Felipe de la Torre Salazar
Expediente 1173/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 9 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1173/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 14/02/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Felipe de la Torre Salazar
- Ayuntamiento del Municipio de Jerez de García Salinas, Zacatecas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
El catorce de febrero de dos mil diecisiete, el secretario CERTIFICA: a) El plazo de tres días que establece el artículo 196 de la Ley de Amparo trascurrió del nueve al trece de este mes y año. b) En el presente juicio no se tramitó incidente de suspensión y no se exhibió billete de depósito o garantía alguna sobre la cual se tenga que proveer sobre su destino. c) Asimismo, no existen tomos de pruebas que devolver a autoridad alguna. d) Y tras una revisión del expediente en que se actúa, no se advierte la existencia de documentos originales que ameritan su devolución a las partes. Doy fe. Zacatecas, Zacatecas, catorce de febrero de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que trascurrió el plazo que establece el artículo 196 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se analizará si la sentencia está cumplida. En ejecutoria de cuatro de enero de dos mil diecisiete (fojas 46 a 53), este juzgado concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado, para el efecto de que: ".las autoridades responsables den respuesta inmediata a los escritos presentados por el quejoso el siete de septiembre de dos mil dieciséis y la notifiquen en el domicilio que para tal efecto señaló. En el entendido de que la respuesta que se brinde debe ser congruente, completa, rápida y, sobre todo, fundada y motivada." De los efectos anteriores se deduce que la autoridad responsable se encontraba vinculada, toralmente, a emitir una respuesta congruente con la petición de la parte quejosa y a notificar tal respuesta. De los escritos materia de la petición objeto de la concesión (fojas 7 y 8), se advierte que, respectivamente, el peticionario del amparo, en lo conducente, solicitó información sobre dos aspectos al presidente municipal y al Ayuntamiento del Municipio de Jerez de García Salinas, Zacatecas, a saber: I. Se informara la existencia de un convenio entre la administración municipal 1995-1998 con los propietarios de los predios colindantes al lugar de la construcción del Libramiento Oriente de la ciudad de Jerez de García Salinas, Zacatecas, para la realización de tal obra. I.I. En particular, entre dicha administración municipal y el peticionario de la información. II. Se informara si existía algún decreto mediante el cual se hubiera ordenado la expropiación de las porciones de terreno que sirvieron para la construcción de la obra en comento; y, II.I. en su caso, si existió indemnización, el monto de ésta y el comprobante de recibo respectivo. En cumplimiento de la ejecutoria de amparo anterior, la síndico del ayuntamiento y el presidente municipal responsables exhibieron copia certificada de los acuses de las respuestas otorgadas a las peticiones en comento (fojas 67, 68, 80 y 81). Del contenido de dichos documentos, se advierte que fueron suscritos en idénticos términos, en cuanto a su contenido, del que se desprende que, respectivamente, las autoridades responsables informaron que: I. Sí existían convenios con los dueños de los predios colindantes del lugar donde se construyó el Libramiento Oriente de la ciudad de Jerez de García Salinas, Zacatecas, los que fueron celebrados por la administración municipal 2007-2010 y no por la del periodo 1995-1998. I.II. No existía convenio entre el ayuntamiento en referencia y el peticionario, en virtud de que su predio no había sido afectado con la obra en comento, en conformidad con el dictamen que fue emitido a su solicitud el diecisiete de diciembre de dos mil catorce. II. No existía algún decreto expropiatorio de terrenos para la realización de la construcción en mención, al haberse afectado dichos predios por medio de los convenios que realizó la administración municipal 2007-2010. Del análisis integral de tal documento se observa que cuenta una firma ilegible con el nombre de "Eduardo Hernández Ramí [sic]" y la leyenda "Recibí 31/01/2017". De lo anterior se desprende que se trata del acuse de recibo de las respuestas otorgadas a la parte quejosa, ya que el nombre de quien asentó recibirlas coincide substancialmente con uno de los autorizados que para tal efecto señaló el quejoso en las peticiones realizadas (Eduardo Hernández Ramírez). De lo expuesto se advierte que las autoridades responsables dieron respuesta congruente a los aspectos materia de las peticiones que realizó el quejoso, pues informaron respecto de los actos jurídicos relativos a la afectación de los predios colindantes con la obra pública que se refirió, en particular, en relación con la propiedad del terreno del peticionario y se expusieron las razones que sustentaron la contestaciones. De ahí que es patente la existencia de las respuestas a las peticiones realizadas por el amparista, las que, como se expuso, fueron notificadas el treinta y uno de enero de este año, por conducto del autorizado del quejoso para tal efecto. Lo anterior envuelve el acatamiento de la totalidad de los lineamientos materia de la ejecutoria de amparo, pues estos se concretaban en la emisión de una respuesta congruente con la solicitud realizada y la notificación de ésta; lo que, se insiste, aconteció en la especie. Sin que pueda analizarle el fondo de la respuesta vertida, pues resulta ajena a la materia de la concesión de amparo. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCION, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". En esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN dado que se estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; con excepción del escrito inicial de demanda y de la sentencia emitida en autos. En atención con lo anterior, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia, por conducto de la Administración, Regional remítase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe. María del Carmen-*
- Principal
El tres de febrero de dos mil diecisiete, el secretario da cuenta a la juez con los oficios registrados con los folios 1628 y 1629 y anexos que se acompañan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, tres de febrero de dos mil diecisiete. Agréguense a los autos los oficios de cuenta, signados por la Síndico y Presidente del Municipio de Jerez de García Salinas, Zacatecas, respectivamente, por medio de los cuales informan sobre el cumplimiento a la ejecutoria de este juicio y remiten copia certificada del acuse de recibo de la respuesta dada al quejoso en relación con su petición de siete de septiembre de dos mil dieciséis; en consecuencia, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, dese vista a la parte quejosa para que, dentro del plazo de tres días, manifieste lo que en su derecho corresponda; apercibida que, de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria citada, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la citada autoridad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretaria que autoriza y da fe. María del Carmen*
- Principal
EJECUTORIA AMPARO CONCEDIDO El licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, CERTIFICA: El término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión transcurrió del diez al veintitrés de enero de dos mil diecisiete, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Zacatecas, Zacatecas, veinticuatro de enero de dos mil diecisiete. Doy fe. En la misma fecha, el secretario da cuenta a la juez con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veinticuatro de enero de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este órgano jurisdiccional, el cuatro del mes y año en curso, en la que se concedió a Felipe de la Torre Salazar, el amparo y protección de la justicia federal solicitados; consecuentemente, con apoyo en lo previsto por los artículos 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa de artículo 2 de la ley de la metería, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes y con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Ayuntamiento y Presidente Municipal de Jerez de García Salinas, Zacatecas, para que, en el plazo de tres días, acaten en sus términos el fallo protector de que se trata. Apercibidas que de no hacerlo sin causa justificada se les impondrá una multa equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, en términos del artículo 258 de la ley de la materia; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de este propio Circuito para seguir el trámite de ejecución que puede culminar con la separación de su cargo y su consignación. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación de salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe. María del Carmen-*
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL CUATRO DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de derechos 1173/2016-6, estando en audiencia pública la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, inició su celebración, sin contar con la asistencia personal de las partes. Acto seguido, el secretario da lectura a las constancias que integran el presente juicio de garantías, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, acorde a lo establecido en la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, Tomo IV, primera parte, julio a diciembre de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que refiere: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Al respecto, la juez acuerda: Téngase hecha la relación de constancias y leído su contenido; y, en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo, rendidos los informes justificados de las autoridades responsables Ayuntamiento y Presidente Municipal de Jerez de García Salinas, Zacatecas (fojas 20 y 30). A continuación, en el período de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales exhibidas por el quejoso con su demanda de amparo (fojas 7 y 8) y las exhibidas por las autoridades responsables al rendir su informe con justificación (fojas 24 a 29 y 34 a 38). La juez acuerda: en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse desahogadas la pruebas referidas. Con lo anterior, se declara cerrado el período probatorio y se pasa al de alegatos, en el que el secretario da cuenta con los expresados por el quejoso en el escrito registrado con folio 20623 (foja 40). A lo que la juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por vertidos los alegatos ofrecidos por el peticionario del amparo y precluido el derecho de las demás partes a formularlos. Consecuentemente, al no haber diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente acta en términos del artículo 124 de la ley de la materia, y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1173/2016-6; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el ocho de noviembre de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Felipe de la Torre Salazar demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridades que enseguida se describen: Autoridades responsables: Ayuntamiento del Municipio de Jerez de García Salinas, Zacatecas; Presidente Municipal de Jerez de García Salinas, Zacatecas; Acto reclamado: "Reclamo la falta de respuesta a mis peticiones contenidas en los escritos de fechas 7 de septiembre de dos mil dieciséis.". SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de derechos de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas y, en proveído de nueve de noviembre de dos mil dieciséis, se admitió a trámite, por lo que se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició en términos de la presente acta; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo en vigor y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que las omisiones reclamadas se atribuyen a autoridades que residen en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados que constituyen el objeto de la litis efectivamente planteada en este juicio; consiste en: - La omisión de dar respuesta los escritos presentados el siete de septiembre de dos mil dieciséis ante las autoridades responsables. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El Ayuntamiento de Jerez de García Salinas, Zacatecas, por conducto de la síndico de dicho municipio, aceptó la existencia de la omisión reclamada, pues manifestó que el escrito materia de ésta fue presentado ante dicha entidad el siete de septiembre de dos mil dieciséis y que aún no se ha dado respuesta (fojas 20 a 23). Máxime que el quejoso exhibió la copia simple del acuse del escrito que presentó ante dicha autoridad (foja 8); documento que cuenta con valor probatorio suficiente para acreditar la existencia del acto reclamado, en términos del artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, ya que, como se destacó, el ayuntamiento responsable aceptó su existencia. De igual manera, el Presidente Municipal de Jerez de García Salinas, Zacatecas, aceptó la existencia de la omisión reclamada, pues substancialmente manifestó que no ha dado respuesta al escrito que fue presentado por el quejoso (fojas 30 a 33). Además, exhibió la copia certificada del acuse de recibo del escrito que le fue dirigido (foja 34); documental pública que cuenta con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. En consecuencia, se encuentra acreditada la existencia de los actos reclamados. CUARTO. Antecedentes de los actos reclamados. Para mejor comprensión del asunto, es necesario relatar los antecedentes de los actos reclamados: 1. Mediante escritos presentados el siete de septiembre de dos mil dieciséis ante el Ayuntamiento de Jerez de García Salinas, Zacatecas, dirigidos respectivamente al ayuntamiento referido y al presidente municipal de dicha entidad, Felipe de la Torre Salazar solicitó, en esencia, información en relación con la existencia de convenios o decretos para la afectación del predio rústico ubicado en calle Cerro de la Campana, Rancho El Molino, en el municipio citado (fojas 8 y 34). La omisión de respuesta de los escritos anteriores constituye la materia de la presente instancia constitucional. QUINTO. Las autoridades responsables solicitan el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, sobre la base de que, de manera toral, no ha trascurrido el breve término que establece el artículo 8° constitucional para dar la respuesta solicitada, atendiendo a la carga de trabajo con que cuentan y al cambio de administración municipal (fojas 23 y 33). Las afirmaciones sintetizadas son infundadas, dado que se encuentran vinculadas con el fondo del asunto. En efecto, el núcleo de los argumentos en estudio se centra en el hecho de que, a juicio de las autoridades responsables, aún no resulta razonable por parte del quejoso exigir la respuesta a los escritos que presentó, en función de las circunstancias particulares del caso. No obstante, el análisis de dicho aspecto integra el fondo de la presente instancia constitucional, pues implica el estudio de la justificación de la omisión reclamada, por lo que, en caso de resultar fundado lo alegado, ello conllevaría negar el amparo solicitado, pero no la improcedencia del juicio. Por tanto, al tener una estrecha vinculación con el fondo del asunto, las afirmaciones en análisis deben desestimarse. Es sustento de lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 135/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Novena Época, enero de dos mil dos, página cinco, que dispone: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse". SEXTO. Estudio de fondo. El quejoso asevera, en concreto, que la omisión reclamada resulta violatoria del artículo 8° constitucional, ya que los escritos presentados cumplen los requisitos para que se realice una respuesta congruente y en breve término, lo que no ha acontecido en la especie. El concepto de violación anterior resulta substancialmente fundado, conforme a lo siguiente: El artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Art. 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". El derecho de petición consignado en el artículo invocado consiste en que a toda petición formulada por escrito en forma pacífica y respetuosa deberá recaer una contestación también por escrito, congruente a lo solicitado, la cual deberá hacerse saber al peticionario en "breve término". De esta forma, el derecho de petición es, por tanto, la potestad que tiene el individuo de acudir a las autoridades del Estado con el fin de que éstas intervengan en su favor para hacer cumplir la ley en su beneficio o para constreñir a su coobligado a cumplir con los compromisos contraídos válidamente. El titular del derecho subjetivo público individual de petición, consagrado como garantía individual en el artículo 8° constitucional, es el gobernado en general, es decir, todo individuo que habite en territorio nacional, aunque está limitado en materia política a los ciudadanos de la República. La petición debe formularse de manera pacífica y respetuosa; ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. Por su parte, la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que razonablemente se requiera para estudiar la petición y acordarla, la que tiene que ser congruente con la petición. Lo anterior, sin perjuicio de que la respuesta emitida a la petición del quejoso sea contraria a sus intereses, pues el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formula, a que provea necesariamente de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso. Finalmente, la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, y tratándose de personas privadas de su libertad en el lugar en el que se encuentren recluidos. Así, la autoridad ante la que se realice la petición se encuentra vinculada en tres aspectos: 1. De dar respuesta por escrito a la petición formulada por el gobernado. 2. De que la respuesta sea congruente. 3. De dar a conocer la respuesta recaída a la petición del gobernado en breve término. Es sustento de lo considerado, la jurisprudencia VI.1o.A. J/54 (9a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VI, marzo de dos mil doce, Tomo 2, página: 931: "PETICIÓN. LA GARANTÍA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL SE CONFORMA DE DIVERSAS SUBGARANTÍAS QUE LE DAN CONTENIDO, Y QUE DEBEN CONSIDERASE POR EL JUEZ DE DISTRITO EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN A DICHO DERECHO. La garantía del derecho de petición contenida en el artículo 8o. constitucional, se conforma a su vez de diversas subgarantías que le dan contenido, y que derivan de las diferentes conductas que deben acatar las autoridades ante quienes se presente una petición por escrito, en forma pacífica y respetuosa. Las diversas subgarantías derivadas del derecho de petición son las siguientes: 1. De dar respuesta por escrito a la petición formulada por el gobernado, de tal modo que el juicio de amparo que se promueva al respecto versará sobre un acto de naturaleza omisiva, y la pretensión del quejoso consistirá en obligar a la autoridad responsable a que actúe en el sentido de contestar lo solicitado, es decir, a que emita un acto positivo subsanando la omisión reclamada. 2. De que la respuesta sea congruente con lo solicitado por el gobernado, de tal forma que el juicio de amparo que se promueva en este caso, parte del supuesto de que el quejoso conoce el fondo de la contestación recaída a su solicitud, ya sea porque se impuso de ella con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo y formuló conceptos de violación en su contra, o porque se le dio a conocer durante el trámite del juicio de garantías, dando lugar a la oportunidad de ampliar el ocurso inicial en contra de la respuesta o a la promoción de un nuevo juicio de amparo, por lo que el acto reclamado en esta hipótesis será de naturaleza positiva, con la pretensión del quejoso de obligar a que la responsable emita una nueva contestación que sea congruente con lo pedido; y 3. De dar a conocer la respuesta recaída a la petición del gobernado en breve término, por lo que la promoción del juicio de garantías en este supuesto versará sobre un acto de naturaleza omisiva, con la pretensión de obligar a la responsable a que notifique en breve término la respuesta recaída a la petición que aduce desconocer el quejoso, con la posibilidad de que en el propio juicio de amparo el impetrante pueda ampliar la demanda inicial en su contra, o de ser conforme a sus intereses, promueva un diverso juicio constitucional en contra del fondo de lo respondido". De los aspectos referidos destaca el relativo a que la respuesta debe emitirse en breve término. En ese sentido, el lapso referido debe atender a un criterio de razonabilidad en función de las circunstancias concretas que concurran en el asunto de que se trate, en particular, la complejidad del asunto. Es ilustrativa de lo anterior, la tesis I.1o.A.E.64 A (10a.) del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el la Ciudad de México y jurisdicción en toda la república, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 19, Junio de 2015, Tomo III, página 2003: "DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN. LAS CONDICIONES QUE DETERMINAN LA RAZONABILIDAD DE LOS PLAZOS EN LOS QUE DEBEN DESARROLLARSE LOS PROCESOS JUDICIALES, SOSTENIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, SON APLICABLES AL "BREVE TÉRMINO" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL QUE LO PREVÉ. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene, consistentemente, que la razonabilidad de los plazos en los que deben desarrollarse los procesos judiciales, en términos de los artículos 7, numeral 5 y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, está determinada por: la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades, de manera que la justificación de la dilación de una decisión judicial depende de las circunstancias concretas que concurran en el asunto de que se trate. Por su parte, la situación que regula el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en torno al derecho fundamental que tiene un gobernado de que la autoridad a la que formule una petición en las condiciones establecidas en dicho precepto, le dé respuesta en "breve término", guarda similitud con la referida al tiempo de resolución de un proceso judicial. Consecuentemente, las condiciones que determinan la razonabilidad indicada le son aplicables, en tanto que no es dable fijar un plazo genérico para el cumplimiento de la obligación de dar respuesta al gobernado, sino que debe atenderse a las circunstancias específicas de cada caso, como pueden ser las relacionadas con su complejidad técnica, jurídica y material, con la actividad que el solicitante hubiera desplegado en seguimiento a su petición, con la que las autoridades hayan llevado a cabo para dar respuesta y sus cargas de trabajo, lo cual corresponde al concepto de "plazo razonable" descrito". En suma, el derecho de petición se traduce en que a toda solicitud de los gobernados presentada por escrito ante cualquier servidor público, de manera respetuosa y pacífica, debe recaer una respuesta por escrito y en forma congruente, y en un plazo breve, pero sin que el servidor esté vinculado a responder favorablemente a los intereses del solicitante. En esta instancia constitucional, el quejoso reclama la falta de respuesta respecto de los escritos que presentó ante las autoridades responsables el siete de septiembre de dos mil dieciséis. Del análisis integral de los escritos en comento (fojas 8 y 37), se advierte que el quejoso solicitó, en síntesis: I. Se informara la existencia de un convenio entre la administración municipal 1995-1998 con los propietarios de los predios colindantes al lugar de la construcción del Libramiento Oriente de la ciudad de Jerez de García Salinas, Zacatecas, para la realización de tal obra. I.I. En particular, entre dicha administración municipal y el peticionario de la información. II. Se informara si existía algún decreto mediante el cual se hubiera ordenado la expropiación de las porciones de terreno que sirvieron para la construcción de la obra en comento; y, II.I. en su caso, si existió indemnización, el monto de ésta y el comprobante de recibo respectivo. Lo expuesto, sobre la base de que el peticionario afirmó ser propietario del predio rústico ubicado en la calle Cerro de la Campana, Rancho El Molino, en el municipio en referencia, y que debido a la construcción del libramiento citado, parte de su propiedad había sido afectada, sin que se le hubiera entregado la indemnización correspondiente. De lo anterior se advierte que las peticiones materia del acto reclamado fueron realizadas de forma escrita, pacífica y respetuosa ante las autoridades responsables; luego, es evidente que éstas se encontraban obligadas a dar una respuesta congruente por escrito, en breve término, y a notificarla en el domicilio que para tal efecto señaló el quejoso; lo que, como se consideró, no se encuentra acreditado en la especie. En ese sentido, como se expuso, los escritos fueron presentados el siete de septiembre de dos mil dieciséis ante el ayuntamiento responsable, tal y como se advierte del sello de recepción que consta en los documentos en comento, lo que fue reconocido por las autoridades responsables al momento de rendir su informe con justificación. Mientras que la demanda de amparo fue presentada el ocho de noviembre de dos mil dieciséis; esto es, aproximadamente dos meses después. Sin que a la fecha se hayan emitido las respuestas a los escritos en análisis. Las autoridades responsables justifican la omisión destacada en la carga de trabajo con la que cuenta la entidad municipal, en particular, por el cambio de administración (2016-2018). No obstante, lo manifestado no constituye una justificación razonable para la dilación destacada, en primer término, porque resulta una razón genérica, al aludirse únicamente a la carga de trabajo derivada del cambio de gobierno, sin especificar algún dato objetivo que sirva de parámetro para evaluar el retardo en la respuesta materia del acto reclamado; esto, pues del hecho de que se afirme que la entrega-recepción referida requiere tiempo para revisar los pendientes administrativos no se sigue el lapso concreto en que se estuvo en imposibilidad de responder lo solicitado ni las razones particulares que hagan evidente ese impedimento. En segundo lugar, porque la petición realizada involucra únicamente la obligación para las autoridades responsables de, una vez que se consideró que resultan competentes para emitir la respuesta y que es procedente la solicitud realizada, determinar la existencia de la información pedida en las bases de datos y archivos municipales; por lo que lo solicitado no implica la realización de una actividad compleja por parte de las autoridades responsables, es decir, que requiera una serie de actuaciones sucesivas que se extiendan en el tiempo. En tercer lugar, el cambio de administración municipal no puede implicar la paralización de dicha entidad de manera indefinida, a efecto de que no sea posible emitir la respuesta solicitada, pues únicamente podría implicar un retraso en la emisión de ésta por el tiempo estrictamente necesario para dicha transición; en ese sentido, se reitera, las autoridades responsables no manifestaron el tiempo concreto que llevó el cambio en comento, por lo que no es posible justificar el lapso que ha trascurrido en la falta de respuesta reclamada. Además, es un hecho notorio que las autoridades responsables cuentan personal a su cargo para desempeñar las funciones que les han sido encomendadas, por lo que resulta inverosímil que no haya sido posible atender la solicitud presentada durante el tiempo que ha pasado desde su presentación. Por tanto, resulta injustificado el plazo de dos meses que transcurrió desde la presentación de los escritos en comento a la promoción de esta instancia constitucional, ya que es evidente que constituye un lapso en el que era posible, en su caso, verificar la existencia de la información solicitada y dar la respuesta conducente, al no advertirse una razón objetiva para tal efecto. Máxime que a la fecha, no existe constancia de que las respuestas en referencia hayan sido emitidas, lo que hace patente el retraso injustificado determinado. En suma de lo hasta aquí expuesto y en acatamiento a las disposiciones contenidas en los artículos 74, fracción V, y 77, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se determinan con precisión los efectos de la concesión de amparo, especificando las medidas que la responsable debe adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución de la quejosa en el goce del derecho. En esa tesitura, se concede la protección de la Justicia de la Unión solicitada para los efectos de que las autoridades responsables den respuesta inmediata a los escritos presentados por el quejoso el siete de septiembre de dos mil dieciséis y la notifiquen en el domicilio que para tal efecto señaló. En el entendido de que la respuesta que se brinde debe ser congruente, completa, rápida y, sobre todo, fundada y motivada. Sirve de sustento a lo anterior la tesis XVI.1o.A.20 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, visible en la página 1672, del Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del texto literal siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. EL EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO EN UN JUICIO EN EL QUE SE EXAMINÓ SU VIOLACIÓN, NO PUEDE QUEDAR EN LA SIMPLE EXIGENCIA DE UNA RESPUESTA, SINO QUE REQUIERE QUE ÉSTA SEA CONGRUENTE, COMPLETA, RÁPIDA Y, SOBRE TODO, FUNDADA Y MOTIVADA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).El derecho de petición, que es una prerrogativa gestada y promovida en el seno del Estado democrático -en el cual es concebible la posibilidad de participación activa de las personas en la vida pública-, se respeta sólo si la autoridad proporciona en su respuesta a la solicitud del particular la suficiente información para que éste pueda conocer plenamente su sentido y alcance, así como para manifestar su conformidad o inconformidad con ella y, en su caso, impugnarla. Por ende, si la información no existe o es insuficiente, el derecho de petición se quebranta, porque de nada sirve al particular que su planteamiento sea contestado, aun con pulcritud lógica, es decir, respondiendo con la debida congruencia formal a lo solicitado, pero sin proporcionarle la información que le permita conocer cabalmente el acto, decisión o resolución de la autoridad. Lo anterior, en virtud de que la congruencia formal de la respuesta a una petición no es suficiente para ser acorde con el actual sistema jurídico mexicano, porque no satisface las exigencias previstas en el artículo 8o., en relación con el numeral 1o. en sus primeros tres párrafos, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que manda el respeto del ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica, respetuosa y conforme al principio de progresividad, que evoca la necesidad de avance en la defensa de los derechos humanos en general. Por otra parte, la entrada en vigor de la Ley de Amparo, el 3 de abril de 2013, en aras de una justicia pronta y completa, tratándose de este derecho, pretende evitar prácticas dilatorias, como son la omisión de respuesta, lo incongruente, falso, equívoco o carente de fundamentos y motivos de ésta o su incorrección en cuanto al fondo, para lo cual proporciona herramientas que efectivizan el respeto a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva, para hacer posible que esos vicios se reparen en un mismo juicio; tal es el caso de la oportunidad de ampliar la demanda a que se refiere el numeral 111 del citado ordenamiento y de la exigencia para la responsable, tratándose de actos materialmente administrativos, de complementar en su informe justificado la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación del acto reclamado cuando se aduzca en la demanda, contenida en el artículo 117, último párrafo, de la propia ley. Por tanto, el efecto de la concesión del amparo en un juicio en el que se examinó la transgresión al artículo 8o. constitucional no puede quedar en la simple exigencia de respuesta, sino que debe buscar que ésta sea congruente, completa, rápida y, sobre todo, fundada y motivada; de otro modo, no obstante el nuevo sistema jurídico, el juzgador obligaría al gobernado a una nueva instancia para obtener una solución de fondo, con el consiguiente retraso en la satisfacción de la reparación del derecho violado." Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Felipe de la Torre Salazar contra el acto que reclamó del Ayuntamiento y del Presidente Municipal de Jerez de García Salinas, consistente en la omisión de dar respuesta a los escritos presentados el siete de septiembre de dos mil dieciséis; por las razones y fundamentos expuestos en el considerando sexto de la presente sentencia. Lo anterior, para el efecto de que las autoridades responsables den respuesta inmediata a los escritos presentados por el quejoso el siete de septiembre de dos mil dieciséis y la notifiquen en el domicilio que para tal efecto señaló. En el entendido de que la respuesta que se brinde debe ser congruente, completa, rápida y, sobre todo, fundada y motivada. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe. María del Carmen
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