su voluntad de proseguir con él. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el domicilio indicado en autos; y mediante oficio a las autoridades señaladas como responsables...

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos la razón asentada por el Actuario Judicial de la adscripción de la que se advierte que no logró notificar personalmente a la parte promovente Margarito Narciso Rodríguez, el auto de once de noviembre del año en curso, en virtud que al constituirse en la calle Plaza del Espejo, a efecto de localizar el domicilio señalado como calle Plaza del Espejo edificio II, interior 03, Infonavit La Margarita, ciudad de Puebla; y, cerciorado de ser la vialidad correcta, no localizó ningún edificio marcado como "edificio II", y al preguntar con los ocupantes de los diversos edificios, en sus respectivos interiores 3, coincidieron no conocer ningún edificio señalado de esa forma ni conocer a la parte promovente, ni a los autorizados procesales indicados en autos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27 fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo vigente, notifíquese a la parte promovente, el auto de once de noviembre del año en curso, el presente proveído, y los subsecuentes, incluso los de carácter personal por medio de lista de acuerdos. Notifíquese por lista al promovente Margarito Narciso Rodríguez, el auto de once de noviembre del año en curso, el presente proveído, y los subsecuentes, incluso los de carácter personal -debiéndose enviar por correo electrónico a la administración del edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020-. AUTO DE 11 DE NOVIEMBRE DE 2021: San Andrés Cholula, Puebla, once de noviembre de dos mil veintiuno. PONDERACIONES PREVIAS, FORMACIÓN Y RADICACIÓN. Visto lo de cuenta, se advierte que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, mediante el cual se reactivó en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reactivación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia, insistiendo en la utilización de tecnologías de la información y de comunicaciones, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las actividades productivas de los órganos jurisdiccionales. Esquema renovado que se estableció para el período del tres de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil veinte y entraría en vigor a partir del primer día de dicho período. Que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 9/2021. Que el Acuerdo General 20/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, mediante el cual se amplió el periodo de vigencia del tres de agosto de dos mil veinte al dieciséis de enero de dos mil veintidós, a efecto de dar continuidad a las acciones y medidas preventivas adoptadas en el contexto de la contingencia sanitaria. También se aprecia que la demanda de amparo -con la que se dará cuenta- fue recibida el once de noviembre de dos mil veintiuno -electrónicamente- ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y, la misma no cuenta con la evidencia criptográfica de la Firma Electrónica a que se refieren los artículos 2, fracción XVI, 6, 45, párrafo tercero y 52, párrafo tercero, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Atento a lo anterior, fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 1096/2021 que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. CUESTIONES PRELIMINARES. En ese tenor, de la demanda de cuenta se advierte que el promovente Margarito Narciso Rodríguez, a favor y en nombre de Felipe Narciso Rodríguez, reclama la incomunicación, tortura, tratos crueles e inhumanos, palos, golpes y privación ilegal de la libertad, los cuales se encuentran proscritos en el artículo 22, primer párrafo, Constitucional y, por ende, entran en el catálogo que prevé el artículo 15 de la ley de la materia. De ahí que se cumplan con los requisitos para la recepción y tramitación de la presente demanda bajo el esquema de "caso urgente". Trámite. Con fundamento en lo que disponen los artículos 103 fracción I, 107 fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1 fracción I, 15, 20, 35, 37, 107 y 109 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se tramita la demanda de amparo promovida por Margarito Narciso Rodríguez, a favor y en nombre de Felipe Narciso Rodríguez, contra actos atribuidos a la Fiscal General del Estado de Puebla, y otras autoridades. Suspensión de Oficio y de Plano. Conviene destacar que del estudio integral de la demanda se advierte que Margarito Narciso Rodríguez, a favor y en nombre de Felipe Narciso Rodríguez, señala como actos reclamados en la presente instancia la incomunicación, tortura, tratos crueles e inhumanos, palos, golpes y privación ilegal de la libertad. En ese tenor, se provee sobre la suspensión de plano en los siguientes términos: 1. INCOMUNICACIÓN, TORTURA, TRATOS CRUELES E INHUMANOS, PALOS, GOLPES. Con fundamento en el artículo 125 de la Ley de Amparo, se decreta de oficio y de plano la suspensión de los actos reclamados, consistentes en la incomunicación, tortura, tratos crueles e inhumanos, palos, golpes o cualquier acto de los previstos en el artículo 22, primer párrafo, Constitucional, para el efecto de que dichos actos cesen de manera inmediata como medida para evitar la consumación de los mismos. En el entendido, que la autoridad responsable deberá permitir al quejoso directo tener comunicación con su abogado y/o familiares, quedando bajo su estricta responsabilidad implementar los horarios y condiciones de seguridad para tal fin. 2. PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD DEL QUEJOSO. Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se decreta de oficio y de plano la suspensión del acto reclamado consistente en la privación ilegal de la libertad, en contra del directo quejoso Felipe Narciso Rodríguez, para los siguientes efectos: Si la detención del quejoso fue efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público en relación con la comisión de un delito, la suspensión se concede, con fundamento en el artículo 164 de la Ley de Amparo, para el efecto de que sin demora cese la detención, poniéndolo en libertad o a disposición del Ministerio Público. Cuando en los supuestos del párrafo anterior, la detención del quejoso no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sea puesto en libertad. De consistir el acto reclamado en la detención del quejoso ya efectuada por el Ministerio Público, salvo el caso de la detención por caso urgente, la suspensión se concede, en términos del artículo 165 de la ley de la materia, para el efecto de que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea puesto en libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. Si el quejoso se encuentra a disposición del Ministerio Público por haber sido detenido en flagrancia o caso urgente, el plazo se contará a partir de que sea puesto a disposición. En cualquier caso distinto de los anteriores y, en la detención por caso urgente, en los que el Ministerio Público restrinja la libertad del quejoso, la suspensión se concede para el efecto de que sea puesto en inmediata libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. REQUERIMIENTO DE INFORME. Hágase del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables, que deberán acatar dicha suspensión bajo su más estricta responsabilidad e informar a este Juzgado de Distrito de manera inmediata, las medidas tomadas al respecto y justificarlas con copia certificada de las constancias que correspondan. Se apercibe a las autoridades responsables, que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa equivalente a cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de las indicadas autoridades que la violación de este mandamiento constituye un delito federal, conforme al artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el inicio del proceso penal correspondiente en su contra. Asimismo, hágaseles saber que podrán emitir su informe respectivo a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx, y a efecto de confirmar su envío se proporciona el número de teléfono de este Juzgado 2223037276; y, que el licenciado Rafael Torres Campos, es el secretario encargado de llevar el trámite del presente expediente, quien cuenta con teléfono móvil 2225216779 y correo electrónico institucional rafael.torres.campos@correo.cjf.gob.mx, para recibir dicha información. En el entendido que de remitirlo vía correo electrónico, ya no será necesario enviarlo vía ordinaria; ello, de no tener pruebas voluminosas que ofrecer para acreditar el acto reclamado, o alguna causa de sobreseimiento. VISTA A MINISTERIO PÚBLICO. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que le compete y córrasele traslado con copia de la demanda. RATIFICACIÓN DE LA DEMANDA. Se faculta al actuario de la adscripción que corresponda, realice lo siguiente: a) Con fundamento en los artículos 21, último párrafo, de la Ley de Amparo y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se avoque a la localización del directo quejoso Felipe Narciso Rodríguez, para lo cual deberá constituirse en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia C5; o bien, en la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto, o bien, en el lugar en el que le indiquen las autoridades responsables que se encuentra el referido quejoso y, una vez localizado, lo requiera para que manifieste en ese acto o dentro del término de tres días, legalmente computado, si ratifica o no la presente demanda de derechos fundamentales promovida en su favor, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no interpuesta y quedarán sin efectos las providencias dictadas, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo; b) Asentar las condiciones físicas en que se encuentra el directo quejoso y las condiciones del lugar en el que se encuentra detenido, preguntarle si se le ha permitido comunicarse con su defensor, familiares o personas de confianza, si sabe el motivo por el cual se encuentran detenidos y si ha sufrido alguno de los actos previstos por el artículo 22 constitucional. c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, así como el número de expediente -juicio de amparo 1096/2021; y, d) Notifique al directo quejoso el presente proveído y le corra traslado con copia autorizada del presente auto. PREVENCIÓN DE LA DEMANDA. Ahora bien, únicamente en caso que el quejoso directo ratifique la demanda amparo promovida a su favor, a efecto de acordar sobre su admisión, si en el caso procede o no, con fundamento en lo establecido por los artículos 108, fracción V, y 114, fracciones I y II de la Ley de Amparo, requiérase al quejoso Felipe Narciso Rodríguez, para que dentro del plazo de cinco días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, dé cumplimiento a lo siguiente bajo protesta de decir verdad: ÚNICO. Manifieste, bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos que reclama. Ello es así, pues de un estudio integral de la demanda de cuenta, se advierte que el promovente fue omiso en manifestar bajo protesta de decir verdad, los antecedentes de la omisión que reclama a la autoridad señalada como responsable. Lo anterior implica que la demanda de amparo sea obscura en ese sentido y no se pueda plantear la litis de manera correcta en el presente juicio de derechos fundamentales. Además, la omisión en que incurrió el promovente resulta relevante a efecto de proveer sobre la admisión o no de la demanda, siendo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108, fracción V de la Ley de Amparo, es obligación del inconforme narrar, bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. Luego, para dar cumplimiento al anterior requerimiento la promovente deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados citados con antelación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J.127/99 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página treinta y dos, Tomo X, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de mil novecientos noventa y nueve cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la ley de amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas." Lo anterior, en virtud de que del análisis integral del escrito de demanda, aparece que la parte quejosa fue omisa en plasmar el capítulo respectivo a los antecedentes del acto reclamado. Hágase del conocimiento del promovente que la presente prevención es con el fin de que precise lo ya indicado, sin que ello signifique que cambie o modifique su demanda, ni que la amplíe. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la parte promovente que de no dar cumplimiento a la presente prevención en el plazo señalado, se tendrá por no presentada la demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo. También signifíquesele que, para el desahogo de la prevención formulada en este auto, deberá presentar su escrito aclaratorio signado por él mismo, y no por conducto de autorizado alguno. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Domicilio. Téngase a la parte quejosa señalando como medio para oír y recibir notificaciones el domicilio convencional señalado en el escrito de demanda. AUTORIZADOS. Téngase como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Édgar Santos Neri Martínez, ya que cuenta con cédula profesional de licenciado en derecho emitida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Y, téngase como autorizados en los términos restringidos del citado numeral a Raymundo Emilio Vargas Uballa y Mariana Acosta Ortiz, pues no obstante que la parte quejosa pretende autorizarlos en los términos amplios previstos en el citado numeral, no proporcionó los datos necesarios a efecto de que esta autoridad pueda corroborar que tienen inscrita su cédula de licenciados en Derecho ante la Secretaría de Educación Pública. Sin perjuicio de que una vez que acredite dicha circunstancia, podrá ser autorizado en los términos planteados. DE LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. Se hace saber a las autoridades responsables y a aquéllas que tengan el carácter de terceros interesados, que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se les ordenen realizar en este expediente, serán por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a), emitida por la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que si su denominación no es exactamente como se encuentre en su organigrama interno, ello no las exime de recibir los oficios que contengan el presente proveído, por la naturaleza de los actos reclamados. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en su oportunidad, procédase a la digitalización del expediente electrónico. EXHORTACIÓN A LAS PARTES PARA CONTINUAR SU JUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes para que: ( De estimarlo pertinente y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo anterior, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones y autos que este Juzgado de Distrito emita. En el entendido de que la actuación por ese medio requiere de la utilización de un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. ( Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. ( Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, comparezcan a las audiencias a partir de escritos presentados física o electrónicamente. COPIA CERTIFICADA. Finalmente, mediante acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal reanudó en una tercera etapa el reinicio de funciones de manera presencial de los Órganos Jurisdiccionales a su cargo; a su vez, el artículo 3 de mencionado acuerdo, establece los lineamientos para que las personas justiciables acudan presencialmente a los Juzgados y Tribunales para el desahogo de diligencias, requerimientos o consulta de expedientes. En ese sentido, dígase al promovente que una vez haya solicitado la cita respectiva, únicamente se le entregará impresiones con evidencia criptográfica de este acuerdo (suspensión de plano), en virtud a que el artículo 36 del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, considera dicha evidencia como una certificación oficial por parte del órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente al quejoso directo en el lugar de su detención en los términos aquí señalados y corriéndole traslado con copia certificada de la presente determinación; personalmente al promovente Margarito Narciso Rodríguez; por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. Vistos, intégrense a las presentes actuaciones, los oficios: (El oficio FGEP/FEISE/UEIS/13021/2021, signado por el Agente del Ministerio Público Unidad Especializada de Investigación de Secuestro, Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión (recibido por duplicado); (Oficio FEISE/13013/2021, signado por el Encargado de la Unidad Especializada en Investigación de Extorsión Pendiente de la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión; ( Oficio FEISE/13016/2021, signado por el Encargado de la Unidad Especializada en Investigación de Extorsión Pendiente de la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión; (Oficio FGE/CGAJ/DPC/9506/2021, signado por el Coordinador General de Asuntos Jurídicos en representación del Coordinador General de Investigación; (Diversas actuaciones que integran la carpeta FGEP/CDI/FEIDAI/TECAM-I/017855/2021; (Oficio FGE/CGAJ/DPC/9504/2021, signado por el Coordinador General de Asuntos Jurídicos en representación del Fiscal General del Estado de Puebla; ( Oficio FGE/CGAJ/DPC/9507/2021, signado por el Coordinador General de Asuntos Jurídicos en representación del Coordinador General de Investigación; (Oficio FEIDAI/137/2021, signado por el Fiscal Especializado en Investigación de Delitos de Alta Incidencia; ( FGE/CGAJ/DPC/9502/2021, signado por el Coordinador General de Asuntos Jurídicos en representación de la Fiscal de Investigación Regional de la Fiscalía General del Estado de Puebla; ( FGE/CGAJ/DPC/9500/2021, signado por el Coordinador General de Asuntos Jurídicos en representación de la Fiscal de Investigación Regional de la Fiscalía General del Estado de Puebla; (Oficio FEISE/3311/2021, signado por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión; ( Oficio FEISE/3310/2021, signado por la Coordinadora de Litigación en funciones por ausencia del Fiscal Especializado en Investigación de Secuestro y Extorsión; ( Oficio FGE/CGAJ/DPC/9495/2021, signado por el Coordinadora General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado en representación del Fiscal General del Estado; a través de los cuales las responsables rinden informe de suspensión de plano y, hacen del conocimiento a esta potestad Federal, que toman conocimiento y acata la suspensión de plano concedida a los aquí quejosos, para cesar, o en su defecto no realizar cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. Así mismo, téngase al Coordinador General de Asuntos Jurídicos en representación del Fiscal General del Estado de Puebla, informando que el directo quejoso fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Alta Incidencia, por los hechos con apariencia de delito de los ilícitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con fines de comercio de los narcóticos denominados cristal, marihuana y piedra, ataques peligrosos contra funcionarios públicos y falsificación de moneda en su modalidad de almacenamiento, iniciando la carpeta FGEP/CDI/FEIDAI/TECAM-I/017855/2021; de lo que este órgano de Control Constitucional toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. En diverso aspecto, intégrese a las presentes actuaciones, la diligencia de notificación practicada al quejoso directo Felipe Narciso Rodríguez, por el Actuario Judicial de la Federación adscrito, de la que se advierte, lo siguiente: ".El buscado manifiesta que ya tuvo oportunidad de hablar por teléfono celular con su hermano Margarito Narciso Rodríguez (promovente de esta solicitud de amparo) y su esposa Claudia Bonilla Varela, ya se entrevistó con el requerido a las 14:30 horas de hoy mismo; dice que ya le explicaron el motivo de su detención y que no ha sufrido ninguno de los actos señalados en el artículo 22 constitucional. (.) Que sí es su deseo ratificar la solicitud de amparo presentada a su favor." Al respecto, no ha lugar a realizar mayor proveído al respecto, en atención a lo manifestado por la parte quejosa, y tomando en cuenta que no ha estado incomunicado, además de que no ha sido víctima de algún acto de los previstos por el artículo 22 de la Constitución. En ese sentido, en atención a que el directo quejoso ratificó la demanda de amparo promovida en su favor, estese a la espera de que transcurra el plazo otorgado a la parte quejosa para que desahogue el requerimiento de prevención de demanda que se le formuló mediante proveído de once de noviembre del año en curso. Por otra parte, agréguese a los autos la razón asentada por el Actuario Judicial adscrito, en la cual manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar los oficios 538.10, 538.11, 538.12 y 538.13, dirigidos en ese orden a las autoridades que la parte promovente señaló como 10. Subdirector de Reacción "A" en la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto, 11. Subdirector de Reacción "B" en la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto, 12. Titular de la Agencia de Investigación Criminal, y 13. Titular del Centro de Operaciones Estratégicas, pues refiere que al constituirse en las instalaciones que ocupa la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestros y Extorsión de la Fiscalía General del Estado de Puebla, fue informado que no era factible recibirle dichas misivas, pues las denominaciones no existen en el organigrama de esa dependencia gubernamental. En mérito de lo anterior, resérvese de proveer al respecto, hasta en tanto la parte quejosa desahogue el requerimiento de prevención que le fue formulado el día once de noviembre de la presente anualidad. Notifíquese por lista a las partes -debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020-.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de noviembre de dos mil veintiuno. PONDERACIONES PREVIAS, FORMACIÓN Y RADICACIÓN. Visto lo de cuenta, se advierte que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, mediante el cual se reactivó en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reactivación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia, insistiendo en la utilización de tecnologías de la información y de comunicaciones, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las actividades productivas de los órganos jurisdiccionales. Esquema renovado que se estableció para el período del tres de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil veinte y entraría en vigor a partir del primer día de dicho período. Que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 9/2021. Que el Acuerdo General 20/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, mediante el cual se amplió el periodo de vigencia del tres de agosto de dos mil veinte al dieciséis de enero de dos mil veintidós, a efecto de dar continuidad a las acciones y medidas preventivas adoptadas en el contexto de la contingencia sanitaria. También se aprecia que la demanda de amparo -con la que se dará cuenta- fue recibida el once de noviembre de dos mil veintiuno -electrónicamente- ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y, la misma no cuenta con la evidencia criptográfica de la Firma Electrónica a que se refieren los artículos 2, fracción XVI, 6, 45, párrafo tercero y 52, párrafo tercero, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Atento a lo anterior, fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 1096/2021 que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. CUESTIONES PRELIMINARES. En ese tenor, de la demanda de cuenta se advierte que el promovente Margarito Narciso Rodríguez, a favor y en nombre de Felipe Narciso Rodríguez, reclama la incomunicación, tortura, tratos crueles e inhumanos, palos, golpes y privación ilegal de la libertad, los cuales se encuentran proscritos en el artículo 22, primer párrafo, Constitucional y, por ende, entran en el catálogo que prevé el artículo 15 de la ley de la materia. De ahí que se cumplan con los requisitos para la recepción y tramitación de la presente demanda bajo el esquema de "caso urgente". Trámite. Con fundamento en lo que disponen los artículos 103 fracción I, 107 fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1 fracción I, 15, 20, 35, 37, 107 y 109 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se tramita la demanda de amparo promovida por Margarito Narciso Rodríguez, a favor y en nombre de Felipe Narciso Rodríguez, contra actos atribuidos a la Fiscal General del Estado de Puebla, y otras autoridades. Suspensión de Oficio y de Plano. Conviene destacar que del estudio integral de la demanda se advierte que Margarito Narciso Rodríguez, a favor y en nombre de Felipe Narciso Rodríguez, señala como actos reclamados en la presente instancia la incomunicación, tortura, tratos crueles e inhumanos, palos, golpes y privación ilegal de la libertad. En ese tenor, se provee sobre la suspensión de plano en los siguientes términos: 1. INCOMUNICACIÓN, TORTURA, TRATOS CRUELES E INHUMANOS, PALOS, GOLPES. Con fundamento en el artículo 125 de la Ley de Amparo, se decreta de oficio y de plano la suspensión de los actos reclamados, consistentes en la incomunicación, tortura, tratos crueles e inhumanos, palos, golpes o cualquier acto de los previstos en el artículo 22, primer párrafo, Constitucional, para el efecto de que dichos actos cesen de manera inmediata como medida para evitar la consumación de los mismos. En el entendido, que la autoridad responsable deberá permitir al quejoso directo tener comunicación con su abogado y/o familiares, quedando bajo su estricta responsabilidad implementar los horarios y condiciones de seguridad para tal fin. 2. PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD DEL QUEJOSO. Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se decreta de oficio y de plano la suspensión del acto reclamado consistente en la privación ilegal de la libertad, en contra del directo quejoso Felipe Narciso Rodríguez, para los siguientes efectos: Si la detención del quejoso fue efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público en relación con la comisión de un delito, la suspensión se concede, con fundamento en el artículo 164 de la Ley de Amparo, para el efecto de que sin demora cese la detención, poniéndolo en libertad o a disposición del Ministerio Público. Cuando en los supuestos del párrafo anterior, la detención del quejoso no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sea puesto en libertad. De consistir el acto reclamado en la detención del quejoso ya efectuada por el Ministerio Público, salvo el caso de la detención por caso urgente, la suspensión se concede, en términos del artículo 165 de la ley de la materia, para el efecto de que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea puesto en libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. Si el quejoso se encuentra a disposición del Ministerio Público por haber sido detenido en flagrancia o caso urgente, el plazo se contará a partir de que sea puesto a disposición. En cualquier caso distinto de los anteriores y, en la detención por caso urgente, en los que el Ministerio Público restrinja la libertad del quejoso, la suspensión se concede para el efecto de que sea puesto en inmediata libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. REQUERIMIENTO DE INFORME. Hágase del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables, que deberán acatar dicha suspensión bajo su más estricta responsabilidad e informar a este Juzgado de Distrito de manera inmediata, las medidas tomadas al respecto y justificarlas con copia certificada de las constancias que correspondan. Se apercibe a las autoridades responsables, que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa equivalente a cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de las indicadas autoridades que la violación de este mandamiento constituye un delito federal, conforme al artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el inicio del proceso penal correspondiente en su contra. Asimismo, hágaseles saber que podrán emitir su informe respectivo a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx, y a efecto de confirmar su envío se proporciona el número de teléfono de este Juzgado 2223037276; y, que el licenciado Rafael Torres Campos, es el secretario encargado de llevar el trámite del presente expediente, quien cuenta con teléfono móvil 2225216779 y correo electrónico institucional rafael.torres.campos@correo.cjf.gob.mx, para recibir dicha información. En el entendido que de remitirlo vía correo electrónico, ya no será necesario enviarlo vía ordinaria; ello, de no tener pruebas voluminosas que ofrecer para acreditar el acto reclamado, o alguna causa de sobreseimiento. VISTA A MINISTERIO PÚBLICO. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que le compete y córrasele traslado con copia de la demanda. RATIFICACIÓN DE LA DEMANDA. Se faculta al actuario de la adscripción que corresponda, realice lo siguiente: a) Con fundamento en los artículos 21, último párrafo, de la Ley de Amparo y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se avoque a la localización del directo quejoso Felipe Narciso Rodríguez, para lo cual deberá constituirse en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia C5; o bien, en la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto, o bien, en el lugar en el que le indiquen las autoridades responsables que se encuentra el referido quejoso y, una vez localizado, lo requiera para que manifieste en ese acto o dentro del término de tres días, legalmente computado, si ratifica o no la presente demanda de derechos fundamentales promovida en su favor, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no interpuesta y quedarán sin efectos las providencias dictadas, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo; b) Asentar las condiciones físicas en que se encuentra el directo quejoso y las condiciones del lugar en el que se encuentra detenido, preguntarle si se le ha permitido comunicarse con su defensor, familiares o personas de confianza, si sabe el motivo por el cual se encuentran detenidos y si ha sufrido alguno de los actos previstos por el artículo 22 constitucional. c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, así como el número de expediente -juicio de amparo 1096/2021; y, d) Notifique al directo quejoso el presente proveído y le corra traslado con copia autorizada del presente auto. PREVENCIÓN DE LA DEMANDA. Ahora bien, únicamente en caso que el quejoso directo ratifique la demanda amparo promovida a su favor, a efecto de acordar sobre su admisión, si en el caso procede o no, con fundamento en lo establecido por los artículos 108, fracción V, y 114, fracciones I y II de la Ley de Amparo, requiérase al quejoso Felipe Narciso Rodríguez, para que dentro del plazo de cinco días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, dé cumplimiento a lo siguiente bajo protesta de decir verdad: ÚNICO. Manifieste, bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos que reclama. Ello es así, pues de un estudio integral de la demanda de cuenta, se advierte que el promovente fue omiso en manifestar bajo protesta de decir verdad, los antecedentes de la omisión que reclama a la autoridad señalada como responsable. Lo anterior implica que la demanda de amparo sea obscura en ese sentido y no se pueda plantear la litis de manera correcta en el presente juicio de derechos fundamentales. Además, la omisión en que incurrió el promovente resulta relevante a efecto de proveer sobre la admisión o no de la demanda, siendo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108, fracción V de la Ley de Amparo, es obligación del inconforme narrar, bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. Luego, para dar cumplimiento al anterior requerimiento la promovente deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados citados con antelación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J.127/99 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página treinta y dos, Tomo X, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de mil novecientos noventa y nueve cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la ley de amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas." Lo anterior, en virtud de que del análisis integral del escrito de demanda, aparece que la parte quejosa fue omisa en plasmar el capítulo respectivo a los antecedentes del acto reclamado. Hágase del conocimiento del promovente que la presente prevención es con el fin de que precise lo ya indicado, sin que ello signifique que cambie o modifique su demanda, ni que la amplíe. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la parte promovente que de no dar cumplimiento a la presente prevención en el plazo señalado, se tendrá por no presentada la demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo. También signifíquesele que, para el desahogo de la prevención formulada en este auto, deberá presentar su escrito aclaratorio signado por él mismo, y no por conducto de autorizado alguno. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Domicilio. Téngase a la parte quejosa señalando como medio para oír y recibir notificaciones el domicilio convencional señalado en el escrito de demanda. AUTORIZADOS. Téngase como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Édgar Santos Neri Martínez, ya que cuenta con cédula profesional de licenciado en derecho emitida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Y, téngase como autorizados en los términos restringidos del citado numeral a Raymundo Emilio Vargas Uballa y Mariana Acosta Ortiz, pues no obstante que la parte quejosa pretende autorizarlos en los términos amplios previstos en el citado numeral, no proporcionó los datos necesarios a efecto de que esta autoridad pueda corroborar que tienen inscrita su cédula de licenciados en Derecho ante la Secretaría de Educación Pública. Sin perjuicio de que una vez que acredite dicha circunstancia, podrá ser autorizado en los términos planteados. DE LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. Se hace saber a las autoridades responsables y a aquéllas que tengan el carácter de terceros interesados, que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se les ordenen realizar en este expediente, serán por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a), emitida por la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que si su denominación no es exactamente como se encuentre en su organigrama interno, ello no las exime de recibir los oficios que contengan el presente proveído, por la naturaleza de los actos reclamados. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en su oportunidad, procédase a la digitalización del expediente electrónico. EXHORTACIÓN A LAS PARTES PARA CONTINUAR SU JUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes para que: ( De estimarlo pertinente y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo anterior, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones y autos que este Juzgado de Distrito emita. En el entendido de que la actuación por ese medio requiere de la utilización de un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. ( Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. ( Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, comparezcan a las audiencias a partir de escritos presentados física o electrónicamente. COPIA CERTIFICADA. Finalmente, mediante acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal reanudó en una tercera etapa el reinicio de funciones de manera presencial de los Órganos Jurisdiccionales a su cargo; a su vez, el artículo 3 de mencionado acuerdo, establece los lineamientos para que las personas justiciables acudan presencialmente a los Juzgados y Tribunales para el desahogo de diligencias, requerimientos o consulta de expedientes. En ese sentido, dígase al promovente que una vez haya solicitado la cita respectiva, únicamente se le entregará impresiones con evidencia criptográfica de este acuerdo (suspensión de plano), en virtud a que el artículo 36 del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, considera dicha evidencia como una certificación oficial por parte del órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente al quejoso directo en el lugar de su detención en los términos aquí señalados y corriéndole traslado con copia certificada de la presente determinación; personalmente al promovente Margarito Narciso Rodríguez; por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

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