Felipe de la Torre Salazar
Expediente 1810/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 10 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1810/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 23/02/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Felipe de la Torre Salazar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, a veintitrés de febrero de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta asentada por el Secretario, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este Juzgado el tres de febrero del año en curso, en la que se concedió al quejoso Felipe de la Torre Salazar, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; en tal virtud, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Por otra parte, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, sin que sea el caso requerir por el cumplimiento de la sentencia de mérito a la autoridad responsable Gobernador Constitucional del Estado, con sede en esta ciudad; lo anterior, toda vez que mediante proveído de diecinueve del mes y año en curso, se recibió el oficio sin número registrado por este Juzgado con el ordinal 3454, al que se adjuntaron las constancias relativas al escrito de doce de febrero actual, por el que se dio respuesta a la petición del quejoso cuya omisión constituyó el acto reclamado dentro del presente sumario, así como de la cédula de notificación de diecisiete del propio mes y año. Con lo anterior, DESE VISTA a la parte quejosa, para que dentro del término de TRES DIAS, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga, bajo apercibimiento que de no hacer manifestación alguna al respecto, este Juzgado con base a los documentos que obren en autos, se pronunciará sobre el cumplimiento que en su caso haya otorgado dicha autoridad responsable al fallo constitucional. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA y MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, en funciones de Juez de Distrito, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante el licenciado Javier Gutiérrez Zúñiga, Secretario que autoriza.- Doy fe. Olivia
- Principal
En diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, se da cuenta al Secretario en funciones de Juez con un oficio registrado con el número 3454, con anexos que se acompañan.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de febrero de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta que remite la Delegada de la autoridad responsable Gobernador del Estado, con sede en esta ciudad; y toda vez que la oficiante remite las constancias por las que se da cumplimiento a la sentencia dictada dentro del presente sumario, resérvese acordar sobre su contenido, para una vez que cause ejecutoria dicho fallo protector. NOTIFIQUESE. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante el licenciado Javier Gutiérrez Zúñiga, Secretario que autoriza y da fe. Olivia ¡¡¡¡¡¡ PEGA TODO AQUÍ!!!!!!!
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1810/2015; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el veintiocho de septiembre de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, FELIPE DE LA TORRE SALAZAR, por su propio derecho, formuló demanda de amparo indirecto, contra el Gobernador del Estado de Zacatecas, por los actos que enseguida se precisan: "IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: Reclamo la falta de respuesta a mi petición de fecha 21 de julio de 2015, recibida en su oficina de Jefatura de Oficina el día 22 del mismo mes y año, como se aprecia del sello de recibo." SEGUNDO. ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES VIOLADOS. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales transgredidos, el contemplado en el artículo 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que, su Titular dictó proveído el veintinueve de septiembre de dos mil quince, en que ordenó: su admisión y su registro bajo el expediente 1810/2015; pedir informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se ordenó dar intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. AMPLIACIÓN (PRIMERA) DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. Mediante escrito presentado el veintiuno de octubre de dos mil quince (fojas 29 a 34), en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, y remitido a este Juzgado al día siguiente, el quejoso promovió ampliación de la demanda contra la misma autoridad responsable y señaló como acto reclamado lo siguiente: "IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: Reclamo el contenido del oficio de fecha 12 de febrero de 2015, en virtud de que la respuesta que da es evasiva y no resuelve sobre lo peticionado." TERCERO. AMPLIACIÓN (SEGUNDA) DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. Mediante escrito recibido el ocho de diciembre de dos mil quince (fojas 58 a 63), en la Oficialía de Partes de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, el quejoso promovió nuevamente ampliación de la demanda contra la misma autoridad responsable y señaló como acto reclamado lo siguiente: "IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: Reclamo el contenido del oficio número 0912/2015, de fecha 10 de noviembre de 2015, en virtud de que la respuesta no es completa a todo lo peticionado en mi escrito de fecha 21 de julio de 2015, además de ser ambigua y evasiva." Finalmente se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O : I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para fallar en definitiva en el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 y 54, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por reclamarse actos de ejecución de autoridades residentes dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión y existencia del acto reclamado. II. 1. Precisión. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, en términos de las tesis, "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.." En ese sentido, de una lectura integral del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional, consisten en: a) La omisión de dar contestación a la petición presentada el veintidós de julio de dos mil quince, a fin de que el Gobernador del Estado de Zacatecas le indicara a qué dependencia estatal o federal llevó a cabo la planeación, ejecución y financiamiento del Libramiento Oriente Zacatecas-Tlaltenango, mejor conocido como libramiento Jerez, así como su autorización. b). El contenido del oficio de doce de febrero de dos mil quince, en virtud de que la respuesta que se da es ambigua, evasiva y no resuelve lo peticionado. c). El contenido del oficio número 0912/2015 de diez de noviembre de dos mil quince, en virtud de que la respuesta no es completa a todo lo peticionado en el escrito de veintiuno de julio de dos mil quince, además de ser ambigua y evasiva. II. 2. Inexistencia, certeza o presunción del acto reclamado. Una vez determinado cuáles son los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción de los mismos, tal y como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis del rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." II. 2. 1. Certeza: La autoridad responsable, Gobernador del Estado de Zacatecas, por conducto del coordinador general jurídico, al rendir el primero de sus informes justificados, manifestó que no era cierto el acto reclamado toda vez que el ocho de octubre de dos mil quince, canalizó la solicitud del quejoso a la Dirección General del Centro Estatal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con número de folio GS-78093, sin embargo esa negativa queda desvirtuada virtud a que a lo peticionado por el quejoso no se le dio respuesta. Por otra parte, al rendir su segundo informe justificado (fojas 47 a 57), reconoció que es cierto el acto reclamado consistente en el contenido del oficio de doce de febrero de dos mil quince, que sin embargo, el veinticinco de noviembre de dos mil quince, le fue notificado al quejoso el oficio signado por el coordinador General Jurídico, por el cual le dio respuesta fundada y motivada. Y, finalmente, en el tercer informe justificado reconoció también la existencia del acto reclamado (fojas 68 a 73). Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." III. Procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo a lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis cuyo rubro es: "IMPROCEDENCIA.." Al no existir causa de improcedencia planteada por las autoridades responsables, ni advertida de manera oficiosa por este órgano jurisdiccional se procede examinar el fondo del asunto. IV. Litis constitucional. IV.1. Conceptos de violación. Su falta de trascripción no transgrede las normas que regulan el procedimiento en el juicio de amparo, al no ser un requisito exigido por el artículo 74 de la Ley de Amparo, lo cual se corrobora con la tesis del rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer ". De la lectura integra del capítulo de conceptos de violación de su escrito de demanda, se advierte que el quejoso FELIPE DE LA TORRE SALAZAR, reclama de la autoridad responsable Gobernador del estado de Zacatecas, violación al artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que no ha dado respuesta a la solicitud que le fue realizada el veintidós de julio de dos mil quince, no obstante el tiempo transcurrido. V. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Es fundado el concepto de violación en que se aduce que se viola en su perjuicio el artículo 8° constitucional, pues ha transcurrido un tiempo prudente, desde que se recibió su petición (veintidós de julio de dos mil quince) a la fecha en que se presentó la demanda de amparo (veintiocho de septiembre de dos mil quince), sin que haya existido contestación, no obstante que la autoridad tiene la obligación de hacerlo por escrito y en breve término. En efecto, de autos se advierte que el acto reclamado en esta instancia constitucional en realidad vulnera la garantía prevista en el artículo 8º constitucional, porque la autoridad responsable no ha dado respuesta congruente con lo solicitud que le fue formulada por el quejoso mediante escrito de veintidós de julio de dos mil quince. Ahora bien, a fin de evidenciar la violación constitucional aquí destacada, es pertinente tomar en consideración el imperativo contenido en el artículo 8° de nuestra Ley Fundamental, que dispone: "Artículo 8°. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. (.)." El precepto constitucional transcrito, consagra la garantía de seguridad jurídica conocida como "derecho de petición" que impone la obligación a las autoridades (funcionarios y empleados públicos), a quienes se dirija la petición correspondiente, contestarla mediante acuerdo por escrito y dar a conocer la respuesta en breve término al peticionario. Así las cosas, de lo antes expuesto, se logran evidenciar los siguientes requisitos para que se cumpla con el derecho de petición y que son: 1. La presentación de una solicitud por escrito o verbal ante una autoridad, en forma pacífica y respetuosa; 2. Que en tal solicitud se pida algo, es decir, que la petición elevada a la autoridad contenga la solicitud de una conducta de dar o de hacer a la que el peticionario estima tener derecho o que la autoridad se pronuncie sobre determinada situación que corresponda a su competencia; 3. Que a tal petición deberá recaer una contestación también por escrito, congruente con lo solicitado; y 4. Que la respuesta al derecho de petición deberá ser notificada al peticionario, lo cual deberá quedar debidamente probado por la autoridad ante quien se presentó la solicitud. Asimismo, es importante destacar, que el breve término es aquél en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis cuyo rubro y texto son: "PETICION, DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO. La expresión "breve término" a que se refiere el artículo 8 constitucional, es aquél en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse." Luego, si el Gobernador del Estado de Zacatecas, no acreditó en el presente juicio que hubieren dado respuesta a la petición en comento, es incuestionable, que dicha autoridad transgredió en perjuicio de la parte quejosa el artículo 8° constitucional, pues a pesar de que la quejosa realizó su petición por medio de la solicitud presentada ante la citada autoridad el veintidós de julio de dos mil quince, tal y como se advierte de la copia fotostática que obra a foja 7 de autos; aquélla no ha dado contestación a la misma, en los términos que prescribe el citado precepto de la Carta Magna, no obstante que ya transcurrió un término racional en que pueda estudiarse la petición y acordarse desde que se formuló dicha solicitud; aunado a ello, es menester destacar que la petición de mérito fue recepcionada por la autoridad responsable el veintidós de julio de dos mil quince; por ello, ante la omisión de dar respuesta en breve término, es inconcuso que se vulneró el artículo 8º constitucional, violentando con ello la garantía de seguridad jurídica conocida como "derecho de petición" que consagra el citado artículo 8° Constitucional, en perjuicio del quejoso. No es óbice a lo anterior, el contenido del oficio número 0912/2015, de diez de noviembre de dos mil quince, signado por el licenciado Uriel Márquez Cristerna, Coordinador General Jurídico de Gobierno del Estado de Zacatecas, dirigido al quejoso, en el que, en respuesta a la solicitud realizada por el impetrante de garantías en su escrito de veintiuno de julio de dos mil quince, le informó (fojas 52 a 55): ".Atendiendo a lo anterior, en fecha cinco de noviembre de dos mil quince, la Secretaría de infraestructura informa mediante oficio 2045/CJ/SINFRA/2015, que existen elementos de los que se desprende que la obra pública denominada Construcción del libramiento Oriente en la ciudad de Jerez de García Salinas, Zacatecas, data del año mil novecientos noventa y ocho y para el proyecto de esta vialidad para ello, la administración Municipal 1995-1998, de ese momento celebró convenio de colaboración con propietarios de los predios por los cuales pasaría la construcción de esta vía autorizando a la Autoridad Municipal para que realizara los trabajos necesarios. Del contenido del documento de referencia se concluye que existen elementos suficientes para acreditar que el Gobierno del estado NO INTERVINO en las obras realizadas en el predio de su propiedad y que constituye la materia de su solicitud a el Gobernador del estado, toda vez que la ejecución de las obras se llevaron a cabo atendiendo a los convenios celebrados entre el Ayuntamiento del Municipio de Jerez por conducto de su Presidente Municipal y los diversos propietarios de los predios colindantes, mismos en los que el Ayuntamiento Municipal se comprometió a: 1. Intervenir ante las instituciones correspondientes a fin de solicitar la reducción del derecho de vía; y a 2. Prever los cruces de canales o ductos hidráulicos que afecten el riego de los productores, así mismo, dentro de los convenios de referencia los propietarios de predios colindantes al Libramiento manifestan estar de acuerdo con la construcción y se obligan a retirar el alambre y postería de sus predios para facilitar el proceso de construcción. Lo anterior se afirma, en virtud de que, de lo peticionado por el quejoso en su escrito presentado el veintidós de julio de dos mil quince, se desprende que a la autoridad responsable le solicitó: "me indique que dependencia estatal o federal llevó acabo la planeación, ejecución y financiamiento del Libramiento Oriente Zacatecas-Tlaltenanago, mejor conocido como libramiento Jerez, así como su autorización." De tal forma que, la autoridad responsable no le ha dado respuesta a la totalidad de lo peticionado por el quejoso, pues sólo se concretó a señalar que el Gobierno del Estado no intervino en las obras realizadas en el predio propiedad del quejoso, sin embargo, no le ha dado respuesta en cuanto a qué dependencia federal o estatal planeó el libramiento, ejecutó la obra y la financió, por lo que, es imperativo para la autoridad responsable Gobernador del Estado de Zacatecas, darle respuesta a la totalidad de lo solicitado por el quejoso, lo cual hizo de forma escrita y pacífica en su escrito presentado el veintidós de julio de dos mil quince. En las relatadas condiciones, procede conceder la protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que el Gobernador del Estado de Zacatecas, de inmediato, de respuesta a la solicitud del quejoso, que realizó mediante petición presentada el veintidós de julio de dos mil quince y la haga de su conocimiento, restituyéndolo así en el goce de la garantía individual aquí considerada transgredida, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. En el entendido que la presente concesión no obliga a la autoridad responsable a resolver la solicitud en determinado sentido, sino a responder de manera congruente a la petición elevada. Es aplicable al caso, las tesis cuya voz y texto son: "PETICIÓN. EL DERECHO RELATIVO NO IMPLICA QUE LAS AUTORIDADES LA RESUELVAN EN UN DETERMINADO SENTIDO. El derecho de petición, consagrado en el artículo 8o. constitucional, no implica que las autoridades emitan su resolución precisamente en el sentido expresado por los interesados, puesto que tal garantía sólo obliga a contestar oportunamente, en breve término, y por escrito, las promociones que se presenten." "DERECHO DE PETICIÓN, SUS ELEMENTOS. - El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. constitucional, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos que enseguida se enlistan: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa; ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; tendrá que ser congruente con la petición; la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos; no existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea necesariamente de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; y, la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicado precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por autoridad diversa, sin que sea jurídicamente válido considerar que la notificación de la respuesta a que se refiere el segundo párrafo del artículo 8o. constitucional se tenga por hecha a partir de las notificaciones o de la vista que se practiquen con motivo del juicio de amparo." "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 75, 77 y 124 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a FELIPE DE LA TORRE SALAZAR, contra el acto reclamado al Gobernador del Estado de Zacatecas, para los efectos indicados en el considerando último del presente fallo. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo resolvió y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, hasta el tres de febrero de dos mil dieciséis, en que lo permitieron las labores del Juzgado, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. L'JGT,mcmo.
- Principal
En diecisiete de diciembre de dos mil quince, se da cuenta al Secretario en Funciones de Juez con un escrito registrado con el número 25067.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a diecisiete de diciembre de dos mil quince. Téngase por recibido el escrito de cuenta signado por el licenciado Eduardo Hernández Ramírez, en su carácter de autorizado por el quejoso Felipe de la Torre Salazar; y en atención a su contenido, con fundamento en lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, téngasele por formulando alegatos en relación a la vista ordenada por auto de fecha catorce de diciembre actual; por tanto, con ellos se ordena dar nueva cuenta en la etapa correspondiente dentro de la audiencia constitucional que al efecto se celebre en el expediente en que se actúa. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante el licenciado Javier Gutiérrez Zúñiga, Secretario que autoriza y da fe.
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