Felipe Genaro Silverio Guzmán
Expediente 581/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 12 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 581/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 16/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Felipe Genaro Silverio Guzmán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Acapulco, Guerrero; dieciséis de octubre de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos el oficio de cuenta signado por el Magistrado Presidente de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Chilpancingo, a través del cual, informa que recibió el oficio 17746/2018, por el que se le notificó el proveído de cinco de octubre de este año. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero; cinco de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción IV, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, con excepción de la demanda y sentencia respectiva, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase contar lo anterior en su carátula. Finalmente, ya que de autos se advierte que la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, remitió copias certificadas del toca civil 180/2018, y dado que las mismas resultan innecesarias que continúen a disposición de este juzgado, por tanto, remítanse a su lugar de origen. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero; dos de octubre de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos el oficio de cuenta signado por el Magistrado Presidente de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, a través del cual, informa que recibió el oficio 16607/2018, por el que se le notificó la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
NOTIFICACIÓN PERSONAL POR MEDIO DE LISTA A LA PAERTE QUEJOSA DE LA SENTENCIA AUTORIZADA EL dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, QUE DICE: " VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 581/2018, promovido por Felipe Genaro Silverio Guzmán, contra actos de la Sala Civil del H. Tribunal Superior de Justicia en el Estado; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO.- Por escrito presentado el diecinueve de junio de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Civil y del Trabajo en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, turnado al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil y del Trabajo del Vigésimo Primer Circuito al día siguiente, Felipe Genaro Silverio Guzmán, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Sala Civil del H. Tribunal Superior de Justicia en el Estado, que hizo consistir en: ".IV. Acto reclamado: De la Sala Civil del H. Tribunal Superior de Justicia en el Estado, reclamo la resolución de fecha tres de mayo del año en curso, dictada en el toca civil número 180/2018, instaurado con motivo del recurso de apelación que el suscrito hizo valer en contra de la interlocutoria dictada por el Juez Quinto del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, con fecha veinticinco de enero del año en curso, misma en la que se aprueba que el adeudo por concepto de capital insoluto, intereses ordinarios, intereses moratorios, así como el impuesto al valor agregado de intereses ordinarios y moratorios, calculados al día 13 de febrero del año dos mil diecisiete, es la cantidad de $1,027,420.10, en el juicio ordinario mercantil expediente 359-1/2014 que promueve Banco Mercantil Banorte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, en contra del suscrito." Por violación en las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto el referido Tribunal Colegiado, mediante auto de veinticinco de junio de dos mil dieciocho se declaró incompetente para conocer sobre la demanda en comento, en virtud de que la vía correcta para demandar el amparo es la indirecta, por lo que ordenó remitir los autos al Juzgado de Distrito con sede en la ciudad de Chilpancingo en turno, para que proveyera lo conducente. Mediante oficio número 3120/2018 de veinticinco de junio de dos mil dieciocho, fue remitida a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero con sede en Chilpancingo, el cual fue recibido el veintisiete de junio de dos mil dieciocho, y turnada al Juzgado Primero de Distrito el mismo día, el cual por auto de veintiocho de junio de dos mil dieciocho, se declaró incompetente por razón de territorio, en razón de que corresponde conocer del presente juicio al Juez de Distrito residente en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, por lo que ordenó remitirla al Juzgado de Distrito con residencia en esta ciudad en turno. Por oficio número 16711/2018 de veintiocho de junio de dos mil dieciocho, la demanda en comento fue remitida a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero con sede en esta ciudad, mismo que fue recibido el dos de julio del presente año y turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día. SEGUNDO. Por auto de tres de julio de dos mil dieciocho, este juzgado federal aceptó la competencia para conocer del presente asunto y admitió a trámite la demanda de amparo, sin solicitar informe justificado a las autoridades responsables en virtud de que de las constancias remitidas se aprecia que ya había sido rendido; se tuvo como tercera interesada a Banco Mercantil Banorte, Sociedad Anónima Institución Bancaria Múltiple, Grupo Financiero Banorte; la cual fue emplazada, por conducto del Actuario adscrito a este juzgado, se dio la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, quien no formuló pedimento, señalándose fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se reclama la resolución dictada dentro del recurso de apelación interpuesto en contra de la interlocutoria dictada dentro del incidente de ejecución de convenio promovido en autos de un juicio ejecutivo mercantil, cuya ejecución tendrá lugar dentro del territorio en el cual este Juzgado ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el quejoso reclama de la autoridad responsable la sentencia de fecha tres de mayo de dos mil dieciocho, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en autos del toca número 180/2018, mediante la cual resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra de la interlocutoria de fecha veinticinco de enero de dos mil dieciocho, dictada por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, dentro del incidente de ejecución del convenio judicial celebrado en autos del juicio ejecutivo mercantil número 355/2015-2. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Magistrado Presidente de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, mediante oficio 699 (foja 10), al rendir su informe justificado manifestó que es cierto el acto que se le reclama; remitiendo en su apoyo el toca 180/2018, las cuales por tratarse de actuaciones judiciales, adquieren pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo que conforme a lo que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por cierto el acto atribuido a la autoridad responsable. CUARTO. Oportunidad de la demanda. La quejosa fue notificada de la resolución reclamada el cinco de junio de dos mil dieciocho, la cual surtió efectos al día siguiente hábil, que fue el seis de junio, de conformidad con el artículo 1075 del Código de Comercio, por tanto el término de quince días establecido en el numeral 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo, le transcurrió del siete al veintisiete siguiente, descontándose los días nueve, diez, dieciséis, diecisiete, veintitrés y veinticuatro de junio del presente año, por haber sido inhábiles; de ahí que, si la demanda fue presentada el veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, su interposición fue oportuna, pues fue presentada incluso, en fecha anterior a que surtiera efectos la notificación del acto reclamado. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Previo al estudio de los conceptos de violación, conviene destacar los antecedentes del acto reclamado, los cuales se desprenden de las constancias que remitieron las autoridades responsables con su informe justificado. 1.- En el juicio ejecutivo mercantil de controversia, promovido por Banco Mercantil Banorte, Sociedad Anónima Institución Bancaria Múltiple, Grupo Financiero Banorte en contra de Felipe Genaro Silverio Guzmán, expediente 355/2015-2, tramitado ante el Juzgado Segundo de Primer Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, el dos de marzo de dos mil dieciséis, se ratificó el convenio judicial de reconocimiento de adeudo de esa misma fecha, celebrado entre las partes anteriormente citadas, mismo que fue elevado a la categoría de sentencia definitiva, asimismo, en fecha catorce de marzo siguiente, se ratificó el adendum de esa misma fecha, realizado con motivo del convenio antes citado. 2.- La parte actora mediante escrito presentado el veintisiete de junio de dos mil diecisiete, promovió Incidente de ejecución del convenio de reconocimiento de adeudo y transacción judicial y su adendum, el cual fue admitido a trámite por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, y resuelto mediante interlocutoria dictada el veinticinco de enero de dos mil dieciocho, en la cual aprobó la cantidad de un millón veintisiete mil cuatrocientos veinte pesos 00/100 M.N. por concepto de capital insoluto, intereses ordinarios, intereses moratorios, así como el impuesto al valor agregado de ambos, calculados al trece de febrero de dos mil diecisiete. 3.- Inconforme con lo anterior el demandado Felipe Genaro Silverio Guzmán, interpuso recurso de apelación el cual fue radicado por la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, bajo en número de toca 180/2018, por lo que el tres de mayo de dos mil dieciocho, dictó sentencia en la cual confirmó la sentencia interlocutoria descrita en el punto inmediato anterior. La resolución de apelación en comento constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. SEXTO. Estudio del asunto. En los conceptos de violación el quejoso aduce, en esencia, que: La sentencia apelada viola lo establecido por los artículos 1985 y 1987 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Guerrero número 364, la mora del deudor se actualiza solamente cuando la prestación es incumplida por causa imputable a él, sin embargo, que ésta no se constituye estando en presencia de obligaciones no expresadas en cantidades líquidas hasta en tanto las mismas no sean liquidadas por el acreedor. Lo anterior en virtud de que en la especie, el cálculo de los intereses devengados por el crédito en que se funda la acción de la actora requiere de una operación aritmética compleja que involucra el conocimiento de indicadores financieros de diversa índole, misma que debió ser realizada por el propio acreedor y posteriormente notificarla al deudor, por lo que al no haber acontecido de esa forma, no es posible considerar que se constituyó la mora para el cobro de los intereses correspondientes. El reclamo de los intereses que hace su contraparte es improcedente por oscuro en virtud de que se establecieron diversos sistemas para la determinación de la tasa de interés, y el acreedor omitió precisar en cuál de esos sistemas era reclamado el pago correspondiente, razón por la cual debió absolvérsele del pago de dichos intereses, debiendo estarse a los intereses del tipo legal (6% anual). Existe una doble reclamación de intereses, lo cual contraviene lo establecido por los artículos 362 y 363 del Código de Comercio, así como 152, fracción II y 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en razón de que los intereses ordinarios y los moratorios no pueden devengarse simultáneamente por tener una naturaleza distinta. Los intereses moratorios son nulos en virtud de que éstos revisten la cualidad jurídica de pena convencional por tener una naturaleza indemnizatoria y ser pactados para el caso de que la obligación se incumpla o no se cumpla del modo convenido, por lo que si la pena convencional no puede pactarse en la cuantía de la suerte principal, la estipulación de los intereses moratorios de tres veces la tasa ordinaria, debe ser declarada nula. Los intereses a cuyo pago fue condenado, son constitutivos de usura por ser excesivos, señalando que el artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito es inconvencional al no restringir la estipulación de intereses moratorios excesivos. Lo aducido por el quejoso deviene inoperante, ya que como son los mismos argumentos que hizo valer en sus agravios al interponer el recurso de apelación en contra de la sentencia interlocutoria de fecha veinticinco de enero de dos mil dieciocho, dictada por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, en el incidente de ejecución de convenio judicial, relativo al juicio ejecutivo mercantil con número de expediente 355/2015-2, en la que se condenó al pago de diversas cantidades a la parte demandada. (Fojas 378 a 379 del tomo I de pruebas). En efecto, consta que la quejosa, al interponer el recurso de apelación contra de la sentencia interlocutoria de fecha de veinticinco de enero de dos mil dieciocho, dictada por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, planteó como agravios exactamente los mismos argumentos que los aducidos en el escrito de la demanda que dio origen al presente juicio; en efecto, lo expresado como conceptos de violación constituyen una transcripción literal de los agravios hechos valer en el escrito de interposición del recurso de apelación -fojas 396 a 406 del tomo I de pruebas-. En relación con esos motivos de inconformidad, la sala responsable, en la resolución señalada como acto reclamado, al abordar el estudio del tema desestimó los argumentos relativos, declarándolos infundados por las consideraciones expuestas en la sentencia mediante la cual se resolvió el recurso de apelación -fojas 416 a 440 del tomo I de pruebas-, pues adujo en esencia lo siguiente: No existe violación a los artículos 1985 y 1987 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, en virtud de que en la cláusula séptima del convenio de reconocimiento de adeudo y transacción judicial las partes convinieron que en caso de incumplimiento de la obligación de pago, se daría por vencido el plazo de manera anticipada sin necesidad de notificación alguna. El crédito reclamado no es ilíquido, puesto que en el propio convenio y su adendum se pactaron los pagos de las amortizaciones que debería cumplir el deudor en cantidades líquidas. En cuanto a la oscuridad del sistema de intereses estipulado, sostiene que los intereses ordinarios y moratorios que fueron pactados por las partes tienen orígenes distintos, pues los primeros tienen su fundamento en lo establecido en el contrato, y lo segundos surgen con motivo del incumplimiento de dichas obligaciones, lo cual no implica que no puedan generarse simultáneamente. Asimismo, señala que ambas partes manifestaron su conformidad en cuanto a la obligación contraída respecto a los intereses, sin que hubiera mediado ningún vicio de la voluntad. Respecto de la manifestación que hace el apelante en cuanto a que los intereses pactados son excesivos, señala que no existe elemento alguno en autos que acredite que los intereses pactados sean usurarios, puesto que ellos no exceden del treinta y siete por ciento anual, establecido en la Legislación Penal para el Estado de Aguascalientes, precepto legal que toma como base para determinar un porcentaje certero y eficaz para la salvaguarda del derecho humano a la propiedad privada establecido por el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en razón de que la legislación aplicable no establece una debida limitación al establecimiento de intereses, por tanto, si los intereses ordinarios se pactaron a una tasa anual de nueve punto cinco por ciento, lo cierto es que ellos no tienen naturaleza usuraria. En ese orden de ideas, de las consideraciones vertidas en la referida sentencia, se constata que la sala responsable contestó los agravio que expuso la hoy parte quejosa al interponer el recurso de apelación en contra de la sentencia interlocutoria de fecha veinticinco de enero de dos mil dieciocho, dictada por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, inconformidades que son reiteradas de manera literal en el presente juicio de garantías en los conceptos de violación -en virtud de que los conceptos de violación consisten en una transcripción literal de los agravios del recurso de apelación-, sin que se desprenda que el peticionario de amparo exponga motivos conforme a los cuales pueda considerarse que en la resolución señalada como acto reclamado se vulneran las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, ya que como se desprende de líneas anteriores, el tribunal de apelación dio contestación a sus agravios, sin que el quejoso ataque las consideraciones expuestas por la sala y, en esa medida, deberán seguir rigiendo el sentido del fallo reclamado. Son aplicables en lo conducente las siguientes jurisprudencias: Época: Novena Época Registro: 192315 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Marzo de 2000 Materia(s): Común Tesis: II.2o.C. J/11 Página: 845 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES SI SON UNA REPETICIÓN DE LOS AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. Si los conceptos de violación son una reiteración, casi literal de los agravios invocados por el hoy quejoso en el recurso de apelación ante la Sala responsable, ya que sólo difieren en el señalamiento del órgano que emitió la sentencia, pues en los agravios se habla del Juez de primer grado o Juez a quo y en los conceptos de violación de los Magistrados o de la Sala o autoridad ad quem; entonces, debe concluirse que los denominados conceptos de violación son inoperantes por no combatir las consideraciones de la responsable al resolver tal recurso, que es el objetivo de los conceptos de violación en el amparo directo civil. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO. Asimismo, resulta aplicable la siguiente jurisprudencia: Época: Novena Época Registro: 175651 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Marzo de 2006 Materia(s): Común Tesis: IX.2o. J/11 Página: 1789 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN AMPARO DIRECTO. LO SON AQUELLOS QUE SÓLO REPRODUCEN LOS AGRAVIOS ADUCIDOS EN SEGUNDA INSTANCIA. Si lejos de controvertir las razones por las cuales la Sala responsable desestima los agravios que formuló ante ella, el quejoso se concreta a reproducir fundamentalmente lo que alegó en segunda instancia, es inconcuso que sus conceptos de violación devienen inoperantes. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO. Consecuentemente, al haberse declarado inoperantes las manifestaciones expuestas por la parte quejosa en sus conceptos de violación, sin que se advierta hipótesis que amerite queja deficiente que haya de suplirse, de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Amparo lo procedente es negar el amparo. Por lo que respecta a los alegatos del tercero interesado se considera innecesario su análisis y estudio, en el entendido de que los alegatos no formaron parte de la litis, más aún porque este Juzgado Federal determinó negar el amparo al quejoso. Lo anterior adquiere sustento en la siguiente jurisprudencia: Época: Octava Época Registro: 205449 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 80, Agosto de 1994 Materia(s): Común Tesis: P./J. 27/94 Página: 14 ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a Felipe Genaro Silverio Guzmán, por propio derecho, contra el acto que reclamó de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que quedó precisado en el considerando segundo de este fallo y por las razones asentadas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.
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