Felipe de Jesus Mendoza Miranda

Expediente 450/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 11 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
450/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
11/07/2019

Partes del expediente

  • Felipe de Jesus Mendoza Miranda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    SE DECLARA QUE AUTO QUE SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA CAUSÓ ESTADO. SE ORDENA ARCHIVO DEL EXPEDIENTE COMO CONCLUIDO SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN EN CINCO AÑOS SIN QUE SEA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. EL INCIDENTE ORIGINAL ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. EL INCIDENTE DUPLICADO ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN EN SEIS MESES. GLÓSESE A LOS MISMOS COPIA DE ESTE ACUERDO. REQUIERASE A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE COMPAREZCA EN EL TÉRMINO DE 90 DÍAS A RECOGER DOCUMENTO(S) SUSCEPTIBLE(S) DE DEVOLUCIÓN APERCIBIDA QUE DE NO HACERLO SE PROCEDERÁ A SU DESTRUCCIÓN

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término concedido al tercero interesado Ejido Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, representado por su Presidente, Secretario y Tesorero, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que hasta la fecha realizara manifestación alguna, en tal virtud, se le hace efectivo el apercibimiento decretado mediante proveído de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve; y con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquensele las subsecuentes notificaciones de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado. Por otro lado, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Quinto Distrito, mediante el cual anexa copia certificada del acta de audiencia de trece de junio de dos mil diecinueve, de la que se advierte que en dicha data se le reconoció al aquí quejoso Felipe de Jesús Mendoza Miranda, el carácter de coactor dentro del juicio agrario 418/2018 del índice de dicho tribunal. Ahora bien, de constancias de autos se advierte que el acto reclamado en el presente juicio de amparo lo constituye el acuerdo dictado por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Quinto Distrito, en la audiencia de once de abril de dos mil diecinueve, en el juicio agrario 418/2018, a través del cual, en esencia, le niega la intervención en dicho controvertido. De lo expuesto deviene claro que respecto de dicho acto se actualiza de forma notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y [.]." En principio, debe destacarse que en torno a esta causa de improcedencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha estimado que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, dicho acto queda sin materia, y en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho humano que se estima violado o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del quejoso. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. El criterio a que se hace alusión por su contenido, es la jurisprudencia 2a./J. 181/2006 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 189, con el rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". Así como la tesis 2a. XLVIII/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Abril de 1998, página 241, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad". Ahora bien, la autoridad responsable al rendir su informe justificado manifestó que el acto reclamado era cierto, en virtud que en audiencia de once de abril de dos mil diecinueve, le negó la intervención al aquí quejoso en el juicio agrario 418/2018, de su índice, Asimismo, del tomo de constancias que allegó dicha responsable del referido juicio, se advierte lo siguiente: 1. Mediante escrito presentado el veintisiete de abril de dos mil dieciocho, ante el Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Quinto Distrito, el aquí quejoso Felipe de Jesús Mendoza Miranda, y otros, demandaron al Ejido Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, representado por su Presidente, Secretario y Tesorero, por el pago de diversas acciones, conceptos y prestaciones. 2. Por auto de tres de mayo de dos mil dieciocho, se admitió a trámite el escrito de demanda únicamente por lo que se refiere a los actores que suscribieron la demanda, entre los que no se encontraba el aquí quejoso. 3. El once de abril de dos mil diecinueve, se celebró la audiencia en el juicio agrario 418/2018, en la cual se le negó la intervención a Felipe de Jesús Mendoza Miranda, en dicho controvertido (dicha actuación constituye el acto aquí reclamado). 4. De la constancia que en copia certificada allegó la autoridad responsable al oficio de cuenta, relativa a la audiencia celebrada el trece de junio de dos mil diecinueve, en el juicio agrario referido, se advierte que en dicha data se le reconoció al aquí quejoso Felipe de Jesús Mendoza Miranda, el carácter de coactor. Lo anterior se patentiza con la siguiente transcripción: ".SEGUNDO. Como lo solicitan las partes contendientes, se tiene como coactor en este juicio a FELIPE DE JESÚS MENDOZA MIRANDA, y como sus asesores legales a los que lo acompañan en esta diligencia, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Iturbide, número 923, Zona Centro, de esta ciudad". De lo anterior se advierte que en el presente caso la negativa de otorgarle intervención a Felipe de Jesús Mendoza Miranda, en el juicio agrario 418/2018, decretada en audiencia de once de abril de dos mil diecinueve, no puede surtir efecto legal o material alguno, toda vez que se ha modificado el entorno dentro del cual se emitió con la nueva determinación dictada por la responsable el trece de junio de dos mil diecinueve, pues en ésta se tuvo al aquí quejoso como coactor en dicho controvertido. En tal virtud, aun subsistiendo la negativa que se le realizó al aquí quejoso de permitirle intervenir como coactor en el referido juicio agrario en la audiencia reclamada, y como consecuencia de ello una afectación en su esfera jurídica (en específico a su derecho de audiencia), lo cierto es que la nueva determinación de trece de junio del año en curso, lo tuvo con tal carácter dentro del mencionado expediente, lo cual conlleva que la negativa reclamada no puede surtir efecto legal o material alguno, toda vez que se ha modificado el entorno dentro del cual se emitió con la nueva determinación dictada por la responsable el trece de junio del año en curso. Máxime que en caso de una eventual concesión del amparo, no sería posible concretar los efectos para los cuales se otorgaría (se le permita intervenir activamente en el juicio agrario), ya que en esos términos actuó la autoridad jurisdiccional responsable a través del aludido acuerdo, reconociéndole el carácter de coactor, lo que conlleva que esté en posibilidades de ofrecer pruebas, alegatos e interponer los medios de impugnación que la ley le permita. De ahí que, resulta claro que se modificó el entorno en el que se encontraba el acto reclamado, puesto que con motivo de aquélla podrá intervenir en el juicio con el carácter que le fue reconocido y, por tanto, la afectación que refiere resentir dejó de existir, merced a aquella nueva determinación emitida por la responsable. Sobre tales bases, resulta inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, respecto de dicho acto reclamado del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Quinto Distrito. Consecuentemente, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto del acto reclamado del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Quinto Distrito, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Se deja sin efectos la fecha y hora fijadas para la celebración de la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del veintiséis de junio de dos mil diecinueve. Finalmente, únicamente agréguese a los autos el escrito de cuenta, mediante el cual el aquí quejoso informa que en audiencia de trece de junio de dos mil diecinueve, se le reconoció el carácter de coactor dentro del juicio agrario 418/2018 del índice del tribunal responsable; en virtud de lo expuesto en los párrafos que anteceden. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, seis de junio de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado de cuenta; con su contenido y anexo dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva. Como lo solicita la autoridad responsable con fundamento en el artículo 9 de la ley de la materia, téngase como delegada de su parte a la persona que menciona y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Por otra parte, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad responsable las documentales que anexó en un tomo a su oficio de cuenta, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. De conformidad con el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, fórmese un cuaderno auxiliar por separado para su fácil manejo debidamente identificado -respetando folios, sellos y rúbricas que contiene- y comuníquese a las partes que éste queda a su disposición para consulta en la secretaría de este juzgado, por lo que al no obrar en éste expediente, no será digitalizado. A efecto de dar margen a que las partes se impongan del contenido del citado informe de ley, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el once de junio de dos mil diecinueve, y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Sin que haya lugar a tener como tercero interesado a Miguel Mendoza Téllez, en su carácter de representante común de los actores en el juicio agrario, toda vez que en términos del artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo, no le asiste tal carácter, ya que no es la persona que gestionó el acto reclamado o tenga interés en que subsista, no sería la contraparte del quejoso, ni tiene un interés contrario a este último. Notifíquese.

  4. Incidental

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, seis de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos, se advierte que la parte quejosa no otorgó dentro del término de cinco días, la garantía que le fue solicitada para que surtiera efectos la suspensión definitiva concedida mediante interlocutoria de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve; por tanto, de acuerdo al apercibimiento contenido en la resolución de mérito, es inconcuso que ha dejado de surtir efectos la medida otorgada, por lo que deberá notificarse dicha circunstancia a la autoridad responsable, para los efectos legales a que haya lugar. Con independencia de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 136 de la Ley de Amparo, el hecho de que la parte quejosa haya inobservado el requisito impuesto en la interlocutoria correspondiente, en el caso concreto, el de la garantía exigida, no significa que haya precluido el derecho a hacerlo, sino únicamente que la autoridad responsable tiene expedita su jurisdicción para la ejecución del acto reclamado. Lo anterior con apoyo en la tesis XV.1o.13 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado Del Décimo Quinto Circuito, visible en la página 1182, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VII, Enero de 1998, Materia Común, cuyo rubro es: "SUSPENSIÓN. NO DEBE DEJARSE SIN EFECTOS POR NO EXHIBIRSE LA GARANTÍA. El hecho de que la parte quejosa no exhiba la garantía que se le fije en la resolución respectiva para que surta efectos la suspensión de los actos reclamados, legalmente no trae como consecuencia que se declare que ésta dejó de surtir sus efectos, sino que en términos del artículo 139 de la Ley de Amparo, la citada omisión únicamente permite que la autoridad responsable, transcurrido el plazo concedido para la exhibición de la garantía, esté expedita para ejecutar el acto reclamado, debiéndose destacar que no tienen el mismo significado "dejar sin efectos la medida de suspensión decretada" y "que ésta deje de surtir efectos", pues al darse el primero de los casos, deja de tener vigencia la suspensión concedida, y en el segundo sigue vigente pero no surte efectos por no haberse cumplido con la condición que para ello se impuso; empero, tales efectos son susceptibles de volverse a surtir si se cumple con esa exigencia antes de que la ejecución de los actos se lleve a cabo; de tal manera que de acordarse que se deja sin efectos la suspensión decretada, de hecho se revocaría la resolución en que se había concedido.". Asimismo, lo anterior encuentra apoyo en la tesis aislada XIX.1o.P.T.7 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, Novena Época, visible a fojas 3206 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXII, octubre de 2010, cuyo rubro y texto es: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. SI EL JUEZ DE DISTRITO DECLARA QUE LA MEDIDA CONCEDIDA DEJA DE SURTIR SUS EFECTOS POR INCUMPLIMIENTO DEL INTERESADO A LOS REQUISITOS DE EFECTIVIDAD, ELLO NO IMPLICA QUE EXISTA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DE DICHA PROVIDENCIA CAUTELAR. Si se concede al quejoso la suspensión del acto reclamado -de manera provisional o definitiva- y el Juez de Distrito señala que el interesado deberá cumplir ciertos requisitos de efectividad de la providencia concedida, entonces el hecho de que se incumpla con este segundo aspecto y ello traiga como consecuencia que deje de surtir efectos la medida suspensional, no significa que exista una revocación o modificación de la suspensión, sino únicamente una declaración de que ésta no puede surtir efecto alguno y que, por ello, las autoridades quedan en posibilidad de actuar conforme a sus atribuciones en contra del quejoso; lo anterior, porque dichos autos en ningún momento son revocatorios o modificatorios de la suspensión concedida, la cual permanece incólume; en estos supuestos lo que en realidad ocurre es que, como el quejoso no cumplió la obligación impuesta para que surtiera efectos la suspensión, entonces su comportamiento debe ser observado por la Justicia Federal con cierta susceptibilidad ante la potencial utilización de la suspensión como estrategia que aprovecha los efectos de la medida cautelar; por ello, en tales hipótesis lo que se presenta es que, sin revocar la medida de suspensión decretada, el Juez prudentemente declara que ésta deja de surtir sus efectos; no debe confundirse el otorgamiento de la suspensión con el diverso tema del análisis de efectividad de las medidas, pues en este segundo aspecto, si el quejoso compareciera a probar que cumplió las obligaciones impuestas para la efectividad de la providencia, entonces el Juez de Distrito podría ordenar que se restableciera el surtimiento de efectos de la suspensión que, en ningún momento, fue tocada y se encuentra firmemente concedida, al menos hasta el momento en que la sentencia se pronuncie en el amparo principal y cause ejecutoria, pues mientras la suspensión provisional tiene una existencia comprendida entre su otorgamiento y la resolución firme del fallo sobre la suspensión definitiva, esta última tiene existencia procesal desde su decreto y hasta que la sentencia del juicio en lo principal cause ejecutoria, en el entendido de que si el sentido de dicho fallo fuera concesorio de la protección federal, entonces la suspensión se sustituiría como medio de protección constitucional por la sentencia de amparo misma, y si la ejecutoria fuera en sentido denegatorio del amparo, entonces, acreditada la constitucionalidad de los actos reclamados, la suspensión carecería en sí misma de justificación.". Notifíquese.

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