Felipe Jaime Salgado Ojeda
Expediente 185/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 13 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 185/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 28/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero
- Felipe Jaime Salgado Ojeda
- FELIPE JAIME SALGADO OJEDA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Secretaría del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, a través del cual informa que remitió por incompetencia en razón de conocimiento previo a éste órgano jurisdiccional, el juicio de amparo 680/2020 de su índice, promovido por el aquí quejoso Felipe Jaime Salgado Ojeda, por estar relacionado con el presente sumario, en razón de que en acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil diecinueve se ordenó el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero, nueve de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese el escrito signado por el autorizado de la parte tercera interesada; en atención a su contenido, con fundamento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele la copia certificada que refiere, previa razón que obre para constancia legal, en la inteligencia de que es a su costa su reproducción. Asimismo; con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvasele la documental que solicita, previa copia certificada y constancia legal de su entrega.
- Principal
AVISO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADO CÉSAR VALLE TRUJILLO, LA SENTENCIA AUTORIZADA EL VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, MISMA QUE DICE... EL VISTOS; para pronunciar sentencia, los autos del juicio de amparo número 185/2019. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el veintidós de febrero de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido al día hábil siguiente por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Felipe Jaime Salgado Ojeda, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades (en sus denominaciones correctas) y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES a) Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero. b) Presidente Municipal del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero. c) Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero. d) Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero. e) Jefe del Departamento Jurídico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero. Todas con domicilio en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS "a) La omisión de dar contestación y trámite correspondiente a mi legal petición realizada por escrito de manera pacífica y respetuosa a la Responsable, mediante escrito de Queja Formal, respecto a la Invasión de la Vía Pública, de la Avenida Sección Regional Número 5, de la Colonia Burócratas de esta Ciudad de Acapulco, Guerrero, que Colinda en el Punto Cardinal Este y Noreste del Inmueble propiedad del Suscrito, de fecha 05 de Septiembre de 2018. b) Falta de cumplimiento al debido proceso legal en su etapa procesal correspondiente, respecto del procedimiento Administrativo de Queja Formal, respecto a la Invasión de la Vía Pública, de la Avenida Sección Regional Número 5, de la Colonia Burócratas de esta Ciudad de Acapulco, Guerrero, que Colinda en el Punto Cardinal Este y Noreste del Inmueble propiedad del Suscrito, de fecha 05 de Septiembre de 2018. c) La omisión de dictar las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación y mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana, respecto de la Invasión a la Vía Pública de la Avenida Sección Regional Número 5, de la Colonia Burócratas de esta Ciudad de Acapulco, Guerrero, por la cual, el suscrito Quejoso presenté la Queja ante la Responsable." SEGUNDO. Preceptos Constitucionales transgredidos. El quejoso señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 8 y 16 de la Constitución General de la República. TERCERO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de garantías, la cual quedo registrada en el libro de gobierno correspondiente con el número 185/2019, se solicitó de las autoridades responsables rindieran sus informes con justificación; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional; la cual luego de diferirse en dos ocasiones, se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama un acto omisivo atribuido a una autoridad administrativa que radica en la jurisdicción de este juzgado federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, del estudio que se realiza a la demanda se precisa que el quejoso reclama por esta instancia de las autoridades responsables: a) La falta de atención al escrito de cinco de septiembre de dos mil dieciocho, que aduce presentó el seis de septiembre siguiente, por el que promovió queja ciudadana. b) La falta de resolución del procedimiento administrativo de queja que formuló y c) La omisión de dictar las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos con motivo de la invasión a la vía pública en la Avenida Sección Regional Número 5, de la Colonia Burócratas de esta Ciudad de Acapulco, Guerrero. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El Ayuntamiento, el Cabildo y el Presidente, todos del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, así como el Jefe del Departamento Jurídico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipal, al rendir sus informes con justificación, los dos primeros por conducto de los funcionarios públicos que los representan, negaron la existencia de los actos que se les reclaman y que quedaron precisados en el considerando que antecede. Sin embargo, como lo reclamado es un acto de naturaleza negativa, es a las propias responsables a quienes compete comprobar mediante las constancias respectivas, que no incurrieron en la falta que se les atribuye, siempre y cuando la parte quejosa justifique que efectivamente planteó la queja ciudadana que dice no le fue contestada ni ha sido resuelta dado que el derecho subjetivo público previsto en el artículo 8 Constitucional, impone a la parte peticionaria la obligación de ejercer ese propio derecho, por escrito y de manera pacífica y respetuosa, a efecto de que el órgano estatal al que se dirija se vea constreñido a contestarle en la misma forma y notificarle esa contestación en breve término. En ese sentido, del estudio de las constancias que obran en el sumario, se obtiene que el quejosa no rindió prueba idónea tendente a demostrar la existencia de los actos omisivos que atribuye a las citadas responsables, ya que de la documental que anexó a su demanda consistente en copia autógrafa del acuse de recibo del escrito de cinco de septiembre de dos mil dieciocho, se observa que el mismo fue dirigido únicamente al Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (aquí también autoridad responsable) y a la Encargada de Despacho de la Dirección de Desarrollo Urbano y Vivienda, ambos del Ayuntamiento de esta ciudad, de ahí que devenga ineficaz para acreditar la existencia de las omisiones que se atribuyen a aquellas, de modo que al Ayuntamiento, al Cabildo y al Presidente, todos del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, así como al Jefe del Departamento Jurídico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipal, no les recae obligación alguna de probar que no incurrieron en las omisiones que se les reclaman, cuenta habida que no se acredita que se les haya efectuado alguna petición en los términos a que se contrae el precepto constitucional antes invocado. Así las cosas, no habiéndose demostrado la certeza de los actos atribuidos a las autoridades responsables a que se ha hecho referencia en este considerando y cuya inconstitucionalidad se acusa, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio a su respecto. CUARTO. Certeza del acto reclamado. El Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, al rendir su informe con justificación negó los actos que se le atribuyen y que quedaron precisados en el considerando segundo; sin embargo, su negativa se desvirtúa y se tienen por ciertos ya que realizó diversas manifestaciones que evidencian su certeza; lo que además se robustece con las documentales que en copia certificada allegó al sumario y que gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por remisión expresa de su numeral 2. QUINTO. Actualización de diversas causales de improcedencia. Verificada la certeza de los actos reclamados, previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, por lo que hace al acto identificado con el inciso a) de oficio se advierte que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la legislación en cita, cuya literalidad es: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." Conforme al texto legal preinserto, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; lo que se actualiza cuando las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito consiste en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así tenemos que el quejoso reclama la omisión del Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, de dar contestación al escrito de cinco de septiembre de dos mil dieciocho que le dirigió y presentó el seis de septiembre siguiente; y en el informe justificado que la citada responsable rindió, indicó que mediante oficio número SDUOP/0383/2019 de siete de marzo del año en curso, dio contestación al escrito del quejoso, mismo que le fue notificado en esa misma fecha en el domicilio y a través del autorizado (Luís Manuel Armenta Espinoza) que al efecto señaló, lo que se corrobora con las documentales públicas que allegó, las cuales gozan de valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2. Lo anterior, trae consigo que los efectos de los que se dolió el quejoso respecto a la omisión de respuesta a su escrito de fecha cinco de septiembre de dos mil dieciocho, presentado ante la responsable el seis de septiembre siguiente, hayan desaparecido, es decir, hayan cesado, en virtud de que tal omisión dejó de existir, al acordarse su ocurso, y tener conocimiento del acuerdo respectivo, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del solicitante de la protección constitucional; situación que hace innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del acto reclamado, ya que con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento del juicio a su respecto. Asimismo, por lo que hace a los actos identificados en los incisos b) y c) de oficio se advierte que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que señala: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)." Dicha fracción prevé la improcedencia del juicio de amparo contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso. En ese sentido, en primer lugar, es importante distinguir entre ser titular de un interés jurídico o legítimo y la posibilidad de acreditarlo. Ahora bien, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quienes resienten un perjuicio con motivo de un acto de autoridad. La noción de perjuicio para los efectos del amparo supone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando que esa transgresión cese. Así, el interés jurídico en el juicio de amparo se refiere a la titularidad que tiene el quejoso en relación con los derechos transgredidos y, en consecuencia, se requiere que el acto de autoridad que se reclama lesione de manera directa el derecho de que es titular la parte quejosa. Lo anterior es así, ya que uno de los principios constitucionales que rigen al juicio de amparo es el denominado "agravio personal y directo", que se contempla en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, de la siguiente manera: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". Dicho principio es recogido en el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo que, en la parte que interesa, prevé lo siguiente: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Derivado de estas normas, tenemos que el juicio de amparo procede contra actos que afecten de manera real y actual la esfera jurídica de la parte quejosa. Al tenor de esas ideas, se advierte que el presente juicio de amparo resulta notoriamente improcedente en contra de los actos reclamados, consistentes en la falta de resolución del procedimiento administrativo de queja que formuló y la omisión de dictar las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos con motivo de la invasión a la vía pública en la Avenida Sección Regional Número 5, de la Colonia Burócratas de esta Ciudad de Acapulco, Guerrero. Para demostrar lo anterior respecto de la falta de resolución del procedimiento administrativo de queja ciudadana que formuló, es importante hacer hincapié en que una denuncia o queja ciudadana no tiene como objetivo fundamental salvaguardar intereses particulares, sino sólo lograr y preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate; de ahí que el orden jurídico otorga al interesado una mera facultad de formular quejas o denuncias, pero no les concede la posibilidad de exigir de la autoridad una determinada conducta respecto a sus pretensiones. De tal suerte que la sola presentación de una denuncia o queja ciudadana con motivo de construcciones posiblemente irregulares en espacio públicos, no conlleva a sostener que le otorga un derecho al promovente para exigir de la autoridad una actuación específica en determinado sentido, es decir, la sola posibilidad de presentar una denuncia o queja ciudadana no legitima a su promovente para exigir que se resuelva en uno u otro sentido. De esa manera, dicho acto reclamado no es susceptible de generar un agravio personal y directo a la quejosa, puesto que su participación en el expediente administrativo número 16/2019 que se derivó del procedimiento administrativo de inspección de obra 26939 instaurado con motivo de su escrito de queja de cinco de septiembre de dos mil dieciocho, sólo se limitó a hacer del conocimiento de la autoridad responsable los hechos que considera indebidos en relación con la invasión de la vía pública de la Avenida Sección Regional número 5, Colonia Burócratas en esta ciudad, con motivo de una construcción que refiere colinda en el punto cardinal este y noreste con el inmueble de su propiedad, pero esa situación no le otorga derecho alguno para que la autoridad responsable necesariamente la resuelva en un sentido acorde con sus pretensiones, puesto que es libre de valorarla y determinar lo conducente sobre las infracciones denunciadas. Es oportuno destacar que al resolver la contradicción de tesis 25/2015, en sesión de once de marzo de dos mil quince, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que si el particular está facultado para presentar denuncias o quejas, ello le genera a su vez el derecho subjetivo de que la autoridad ante la que presentó aquélla, le informe lo que aconteció al respecto, sin que ello signifique, de ninguna manera, una transgresión a la facultad exclusiva punitiva con la que cuenta el Estado en materia de responsabilidades, sino que sólo se acata lo establecido en el artículo 16 Constitucional, esto es, que el derecho a interponer denuncias o quejas, implica que la autoridad correspondiente, provea lo conducente respecto a ese ocurso y lo notifique al interesado. De esta manera precisó que el derecho a interponer la denuncia o la queja no tendría sentido, si la autoridad encargada de conocer los hechos no informa al promovente, el destino que le dio a su ocurso o el acuerdo que recayó a su comparecencia; agregó que la facultad de informar a la autoridad competente de hechos que probablemente constituyan alguna responsabilidad administrativa, lleva aparejado el derecho de dar a conocer al interesado lo que al respecto se determine por la autoridad, de manera congruente (sin que ello implique soslayar los presupuestos procesales para la admisión de la denuncia o la queja, ni mucho menos a constreñir a la autoridad competente a ejercer sus facultades de investigación y sanción). Asimismo, indicó que la facultad de denunciar, no termina con el hecho de que se permita al particular presentar su escrito, sino se debe hacer extensiva a que la autoridad quede obligada a dar una respuesta al interesado de manera congruente y que ésta la haga de su conocimiento sin que se vincule a la autoridad a emitir un pronunciamiento en un sentido específico. Por tanto, concluyó que la efectividad del derecho a denunciar se verifica una vez que la autoridad ante quien se interpuso la queja se pronuncie sobre el trámite que dará al ocurso o comparecencia, porque en ese caso, se materializa la voluntad de la autoridad y con ello queda satisfecha la pretensión de la parte quejosa. En el caso, puede advertirse que la autoridad responsable Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipal, ya realizó el pronunciamiento correspondiente, lo anterior, a través del auto admisorio dictado el ocho de febrero de dos mil diecinueve en el expediente administrativo 16/2019, por el que ordenó desahogar el procedimiento respectivo a fin de determinar la situación técnica de la obra consignada en el acta de inspección con número de folio 26939 de once de junio de dos mil dieciocho, y requirió a Cesar y Vicente, de apellidos Vale Trujillo, responsables de la construcción ubicada en calle sección regional, lote 1, de la colonia Burócratas, en esta ciudad, para que dentro del término de cinco días manifestaran lo que a su derecho conviniere, en términos del último párrafo del artículo 337 del Reglamento de Construcciones para el Municipio de Acapulco, Guerrero, asimismo requirió a la Dirección de Licencias, Verificaciones y Dictámenes Urbanos información respecto de la existencia de algún trámite o licencia de construcción referente a la obra en comento, así como al Departamento de Plano Regulador para que hiciera el levantamiento topográfico en el que especificara entre otras cosas si existe o no afectación a un bien de dominio del poder público, anexando un croquis y plano donde se encuentra la obra de mérito, y en su oportunidad dictar la resolución correspondiente. En consecuencia, en el caso concreto es claro y evidente que el quejoso carece de derecho para exigir de la autoridad responsable una determinada conducta acorde con sus pretensiones, relacionada con la queja que presentó, motivo por el cual no puede considerarse que tenga interés jurídico para reclamar la falta de resolución de la queja que promovió y que derivo en el expediente administrativo 16/2019. En relación con lo anterior, tampoco podría considerarse que el quejoso cuenta con un interés legítimo para combatir el acto en cuestión, puesto que acorde a las consideraciones que anteceden, no puede sostenerse que el orden jurídico le otorga un derecho a salvaguardar intereses particulares mediante una queja o denuncia ciudadana, sino que solo tiene una facultad para presentar quejas o denuncias, las cuales de actualizarse, sólo pueden ser sancionadas e investigadas por el Estado, por ser una prerrogativa de éste, y no del promovente. Como se anticipó la misma causal se actualiza respecto de la omisión de la mencionada autoridad responsable de dictar las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos con motivo de la invasión a la vía pública en la Avenida Sección Regional Número 5, de la Colonia Burócratas de esta Ciudad de Acapulco, Guerrero, que reclama, en razón que no se desprende una afectación de naturaleza indirecta, la cual debe ser suficiente para establecer en forma indiciaria o aparente que el quejoso realmente sea titular de un derecho humano transgredido, que podría afectarle con la subsistencia de los efectos de dicha omisión. Esto es, no obstante que al narrar los hechos que constituyen los antecedentes de los actos, el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que mediante escritura pública número cuarenta y cinco mil seiscientos cuarenta y nueve de fecha cuatro de junio de mil novecientos noventa, adquirió por contrato de compraventa que celebró con Ángel Peña González con el consentimiento de su esposa Natalia Palacios Rojas, el inmueble o lote marcado con el número I de la manzana I de la colonia Burócratas, en esta ciudad, mismo que en su parte noreste colinda con avenida sección regional número 5 en línea curva, dado que era imperativo que de manera indudable demostrara ser vecina o tener su domicilio precisamente en el lugar en donde reclama la omisión de la responsable de ordenar los asentamientos humanos. Lo anterior, para que de esa manera demostrara la afectación que sobre su persona (interés colectivo) le ocasiona dicha omisión, lo que en el caso no acontece en virtud de que no ofertó prueba idónea de la que pueda advertirse tal circunstancia. Ello en razón de que si bien obra en el sumario copia simple de la escritura pública aludida y sus respectivos anexos, así como del recibo número F-963861 de siete de junio de dos mil dieciocho expedido a su nombre relativo al pago del impuesto predial del periodo 1/2018 al 6/2018, de las constancias de alineamiento, número oficial y uso del suelo números 15826 y 5336 de treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y seis y cuatro de julio de dos mil dieciocho y sus respectivos recibos oficiales de pagos de derechos números 1177562 y F955995, de la solicitud de inspección de siete de junio de dos mil dieciocho y de la constancia de deslinde catastral de diecinueve de julio pasado, tales medios de convicción no son suficientes para acreditar el interés jurídico con que se ostenta, dado que al tratarse de una copia fotostática carecen de valor probatorio; es decir, son producto obtenido mediante métodos técnicos y científicos a través de los cuales es posible alterar la reproducción del original, arreglarla, o en el último de los casos componerla, con la consiguiente incertidumbre que genera a quien ha de establecer su eficacia convictiva o fuerza demostrativa, ante la latente posibilidad de que tal reproducción no corresponda de manera fiel con el documento original. Luego, al resultar ineficaces los medios de convicción allegados se actualiza la causal de improcedencia invocada. Consecuentemente, al actualizarse las causales de improcedencia previstas en las fracciones XII y XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer el presente juicio de amparo, de conformidad con la fracción V del artículo 63 del mismo ordenamiento legal. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, los criterios invocados en el presente asunto no obstante que fueron integrados conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 185/2019, promovido por Felipe Jaime Salgado Ojeda, contra los actos y las autoridades precisados en el resultando primero de esta resolución, en términos de lo expuesto en sus considerandos tercero y último. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.
- Principal
VISTOS; para pronunciar sentencia, los autos del juicio de amparo número 185/2019. R E S U L T A N D O PRIMERO... Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 185/2019, promovido por Felipe Jaime Salgado Ojeda, contra los actos y las autoridades precisados en el resultando primero de esta resolución, en términos de lo expuesto en sus considerandos tercero y último. Notifíquese personalmente,
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