Felipe de Jesús Morales Zepeda

Expediente 257/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 18 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
257/2018
Año
2018
Actuaciones
18
Última actuación
17/05/2018

Partes del expediente

  • Felipe de Jesús Morales Zepeda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecisiete de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el auto dictado en este asunto el veintitrés de abril del año que transcurre, en el que se sobreseyó en este juicio fuera de la audiencia constitucional; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado el proveído en mención; por tanto, comuníquese a las autoridades responsables esta determinación y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que el veintitrés de abril de dos mil dieciocho, se sobreseyó el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, mismo que causó estado con esta fecha; este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. De igual manera y toda vez que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión del acto reclamado, en el cual se negó la medida cautelar; glósese el cuaderno original, con la indicación de que también es susceptible de destrucción; lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto. Ahora bien, archívese por separado el duplicado respectivo, y con fundamento en el punto vigésimo, fracción III, del referido Acuerdo, es susceptible de destrucción, al obrar su original y no existir documentos originales en tal cuaderno; lo que ocurrirá al transcurrir más de seis meses contados a partir del dictado de la resolución interlocutoria respectiva. Ordénese glosar copia autorizada del presente proveído, en el duplicado del cuaderno incidental que deriva del presente asunto, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable los anexos que acompañó en el presente juicio de amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, dos de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por quejoso Felipe de Jesús Morales Zepeda, en atención a su contenido se provee: Como lo solicita, téngase como autorizado en términos restringidos del artículo del artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona que menciona. Asimismo, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídasele a su costa, copias simples de las constancias que menciona, previa razón que de su recibo se deje en autos. Notifíquese.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de abril de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2º, agréguese a estos autos únicamente para que obre como corresponda el informe justificado de cuenta, toda vez que el veintitrés del mes y año en curso, se sobreseyó en el juicio en que se actúa fuera de la audiencia constitucional. Notifíquese.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos, en opinión del suscrito, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el Artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley; [.]." "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] C. De los derechos de la víctima o del ofendido: VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. [.]" Del primero de los citados numerales, se advierte que la improcedencia del juicio de amparo, puede surgir de la propia Ley de Amparo, o como sucede en el caso, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, el referido numeral 20 Constitucional, apartado C, fracción VII, contempla la posibilidad de la víctima o del ofendido a impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, entre otras; dicho principio fue recogido por el artículo 109, fracción XXI del Código Nacional de Procedimientos Penales. Conforme a ello, el dispositivo 258 del citado Código Nacional de Procedimientos Penales señala: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, resolvió la contradicción de tesis 233/2017, y señaló que una interpretación funcional de los artículos 16 párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI, así como 258 del Código Nacional, permite concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise su legalidad. Que esta circunstancia conduce a estimar que tales determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en dicho numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. Y que en este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en ese supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Además de que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo que, tratándose de la omisión ministerial en la etapa de investigación, la autoridad judicial rectora puede ordenar que cese ese estado de cosas y, en consecuencia, que el Ministerio Público continúe realizando la investigación correspondiente. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar las omisiones de la autoridad ministerial, derivadas de su facultad investigadora a través del medio de defensa innominado previsto en el referido artículo 258. Lo cual es así, pues dicho precepto prevé el medio de defensa que tiene la víctima u ofendido para impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquéllas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora. Esto, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien, conforme a la obligación prevista en el artículo 16 constitucional, una vez que dé intervención a las partes, establezca de manera ágil y eficaz, si la actuación del órgano investigador fue legal o no y en su caso, decrete las medidas necesarias para que esa conducta omisiva cese. Por lo tanto, se determinó por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, la víctima u ofendido deben agotar el medio de defensa ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en observancia al principio de definitividad. En el presente caso, el quejoso reclama en la presente instancia constitucional, la omisión de dar seguimiento a la investigación de los hechos en los cuales perdió la vida Felipe de Jesús Morales Chávez, y que dio origen a la carpeta número CDI/PGJE/ZC/SLP/28933/2017; y como consecuencia de ello, la abstención de pronunciarse en torno a si se ejercita acción penal o no en contra de quien resulte responsable por tales hechos. En ese contexto, al atribuirse a las autoridades responsables tales omisiones en el marco de la investigación inicial prevista en el numeral 211, fracción I, inciso a), del Código Nacional de Procedimientos Penales, en consecuencia, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el dispositivo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, en relación con el Artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin que sea óbice a lo anterior la eventual posibilidad de ser considerado como actos de imposible reparación, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha emitido jurisprudencia obligatoria en el sentido de que aún en esos casos debe observarse el principio de definitividad. Ilustra lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala del Más Alta Tribunal del País, consultable en la página 729, Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Así como la diversa 1a./J. 113/2013 (10a.), de la referida Sala, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 350, del tenor siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo". Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción VII, ambos de la Ley de Amparo, y Artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional, la cual estaba señalada para las diez horas con treinta minutos del veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, quedando sin efecto la misma. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." No pasa inadvertido que a la fecha la autoridad responsable Subprocurador Regional para la Zona Altiplano, en Matehuala, San Luis Potosí, no ha rendido su informe justificado y que no hay constancia de notificación del auto por el que se le requirió el mismo; esto, pues tomando en cuenta la naturaleza del acto que se la reclama, aún esperando a que ocurra lo anterior, ello en nada cambiaría el sentido de esta resolución, pues lo relevante es la naturaleza de la omisión atribuida a todas las autoridades responsables en el marco de una investigación inicial, frente a lo cual, previo a la promoción del presente juicio de amparo, debió agotarse el medio ordinario de defensa ya descrito en folios precedentes, por lo que al no haberse hecho, el presente asunto es indudablemente improcedente. Notifíquese personalmente.

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