Felipe Molina Gutierrez
Expediente 233/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 233/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/04/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Felipe Molina Gutierrez
Actuaciones
- Principal
Acapulco, Guerrero; veintisiete de abril de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió el acuerdo por el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, aplicado en sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción lI, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Notifíquese.
- Principal
AVISO: SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL AUTO DE FECHA TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "...: Acapulco, Guerrero; treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese lo de cuenta; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para conocimiento de las partes, se tiene por rendido el informe justificado del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad; del cual se advierte que el diecisiete de marzo actual, acordó la promoción presentada por la parte quejosa el nueve de enero del año en curso, y al efecto remite en copia certificada las constancias que así lo acreditan. En tales condiciones, conforme al artículo 62, de la Ley de Amparo, se analizan de oficio las consecuencias jurídicas que acarrea la emisión de la respuesta exhibida por la responsable. Del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama la omisión de dar contestación a su escrito de nueve de enero de la presente anualidad, presentado ante la autoridad responsable Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad; y con esta fecha, la responsable remite copia certificada del proveído de diecisiete de marzo actual, por el cual acordó de conformidad la expedición de copias solicitadas en escrito de nueve de enero pasado, las que le fueron entregadas el veintiuno del mes actual; de ahí que se estime actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Conforme con el texto legal preinserto, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo que se actualiza cuando las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional aducida, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito consiste en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Luego, si el acto reclamado consiste en la omisión de dar respuesta al escrito de fecha nueve de enero del presente año y la autoridad responsable dio contestación a dicha petición mediante proveído de diecisiete de marzo actual; lo que se corrobora con la documental que adjunta en copia certificada al oficio de cuenta, a la cual se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; se estima que han cesado los efectos del acto reclamado, en virtud de que ha dejado de existir, quedando a la parte quejosa en una situación idéntica a la que habría existido, si el acto (omisión) jamás hubiera nacido. La cesación de efectos en comento constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que a la postre conduce a sobreseer en el juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, en virtud de que la sola emisión del acuerdo de referencia, restituye a la parte quejosa en el goce de sus garantías violadas, lo que imposibilita el examen constitucional de la omisión reclamada que tilda de inconstitucional, precisamente porque en el supuesto de que se concediera el amparo su efecto sería vincular a que la responsable respetara el derecho a la jurisdicción, materializado en la emisión de un acuerdo escrito, así como en la entrega de las copias solicitadas, lo que ya realizó espontáneamente la responsable. De ahí, que al sobrevenir una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, da lugar a decretar en este juicio el sobreseimiento fuera de audiencia, acorde a lo establecido en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sin necesidad de esperar a su celebración, habida cuenta que, en esas condiciones, ningún objeto tiene ya continuar con la tramitación del juicio de amparo y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo que será en el mismo sentido. Por los motivos expuestos, se deja sin efectos la hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente....."; LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...
- Principal
Acapulco, Guerrero; diecisiete de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no desahogó la prevención que se le formuló en proveído de siete de marzo actual; en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la ley reglamentaria, se admite la demanda de amparo, promovida por Felipe Molina Gutiérrez, por su propio derecho, únicamente contra actos del Juez Tercero del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad. Sin tramitar el incidente de suspensión por no haberlo solicitado. Se fijan las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional, en términos del artículo 115 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio de notificación, en el cual expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; según sea el caso, remitirá copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo y deberá informar sí con anterioridad el quejoso promovió algún juicio relacionado con el acto reclamado, y en caso afirmativo remitirá las constancias que apoyen ese informe, salvo que se trate de un juicio radicado en este juzgado. Si no rinde informe justificado se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario. Así mismo, se les informa que el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia, otorga la facultad para imponerles una multa que va de cien a mil unidades de medida y actualización vigente en el país, en caso de que no rindan su informe justificado, o lo hagan sin remitir copia certificada de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Igualmente, se informa a la autoridad responsable que las notificaciones se le practicarán por lista, salvo las que por su trascendencia se les deba notificar mediante oficio en términos del artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo. Por otra parte, se comunica a las partes que en términos del artículo 64, están obligadas a informar de inmediato a este juzgado federal cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible acompañar las constancias que la acrediten; también deberán comunicar el fallecimiento de la parte quejosa o de la tercera interesada, una vez que tengan conocimiento de ese hecho; apercibidas que en caso de incumplimiento se harán acreedoras a una multa, para el primer caso de treinta a trescientos unidades de medida y actualización vigente en el país, conforme lo establece el diverso numeral 251 y para el segundo de cincuenta a quinientos unidades de medida y actualización vigente en el país, de conformidad con el arábigo 242, ambas disposiciones de la ley de la materia. Sin que haya lugar a tener como tercera interesada a Fátima Torres Pablo; tomando en consideración que en la tesis de jurisprudencia 1ª./J.90/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página: 448, de rubro: TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO."; se determina que le reviste el carácter de tercero perjudicado a la contraparte del quejoso cuando el acto impugnado provenga de un juicio o de un procedimiento seguido en forma de juicio, y en el juicio de amparo se reclamen violaciones a las garantías consagradas en los artículos 8 y 17 de la Constitución Federal, específicamente por: a) la falta de acuerdo a una promoción y b) la omisión de dictar la resolución que ponga fin a un juicio o a un procedimiento seguido en forma de juicio; y en el caso, el acto reclamado no se ubica en alguno de estos supuestos. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo; notifíquese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la radicación del juicio con copia simple de la demanda. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese.
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