Felipe Humberto García Luis
Expediente 1817/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1817/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 31/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Felipe Humberto García Luis
Actuaciones
- Principal
El treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, el suscrito Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado CERTIFICA: Que se encuentran fijadas las once horas del día de hoy, para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo; asimismo que el Titular de este Órgano Jurisdiccional cuenta con licencia concedida por el Consejo de la Judicatura Federal; pues de conformidad con lo dispuesto por el artículo 43, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Secretario encargado del despacho únicamente está facultado para practicar las diligencias y dictar las providencias de mero trámite, así como las resoluciones de carácter urgente. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que se encuentran señaladas las once horas del día de hoy para la celebración de la audiencia constitucional en el presente expediente; y tomando en consideración que el Titular de este Órgano Jurisdiccional cuenta con licencia concedida por el Consejo de la Judicatura Federal; y toda vez que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 43, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Secretario encargado del despacho únicamente está facultado para practicar las diligencias y dictar las providencias de mero trámite, así como las resoluciones de carácter urgente; por tanto, lo procedente es diferir la audiencia de mérito, fijándose las once horas con veinte minutos del veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, para que tenga verificativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Álvaro Augusto Álvarez Rendón, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por licencia del titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. Ale Moreno
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas con cincuenta minutos del dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de derechos 29/2018, estando en audiencia pública Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Norma Jessica Solis Muñoz, secretaria que autoriza y da fe; con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, inicia su celebración, sin contar con la asistencia de las partes. Abierta la audiencia, la secretaria da lectura de la demanda de amparo, de los informes justificados rendidos por el Congreso del Estado de Zacatecas (por conducto del director de Procesos Legislativos y Asuntos Jurídicos) (fojas 71-113), Gobernador del Estado de Zacatecas (a través del coordinador General Jurídico) (fojas 36-60) y, secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas (fojas 131-183). A lo que el juez determina: Téngase hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. A continuación, en el período de pruebas, la secretaria da cuenta con las documentales ofrecidas por la quejosa con su escrito de demanda (foja 24 a 26); asimismo, con el cd que envió la legislatura responsable (foja 114) y las documentales que anexó el Secretario de Finanzas (fojas 184 y 329), en apoyo a sus informes justificados, y con la presuncional en su doble aspecto legal y humana; así como, la instrumental de actuaciones, que ofrecieron tanto el secretario responsable, como la quejosa (fojas 182 y 20) . El juez acuerda: en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse desahogadas las pruebas referidas, en atención a su propia y especial naturaleza. En el periodo de alegatos, la secretaria relaciona los formulados por la representación social de la adscripción en los pedimentos visibles a fojas 62 a 65, 116 a 125 y 192 a 199. El juez acuerda: En términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen vertidos los argumentos referidos y perdido el derecho de las demás partes para expresarlos. En consecuencia, no existiendo más diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente acta en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. titrés de abril de dos mi V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 29/2018; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el quince de enero de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Susana Patricia Villa de Luna demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridades que enseguida se describen: Autoridades responsables: Gobernador del Estado de Zacatecas. Legislatura del Estado de Zacatecas. Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas. Acto reclamado: "A través de la presente demanda de amparo, se reclama el decreto número 273, por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado de Zacatecas, de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, de la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, de la Ley de los Derechos y Defensa del Contribuyente del Estado de Zacatecas y sus Municipios, de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública del Estado de Zacatecas y sus Municipios, en específico del artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas vigente a partir del 01 de enero de 2018 y de los efectos que causa en los artículos 78, 79, 80, 81 y 82 de la misma Ley de Hacienda, Lo anterior, toda vez que los artículos 78, 79, 80, 81, 82, y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, constituyen una verdadera unidad o sistema normativo, cuya base tributaria se vincula directamente con el artículo 99 de la referida Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas. En estos términos, se reclama de cada una de las autoridades responsables lo siguiente: Del Congreso del Estado de Zacatecas: La discusión, aprobación, sanción y expedición de los artículos contenidos en el Decreto Número 273, por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado de Zacatecas, de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, de la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, de la Ley de Derechos y Defensa del Contribuyente del Estado de Zacatecas y sus municipios, de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública del Estado de Zacatecas y sus municipios, en específico del Artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas y de los efectos que causa en los artículos 78, 79, 80, 81 y 82 de la misma Ley de Hacienda Del Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas: La promulgación y publicación del Decreto Número 273, por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado de Zacatecas, de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, de la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, de la Ley de Derechos y Defensa del Contribuyente del Estado de Zacatecas y sus municipios, de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública del Estado de Zacatecas y sus municipios, en específico del Artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas y de los efectos que causa en los artículos 78, 79, 80, 81 y 82 de la misma Ley de Hacienda Del Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas: La recaudación del impuesto adicional para la infraestructura y del derecho por servicio de control vehicular." Actos que, a su parecer resultan violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16, 25 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas y, en proveído de diecisiete de enero de dos mil dieciocho se admitió a trámite por las autoridades y actos señalados en el escrito inicial, por lo que se solicitó los informes justificados; se dio la intervención legal que por derecho corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo el dieciséis de mayo de esta anualidad, en la que se dictó la sentencia correspondiente (fojas 200-226). TERCERO. La anterior resolución fue recurrida por el Gobernador del Estado, y en sesión de doce de septiembre de este año, el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, en el amparo en revisión administrativo 281/2018, resolvió revocar la sentencia recurrida y ordenó reponer el procedimiento, para el efecto de dejar insubsistente la audiencia constitucional de dieciséis de mayo de dos mil dieciocho y requerir al Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, para que informara si obraba en sus archivos, recibo en el que constara de manera fehaciente, el pago realizado por la parte quejosa del impuesto adicional para la infraestructura en fechas anteriores a enero de dos mil dieciocho, y en su caso, remitiera copia certificada de las constancias que lo acreditaran. CUARTO. En cumplimiento a esa resolución, el quince de agosto de esta anualidad, este órgano jurisdiccional ordenó reponer el procedimiento, y requirió al Secretario de Finanzas en los términos señalados por el referido Tribunal Colegiado (foja 316). En atención a lo anterior, por oficio PF/3869/18 dicha autoridad comunicó que la prueba fehaciente y necesaria para acreditar la causal de improcedencia invocada por dicha responsable obraba en el informe justificado rendido con anterioridad, sin embargo anexó el Comprobante Fiscal Digital con número de folio X 464804 a nombre de la parte quejosa (foja 329). Seguido el juicio por sus trámites legales, se fijó fecha para celebrar la audiencia constitucional, la cual se verifica en términos de la presente acta; y ...R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo respecto de los actos precisados en el considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO ampara ni protege a Susana Patricia Villa de Luna, contra los actos que reclamó del Congreso, del Gobernador y del Secretario de Finanzas, todos con sede en esta ciudad, consistente en el artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, vigente a partir del primero de enero de dos mil dieciocho; por las razones y fundamentos expuestos en el considerando octavo de la presente sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Norma Jessica Solis Muñoz, secretaria que autoriza y da fe. Ale Moreno
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 16 DE OCTUBRE DE 2018, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C)DE LA ley e amparo. CUENTA. El dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, se da cuenta con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por Felipe Humberto García Luis, en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de María Inés Luis García, registrada con el folio 21009 y cinco copias que se adjuntan. Con la circunstancia de que el licenciado José Concepción Aguilar Torres (21321907), tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, dieciséis de octubre de dos mil dieciocho. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Felipe Humberto García Luis, en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de María Inés Luis García, contra actos de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el estado de Zacatecas, por considerar que transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en el artículo 16 constitucional. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1817/2018, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DESECHAMIENTO. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se establece el precepto 113 de la Ley de Amparo, de tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del referido precepto legal se advierte que el Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Del estudio de la demanda de garantías y anexo, se advierte que el quejoso reclama: - La interlocutoria de dieciocho de septiembre del año en curso, emitida por la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del estado, con residencia en esta ciudad, dentro de la etapa denominada de "sucesión" del juicio sucesorio testamentario a bienes de María Inés Luis García, dentro del toca 420/2018, que confirmó la negativa de admitir el recurso de apelación contra el auto de veinticinco de junio del año en curso, dictado por la juez Segundo del Ramo Civil de Río Grande, Zacatecas, en el expediente 154/2018. Al respecto, el suscrito estima que se actualiza de modo manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, en atención a las siguientes consideraciones: Los artículos 61 fracción XXIII y 107 fracción V, de la ley de la materia establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" El dispositivo 61, fracción XXIII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República establece que la improcedencia del juicio de amparo no sólo deriva de cada una de las fracciones ahí previstas, sino que puede tener sustento tanto en la Constitución Federal, como en la legislación de amparo. Por su parte, el diverso numeral 107, fracción V, del ordenamiento jurídico invocado en último lugar señala que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Es criterio reiterado de los tribunales federales que los actos de imposible reparación son aquellos que afectan derechos sustantivos, como la libertad, la posesión jurídica, la propiedad, etcétera, tutelados por los derechos humanos, imposible de restituir, incluso ni en el caso de que el interesado obtenga sentencia favorable en el procedimiento jurisdiccional de que se trate. Al respecto es aplicable la jurisprudencia J. 43 29/89 sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, página 291, cuyo rubro y texto son: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Bajo ese contexto, es necesario precisar en primer lugar, cuáles son los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación. Tales actos son aquellos en los que sus consecuencias son susceptibles de afectar materialmente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera. Ahora bien, los denominados derechos adjetivos o procesales sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia I. 4o. C. J/2, visible en la página 827, Tomo: I, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1988, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación cuyo rubro y texto es el siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE, ACTOS DE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B, CONSTITUCIONAL). En la legislación constitucional y secundaria que rige actualmente la procedencia del juicio de amparo contra actos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, la correcta interpretación del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Carta Magna, conduce a determinar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etc., porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. El prototipo de los primeros está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los segundos, se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El diverso concepto de irreparabilidad que se ha llegado a sostener, que se hace consistir en la imposibilidad jurídica de que la violación procesal de que se trate pueda ser analizada nuevamente al dictar la sentencia definitiva, no se considera admisible, dado que contraría la sistemática legal del juicio de garantías, en cuanto que si se sigue al pie de la letra ese concepto, se llegaría a sostener que todos los actos de procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales impiden que las actuaciones que causen estado pueden revisarse nuevamente en una actuación posterior, y esta apertura a la procedencia general del amparo indirecto judicial, pugna con el sistema constitucional que tiende a delimitarlo para determinados momentos solamente; además de que la aceptación del criterio indicado, traería también como consecuencia que hasta las violaciones procesales que únicamente deben impugnarse en el amparo directo fueran reclamables en el indirecto a elección del agraviado, aunque no fueran susceptibles de afectar inmediatamente las garantías individuales, lo que evidentemente no es acorde con la sistemática del juicio constitucional; y por último, desviaría la tutela del amparo hacia elementos diferentes de los que constituyen su cometido, contrariando sus fines y su naturaleza, al ensanchar indebidamente su extensión. A guisa de ejemplos de los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, vale la pena citar el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordenará la intercepción de la correspondencia de una de las partes en las oficinas de correos, el que conminará a una parte para que forzosamente desempeñe un trabajo, el arraigo, etc., pues en los primeros tres casos se pueden afectar las propiedades y posesiones, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo, y en el séptimo la de tránsito; y ninguna de estas afectaciones se podrá reparar en una actuación posterior en el juicio, ya que, verbigracia, en el caso del embargo, el derecho al goce, uso y disfrute de los bienes secuestrados, de que se priva por el tiempo que se prolongue la medida, no se restituye mediante el dictado de una sentencia definitiva favorable, aunque se cancele el secuestro y se devuelvan los bienes; el goce y disponibilidad del numerario pagado por concepto de multa no se puede restituir en el procedimiento; la libertad personal tampoco; la correspondencia interceptada ya no podrá volver a su secreto, etc., y en todos estos supuestos, la posible violación de garantías individuales subsistiría irremediablemente en unos, y en otros se haría cesar hacia el futuro únicamente hasta que se emitiera la sentencia definitiva." Aquí resulta necesario precisar que, como se señaló, en el artículo 107, fracción V, el legislador estableció que los actos de ejecución irreparable" son aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales; lo cual, impide que dentro de ese concepto puedan incluirse actos que produzcan efectos meramente formales, incluso si se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior. De ahí, que si se estima como principio que al operador de la norma no le es dable hacer distingos que su autor no hizo y que además, en este apartado el legislador precisó qué debe entenderse por afectación irreparable (en los términos apuntados), resulta inconcuso que no puede interpretarse para ampliar o variar en cualquier forma ese entendimiento, como ocurriría si se afirmara que ese tipo de afectación incluye lo referente a cuestiones procesales con implicaciones superlativas; tampoco debe hacerse tal ejercicio en búsqueda de un significado, que ya sin duda, fue asignado por el propio legislador y es así, que lo irreparable de actos en juicio para efectos del amparo, solo puede derivar del perjuicio, exclusivamente de lo sustantivo de los derechos y de que éste sea material; sin atender a lo superlativo de cuestiones procesales, porque de otro modo, se contravendría la intención del legislador que expresamente estableció cómo debe entenderse la hipótesis normativa de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente. Por tanto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación" se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. En el caso, el promovente combate la interlocutoria de dieciocho de septiembre del año en curso, emitida por la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del estado, con residencia en esta ciudad, dentro de la etapa denominada de "sucesión" del juicio sucesorio testamentario a bienes de María Inés Luis García, dentro del toca 420/2018, que confirmó la negativa de admitir el recurso de apelación contra el auto de veinticinco de junio del año en curso, dictado por la juez Segundo del Ramo Civil de Río Grande, Zacatecas, en el expediente 154/2018. En este contexto, es dable sostener que el juicio constitucional indirecto resulta improcedente, toda vez que el acto reclamado, no constituye un acto que tenga una ejecución de imposible reparación, ya que no afecta materialmente derechos sustantivos, tales como la propiedad, libertad, posesión, etcétera, sino únicamente derechos procesales de la impetrante de garantías; porque aún no se ha llevado a cabo la junta para dar lectura al testamento público abierto, reconocimiento de herederos y designación del cargo de albacea, dentro de los autos del juicio sucesorio testamentario 154/2018, a bienes de María Inés Luis Garcí; habida cuenta que al concluir la primera sección denominada "De sucesión" en el juicio intestamentario, ésta puede obtener sentencia favorable a sus intereses. Esto se considera así, pues de conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, el juicio de amparo indirecto resulta improcedente contra los actos en el juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, como en el caso acontece, pues el impugnado en este vía no es un acto que lleve en sí mismo una ejecución de imposible reparación, toda vez que no causa algún daño jurídico que no sea reparable, que produzca afectación material, directa e inmediata en los derechos sustantivos del quejoso protegidos por las garantías constitucionales y cualquier afectación que pudiera resentir, dependerá de actuaciones posteriores que se deben verificar dentro del procedimiento de origen. Lo anterior, puesto que como se dijo, el acto impugnado por el impetrante no es de aquellos que afectan materialmente algunos de los derechos fundamentales o sustantivos del gobernado tutelados por la Constitución General de la República a través de las garantías individuales, sino que se trata de una violación de carácter intraprocesal que no causa un perjuicio de imposible reparación, pues ello sólo podrá ocurrir en caso de que dichas violaciones trasciendan en el resultado del fallo que ponga fin a la primera sección denominada "De sucesión" en el juicio sucesorio intestamentario y, de ser así, esas transgresiones podrán ser motivo de impugnación en el juicio amparo indirecto que se promueva en contra de la última resolución que se dicte en dicha etapa. Apoya a lo anterior, la tesis I.3o.C.439 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1546, Tomo XIX, Enero de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. ES DE CARÁCTER UNIVERSAL Y PROCEDE AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE DECIDEN EL FONDO DE LAS TRES PRIMERAS ETAPAS DE DECLARACIÓN DE HEREDEROS, INVENTARIOS Y AVALÚOS Y DE ADMINISTRACIÓN, O QUE SEAN UN OBSTÁCULO PARA SU CONCLUSIÓN. La sucesión constituye un juicio de carácter universal y de naturaleza peculiar, puesto que en el proyecto de partición, el objeto principal es liquidar un patrimonio y adjudicarlo a una persona determinada, componiéndose de cuatro etapas: la de sucesión (que en su caso comprende declaración de validez del testamento, reconocimiento de derechos hereditarios o declaratoria de herederos y, nombramiento y remoción de albacea e interventores, así como de tutores); la de inventarios y avalúos; la de administración; y el juicio finaliza con una sentencia que se pronuncia en la cuarta y última sección, denominada de partición y adjudicación, que guarda relación con las tres anteriores, en tanto que la adjudicación se realiza a favor del declarado heredero y se transmite formalmente la propiedad de los bienes inventariados y valuados, atendiendo, en su caso, a las cuentas de la administración aprobadas durante la sección respectiva; sin embargo, conforme al principio de preclusión inherente a todo proceso judicial, al aprobarse la partición y declararse la adjudicación ya no es posible volver a analizar la totalidad de las actuaciones efectuadas dentro del juicio, sino que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado mediante la resolución especial correspondiente, que adquiere firmeza para quienes son llamados al juicio sucesorio y tuvieron intervención como herederos; por tanto, las violaciones procesales habidas durante cada sección no son impugnables en el juicio de amparo indirecto, porque éste solamente procede contra la que decide el fondo de esa sección o representa un obstáculo para su conclusión, y excepcionalmente procederá la acción de amparo contra resoluciones que guarden autonomía o independencia de la resolución que ponga fin a la sección correspondiente." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2143, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 2483, Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común, Segunda Parte-TCC Séptima Sección-Procedencia del amparo directo, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. LAS VIOLACIONES PROCESALES OCURRIDAS DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE LAS TRES PRIMERAS SECCIONES PREVISTAS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE PUEBLA ABROGADO SON RECLAMABLES EN EL AMPARO INDIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LES PONGA FIN. Si se parte de la base de que los juicios sucesorios intestamentarios sustanciados al tenor de las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, constan de cuatro secciones; que cada una de ellas concluye con una resolución o sentencia; y que la pronunciada en las tres primeras, correspondientes a la declaración de herederos, inventarios y avalúos, y de administración son reclamables en amparo indirecto que se promueva contra el fallo definitivo que se pronuncie, resulta evidente que las violaciones procesales que pudieren haber ocurrido durante la sustanciación de esas secciones, serán reclamables en esta vía, cuando se promueva el juicio biinstancial contra la resolución definitiva que las concluya y decida en cuanto al fondo." En ese tenor, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 del mismo ordenamiento, lo procedente es desechar de plano la presente demanda, promovida por Felipe Humberto García Luis, en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de María Inés Luis García. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se hace del conocimiento de las partes que se les permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. AUTORIZADOS Y DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como autorizado para recibir notificaciones con las amplias facultades que confiere el artículo 12, de la ley de la materia al licenciado José Concepción Aguilar Torres, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y como domicilio para tal fin el ubicado en calle Privada Opalo, número setenta y cuatro (74), fraccionamiento Mina Azul, en Guadalupe, Zacatecas. Por otra parte, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe. Karla
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