Felipe de Jesus Escalera Lopez
Expediente 940/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 940/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 01/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Felipe de Jesus Escalera Lopez
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, uno de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese al presente cuaderno de antecedentes el oficio de cuenta que remite el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Zacatecas, mediante el cual trascribe el proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, del que se advierte que dicho órgano colegiado aceptó la competencia planteada quedando registrado con el número 871/2019 de su índice. Por otra parte, visto el estado que guardan el presente cuaderno y toda vez que no existe trámite pendiente de realizar, archívese como asunto concluido y háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Finalmente, con fundamento en el punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción. Lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre en este cuaderno de antecedentes algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto y atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo que promueve Felipe de Jesús Escalera López, contra actos del Juez Sexto del Ramo Penal en esta ciudad y de otras autoridades; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el progresivo 940/2019-III, y fórmese el expediente respectivo. Ahora, en el presente asunto se reclama la orden de aprehensión, detención o presentación, librada en contra del quejoso Felipe de Jesús Escalera López, y su ejecución, quien tiene su domicilio particular en Mina Quebradilla, número 27, colonia Lomas de Bernardez, Guadalupe, Zacatecas. Pues bien, de conformidad con lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que carece de competencia legal para conocer del presente asunto, de acuerdo con las siguientes consideraciones: Los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, preceptúan lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva". De los preceptos antes transcritos se desprende que es competente un Juez de Distrito para conocer de una demanda de amparo en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, y que el Juez ante el que se promueva un juicio de amparo que otro deba conocer, se declarará incompetente de plano y comunicará su resolución al que en su concepto deba conocer de dicho juicio. Tales reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, se puntualizan a continuación para una mejor comprensión técnica: a) La primera regla se encuentra contenida en el primer párrafo del citado numeral, la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del juez de distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se éste ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda hipótesis normativa que se contiene en el numeral en análisis, más que una regla diversa, constituye más bien un matiz de la anterior regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente juez de distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) En el tercer párrafo del precepto legal en comento se establece la regla consistente en que cuando el acto reclamado en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se hubiese presentado la demanda; como se observa, en este supuesto, basta que quede debidamente evidenciado en autos que la demanda en la que se reclama un acto que no requiere de ejecución material, se haya presentado ante el juez de distrito en el que ejerce jurisdicción, para que éste sea el que naturalmente conozca del juicio de amparo. De todo lo anterior se colige, que en la especie se actualiza la hipótesis de competencia a que se refiere el inciso a) antes precisado. En efecto, de la regla señalada en el artículo 37 de la Ley de Amparo y que se puntualizó en el inciso a), se advierte que, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del juez de distrito lo es aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. De ahí que, si en la especie, la parte quejosa reclama la orden de aprehensión, detención o presentación librada en su contra, y su ejecución, es inconcuso que la ejecución material de tales actos se llevarán a cabo en Guadalupe, en el Estado de Zacatecas, pues es en este lugar donde tiene su domicilio particular el quejoso, y en el cual ha referido que se le pretende detener. Incluso es claro atendiendo a las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad realizó la parte quejosa en el sentido de que: ".el día doce del mes en curso aproximadamente a las once horas, unas personas que se identificaron como policías ministeriales acudieron a mi domicilio, intentando entrevistarse con el suscrito y argumentando que tenían una orden que ejecutar en mi contra dictada por el Juez Sexto del Ramo Penal de San Luis Potosí, S.L.P., sin decir de qué tipo de orden se trataba, por lo que me negué a salir de mi domicilio.". De ello se sigue que los actos reclamados ya han tratado de ejecutarse en el citado domicilio. Ergo, el Juez de Distrito de esa jurisdicción es quien será legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo. Por los motivos expuestos es que este órgano jurisdiccional no es legalmente competente para conocer del presente asunto, ya que no cuenta con jurisdicción en el lugar donde se han tratado de ejecutar los actos reclamados, tal y como lo dispone el artículo 37 de la Ley de Amparo. En efecto, de conformidad con el punto cuarto, fracción XXIII, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa. Luego, toda vez que el acto reclamado tendrá efectos en Guadalupe, Estado de Zacatecas, se estima que es competente para conocer del aludido asunto el Juez de Distrito en turno en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 52/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 383, que dispone: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables". En virtud de lo antepuesto, remítase la demanda de mérito y sus copias correspondientes al Juez de Distrito en turno en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, para los efectos legales a que haya lugar; por separado fórmese cuadernillo de antecedentes con copia certificada de la boleta de turno, de la demanda de amparo, del presente proveído y demás constancias que se estimen conducentes. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en el proemio de la demanda; y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la legislación invocada, a Ricardo Castillo Torres, Jesús Cuauhtémoc Herrara López, Isela Vázquez Duarte y Luis Alejandro Velázquez Govea, quienes cuentan con sus cédulas profesionales números 7233691, 5862885, 6449029 y 5204978, registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se apliquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Finalmente, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, y 13 del Acuerdo General conjunto número 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3o. de la Ley de Amparo, se instruye tanto al secretario como al actuario encargados de este asunto, a efecto de que den puntual cumplimiento a lo previsto por los artículos 13 y 14 del Acuerdo General de referencia a fin de que se verifique oportunamente que coincidan tanto en el expediente impreso, como el electrónico.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve. En cumplimiento a lo ordenado en el auto de esta fecha dictado en el juicio de amparo número 940/2019-III; se forma el presente cuaderno con motivo de la incompetencia legal de este órgano de control constitucional para conocer de la demanda de amparo promovida por Felipe de Jesús Escalera López, contra actos del Juez Sexto del Ramo Penal en el Estado y de otras autoridades, agréguense a estos autos las copias de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo que promueve Felipe de Jesús Escalera López, contra actos del Juez Sexto del Ramo Penal en esta ciudad y de otras autoridades; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el progresivo 940/2019-III, y fórmese el expediente respectivo. Ahora, en el presente asunto se reclama la orden de aprehensión, detención o presentación, librada en contra del quejoso Felipe de Jesús Escalera López, y su ejecución, quien tiene su domicilio particular en Mina Quebradilla, número 27, colonia Lomas de Bernardez, Guadalupe, Zacatecas. Pues bien, de conformidad con lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que carece de competencia legal para conocer del presente asunto, de acuerdo con las siguientes consideraciones: Los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, preceptúan lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva". De los preceptos antes transcritos se desprende que es competente un Juez de Distrito para conocer de una demanda de amparo en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, y que el Juez ante el que se promueva un juicio de amparo que otro deba conocer, se declarará incompetente de plano y comunicará su resolución al que en su concepto deba conocer de dicho juicio. Tales reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, se puntualizan a continuación para una mejor comprensión técnica: a) La primera regla se encuentra contenida en el primer párrafo del citado numeral, la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del juez de distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se éste ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda hipótesis normativa que se contiene en el numeral en análisis, más que una regla diversa, constituye más bien un matiz de la anterior regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente juez de distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) En el tercer párrafo del precepto legal en comento se establece la regla consistente en que cuando el acto reclamado en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se hubiese presentado la demanda; como se observa, en este supuesto, basta que quede debidamente evidenciado en autos que la demanda en la que se reclama un acto que no requiere de ejecución material, se haya presentado ante el juez de distrito en el que ejerce jurisdicción, para que éste sea el que naturalmente conozca del juicio de amparo. De todo lo anterior se colige, que en la especie se actualiza la hipótesis de competencia a que se refiere el inciso a) antes precisado. En efecto, de la regla señalada en el artículo 37 de la Ley de Amparo y que se puntualizó en el inciso a), se advierte que, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del juez de distrito lo es aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. De ahí que, si en la especie, la parte quejosa reclama la orden de aprehensión, detención o presentación librada en su contra, y su ejecución, es inconcuso que la ejecución material de tales actos se llevarán a cabo en Guadalupe, en el Estado de Zacatecas, pues es en este lugar donde tiene su domicilio particular el quejoso, y en el cual ha referido que se le pretende detener. Incluso es claro atendiendo a las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad realizó la parte quejosa en el sentido de que: ".el día doce del mes en curso aproximadamente a las once horas, unas personas que se identificaron como policías ministeriales acudieron a mi domicilio, intentando entrevistarse con el suscrito y argumentando que tenían una orden que ejecutar en mi contra dictada por el Juez Sexto del Ramo Penal de San Luis Potosí, S.L.P., sin decir de qué tipo de orden se trataba, por lo que me negué a salir de mi domicilio.". De ello se sigue que los actos reclamados ya han tratado de ejecutarse en el citado domicilio. Ergo, el Juez de Distrito de esa jurisdicción es quien será legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo. Por los motivos expuestos es que este órgano jurisdiccional no es legalmente competente para conocer del presente asunto, ya que no cuenta con jurisdicción en el lugar donde se han tratado de ejecutar los actos reclamados, tal y como lo dispone el artículo 37 de la Ley de Amparo. En efecto, de conformidad con el punto cuarto, fracción XXIII, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa. Luego, toda vez que el acto reclamado tendrá efectos en Guadalupe, Estado de Zacatecas, se estima que es competente para conocer del aludido asunto el Juez de Distrito en turno en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 52/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 383, que dispone: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables". En virtud de lo antepuesto, remítase la demanda de mérito y sus copias correspondientes al Juez de Distrito en turno en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, para los efectos legales a que haya lugar; por separado fórmese cuadernillo de antecedentes con copia certificada de la boleta de turno, de la demanda de amparo, del presente proveído y demás constancias que se estimen conducentes. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en el proemio de la demanda; y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la legislación invocada, a Ricardo Castillo Torres, Jesús Cuauhtémoc Herrara López, Isela Vázquez Duarte y Luis Alejandro Velázquez Govea, quienes cuentan con sus cédulas profesionales números 7233691, 5862885, 6449029 y 5204978, registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se apliquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Finalmente, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, y 13 del Acuerdo General conjunto número 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3o. de la Ley de Amparo, se instruye tanto al secretario como al actuario encargados de este asunto, a efecto de que den puntual cumplimiento a lo previsto por los artículos 13 y 14 del Acuerdo General de referencia a fin de que se verifique oportunamente que coincidan tanto en el expediente impreso, como el electrónico.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 7,770 expedientes
- FELIPE AGUILAR PACHECO y Otros.406/2021
- Felipe Aguilar Pacheco821/2023
- Felipe Aguilar Pacheco1390/2022
- Felipe Aguilar Pacheco998/2022
- Felipe Aguilar Pacheco565/2021
- FELIPE ARELLANO MARTINEZ y Otros.923/2019
- Felipe de Jesus Guerrero Ramírez13/2018
- Felipe de Jesus Ibarra de Luna487/2021
- Felipe de Jesus Martinez Alvarado1192/2019
- Felipe de Jesus Martinez Elias128/2020
- Felipe de Jesus Martinez Elias687/2022
- Felipe de Jesus Mendoza Miranda450/2019